Sentencia Contencioso-Administrativo 761/2022 Audiencia Provincial de Ávila Civil-penal Única, Rec. 193/2019 de 20 de diciembre del 2022

PRIMERO. - Objeto del litigio y pretensionesdeducidas.

Constituye el objeto del presente recurso contencioso-administrativo la desestimación por silencio de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada en fecha 18 de diciembre de 2018.

La parte actora interesa el dictado de sentencia por la que estimando el presente recurso Contencioso-Administrativo, acuerde condenar al Ayuntamiento de Palma y a EMAYA, de forma solidaria al pago de la cantidad de 187.880'20.- euros, importe al que asciende la reparación de los desperfectos de la vivienda, más los intereses legales desde la reclamación formulada el día 18 de diciembre de 2018 hasta su completo pago, y a la cantidad que por el Juzgado se determine por los daños morales por la falta de uso y disfrute de la ocupación de la vivienda desde el mes de noviembre de 2018, en que se ordenó el desalojo de la vivienda, con expresa condena en costas a la parte demandada.

La parte recurrente hace la siguiente narración de hechos:

«Que en fecha 18 de diciembre de dos mil dieciocho formuló una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Ayuntamiento de Palma por daños causados en una finca de su propiedad, sita en esta ciudad, CALLE000 NUM000, a consecuencia de una fuga en la red municipal de aguas ocurrida justo enfrente de la referida vivienda.

Se fija el importe de la reparación de los daños en la finca en la cantidad de 187.880, 20 euros».

El Ayuntamiento de Palma, opone:

1.-Que el origen de la aparición de las deficiencias constructivas objeto de reclamación es una fuga en un tubo de alimentación del inmueble de la actora que tuvo lugar el 1.11.2018.

2.-Que dicho tubo de alimentación es el tramo de canalización que une la acometida desde la arqueta de llave de registro hasta el recinto de contador y, por lo tanto, está incluido en el ámbito privado de la propiedad y no en el ámbito público de la red general de abastecimiento de agua.

3.-Que dicho tubo se encontraba "empotrado en la pared del inmueble", lo cual es contrario a la normativa de EMAYA.

4.-Que esta fuga se viene produciendo desde el año 2008, por lo que las deficiencias han ido apareciendo a lo largo de los años y no como consecuencia concreta de la fuga de 1.11.2018.

5.-Que las deficiencias constructivas existentes en la fachada principal ya aparecían desde el año 2008, como se desprende del análisis de las fotografías históricas existentes en el expediente.

6. Que las deficiencias constructivas existentes en el interior de la vivienda, si bien no se tiene constancia de su existencia en el año 2008, al carecer de fotografías históricas, lo cierto es que presentan sucesivas reparaciones e intervenciones, lo que apunta a que ya se habían manifestado con anterioridad.

La Empresa Municipal EMAYA S.A, objeta:

1.-Que no se le puede imputar responsabilidad en la causación de los daños estructurales de la vivienda. La avería en la red no es la causa de los daños, porque la red que discurre cerca de la vivienda no existió hasta el 2016.

2.-Ausencia de un daño efectivo.

3.-Subsidiariamente, concurrencia de responsabilidad en el perjudicado, al no haber adoptado de inmediato las medidas necesarias.

4.-Exceso de la reclamación formulada.

La entidad aseguradora Zurich, alega:

1.-Que no ha quedado acreditado el origen de los daños. En caso de apreciarse responsabilidad civil de su asegurado ésta no sería plena, si no que debe limitarse proporcionalmente a su participación en los daños reclamados.

2.-Que la indemnización por daños materiales, en caso de proceder, abarcaría la demolición y reconstrucción de pavimentos, tabiquería y falso techo pintura; el desmontaje y montaje de carpinterías y el desmontaje y montaje de instalación eléctrica, ascendiendo, una vez descontada la franquicia ( de 3.500 euros), que debe abonar la entidad asegurada y aplicando la correspondiente depreciación, a la suma de 37.679'07.- €, según consta en el informe pericial emitido por D. Joaquín.

