Sentencia Contencioso-Administrativo 2412/2023 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 580/2021 de 28 de julio del 2023

PRIMERO. - Es objeto del presente recurso de apelación la sentencia número 2/2021, de fecha 11 de enero de 2021, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de los de Jaén, cuyo fallo es el siguiente:

" QUE DESESTIMANDO COMO DESESTIMO la demanda de recurso contencioso administrativo interpuesta por la representación procesal de la mercantil CERRONANDO SCA., contra la resolución de 18 Diciembre de 2018, dictada por la Consejería de Fomento y Vivienda, desestimatoria del recurso de alzada formulado contra la resolución de fecha 27 de julio de 2018 dictada por la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en Jaén, debo confirmarla íntegramente por ser ajustada a derecho".

La resolución de 27.07.2018, acto origen del procedimiento administrativo (expediente E-333/15), denegó a la actora la solicitud de autorización para la ejecución de obras -ya realizadas al momento de la solicitud- de explanación y colocación de muros en zona de servidumbre de la carretera A-316, de nuevo trazado, en el P.K. 18+100, margen Derecho. El motivo de la resolución denegatoria fue por la prohibición de tales obras en la Ley 8/2001, de 12 de julio de Carreteras de Andalucía ( LCA), según su artículo 64.1, que impide en la zona de servidumbre de carreteras, cualesquiera actuaciones que impidan la efectividad de la servidumbre legal o que afecten a la seguridad vial. Resolución confirmada por la resolución de 18.12.2018 del Consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, desestimando el recurso de alzada interpuesto contra el acto originario.

SEGUNDO. - El primer motivo del recurso de apelación es por la infracción de las normas reguladoras de la sentencia. Señala que existe un vicio de incongruencia omisiva, pues falta un pronunciamiento expreso sobre una cuestión relevante, como fue la falta de inscripción de la autovía A-316 en el Catálogo de Carreteras al momento de la ejecución de la construcción expedientada (año 2012 y 2013).

Entiende la apelante que la falta de inscripción de la carretera, alegada en el recurso contencioso administrativo, supone por aplicación de la LCA la no exigibilidad de las limitaciones de propiedad para la protección de las carreteras, debiendo dejar su legalización a la Administración municipal competente (en este caso señala que es el Ayuntamiento de Úbeda). De manera que al no pronunciarse el Juzgador sobre esta cuestión incurre en incongruencia omisiva o " fallo corto". Se dan, según la apelante, los requisitos para la incongruencia omisiva: a) la cuestión fue planteada en el momento procesal oportuno (demanda); b) esta cuestión es la pieza fundamental para entender legalizable lo construido, pues los efectos de la LCA se producen por la inscripción definitiva, según el art. 18.12 de dicha norma; y c) en la sentencia hay una ausencia total de respuesta, pues solo se refiere a la caducidad del procedimiento administrativo y a la falta de motivación.

TERCERO. - Sobre la incongruencia en las sentencias podemos examinar la doctrina emanada en la STS de 14 de noviembre de 2017 (rec. 2128/2015) que diferencia los distintos tipos de incongruencia (citra petita u omisiva, ultra petita, extra petita e interna):

"No está de más recordar que dentro de la incongruencia diferenciamos entre la incongruencia omisiva o por defecto, incongruencia positiva o por exceso, incongruencia mixta o por desviación, e incongruencia interna. Es incongruente la sentencia cuando no se pronuncia, citra petita partium (menos de lo pedido por las partes), sobre alguna de las pretensiones y cuestiones esgrimidas en la demanda -estamos ante una "incongruencia omisiva o por defecto" también denominada incongruencia ex silentio-. Igualmente se puede incurrir en incongruencia cuando se resuelve sobre pretensiones que no se han ejercitado las partes como sucede en la incongruencia ultra petita partium (más allá de las peticiones de las partes)-es la denominada "incongruencia positiva o por exceso"-. Es también incongruente la sentencia cuando resuelve extra petita partium (fuera de las peticiones de las partes) sobre cuestiones diferentes a las planteadas es el caso de la "incongruencia mixta o por desviación". Y, en fin, se incurre asimismo en incongruencia, esta vez interna, cuando la decisión que se expresa en el fallo no encuentra su lógica explicación en los fundamentos que le preceden, poniendo de manifiesto la falta de coherencia interna de la sentencia".

