Sentencia Contencioso-Administrativo 408/2023 Tribunal Superior de Justicia de Navarra . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 313/2023 de 22 de diciembre del 2023

PRIMERO. - Sentencia apelada. Motivos de apelación y de oposición a la apelación.

La sentencia apelada DESESTIMA el rca interpuesto contra la Orden Foral 95E/2022, de 28 de abril, dictada por el Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, mediante la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución 1842/2020, de 7 de agosto, de la Directora General de Función Pública, por la que se declara la no superación de la recurrente de la evaluación del desempeño al cumplirse un año del nombramiento de la Jefatura de la Sección de Construcción de Nuevas Infraestructuras del Departamento de Cohesión Territorial.

El juez a quo, tras citar la normativa de aplicación y matizar al apelante sostiene que:

1º no existe infracción del art 19.3 del DF. No vicio procedimiento ni indefensión, la evaluación desempeño se realiza por el órgano competente y de superior jerarquía, y no se acredita en la cumplimentación del cuestionario defectos o vicios del que se derive la carencia de requisitos formales indispensables para alcanzar el fin perseguido o haya dado lugar a indefensión arts 47 y 48.

2º acreditada motivación de la decisión administrativa por remisión a informe complementario."

Se basa la apelación, en síntesis, en los siguientes motivos incorrecta apreciación / valoración por el juez a quo de los elementos de prueba e indebida aplicación al supuesto de las normas y de los principios legales invocados en demanda.

Se queja la apelante de que se omite por el juez a quo el análisis con la profundidad exigible de los apartados relevantes en que se basaba la demanda, la sentencia es casi copia normativa y alegaciones partes, escasa atención y asume informe extemporáneamente aportado,

En todo caso, se centra la apelación en tres puntos:

1/ Ausencia total de motivación de la evaluación desfavorable, presupuesto de partida de la demanda; ausencia de una mínima expresión de las razones que justificarían o avalarían el juicio desfavorable; se remite al expediente administrativo, folios 252

2/Carácter arbitrario de la decisión

3/Infracción del procedimiento del art 19.3 de la norma reglamentaria de aplicación.

SEGUNDO. Sobre laausencia total de motivación de la evaluación desfavorable .

Tal y como se alega por la apelante era este el aspecto del presupuesto de partida de la demanda; ausencia de una mínima expresión de las razones que justificarían o avalarían el juicio desfavorable. Indebida valoración por el juez de la documental obrante en el expediente administrativo, documentos folios 252 y 253, así como del " informe complementario" de 22 de febrero de 2022 presentado por la Administración foral con ocasión del recurso de alzada.

La Administración foral se opone al considerar que se ha motivado la evaluación suficientemente que el Director del Servicio se limitó a cumplimentar los cuestionarios remitidos por el INAP, que, en cuanto al informe de 22 de febrero de 2022, es habitual y obligado emitir informe aclaratorio o ampliador con ocasión de los recursos de alzada. Y en cuanto a su contendido que la decisión está motivada y que no existe indicio de arbitrariedad; que la documental de la actora nada aporta al resultado del pleito y que ha habido una evaluación de desempeño que la actora no superó. Y a estos efectos se acredita motivación de la decisión administrativa por remisión a informe complementario que aporta la Administración y es de fecha 22 febrero de 2022 (muy posterior a la Resolución recurrida que es de 2020).

Con carácter previo se ha de recordar que la norma reglamentaria de aplicación, art. 19 del DF 215/1985 tras la modificación introducida en virtud del Decreto Foral 29/2017, de 17 de mayo, dispone en su apartado 3 que: " Las personas designadas para el desempeño de una Jefatura serán sometidas a un procedimiento de evaluación del desempeño por parte de la Sección de Psicología Aplicada del Instituto Navarro de Administración Pública. Para ello, la citada unidad remitirá un cuestionario de evaluación tanto al superior jerárquico inmediato, quien tendrá obligación de cumplimentarlo en el plazo que a tal efecto se fije, como a las personas adscritas a la unidad de que se trate, quienes podrán voluntariamente hacerlo. Los cuestionarios rellenados serán remitidos al INAP quien, teniendo en cuenta las valoraciones recibidas, comunicará a la Dirección General de Función Pública si la persona designada ha superado o no la evaluación."