3.-Que nada se acredita para justificar la reclamación de indemnización de daños morales. Pudiendo ser indemnizada por la inhabitabilidad de la vivienda como máximo en la suma de 12.236'04.- €, es decir, 12 meses a razón de 1.019'67.- € el mes.

SEGUNDO. - Normativa aplicable y doctrina legal. La responsabilidad patrimonial de la Administración viene establecida con el máximo rango normativo por el artículo 106.2 de nuestra Constitución, a cuyo tenor: «Los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos».

Pues bien, el artículo 32 de la Ley 40/2015 dispone, en sus apartados 1 y 2, lo siguiente:

«1. -Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley.

2. -En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas».

Siguiendo la jurisprudencia recaída al respecto, se puede colegir que para que nazca la responsabilidad patrimonial de cualquier Administración se precisa, fundamentalmente, los siguientes requisitos:

1º-) Una lesión sufrida por el particular en cualquiera de sus bienes o derechos, entendiendo por lesión un daño antijurídico que reúna los caracteres de efectividad, posibilidad de evaluación económica e individualización con relación a una persona o grupo de personas, en donde el afectado no tenga el deber jurídico de soportarlo. El daño ha de reunir, a su vez, los siguientes requisitos:

a) Ha de ser efectivo, lo que excluye los daños eventuales o simplemente posibles pero no actuales, aunque hubieran sido ya reparados por un seguro privado ( Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de diciembre de 1982) o por la Seguridad Social ( Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 1985).

b) Ha de ser evaluable económicamente, pudiendo incluirse en el mismo tanto los daños materiales como los morales ( Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 1975, 2 y 18 de febrero de 1980, 18 de enero y 30 de marzo de 1982, 3 y 9 de abril, 31 de mayo y 19 de noviembre de 1985, entre otras muchas).

c) Ha de ser individualizado, es decir, debe ser concreto, residenciable directamente en el patrimonio del reclamante y que exceda, además, de lo que puedan considerarse cargas comunes de la vida social.

2º-) El daño o la lesión debe ser imputable a la Administración y consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, y no tratarse de un supuesto de fuerza mayor. Por lo tanto, los elementos necesarios en este aspecto son los siguientes:

a) Que la lesión sea imputable a la Administración, admitiéndose también como tal la causada por cualquier persona integrada en la organización administrativa, siempre que no sea una actividad desconectada totalmente del servicio público.

b) Que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. El funcionamiento normal permite la imputación de los daños resultantes del riesgo generado por la actuación administrativa. Se trata de daños eventuales o incidentales causados por acciones lícitas de la Administración que debe soportar, así, tanto los beneficios como los perjuicios de su actuación (cuius commoda eius et incommoda). Por el contrario, el funcionamiento anormal del servicio supone la posibilidad de imputación de los daños causados con dolo, culpa o negligencia, tanto si son atribuibles a un agente identificado como si son daños anónimos, atribuibles a la organización administrativa en abstracto. Aquí se incluyen, tanto los casos en los que el servicio ha funcionado mal o defectuosamente (culpa in committendo, con un rendimiento por debajo de los niveles medios de prestaciones exigibles en cada servicio), como los casos en que no ha funcionado (culpa in ommittendo, cuando existe un deber de actuar), y también los que pueden derivarse de una falta de actuación (culpa in vigilando).

c) Que no se trate de un supuesto de fuerza mayor, es decir, de un acontecimiento realmente insólito y extraño al campo normal de previsiones típicas de cada actividad o servicio, según su naturaleza.

3º-) La existencia de una relación de causalidad entre la acción u omisión de la Administración y el daño o lesión sufrida por un particular en sus intereses. Es éste un elemento esencial, pues la ruptura de ese nexo por cualquier causa provoca la ausencia de responsabilidad para la Administración.