Trayendo a colación doctrina constitucional, la STS de 14 de julio de 2014 (rec. 2365/2012) resume la doctrina general sobre la congruencia de las resoluciones ( artículos 218.1 de LEC y 33.1 LJCA), en los siguientes términos:

a) Se incurre en el vicio de incongruencia tanto cuando la sentencia omite resolver sobre alguna de las pretensiones y cuestiones planteadas en la demanda ( SSTS de 23 de marzo de 2011, rec. 2302/2009, y de 28 de octubre de 2011, rec. 5472/2007), es decir, la incongruencia omisiva o por defecto que conculca el artículo 67 LJCA que obliga a decidir sobre todas las cuestiones controvertidas en el proceso; como cuando resuelve sobre pretensiones no formuladas, o sea incongruencia positiva o por exceso ( SSTS de 24 de mayo de 2010, rec. 6182/2006, de 23 de diciembre de 2010, rec. 4247/2006, y de 15 de abril de 2011 rec. 3143/2009).

b) El principio de congruencia no se vulnera por el hecho de que los Tribunales basen sus fallos en fundamentos jurídicos distintos de los aducidos por las partes ( STS de 22 de julio de 2003, rec. 7943/2000). En consecuencia, el principio "iuris novit curia" faculta al órgano jurisdiccional a eludir los razonamientos jurídicos de las partes siempre que no se altere la pretensión ni el objeto de discusión;

c) Es suficiente con que la sentencia se pronuncie categóricamente sobre las pretensiones formuladas ( STS 3 de noviembre de 2003, rec. 5581/2000). Cabe, por ello, una respuesta global o genérica, en atención al supuesto preciso, sin atender a las alegaciones concretas no sustanciales;

d) No incurre en incongruencia la sentencia que otorga menos de lo pedido, razonando por qué no se concede el exceso ( STS de 3 de julio de 2007, rec. 3865/2003).

e) No cabe acoger un fundamento que no se refleje en la decisión, ya que la conclusión debe ser el resultado de las premisas establecidas ( STS de 27 de enero de 1996, rec. 1311/1993), y

f) Es necesario que los argumentos empleados guarden coherencia lógica y razonable con la parte dispositiva o fallo, para no generar incoherencia interna que dé lugar a contradicción entre el fallo de la sentencia y los fundamentos que justifican su decisión ( SSTS de 23 de abril de 2003, rec. 3505/1997, 29 de mayo de 2007, rec. 8158/2003). Contradicción entre el fallo de la resolución y su fundamentación reputada por el Tribunal Constitucional defecto de motivación lesivo del derecho a la tutela judicial efectiva y no vicio de incongruencia ( STC 127/2008, de 27 de octubre, FJ. 2º), si bien el Tribunal Supremo, en la sentencia de 4 de noviembre de 2009, rec. 582/2008, reputa incongruencia interna la contradicción entre lo que se razona y lo que se decide derivada de error evidente en la redacción de un párrafo caracterizado por recaer sobre la circunstancia de la que depende la decisión del proceso.

Pues bien, el vicio de incongruencia es, en definitiva, el desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado su pretensión o pretensiones, constitutivas del objeto del proceso, en los escritos esenciales del mismo, como sostiene el Tribunal Constitucional desde pronunciamientos iniciales como la STC 20/1982, de 5 de mayo. El juez o tribunal mantiene una estricta sujeción a lo que le piden las partes en el seno del proceso, debiendo juzgar dentro del límite de las pretensiones que las mismas formulan. Las pretensiones circunscriben el desenvolvimiento del litigio obligando al juez o tribunal a decidir de conformidad con el suplico de los escritos de demanda y contestación.