Estas mismas previsiones se reproducen, en la base 15.3 de la convocatoria que se aprueba por la Resolución 105/2018, de15 de enero, de la Directora General de Función Pública, en la que se afirma que: " La evaluación del desempeño se realizará por la Sección de Psicología Aplicada del Instituto Navarro de Administración Pública.(...)Una vez emitida la evaluación por la Sección de Psicología Aplicada del Instituto Navarro de Administración Pública, la Directora General de Función Pública dictará Resolución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.4 del Decreto Foral 215/1985, de 6 de noviembre , modificado por el Decreto Foral 29/2017, de 17 de mayo."

La respuesta de esta Sala pasa por analizar la documental (es la única prueba que se ha practicado, a falta de testifical) obrante en autos. Lo cierto es que en el folio 252 EA consta una hoja , como dice la apelante, no identificada con membrete, firma o fecha de ningún tipo, en la que se refleja, en la columna primera, la relación de ítems o parámetros que son objeto de valoración (hasta un total de treinta y siete) junto con la puntuación numérica, en la columna segunda, que se asigna a cada uno de ellos; a lo que se añade (al final de cada uno de los subapartados y al final del cuadro general) el valor de la media aritmética de las puntuaciones y su consideración como no apto en razón a no alcanzarse una puntuación igual o superior a 2,5. ¿se correspondería entonces con la respuesta a cuestionario previsto en la norma de obligado cumplimiento para el superior jerárquico de la demandante¿? No consta tampoco si se envió el cuestionario a "las personas adscritas a la unidad de que se trate " y si fue así, si alguna de ellas respondió.

Y en el folio 253 EA se recoge un documento en este caso con membrete del Instituto Navarro de Administración Pública, aunque tampoco firmada ni fechada, en la que se hace constar el resultado final de la valoración del primer año de ejercicio de la Jefatura de Sección como "no superado", después de reflejar como "no apto" el resultado de la evaluación en cada una de las cuatro áreas o apartados en que se desglosa la misma.

Es con bastante posterioridad cuando se aporta informe de 22 febrero de 2022 con ocasión de la interposición de recurso de alzada y que obra a los folios 256 a 258.

Se ha de advertir en primer lugar que en demanda se calificaba el citado informe de fraudulento, engañoso y simulado, calificativos estos que obliga al juzgador a su detenido examen, cosa que al parecer no ocurre, desde el momento en que el juzgador se remite únicamente al mismo, sin explorar su contenido que dice (erradamente) "es muy extenso"; no deja de sorprender esta afirmación cuando en realidad el citado informe se contiene en apenas dos páginas. Es aquí donde esta Sala se ha de detener en orden a dilucidar si se incurre por el juzgador en error patente en la valoración de la prueba. Se ha de poner en relación la documental obrante en los folios 252 y 253 con el meritado informe y a su vez, ponderarlos conjuntamente con las "instrucciones" elaboradas por la propia Administración foral donde precisamente se recogen los ítems, parámetros, criterios, si se quiere para evaluar competencias concretas, distinguiéndose diversas áreas, cuatro en concreto, que a su vez se subdividen en diversos apartados:las vamos a transcribir, ya que el juez no lo hace, debiéndose apuntar que quien las ha redactado piensa en que quien evalúe indique, explique, o señale concretos comportamientos o competencias.