Debe, pues, concluirse que para que el daño concreto producido por el funcionamiento del servicio a uno o varios particulares sea antijurídico basta con que el riesgo inherente a su utilización haya rebasado los límites impuestos por los estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social. No existirá entonces deber alguno del perjudicado de soportar el menoscabo y, consiguientemente, la obligación de resarcir el daño o perjuicio causado por la actividad administrativa será a ella imputable. Los anteriores principios permiten constatar el examen de la relación de causalidad inherente a todo caso de responsabilidad extracontractual, debiendo subrayarse:

a) Que entre las diversas concepciones con arreglo a las cuales la causalidad puede concebirse, se imponen aquellas que explican el daño por la concurrencia objetiva de factores cuya inexistencia, en hipótesis, hubiera evitado aquél.

b) No son admisibles, en consecuencia, otras perspectivas tendentes a asociar el nexo de causalidad con el factor eficiente, preponderante, socialmente adecuado o exclusivo para producir el resultado dañoso, puesto que -válidas como son en otros terrenos- irían en éste en contra del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

c) La consideración de hechos que puedan determinar la ruptura del nexo de causalidad, a su vez, debe reservarse para aquéllos que comportan fuerza mayor -única circunstancia admitida por la Ley con efecto excluyente-, a los cuales importa añadir la intencionalidad de la víctima en la producción o el padecimiento del daño, o la gravísima negligencia de ésta, siempre que estas circunstancias hayan sido determinantes de la existencia de la lesión y de la consiguiente obligación de soportarla.

d) Finalmente, el carácter objetivo de la responsabilidad impone que la prueba de la concurrencia de acontecimientos de fuerza mayor o circunstancias demostrativas de la existencia de dolo o negligencia de la víctima suficiente para considerar roto el nexo de causalidad corresponda a la Administración, pues no sería objetiva aquélla responsabilidad que exigiese demostrar que la Administración que causó el daño procedió con negligencia, ni aquella cuyo reconocimiento estuviera condicionado a probar que quien padeció el perjuicio actuó con prudencia.

La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública es de carácter objetivo, lo cual no debe interpretarse en el sentido de que sea suficiente con que se haya producido un daño, sino que además es necesario acreditar la concurrencia de todos los requisitos a los que se ha hecho referencia, sin que haya ninguna inversión de la carga de la prueba. En este sentido, en aplicación de la remisión normativa establecida en el artículo 60.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, rige en el proceso contencioso-administrativo el principio general inferido del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que atribuye la carga de la prueba a aquél que sostiene el hecho (semper necesitas probandi incumbit illi qui agit), así como los principios consecuentes recogidos en los brocardos que atribuyen la carga de la prueba a la parte que afirma, no a la que niega (ei incumbit probatio qui dicit non qui negat) y que excluye de la necesidad de probar los hechos notorios (notoria non egent probatione) y los hechos negativos (negativa no sunt probanda). En consecuencia, en virtud del principio sobre la carga de la prueba, ha de partirse de la base de que cada parte soporta la de probar los datos que, no siendo notorios ni negativos y teniéndose por controvertidos, constituyen el supuesto de hecho de la norma cuyas consecuencias jurídicas invoca a su favor ( Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de enero y 19 de febrero de 1990, 13 de enero, 23 de mayo y 19 de septiembre de 1997 y 21 de septiembre de 1998). Ello, sin perjuicio de que la regla pueda intensificarse o alterarse, según los casos, en aplicación del principio de buena fe en su vertiente procesal, mediante el criterio de la facilidad, cuando hay datos de hecho que resultan de clara facilidad probatoria para una de las partes y de difícil acreditación para la otra ( Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de enero, 5 de febrero y 19 de febrero de 1990 y 2 de noviembre de 1992, y de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares núm. 831/2013, de 10 de diciembre de 2013, entre otras).

La STS, Sala 1ª, de 22 de febrero de 2007 que señala que "Es un criterio de imputación del daño al que lo padece la asunción de los riesgos generales de la vida ( SSTS 21 de octubre de 2005 y 5 de enero de 2006), de los pequeños riesgos que la vida obliga a soportar ( SSTS de 11 de noviembre de 2005 y 2 de marzo de 2006) o de los riesgos no cualificados, pues riesgos hay en todas las actividades de la vida ( STS 17 de julio de 2003), en aplicación de la conocida regla "id quod plerumque accidit" (las cosas que ocurren con frecuencia, lo que sucede normalmente), que implica poner a cargo de quienes lo sufren aquel daño que se produce como consecuencia de los riesgos generales de la vida inherentes al comportamiento humano en la generalidad de los casos, debiendo soportar los pequeños riesgos que una eventual falta de cuidado y atención comporta en la deambulación por lugares de paso".