En este sentido, la incongruencia constituye un requisito de las sentencias cuyo incumplimiento puede hacerse valer mediante los recursos ordinarios y extraordinarios previstos en la LJCA3. No toda incongruencia se transforma automáticamente en una infracción del derecho fundamental a la tutela judicial, ya que se precisa que se haya causado indefensión, proscrita por el artículo 24.1 CE, por entrañar una infracción del principio de contradicción, al decidir sobre cuestiones no debatidas en el proceso (por todas, SSTS de 12 de febrero 2013, rec. 424/2011, y de 19 de abril de 2018, rec. 124/2017).

El requisito de la congruencia no se constriñe a las pretensiones contenidas en el suplico de los escritos procesales y admitidas o rechazadas en el fallo de la sentencia, sino que se extiende a la argumentación jurídica en abstracto, calificada a través de los "motivos" o "causa petendi". Las pretensiones han de aparecer revestidas de una fundamentación que sirva al propio tiempo para identificarlas. El juez o tribunal es preciso que sea coherente con "los motivos que fundamenten el recurso y la oposición" ( artículo 33.1 LJCA). El proceso permite contrastar dialécticamente las posiciones del demandante y del demandado, protagonistas del proceso. El órgano judicial debe ajustarse al debate allí trabado, debiendo considerar en la sentencia tanto las pretensiones deducidas como las razones, alegaciones o argumentos que le sirven de apoyo, identificados técnicamente como "motivos" en los escritos de demanda y contestación.

El principio esencial a todo proceso de que, en ningún caso, pueda producirse indefensión ( artículo 24.1 CE), exige identificar el conjunto de infracciones normativas, sustantivas y procesales, que se esgriman para sostener la pretensión procesal. Esas infracciones, agrupadas temáticamente con arreglo a criterios de lógica jurídica, delimitadas en el escrito mediante apartados distintos, ordenados idealmente de forma sistemática y sucesiva, son lo que se conoce como los "motivos" que articulan el escrito de demanda y de contestación. Resulta obvio que la parte procesal tan solo tendrá oportunidad de defenderse adecuadamente y en el momento oportuno si en el debate se han introducido motivos de impugnación o de oposición.

Como ha reiterado la doctrina jurisprudencial ( STS de 13 de junio de 2017 rec. 2687/2014), el deber de congruencia no alcanza necesariamente a los concretos argumentos jurídicos esgrimidos, que no integran la pretensión ni constituyen en rigor cuestiones, sino el "discurrir lógico-jurídico" o el hilo argumental o discursivo por el que opte cada una de las partes, que el Tribunal no viene imperativamente obligado a seguir de una forma mimética. En este sentido, así como el principio de congruencia no constriñe la libertad de razonamiento jurídico del juez o tribunal, tampoco le obliga a seguir el orden de alegaciones de las partes, bastando con que establezca los hechos relevantes para decidir el pleito y aplicar la norma del ordenamiento jurídico que sea procedente.

El razonamiento o fundamentación jurídica de la sentencia debe construirse a partir de los motivos expuestos por las partes en el proceso, en los que basen su impugnación y oposición. Sin embargo, no es necesario analizar o dar una respuesta cabal a todas y cada una de las alegaciones de las partes. Al contrario, será necesario detenerse en aquellos argumentos jurídicos- individualizados como motivos propiamente dichos- que tengan virtualidad suficiente como para alcanzar la convicción psicológica del juez o tribunal a la hora de estimar o desestimar la pretensión. En un escrito deben depurarse argumentos no jurídicos y otros repetitivos, que nada añaden al desarrollo argumental de la parte. El órgano jurisdiccional puede enfrentarse a tales escritos de forma general en la sentencia, desbrozando su contenido para obviar todos aquellos motivos irrelevantes o repetitivos, exponiendo en su desarrollo argumental las razones que le llevan a admitir o rechazar los motivos en los que se apoyan las pretensiones respectivas de las partes.

Desde la misma perspectiva el Tribunal Constitucional ha señalado que " debe distinguirse entre lo que son meras alegaciones o argumentaciones aportadas por las partes en defensa de sus pretensiones", sin que las primeras requieran " una respuesta explícita y pormenorizada", mientras que, por el contrario, las pretensiones si exigen " de respuesta congruente (...) sin más excepción que la de una desestimación tácita de la pretensión, de modo que del conjunto de razonamientos de la decisión pueda deducirse" ( STC 8/2004, de 9 de febrero).