A estos efectos, se ha de partir del tenor literal de las instrucciones que habían de guiar el procedimiento de evaluación aplicado; conforme a ellas se indica: "A lo largo de las siguientes páginas se representan un conjunto de ítems que intentan reflejar diferentes comportamientos y/o competencias. Le pedimos su opinión acerca de la presencia o no de los mismos en la persona evaluada. Para ello, usted deberá escoger una de las 5 opciones de respuesta en cada ítem. Están GRADUADAS CON UNA ESCALA DE 1 A 5, desde el polo negativo al positivo. Las frases que las acompañan son ejemplificaciones para que usted las tenga en cuenta a la hora de decantarse por una sola de las opciones. Tenga en consideración las siguientes cuestiones: Piense en CONDUCTAS FRECUENTES de los ÚLTIMOS SEIS MESES. Deberá escoger aquella que represente la conducta más habitual de la persona a evaluar (evite los afectos de una conducta deslumbrante o deficiente). Busque que estén APOYADAS EN HECHOS OBSERVABLES. Deben ser CONDUCTAS QUE LA PERSONA EVALUADA PUEDA CONTROLAR. Ejemplo: si no registra datos puntualmente porque no los recibe a tiempo de otra persona, no está bajo su control. Sea lo más objetivo posible, y no sobrevalore o minusvalore el desempeño en cada dimensión. No dude en dar valores extremos, si son necesarios. Solamente y de manera excepcional, en el caso de que en algún ítem no tenga opinión formada por falta de información respecto al mismo tiene la opción de dejarlo en blanco, sin marcar, indicando que no se puede evaluar dicha conducta. Al finalizar cada bloque de un total de 4 encontrará un espacio en blanco para que nos proporcione ejemplos en ítems valorados con 1 o 2. Asimismo si lo desea, puede indicar tanto comportamientos que considere importantes, y que no aparezcan reflejados en este cuestionario, como cualquier otra sugerencia que quiera realizar respecto al proceso que se está llevando a cabo. "Los "comportamientos y/o competencias" que deben ser objeto de evaluación se agrupan en cuatro apartados, que incluyen, respectivamente, los siguientes aspectos:

A) "Área técnico-instrumental y metodología 1. Domina los conocimientos teóricos necesarios 2.Aplica el conocimiento de forma práctica y resolutiva para adaptarse a cambios y situaciones nuevas. 3. Realiza propuestas de proyectos e ideas innovadoras, fomentando la mejora 4. Establece criterios para garantizar la calidad del servicio 5. Ayuda al equipo a identificar problemas y mejorar procesos de trabajo 6. Propone objetivos y acciones necesarias para su logro 7. Atiende y responde a las reclamaciones de forma eficaz 8. Apoya las iniciativas de los demás y realiza seguimiento/supervisión de su implantación 9. Posee visión de futuro y actúa en base a planes de trabajo establecidos más que en base a la improvisación 10. Evalúa y toma decisiones basándose en datos y hechos 11. En situaciones de crisis, y previo análisis, actúa rápida y decididamente

B) Comunicación/información 12. Informa y comunica al equipo antes de poner en marcha cambios 13. Planifica reuniones de forma regular para que sean efectivas 14. Mantiene al personal informado acerca de los asuntos que les afectan 15. Transmiten las demandas y expectativas de forma clara y comunica los resultados 16. Fomenta la comunicación con otros equipos y departamentos 17. Persuade con argumentos a la hora de introducir cambios 18. Si tiene que corregir una actuación, lo hace en privado sin descalificar en ningún caso 19. Ante situaciones de contrariedad y/o críticas muestra serenidad y sosiego en su lenguaje verbal y gestual 20. Sabe escuchar, se muestra dialogante y hace preguntas antes de emitir juicios.

C) Gestión y organización del grupo de trabajo 21. Define y organiza con claridad las funciones y tareas de cada uno de los miembros del equipo 22. Conoce las capacidades del equipo y asigna tareas y responsabilidades en consecuencia. 23. Delega responsabilidades y tareas realizando su seguimiento 24. Facilita los medios para realizar el trabajo con eficacia 25. Sabe cuándo supervisar y guiar a las personas y cuándo dejarlas trabajar de modo autónomo 26. Exige implicación y responsabilidad ante desviaciones e incumplimientos 27. Es exigente sin presionar a las personas.

D)Liderazgo y clima laboral 28. Fomenta la participación de todos los miembros del equipo buscando el consenso y la colaboración 29. Fomenta la cooperación con otros equipos y/o unidades cuando es necesario 30. Motiva al equipo para la búsqueda de soluciones 31. Atiende y da respuesta a las quejas y demandas de usuarios y/o el personal a su cargo. 32. Es claro y sincero en sus opiniones y trata a la gente con respeto, sin prepotencia y con sencillez 33. Es justo en sus actuaciones: objetivo y equitativo, sin dejarse guiar por preferencias y amiguismos 34. Favorece un buen clima de trabajo fomentando las buenas relaciones entre el personal 35.En momentos difíciles, ofrece apoyo al equipo 36. Cumple lo que promete. Muestra coherencia entre lo que dice y lo que hace 37. Se preocupa más por identificar causas de errores que por buscar culpables" Las pautas de evaluación, conforme a las citadas instrucciones, deben atenerse a los criterios siguientes: "1: Escaso: El desempeño está claramente por debajo de las expectativas/exigencias y debería mejorar significativamente. 2: Regular: El desempeño no cumple completamente las expectativas/exigencias, demuestra limitada capacidad para lograr los mínimos requeridos, y necesita desarrollarlo. 3: Suficiente: El desempeño es satisfactorio y cumple las expectativas/exigencias principales en términos de cantidad y calidad. Aunque es susceptible de mejora. 4: Bien: El desempeño es ampliamente satisfactorio y cumple holgadamente las expectativas/exigencias principales en términos de calidad y cantidad. 5: Excelente: El desempeño es significativamente destacado en términos de calidad y cantidad; y obtiene logros notorios más allá de lo requerido."