Es también necesario que la reclamación se lleve a efecto dentro del año siguiente al que se ha producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo, conforme a lo que establece el artículo 67.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La jurisprudencia a que se ha hecho referencia exige, para que pueda apreciarse responsabilidad patrimonial de la Administración, una relación directa, inmediata y exclusiva de causa o efecto entre la lesión patrimonial y el funcionamiento del servicio.

Tratándose de daños de carácter físico o psíquico a las personas físicos a las personas, el art. 67.1 de la Ley 39/2015 ha positivizado la constante doctrina jurisprudencial que venía declarando que el término inicial o «dies a quo» del plazo de prescripción había de computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.

En el ámbito de las Administraciones locales, el art. 54 Ley 7/1985, dispone que: "Las entidades locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa", texto que reitera el art. 223 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales (RD 2568/86, de 28/Noviembre). Por otra parte, el art. 3.1º del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RD num.1372/1986, de 13/Junio), establece que: "Son bienes de uso público local los caminos, plazas, calles, paseos, parques, aguas de fuentes y estanques, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y policía sean de la competencia de la entidad local". Y es incuestionable que los Municipios ostentan competencia en materia de pavimentación y mantenimiento de las vías públicas urbanas, tanto calzadas como aceras ( arts. 25.1.D) y 26.1. A) Ley 7/85, o art. 21.1 Real Decreto Legislativo 1/92, de 26 de junio), al objeto de garantizar unas objetivas condiciones de seguridad para el tránsito de vehículos y seguridad para el tránsito de las personas.

Ahora bien, ese deber de seguridad y vigilancia no puede extenderse más allá de los eventos que sean razonablemente previsibles en el desarrollo del servicio, y esta previsibilidad razonable no es de términos medios sino mínimos. No rige, aquí, el aseguramiento universal.

TERCERO. -- En cuanto al fondo.Resolución de la controversia.

La secuencia para abordar la litis pasa por dilucidar los siguientes extremos:

a) Causa de la aparición de las deficiencias.

b) Ubicación de los daños y cuantificación.

c) Daños morales.

En cuanto a lo primero.Origen de la aparición de las deficiencias constructivas.

El perito de la parte actora D. Francisco y Gervasio, defiende la primera de las causas reseñadas, así de su dictamen se colige que los daños se han producido por la acción constante y progresiva de una fuga de agua en la pieza de toma del ramal que alimenta la boca de riego, situada a un metro de la acera de la vivienda de la actora y que fue localizada el día 5/11/2018. Añade, además, que las fugas de agua, en todo caso, pequeñas, podrían llevar más de 10 años, lo que habría provocado con el paso del tiempo un lavado de cimentación y el consiguiente hundimiento del edificio en unos 13cms.

Por el contrario, D. Hugo, considera que la rotura de la tubería se produjo en el ámbito privado, en el tubo de alimentación de la vivienda; pero acto seguido, afirmó que no existe una causa única del siniestro, pues a la anterior, deben añadirse el tipo de construcción de la vivienda, la naturaleza del terreno, las lluvias, y, la posible existencia de pozos negros en la zona.

El perito Sr. Joaquín, entiende que nos encontramos con dos posibles orígenes del siniestro: a) el tramo privativo de tubería de CALLE000 NUM000 que une la acometida desde la arqueta de la llave de registro con el contador, lo que provoca humedades en la fachada junto al contador de la vivienda como mínimo desde el año 2008; y, b) en el tramo municipal del asegurado Emaya, concretamente en la boca de riego situada a una distancia de 1 m de la vivienda afectada.