CUARTO. - Expuesta la doctrina jurisprudencial sobre la incogruencia no podemos acoger el motivo opuesto por la apelante de incongruencia, pues en el apartado VI de los fundamentos de derecho se dice lo siguiente:

"En cuanto al argumento esgrimido por la actora de que los nuevos trazados de la A-316 suponen una nueva carretera a efectos de mantener sus construcciones por seguridad jurídica y respecto a los derechos adquiridos, diremos que la carretera A-316 está inscrita en el catálogo de Carreteras de Andalucía como parte de la red básica estructurante y los nuevos trazados no suponen una nueva carretera, pues es más, incluso las vías que no tienen la condición de carretera están sujetas a una serie de condiciones en los términos del artículo 8.3 de la Ley 8/2001 el cual dispone "cuando las circunstancias de los caminos de servicio y vías contemplados en el apartado anterior lo permitan y lo exija el interés general podrán abrirse al uso público, debiendo observarse las normas de uso, seguridad, defensa y características técnicas de las carreteras".

Por tanto, el Juzgador sí da respuesta al motivo opuesto por la parte demandante, acogiendo el mismo que se contiene en la resolución administrativa impugnada. Es cierto, que no se hace un análisis completo del motivo, pero su razonamiento permite a la actora articular su impugnación en el recurso de apelación sin que se haya ocasionado indefensión y vulneración de la tutela judicial efectiva (ex art. 24 CE). Máxime cuando lo anterior fue, es cierto, una cuestión relevante, pero no una pretensión, por lo que el razonamiento, aunque escaso, fue suficiente para que la parte recurrente entendiera el motivo de la desestimación.

Sobre esta cuestión, que cumple examinar en este recurso de apelación, pues no solo se alega como falta de motivación en la sentencia apelada, sino también como motivo de apelación de la sentencia dictada. Alega, la apelante, la aplicación de la sentencia dictada por esta misma Sala de lo Contencioso Administrativo, en el recurso contencioso administrativo número 397/2019, de fecha 26 de julio de 2022 ( sentencia número 3294/2022). Sentencia aportada, y que debemos admitir al amparo del art. 271 de la LEC, que dispone:

"1. No se admitirá a las partes ningún documento, instrumento, medio, informe o dictamen que se presente después de la vista o juicio, sin perjuicio de lo previsto en la regla tercera del artículo 435, sobre diligencias finales en el juicio ordinario.

2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior, las sentencias o resoluciones judiciales o de autoridad administrativa, dictadas o notificadas en fecha no anterior al momento de formular las conclusiones, siempre que pudieran resultar condicionantes o decisivas para resolver en primera instancia o en cualquier recurso.

Estas resoluciones se podrán presentar incluso dentro del plazo previsto para dictar sentencia, dándose traslado por diligencia de ordenación a las demás partes, para que, en el plazo común de cinco días, puedan alegar y pedir lo que estimen conveniente, con suspensión del plazo para dictar sentencia.

El Tribunal resolverá sobre la admisión y alcance del documento en la misma sentencia."

Es cierto, como dice el Letrado de la Junta de Andalucía, que el objeto del recurso en el que fue dictada la sentencia de esta Sala, número 3294/22, tuvo como objeto la resolución de la Consejería de Fomento y Vivienda de fecha 18/12/2018, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra resolución sancionadora de multa por importe de 600,01 €, pero también lo es, que la sanción es por obras realizadas por la misma entidad apelante, en la misma finca en la que existe una industria de comercialización de ajos que administra la Cooperativa apelante, si bien la multa es por la construcción de una nave para dar cobijo a unas cámaras frigoríficas, afectada también de la servidumbre de la A-316 (expediente E-280/2015). La expresión "resultar condicionantes o decisivas" del artículo 271 LEC, ha de entenderse en el sentido de que la exigencia de relevancia para la decisión final es igual a vigor potencial para cambiar el sentido del fallo, referido claro está a las cuestiones que han sido planteadas en los escritos dispuestos al efecto que delimitan las pretensiones actuadas sobre las que ha versado el debate y sobre las que las partes, también la demandada, ha tenido la oportunidad de defenderse. De esta forma, no cabe aprovechar este supuesto excepcional para introducir cuestiones nuevas ajenas a las que constituyeron el debate en plenitud entre las partes (TS 24-10-16, EDJ 185805), pero no se trata de una cuestión nueva, en este caso, pues se ha planteado en sede administrativa y judicial.