Pues bien, en lo que respecta a la evaluación propiamente dicha en cumplimiento del precepto antes transcrito, con lo único con lo que contamos es con la documental antes expuesta; y que obra al folio 252, donde se distinguen las cuatro áreas, se indican numerales, entendemos estos referidos a los subapartados de cada área y se señalan las pautas de evaluación, también con numerales. No consta indicación ni explicación alguna de quien hace la evaluación, nada se sabe sobre su identidad, ni tampoco fecha. Y, tal y como señala la apelante, además, no se ponen ejemplos en los apartados en los que la valoración es 1 o 2 (y hay varios), incumpliéndose de modo evidente las propias instrucciones aprobadas por la Administración demandada.

A este respecto podemos traer a colación la STS de 14 de diciembre de 2023 recurso Casación 8060/2021 que si bien analiza un supuesto de proceso selectivo en concurrencia competitiva, es trasladable la doctrina contenida a nuestro caso cuando afirma que el órgano evaluador ha de ofrecer las razones que le han llevado a asignar la puntuación numérica asignada y no cualquier otra ; no considerándose suficiente en materia de motivación fe la valoración de méritos, la expresión de una nota numérica para satisfacer la exigencia del deber legal de motivación, y excluir toda tacha de arbitrariedad, ni exime de aportar la motivación correspondiente por quienes hacen uso de la discrecionalidad técnica y se remite el TS en esta sentencia a sentencias anteriores donde se decía: " La fase final de la evolución jurisprudencial la constituye la definición de cuál debe ser el contenido de la motivación para que, cuando sea exigible, pueda ser considerada válidamente realizada. Y a este respecto se ha declarado que ese contenido debe cumplir al menos estas principales exigencias: (a) expresar el material o las fuentes de información sobre las que va a operar el juicio técnico; (b) consignar los criterios de valoración cualitativa que se utilizarán para emitir el juicio técnico; y (c) expresar por qué la aplicación de esos criterios conduce al resultado individualizado que otorga la preferencia a un candidato frente a los demás.

Se cita en la sentencia indicada la STS que trae a colación la apelante de 19 de septiembre de 2019, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, dictada en el recurso de casación número 2740/2017( ROJ STS 2798/2019), referida al caso de cese de personal funcionario designado para puestos de libre designación, sujetos a un principio de confianza que, amplia la posibles razones que pueden ser invocadas por la Administración pública como determinantes de la pérdida de confianza, de modo que el rigor para puestos como es el desempeñado por la actora apelante, debe ser más, pues su provisión se somete como se ha visto, a un procedimiento reglado de concurso de méritos. En fin, la citada STS resume en términos absolutamente precisos e inequívocos el contenido mínimo que debe reunir la motivación exigida conforme a la regulación legal aplicable.

Sentado lo anterior, y volviendo al informe de 22 febrero de 2022 esta Sala no comparte en absoluto la apreciación del juez a quo sobre el mismo, de la que se colige, la indebida valoración del mismo. Y no es de recibo la automática remisión al mismo, al imputarle una importante extensión, cosa que no es cierta puesto que el mismo apenas alcanza las dos páginas. Por lo demás, de una detenida lectura del mismo se desprende que es una mera reiteración casi literal de los parámetros genéricos contenidos en las "instrucciones" que rigen la evaluación y que acabamos de transcribir; la evaluación del desempeño de la jefatura comprendía cuatro apartados, a saber: área técnico instrumental y metodología ,comunicación/información, gestión y organización del grupo de trabajo, y liderazgo y clima laboral y ,si se compara el informe de 22 de junio de 2022 con el texto de las instrucciones a las que nos venimos refiriendo, y a las que el juez a quo, por cierto, no se refiere en modo alguno, obrantes a los folios 245 a 251 EA, se puede comprobar que se sigue el mismo esquema en todos los casos, con mínimas variantes. El meritado "informe", no se olvide, preparado con ocasión de la interposición del recurso de alzada, se limita a afirmar que no fue satisfactorio o que no cumplió con las expectativas, demostrando una limitada capacidad para lograr los mínimos requeridos, tras copiar, reiteramos, literalmente todos los parámetros a evaluar. No hay más razón o explicación.