Pues bien, a la hora de valorar la prueba, y en este caso los distintos informes periciales elaborados al respecto, nos encontramos, como ya se ha anticipado, con conclusiones dispares. La STS de 17 de febrero de 2022, ante la concurrencia en el proceso de prueba de parte y periciales elaborada por los técnicos de la Administración, nos dice que «hay que comenzar recordando que en el Derecho Administrativo no hay normas específicas sobre los medios de prueba, ni sobre su valoración. Así, en el art. 77 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se dice que "los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil". Y con respecto a la prueba en el proceso, el art. 60 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa contiene reglas sobre el momento y el modo de pedir el recibimiento a prueba, e incluso sobre algunos aspectos de su práctica; pero sobre los medios de prueba y su valoración se limita a remitirse a la Ley de Enjuiciamiento Civil. El apartado cuarto del citado art. 60 , en efecto, dispone que "la prueba se desarrollará con arreglo a las normas generales establecidas para el proceso civil". Más adelante, por lo que específicamente hace a la prueba pericial, el apartado sexto añade que las partes pueden "solicitar aclaraciones al dictamen emitido".

Todo ello significa que, para determinar la naturaleza y la fuerza probatoria de los informes y dictámenes elaborados por expertos de la Administración, hay que estar a la legislación procesal civil. Pues bien, tales informes y dictámenes serán subsumibles dentro del medio de prueba oficialmente denominado "dictamen de peritos" en tanto en cuanto reúnan las características que al mismo atribuye el art. 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil : que "sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos" y que las personas llamadas como peritos "posean los conocimientos correspondientes". En pocas palabras, se trata de que la acreditación de un hecho requiera de conocimientos especializados.

Ninguna duda cabe de que ciertos funcionarios y técnicos al servicio de la Administración, por su formación y selección, pueden tener conocimientos especializados relevantes para probar hechos que sólo por medio de una pericia pueden ser acreditados. Más aún, una parte relevante de los empleados públicos desempeñan precisamente funciones de naturaleza técnica o científica. Ello es, por supuesto, predicable de quienes están al servicio de la Administración como expertos en materias artísticas; expertos que pueden, en principio, actuar como peritos cuando se trate de determinar la mayor o menor calidad de una obra de arte.

Tampoco es dudoso que, en el ámbito del Derecho Administrativo, tanto en vía administrativa como en vía jurisdiccional, los dictámenes periciales deben valorarse tal como ordena el art. 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , es decir, "según las reglas de la sana crítica". Ello no implica que el dictamen pericial sea una prueba tasada o legal, cuya fuerza está predeterminada por la ley y no puede ser destruida por otros medios. En la tradición jurídica española, es generalmente admitido que esa idea de reglas de la sana crítica -ya presente en el art. 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 , e incluso en el hoy derogado art. 1243 del Código Civil - no trae consigo un sistema de valoración de la prueba diferenciado. Antes, al contrario, la valoración según las reglas de la sana crítica no deja de ser una manifestación de libre valoración de la prueba o valoración en conciencia. Ante una prueba pericial puede el juzgador formar su convicción sobre los hechos con libertad, dando a aquélla el peso que -habida cuenta de las circunstancias y del resto del material probatorio- considere adecuado. Pero debe hacerlo exponiendo las razones que le conducen, siguiendo el modo de razonar de una persona sensata, a aceptar o rechazar lo afirmado por el perito. La valoración de la prueba pericial según las reglas de la sana crítica es, así, una valoración libre debidamente motivada; algo que, como es obvio, exige realizar un análisis racional de todos los elementos del dictamen pericial, sopesando sus pros y sus contras. Seguramente, más allá del respeto a la tradición, no era imprescindible que el legislador hiciera esa mención a las reglas de la sana crítica, ya que la exigencia de motivación de las sentencias, impuesta con alcance general por el art. 120.3 de la Constitución , alcanza al establecimiento de los hechos por el juzgador. Una vez sentado que los expertos al servicio de la Administración pueden actuar como peritos y que sus dictámenes -al igual que cualquier otro dictamen pericial- han de ser valorados de manera libre y motivada, es preciso hacer tres consideraciones adicionales a fin de dar cumplida respuesta a la cuestión de interés casacional objetivo. En primer lugar, tal como señala el recurrente, no es lo mismo que un informe o dictamen emanado de la Administración se haga valer como medio de prueba en un litigio entre terceros o en un litigio en que esa misma Administración es parte. En este último supuesto, no tiene sentido decir que el informe o dictamen goza de imparcialidad y, por ello, merece un plus de credibilidad: quien es parte no es imparcial. Además, cuando esto ocurre, el dato es relevante, pues exige no eludir la proveniencia puramente administrativa del informe o dictamen, examinando hasta qué punto ello ha podido influir en las conclusiones periciales.