Pues bien, sobre esta cuestión la sentencia de esta Sala de 26.07.2022, sobre la cuestión de la no inscripción de la A-316 en el catálogo de carreteras dijo:

"D) Sentado lo anterior, es esencial a los efectos que nos ocupan resaltar que, al amparo del artículo 18.1 de la Ley 8/2001 , la adquisición de la condición de carretera se produce por su inscripción definitiva en el Catálogo de Carreteras de Andalucía.

En atención a las resoluciones que obran en autos, en la fecha en que se dictó la resolución sancionadora no se había procedido a dicha inscripción respecto del concreto tramo que habría justificado la sanción que nos ocupa, razón por la que, compartiendo lo razonado por la actora, carecería de la condición de carretera y no resultarían de aplicación las limitaciones contenidas en los artículos 53 y siguientes, así como el consiguiente régimen sancionador previsto en caso de contravención de tales prescripciones.

Se trata de una cuestión formalmente deducida en vía administrativa y en fase judicial, y a este respecto en la resolución sancionadora únicamente se esgrime el contenido del artículo 64.2 de la Ley 8/2001 , que tiene el siguiente tenor literal:

"Para realizar en la zona de afección cualquier tipo de obras o instalaciones, fijas o provisionales, modificar las existentes, o cambiar el uso o destino de las mismas, se requerirá la previa autorización administrativa.

La autorización sólo podrá denegarse cuando la actuación proyectada sea incompatible con la seguridad de la carretera, la integración medioambiental y paisajística de la misma o con las previsiones de los planes, estudios y proyectos de la carretera en un futuro no superior a diez años, sin que de esta limitación nazca derecho a indemnización alguna ".

Se trata de un precepto exclusivamente previsto para las autorizaciones en zona de afección. Las obras que nos ocupan invaden, parcialmente, tanto la zona de servidumbre como, en su totalidad, la de no edificación. Así se desprende con claridad del plano que obra en el archivo 5.2 del CD del expediente sancionador. Sin embargo, anteriormente hemos expuesto que para la vigencia de las citadas limitaciones contenidas en los artículos 53 y siguientes de la Ley 8/2001 , será preciso que previamente obtenga la condición de carretera, que no es el caso que nos ocupa.

Es cierto que al amparo del citado plano, igualmente, las obras invaden en su integridad la zona de afección, pero, conforme a la literalidad del precepto, ninguna explicación se aporta respecto de su incompatibilidad con las previsiones de los planes, estudios y proyectos de la carretera en un futuro no superior a 10 años. Se ignora, así pues, a qué instrumentos de los indicados pudiera referirse la sanción.

Entendemos, dada la absoluta falta de aclaración a este respecto, que la sanción se basa en la invasión actual de las zonas de protección. A este respecto, el artículo anteriormente expuesto es claro al establecer que "sólo podrá denegarse" -lo que denota el carácter preceptivo de su otorgamiento en caso de que no concurran las circunstancias previstas en el artículo- cuando la actuación proyectada sea incompatible con la seguridad de la carretera, la integración medioambiental y paisajística de la misma.

Pues bien, nada se razona, y aún menos se acredita, en la resolución combatida acerca de que las obras sean incompatibles con la seguridad de la carretera, la integración medioambiental o paisajística de la misma. De hecho, y este dato es igualmente relevante a los efectos que nos competen, durante la sustanciación del expediente administrativo se adjuntó el informe elaborado por D. Everardo, ingeniero de caminos, quien aclara que, debido al gran desnivel entre la rasante de la carretera y el suelo de la parcela, las construcciones no son visibles desde la vía , y, por tanto, los conductores no sufrirán merma alguna de la visibilidad en la carretera. Además, "la imposibilidad de comunicación rodada entre la parcela y la autovía termina de garantizar la seguridad de la circulación".