Por lo demás, es un hecho incontrovertido que la recurrente, durante prácticamente diez años, y desde poco tiempo después a su acceso como funcionaria con plaza en propiedad, ha ejercido funciones de responsabilidad en el Servicio al que se encuentra actualmente adscrita, en virtud tanto de procedimientos de acceso por concurso de méritos, como de designación de carácter interino en base al principio de confianza, sin que conste que el desempeño en aquellos otros puestos de Jefatura, se haya desarrollado de modo inidóneo o no satisfactorio, más bien al contrario, según se desprende de la documental aportada por la parte a actora. Esto nos lleva a recordar que la evaluación del desempeño de quien ha accedido al puesto vía concurso de méritos, merece, si cabe, una más exquisita y profunda motivación. De lo que se ha de colegir que, la evaluación de desempeño de la que hoy trae causa el desempeño merece una motivación si cabe, más profunda y justificada.

Llegados a este punto, se apuntaba por la apelante asimismo que el juez a quo ninguna atención ni mención dedica a una razón más a más que invocaba la apelante en su demanda, a saber, que los únicos documentos anteriores a la resolución de evaluación a los que nos hemos referido más arriba y el propio informe de 22 de febrero de 2022, incumple claramente las instrucciones elaboradas por la Administración. Veamos; el párrafo último de las citadas instrucciones exigía que, en el supuesto de que fueran valorados con un 1 o un 2 determinados ítems o parámetros (como ha sido nuestro caso), debían proporcionarse ejemplos de las conductas relacionadas con ellos, cumplimentando al efecto el espacio disponible al final de cada bloque. Nada de esto se ha hecho, y como se puede constatar y al expediente y documentos obrantes en los folios 252, 253 y 256 a 258 nos remitimos, 31 de los 37 ítems han recibido una valoración negativa.

Pues bien, a la vista de lo expuesto, el juicio de esta Sala no puede ser otro que el de que no se aportan datos o hechos, con singular referencia a las circunstancias concretas y acreditativas de las condiciones en la que la apelante venía desempeñando la jefatura que ostentaba y que permitieran evaluar su nivel de conocimientos, aptitudes o rendimientos alcanzados y ello a fin de obtener una calificación como satisfactorio o todo lo contrario; se admite la afirmación de la apelante, de que del examen del contenido literal del informe tantas veces referenciado, no es posible conocer si se está refiriendo al puesto de trabajo que desarrolla la apelante o a cualquier otro distinto, esto es verdad.

No se puede considerar como motivación de la evaluación desfavorable, que determina en todo caso un cese en un puesto de trabajo al que se ha accedido mediante concurso de méritos a la mera asignación de una puntuación numérica cada uno de los treinta y siete parámetros a través de los que se desglosa, sin incluir referencias a conductas, actitudes, concretas constatadas en el ejercicio de sus funciones.

En fin, la nula expresión de conductas, hechos o actitudes concretos que pudieran plasmar un incorrecto ejercicio de las funciones propias de la Jefatura por la actora, ha de llevarnos a la anulación y revocación de los actos recurridos y por ende de la sentencia impugnada que no podemos compartir y menos cuando se afirma : " por una parte en las Resoluciones impugnadas queda (sic) debidamente establecidos los hechos fácticos y fundamentos jurídicos tenidos en cuenta para la decisión final adoptada" so pena de contrariar la consolidada jurisprudencia apuntada, y las posibilidades de defensa de la interesada que desconoce con precisión y con singular referencia a cómo ha venido efectivamente desarrollando sus funciones, las razones de la decisión desfavorable; en fin, nos remitimos a lo expuesto más a arriba.