En segundo lugar, en conexión con lo que se acaba de decir, no todos los expertos al servicio de la Administración se encuentran en una misma situación de dependencia con respecto al órgano administrativo llamado a decidir. Por mucha que sea la capacitación técnica o científica de la concreta persona, no es lo mismo un funcionario inserto en la estructura jerárquica de la Administración activa que alguien que -aun habiendo sido designado para el cargo por una autoridad administrativa- trabaja en entidades u organismos dotados de cierta autonomía con respecto a la Administración activa. A este respecto hay que recordar que, entre las causas de tacha de peritos no designados judicialmente, el art. 343 de la Ley de Enjuiciamiento Civil incluye "estar o haber estado en situación de dependencia o de comunidad o contraposición de intereses con alguna de las partes o con sus abogados o procuradores". Y el art. 344 del propio cuerpo legal dispone que la tacha debe ser tenida en cuenta al valorar la prueba pericial. Pues bien, mientras que el funcionario inserto en la estructura jerárquica de la Administración activa está manifiestamente en situación de dependencia, el lazo es menos acusado en el otro supuesto. Precisar y ponderar, en cada caso concreto, el mayor o menor grado de dependencia del experto con respecto al órgano administrativo llamado a decidir es algo que, sin duda, debe hacer el juzgador.

En tercer y último lugar, seguramente hay supuestos en que los informes de origen funcionarial, aun habiendo sido elaborados por auténticos técnicos, no pueden ser considerados como prueba pericial. Ello ocurre destacadamente cuando las partes no tienen ocasión de pedir explicaciones o aclaraciones ( arts. 346 y 347 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y art. 60 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ). Dichos informes no tendrán más valor que el que tengan como documentos administrativos, y como tales habrán de ser valorados. Queda así respondida la cuestión de interés casacional objetivo relativa a la naturaleza y el valor de los informes y dictámenes provenientes del interior de la Administración».

Llegados pues a este punto, y siguiendo las exigencias establecidas en el art. 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de valorar los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica, tras llevar a cabo un análisis comparativo de los argumentos desarrollados en los distintos informes y dictámenes recogidos en las actuaciones, ya expuestos, se alcanza las siguientes conclusiones:

Aunque el perito que depuso a instancias de la parte actora sitúa la fuga de agua en la rotura de la boca de riego propiedad de Emaya ( y efectivamente la misma fue corroborada por el responsable del Departamento de Redes al reconocer que existía una fisura microscópica en la pieza), entiende este juzgador, que también queda acreditado en una lógica razonable, que se daba al mismo tiempo una rotura de la tubería de alimentación ( de titularidad privada), pues ésta fue sustituida en las labores de reparación: no se sustituye algo que se encuentra en buen estado. Si a ello aunamos la presencia de ciertos datos indubitados y reconocidos por todos los peritos, como las características constructivas de la vivienda (precaria por su falta de cimentación y deficiente construcción), su antigüedad (levantada en 1931), la existencia de humedades en la edificación a lo largo del tiempo (que podrían remontarse al año 2008 según las fotografías), y, la ejecución en el inmueble de obras de reforma, ampliación, y medidas correctivas sin dirección técnica (entre ellas que en la fachada principal se suprimió un arco y se colocó un dintel); la conclusión es forzosa: no hay una causa única de las deficiencias, sino un cúmulo de ellas, ningún informe ni dictamen de los aportados ostenta la suficiente rotundidad y claridad para acoger una causa definitoria del siniestro. En suma, se aprecia una concurrencia de culpas, considerando este juzgador como ajustado y ponderado, a falta de parámetros objetivos, establecer una distribución del 50%.