En coherencia con lo anterior, en el escrito rector del presente recurso, sin que nada se haya opuesto de contrario, se explica que la autovía se encuentra muy por encima de la línea del tejado de dicha construcción, pues se sitúa a 30 metros por debajo del nivel de la vía . En este contexto, al margen de la falta de razonamiento sobre esta cuestión en la sanción, solo cabe concluir que, existiendo un desnivel de estas características respecto de la futura carretera, de entrada, es difícilmente sostenible que pueda afectar a la integración medioambiental y paisajística, o resultar incompatible con la seguridad de la carretera.

Corolario de lo anterior, de conformidad con el artículo 64 de la Ley 8/2001 , no resultaría de aplicación ninguna de las limitaciones, dada su falta de condición de carretera; y la única que, teóricamente, pudiera afectarle, referente a la zona de afección, carece de una sólida justificación en atención a los elementos de prueba anteriormente expuestos.

Todo ello, claro está, con independencia de la responsabilidad que se pudiera derivar del mantenimiento de dichas construcciones una vez que el nuevo tramo adquiera la condición de carretera, cuestión que se halla ampliamente extramuros del ámbito del presente procedimiento.

Por cuanto antecede, el recurso contencioso-administrativo será íntegramente estimado."

Doctrina que también esta Sala ha aplicado en el recurso de apelación número 930/2021, en el que se dictó la sentencia de fecha 22 de junio de 2023, que confirmó las consecuencias de la no catalogación de la carretera en las determinaciones normativas aplicadas a la construcción llevada a cabo por la entidad recurrente.

QUINTO.- La Administración apelada en cuanto al alegato de la ausencia de inscripción en el Catálogo de ese tramo de la A-316 manifiesta que la carretera A-316 está inscrita en el Catálogo de Carreteras de Andalucía, como parte de la red básica estructurante y los nuevos trazados no suponen una nueva carretera, ni un cambio en la matrícula de la misma. Señalando que incluso las vías que no tienen la condición de carretera están sujetas a una serie de condiciones en los términos del artículo 8.3 de la LCA, que dispone: " Cuando las circunstancias de los caminos de servicio y vías contemplados en el apartado anterior lo permitan y lo exija el interés general podrán abrirse al uso público, debiendo observarse las normas de uso, seguridad, defensa y características técnicas de las carreteras.

En estos supuestos la resolución que se adopte llevará implícita la declaración de utilidad pública, necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de los derechos correspondientes, así como la urgencia de la ocupación, a los fines de la expropiación, de la ocupación temporal o de la imposición o modificación de servidumbres."

En cuanto a la doctrina de esta Sala contenida en las sentencias, antes citadas, número 3294/2022, y sentencia de 22/06/2023, debe también aplicarse en este caso por unidad de doctrina y seguridad jurídica (ex art. 9.3 CE), pues la Administración de la Junta de Andalucía no consta que haya procedido a la inscripción del tramo de la A-316, nuevo trazado entre los PP.KK. 6+650 y 6+680, tramo enlace norte de Puente del Obispo-enlace sur Puente del Obispo. Ello también por aplicación del artículo 18.1 de la LCA, que dispone: " A los efectos de la presente Ley la adquisición de la condición de carretera se produce por su inscripción definitiva en el Catálogo de Carreteras de Andalucía."

Debe tenerse en cuenta que la inscripción en el Catálogo tiene una función de adscribir una carretera a las distintas categorías de la red y clasificándolas conforme al art. 15 de la presente Ley, que distingue entre vías de gran capacidad y vías convencionales. Depende, a su vez, de la categoría que se dé en la inscripción de tipo de carretera la llamada zona de afección, tal como dispone el artículo 55.1 LCA, al establecer que:

" 1. La zona de afección de las carreteras consiste en dos franjas de terreno, una a cada lado de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre legal y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación y a una distancia de cien metros en vías de gran capacidad, de cincuenta metros en las vías convencionales de la red autonómica y de veinticinco metros en el resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas."