Y a todo ello no obsta que no se pueda discutir la validez de la motivación por remisión a informes cuyo contenido sea objeto de incorporación al texto de la resolución, tal como invoca el Juzgador de instancia; la cuestión es que ha de existir motivación in aliunde y aquí no la hay pues el citado informe no puede considerarse como expresivo de la motivación exigida legal y jurisprudencialmente ya lo ha explicado esta Sala más arriba, sin que desde luego sea de recibo, ya se ha dicho también, que el mismo no merezca en la sentencia ni mención, ni menos examen y se remita a la misma con un automatismo tal, "al cual por su extensión nos debemos remitir" , permitiría dudar incluso, tal y como señala la parte apelante, del cumplimiento por parte de dicha resolución judicial del deber de motivación exigido por el artículo 218 de la Ley de enjuiciamiento Civil.

TERCERO.- Error valoración de la prueba por ausencia consideración documental con demanda.

Llegados a este punto, nos hemos de detener en la cuestión, que en realidad está íntimamente ligada con el aspecto de la motivación , de si el hecho determinante de la evaluación desfavorable y consiguiente cese, cuenta con prueba suficiente; y a este respecto, habremos de valorar la "valoración de la prueba " por el juez a quo, Y a estos efectos recordaremos la doctrina de esta Sala sobre las facultades revisoras de este Tribunal, recogida en numerosas sentencias, por todas la dictada en el rollo 506/2021 según la cual : el Juez o Tribunal de apelación puede valorar las pruebas practicadas en primera instancia y revisar la ponderación que haya efectuado el Juez a quo, pues en esto consiste, precisamente, una de las finalidades inherentes al recurso de apelación, y no cabe, por tanto, concluir que se produce violación de los derechos reconocidos en el art. 24.1 CE si los mismos medios de prueba que llevan a un órgano judicial a dictar un determinado fallo conducen al Tribunal de apelación a un resultado distinto. Se está, en estos supuestos, ante una discrepancia en la apreciación de la prueba llevada a cabo por dos órganos judiciales con plena competencia para ello, y no es dudoso, dada la naturaleza y finalidad del recurso, que entre ambas valoraciones ha de prevalecer la del Tribunal de apelación. E l recurso de apelación confiere plenas facultades al órgano judicial "ad quem" para resolver cuantas cuestiones se le planteen, sean de hecho o de derecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un " novum indicium".Afirmar que la valoración probatoria de la instancia solo puede revisarse cuando se acredite arbitrariedad, error grosero o manifiesta contradicción, o dar una obligada primacía a dicha valoración, aunque el tribunal de apelación pueda no estar conforme con la misma por cualquier motivo, supone confundir lo que el Tribunal Supremo ha dicho respecto del recurso de casación, dado su carácter extraordinario, con lo que es propio de un recurso ordinario, devolutivo y pleno como es el de apelación.

Pues bien, en orden a la prueba del hecho determinante de la desfavorable valoración del desempeño de la actora, hay que decir que no contamos con elemento de convicción alguno; por contra, se nos aduce por la parte apelante que se constata la ausencia de quejas, reclamaciones, advertencias o indicaciones y manifestaciones de algún tipo dirigidas a la actora derivadas de su eventual inadecuado desempeño de sus funciones e incluso, la existencia de un reconocimiento expreso de la satisfacción de la Dirección del Servicio con el desarrollo de sus tareas ; y es así. La parte apelante aportó una extensa documental (doc. 13 demanda ) que no ha merecido una mínima mención del juez a quo, básicamente comprensiva de correos electrónicos entre la apelante y su superior jerárquico (que entendemos es quien ha de responder al cuestionario correspondiente de conformidad con el procedimiento establecido en la norma) de la que se desprende que, efectivamente, no hay queja ni manifestación desfavorable alguna respecto de la labor desarrollada por la actora, más bien al contrario, como se lee en alguno de los correos; lo cierto también es que la Administración nada ha alegado en este sentido, y que hay un reporte periódico y continuo. En definitiva, esta documental habría de haber sido valorada conjuntamente con el resto de lo actuado en el expediente administrativo cosa que en el parecer de esta Sala, no se ha hecho por el juez a quo, o al menos no se efectuado adecuadamente,siendo además incontrovertido el hecho del desempeño por la actora, durante más de diez años, de diversos puestos de trabajo de jefatura o responsabilidad, tanto en virtud de designación interina efectuada con base en un principio de confianza, como con base en la superación de procedimientos reglados de concurso de méritos.