En cuanto a lo segundo. Daños y cantidad que indemnizar.

El perito D. Francisco y Gervasio sitúa los daños principales de la vivienda en la primera crujía y en el muro central (que es un muro compartido por la primera y segunda crujía), por lo que a su juicio se debe proceder a la demolición de las dos crujías y a la construcción de una cimentación con micropilotes para sustentar el nuevo edificio. El resto de los peritos actuantes consideran que, dado que se puede reparar el muro central, es suficiente demoler la primera crujía, si bien concluyen también en que la solución ideal sería un nuevo proyecto técnico.

Finalmente, el informe técnico municipal sostiene que el hundimiento se da en la fachada y en el muro de carga central, que es un muro compartido por la primera y segunda crujía, afectando simultáneamente a ambas.

Pues bien, en esta tesitura, se viene a entender que difícilmente se puede actuar sobre el muro central sin intervenir también en la segunda crujía y, por tanto, en su cimentación, en los faldones de cubierta correspondientes, tabiquería, nivelación de suelos, carpintería interior, falsos techos e instalaciones de saneamiento subterráneas que han podido quedar afectadas por el descenso. Por consiguiente, en concordancia con ello, y ante daños tan extensos, se alcanza la convicción, de conformidad con el informe del perito D. Francisco y Gervasio (que sobre esta cuestión se advierte como el más completo técnicamente), que la solución más acertada es la demolición parcial y la reconstrucción de la edificación.

Por lo que respecta al importe de tales operaciones, existiendo una única valoración pericial al respecto efectuada por el perito D. Francisco y Gervasio, y que tiene en cuenta todas las variables constructivas que pueden darse (incluidas las geotécnicas), a su cuantía debe estarse, esto es, 192.783,61 euros. Importe del que deberá deducirse el 50% como consecuencia de la distribución de responsabilidad ut supra razonada.

En cuanto a lo tercero. Daños morales

La STS 4290/2015, de 23 de octubre, a la hora de determinar que daños pueden ser calificados como morales, señala que «cualesquiera que sean los derechos o bienes sobre los que directamente recaiga la acción dañosa, aquellos que no son susceptibles de ser evaluados patrimonialmente por consistir en un menoscabo cuya sustancia puede recaer no sólo en el ámbito moral estricto, sino también en el ámbito psicofísico de la persona y consiste, paradigmáticamente, en los sufrimientos, padecimientos o menoscabos experimentados que no tienen directa o secuencialmente una traducción económica».

La Audiencia Provincial de Barcelona por su parte, en Sentencia de 8 de febrero de 2006, determina que daño moral «es el infligido a las creencias, a los sentimientos, a la dignidad de la persona o a su salud física o psíquica [...]. La zozobra, la inquietud, que perturban a una persona en lo psíquico».

Justifica la actora el daño moral en la pérdida del hogar, y lo cuantifica en un importe de 1.019,67 euros mensuales por los meses transcurridos desde el mes de noviembre de 2018, en que se obligó a la Sra. Manuela a abandonar la vivienda, hasta que se dicte sentencia definitiva.

El pedimento no prospera. En efecto, la distribución de la responsabilidad en la causa última del siniestro impide un pronunciamiento como el solicitado.

En última instancia, en cuanto a la concreta condena, procede contra el Ayuntamiento de Palma, en cuya esfera instrumental se incluye la entidad pública Emaya, y contra la entidad aseguradora de ésta.

CUARTO. - Intereses. La cantidad establecida devengará intereses legales desde la fecha de reclamación en vía administrativa hasta la de notificación de esta sentencia, por imperativo del artículo 34.3 de la Ley 40/2015. A partir de esa fecha, se devengará, en su caso, el interés legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 106.2 LJCA.

QUINTO. - Costas. Dada la naturaleza de las cuestiones en litigio, la estimación parcial de la demanda, la ausencia de mala fe en las partes litigantes, la existencia de pronunciamientos judiciales dispares en proceso como el presente, y, la existencia de informes periciales contradictorios es por lo que, de conformidad con el artículo 139 de la LJCA, no ha lugar a la imposición de costas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,