También de modo imperativo prescribe el art. 64.2 de la LCA:

"2. Para realizar en la zona de afección cualquier tipo de obras o instalaciones, fijas o provisionales, modificar las existentes, o cambiar el uso o destino de las mismas, se requerirá la previa autorización administrativa.

La autorización sólo podrá denegarse cuando la actuación proyectada sea incompatible con la seguridad de la carretera, la integración medioambiental y paisajística de la misma o con las previsiones de los planes, estudios y proyectos de la carretera en un futuro no superior a diez años, sin que de esta limitación nazca derecho a indemnización alguna."

La Administración alega en su resolución y en la oposición a la apelación que la Carretera A-316 está inscrita en el Catálogo de Carreteras de Andalucía, como parte de la red básica estructurante, pero lo cierto es que tal catalogación no se ha acreditado en el expediente administrativo, ni en sede judicial, sino que solo se ha manifestado, pese a las facilidades de prueba que la Administración dispone por lo que resulta aplicable lo dispuesto en el art. 217.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sostiene que como se trata de un nuevo trazado no precisa su catalogación al ser una vía ya catalogada, pero, tal afirmación asertiva fácil de acreditar por la Administración y que no lo ha sido, depende de la relevancia del trazado, en este caso no se ha acreditado que sea de pequeña magnitud. Este motivo opuesto reiteradamente por la apelante tanto en sede administrativa como judicial debe ser estimado por las razones antes expuestas y aplicación de la doctrina de la sentencia de esta Sala antes citada, pues se trata de procedimientos sobre construcciones en una misma finca y con las mismas limitaciones que en este caso.

SEXTO. - El segundo motivo del recurso de apelación, expuesto en el fundamento de derecho segundo, es por entender que en el procedimiento seguido se ha producido la caducidad y no el silencio negativo como apreció la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de Jaén.

La actora alega que el procedimiento no se inició a solicitud de esta parte para legalizar unas obras en un punto concreto, cercano a la carretera A-316, sino que el procedimiento se incoó de oficio, por una denuncia formulada por el Servicio de Carreteras de la Administración demandada, y fue con ocasión del pliego de cargos cuando solicitó la legalización de lo ejecutado, denegándose a través del acto administrativo impugnado. El error de la sentencia parte, a juicio de la demandante, porque la Administración no incluyó en el expediente remitido la denuncia de fecha 3 de junio de 2015, como consecuencia de las obras de explanación de hormigón en zona considerada de servidumbre de la A-316, denuncia que viene referenciada en el expediente. Contra esta denuncia la actora presentó alegaciones y solicitó la legalización de las obras, que fueron denegadas por resolución de 18.08.2015, que recurrida en alzada fue estimada por razones formales, y que tras retrotraer el procedimiento se dictó la resolución de 27 de julio de 2018, objeto del recurso contencioso administrativo. Aduce que esta infracción vicia al acto impugnado de nulidad de pleno derecho.

Pero este motivo no puede acogerse, debiendo confirmar en este aspecto la sentencia de instancia, pues aunque la solicitud de autorización de explanación de hormigón realizada fue realizada en fecha 1 de junio de 2015 (folio 29 del expediente) por la propia entidad apelante, y aunque la solicitud fue un intento de legalizar lo realizado ha de considerarse un expediente diferente del procedimiento administrativo, se trataría de un procedimiento que dimana de otra sancionador por ausencia de autorización administrativa para la construcción, y que por tanto la falta de respuesta, como acertadamente dijo el Juzgador a quo es la aplicación del silencio negativo, en virtud de lo dispuesto en el art. 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), que dispone en los casos de silencio en los que está afectado el dominio público lo siguiente:

"El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución , aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros, facultades relativas al dominio público o al servicio público, impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas".

Se trataría en su caso, de un supuesto de silencio negativo, y no de caducidad de procedimiento.

SEPTIMO. - Procede, en consecuencia, la estimación del recurso de apelación interpuesto por las razones antes expuestas. En cuanto a costas se dan las circunstancias de hecho y de derecho para no imponer las costas, motivadas por las dudas existentes sobre la catalogación de la carretera, y en aplicación del art. 139 de la Ley Jurisdiccional.