Ni que decir tiene que lo hasta ahora expuesto enlaza con la cuestión referida al principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Por todo lo expuesto, reiteramos se ha de estimar este motivo de apelación, que se articula de modo principal.

CUARTO . Sobre la infracción del art 19.3 de Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo DF 215/1985, de 6 denoviembre.

Con carácter subsidiario (en la demanda no se establecía esta subsidiariedad) plantea la apelante motivo de apelación referido al procedimiento seguido habida cuenta del parco (casi nulo) expediente administrativo en el que se plasma el proceso de evaluación seguido respecto de la actora, no cabe afirmar en modo alguno que haya sido el Instituto Navarro de Administración Pública, entidad competente para llevar a cabo dicha evaluación, el que haya realizado esta última en el caso presente.

La Administración foral se opone al entender que se ha dado estricto cumplimiento al art 19.3 del DF 215/1985 y a la base 15 de la convocatoria, habiéndose dado cumplimiento al procedimiento previsto.

Decir que, estimado el otro motivo de apelación, no sería necesario este pronunciamiento, no obstante, más a más, nos pronunciamos.

La norma reglamentaria citada, tras la modificación introducida en virtud del Decreto Foral 29/2017, de 17 de mayo, dispone en su apartado 3 que: " Las personas designadas para el desempeño de una Jefatura serán sometidas a un procedimiento de evaluación del desempeño por parte de la Sección de Psicología Aplicada del Instituto Navarro de Administración Pública. Para ello, la citada unidad remitirá un cuestionario de evaluación tanto al superior jerárquico inmediato, quien tendrá obligación de cumplimentarlo en el plazo que a tal efecto se fije, como a las personas adscritas a la unidad de que se trate, quienes podrán voluntariamente hacerlo. Los cuestionarios rellenados serán remitidos al INAP quien, teniendo en cuenta las valoraciones recibidas, comunicará a la Dirección General de Función Pública si la persona designada ha superado o no la evaluación."

Estas mismas previsiones se reproducen, como no puede ser de otro modo, en la base 15.3 de la convocatoria que se aprueba por la Resolución 105/2018, de15 de enero, de la Directora General de Función Pública, en la que de modo textual se afirma que: " La evaluación del desempeño se realizará por la Sección de Psicología Aplicada del Instituto Navarro de Administración Pública.(...)Una vez emitida la evaluación por la Sección de Psicología Aplicada del Instituto Navarro de Administración Pública, la Directora General de Función Pública dictará Resolución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.4 del Decreto Foral 215/1985, de 6 de noviembre , modificado por el Decreto Foral 29/2017, de 17 de mayo."

Conforme a la norma transcrita deviene incuestionable que la competencia para realizar la evaluación del desempeño de la Jefatura viene atribuida a la Sección de Psicología Aplicada del Instituto Navarro de Administración Pública. Esta labor debe realizarse por la unidad mencionada mediante ciertos trámites, y sobre la base de los cuestionarios a que alude la norma, que han de ser cumplimentados con carácter obligatorio por el superior y pueden serlo de forma voluntaria por las restantes personas adscritas a la unidad; ¿es la evaluación, la respuesta al cuestionario efectuado por el superior jerárquico ¿? o es solo uno de los elementos para la evaluación como sostiene la apelante ¿? Hemos de estar a la norma de la misma no se colige la tesis de la apelante, en el sentido de que la norma exija la emisión de un informe en el que se plasme el criterio de dicha unidad en relación con el ejercicio de la jefatura evaluada. Esta previsión no se contiene expresamente en la norma, ni, podemos colegir que se infiera de ella ni de forma implícita ni por su finalidad. Por lo demás, es cierto también que no sabemos quién hace ni cuándo la evaluación del desempeño, ni si se envió el cuestionario a las personas adscritas a la oficina o unidad; pero la apelante no hace objeciones al respecto, circunscribiéndose a la cuestión referida al informe de la unidad correspondiente. No aprecia esta Sala entonces esta infracción jurídica imputada por la apelante, hoy, reiteramos con carácter subsidiario.

QUINTO .- Conclusión.

Sentado lo anterior, hemos de transcribir el suplico del recurso de apelación, donde se trasladan las pretensiones de la demanda.

Se pide a esta Sala dicte sentencia por la que, revocando la apelada, se acuer de:

"1º.- Estimar íntegramente el recurso interpuesto por esta representación procesal.

2º.- Anular y revocar la Orden Foral 95E/2022, de 28 de abril, dictada por el Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, en el sentido de estimar el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución 1842/2020, de 7 de agosto, de la Directora General de Función Pública.

3º.- Declarar que la recurrente en autos ha superado la evaluación del desempeño, al cumplirse un año desde su nombramiento, de la Jefatura de la Sección de Construcción de Nuevas Infraestructuras del Departamento de Cohesión Territorial para la que fue designada mediante Resolución 1273/2019, de 8 de mayo, de la Directora General de Función Pública.

4º.- Declarar el derecho de la recurrente a ser restituida en el desempeño de la Jefatura de la Sección de Construcción de Nuevas Infraestructuras del Departamento de Cohesión Territorial.

5º.- Reconocer el derecho de la recurrente a que le sean abonadas las diferencias retributivas correspondientes entre el complemento que tienen asignado los puestos de Jefatura de Sección y de Jefatura de Negociado de nivel B, por el periodo que media entre el 17 de noviembre de 2019 y la fecha en que tenga lugar la ejecución de la sentencia que se dicte en los presentes autos.

6º.- Condenar a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra a estar y pasar por las declaraciones anteriores.

7º.- Condenar a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra a restituir a la actora en el desempeño de la Jefatura de la Sección de Construcción de Nuevas Infraestructuras del Departamento de Cohesión Territorial.

8º.- Condenar a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra a abonar a la recurrente las diferencias retributivas correspondientes entre el complemento que tienen asignado los puestos de Jefatura de Sección y de Jefatura de Negociado de nivel B, por el periodo que media entre el 17 de noviembre de 2019 y la fecha en que tenga lugar la ejecución de la sentencia que se dicte en los presentes autos y que, a la fecha de la presente demanda, ascienden a la cuantía de 4.580,20 euros.

9º.- Condenar a la Administración demandada al pago de las costas causadas en la primera instancia."

Sobre los efectos derivados de la estimación del recurso de apelación, señala la apelante únicamente que se han de acoger todas las peticiones que se contienen en el suplico remitiéndose también a la demanda. En el escrito de demanda, en el de apelación en cambio no se mantiene esta alegación, se decía que: "la consecuencia que deriva del vicio legal denunciado no puede limitarse en el presente caso a ordenar una mera retroacción de lo actuado, sino que conduce a la obligada revocación y anulación de la Resolución dictada en la medida en que los antecedentes de hecho antes expuestos revelan no solo el defecto de motivación denunciado, sino la concurrencia de una arbitrariedad manifiesta en las propias puntuaciones otorgadas por la Dirección del Servicio"

Y como ya se ha dicho, la Administración Foral se ha opuesto, en todo caso, al reconocimiento de esta situación jurídica individualizada de la actora.

Pues bien,a la vista de todo lo razonado, procede una estimación sustancial del recurso de apelación porque, efectivamente se ha apreciado una absoluta falta de motivación en la decisión administrativa , y el juez a quo erradamente no la aprecia, de modo que la sentencia ha de ser revocada, y la consecuencia que deriva del vicio legal denunciado no puede limitarse en el presente caso a ordenar una mera retroacción de lo actuado, sino que conduce a la obligada revocación y anulación de la Resolución dictada en la medida en que los antecedentes de hecho antes expuestos revelan no solo el defecto de motivación denunciado, sino la concurrencia de una arbitrariedad manifiesta. Y todo ello sin perjuicio, claro está, de que la actora pueda ser objeto de valoración de su desempeño cuando transcurra el plazo establecido en la norma, por la Administración competente, y en los términos previstos en la misma.

SEXTO .- Costas procesales.

El art. 139. 1 y 2 de la LJCA establece que: "1. En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad.

2. En los recursos se impondrán las costas al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición".

Procede por tanto la imposición de las costas causadas en la primera instancia a la Administración foral , sin pronunciamiento sobre las costas causadas en esta segunda instancia dada la estimación del recurso de apelación.

En atención a los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho expuestos, en nombre de Su Majestad El Rey, y en el ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del Pueblo Español nos confiere la Constitución, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha adoptado el siguiente