Sentencia Contencioso-Administrativo 66/2024 Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 93/2023 de 05 de abril del 2024

PRIMERO. - Actuación administrativa impugnada.

Es objeto del presente recurso la resolución, de 21 de julio de 2023, de la Dirección General de la Guardia Civil, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de fecha 29 de septiembre de 2021, por la que se revoca la licencia de armas tipo E a don Ramón( NUM000), porque "se concluye que D. Ramón no ofrece la confianza suficiente para tener, portar y usar armas evidenciando un comportamiento cuanto menos carente de prudencia y autocontrol" .

Añadiendo:

"La demostración de una actitud agresiva por parte del Sr. Ramón en el ámbito de las relaciones familiares, donde pueden producirse situaciones tensas con resultados negativos o de gravedad, como es el caso que nos ocupa, muestra la carencia del sosiego necesario para contener los impulsos que debe ser exigida al titular de armas de fuego, con el consiguiente riesgo que ello puede suponer para terceros. Situación de riesgo que puede verse incrementada por el posible manejo de un arma de fuego por el interesado, titular de licencia de armas y propietario de una escopeta que ha sido intervenida y depositada en esta I.A.E. a disposición judicial, quedando acreditada la existencia de elementos objetivos suficientes sobre la existencia de peligro en el Sr. Ramón supuesto autor de un delito de lesiones sobre la persona de su hermano.

A todo ello, debe sumarse lo acaecido el día 02 septiembre de 2021, la detención del Sr. Ramón como autor de un supuesto delito de violencia de género, una vez iniciado el presente expediente por unos hechos que tienen lugar en un ámbito tan necesitado de protección como es el de la llamada "violencia de género" y totalmente incompatible con la tenencia y uso de armas.

Así, queda suficientemente acreditado el evidente riesgo que para terceros representa el mantenimiento de la habilitación por parte del encartado, por cuanto de las actuaciones referidas en el presente expediente administrativo, se infiere un comportamiento de agresividad por parte Sr. Ramón. Cabe esperar de la persona que se encuentra en posesión de una licencia de armas una templanza y seguridad exquisitas, así como un autocontrol y sosiego necesario para controlar sus impulsos, aspectos que no se aprecian en la conducta de D. Ramón, pudiendo constituir la tenencia y el uso de armas por parte del encartado, un peligro para su propia persona o para terceros".

Todo ello atendiendo a lo recogido en el Antecedente de Hecho Primero de esta resolución de fecha 29 de septiembre de 2021:

" PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 100 y 101 del Reglamento de Armas (en adelante R.A.), aprobado mediante Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, modificado por el Real Decreto 726/2020, de 4 de Agosto, el Sr. Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos con fecha 23 de julio de 2021 acuerda inicio de Procedimiento para la Revocación de la Licencia de Armas Tipo "E" al amparo del Art. 97.5 del Reglamento de Armas , al objeto de determinar si concurren actualmente en el interesado Ramón, los requisitos exigidos para la expedición de la licencia de armas tipo "E", supuesto autor de un delito leve de lesiones sobre la persona de su hermano Carlos Ramón, por los hechos que a continuación se exponen:

Que el día 01 de julio de 2021 sobre las 00:10 hs en el transcurso de una discusión familiar, entre Carlos Ramón, y su hermano Ramón, Ramón golpea con el puño a Carlos Ramón causándole lesiones. Que por estos hechos se procedió a dar aviso a la Guardia Civil, teniendo que personarse hasta en dos ocasiones en el citado lugar la Patrulla de la Guardia Civil.

Que Carlos Ramón vive en el DIRECCION000 de Villayerno Morquillas (Burgos) y su hermano, Ramón es propietario de la vivienda contigua sita en el número DIRECCION001. Que el día que se producen los hechos, se inicia una discusión por problemas de vecindad que finaliza con la agresión por parte de Ramón sobre su hermano Carlos Ramón. Manifiesta Carlos Ramón que tiene mala relación con su hermano Ramón, que no es la primera vez que se producen hechos similares siendo el anterior del mes de mayo y que no le ha denunciado hasta la fecha por ser su hermano. Que testigos de la agresión fueron sus padres y su novia. Que su hermano Ramón también tiene mala relación con la novia del denunciante, a la cual ha insultado y amenazado en varias ocasiones.

Que de lo expuesto en Diligencias por las Patrullas actuantes se extrae que Ramón muestra un comportamiento "alterado y poco dado a razones", pudiendo visionar un vídeo mostrado por Carlos Ramón en el que se observa a Ramón "en actitud muy agresiva, con la cara desencajada y siendo sujetado por el resto de los allí presentes". Que incluso el padre tuvo que golpear con una tabla de madera a su hijo Ramón para intentar parar al mismo durante el altercado. Que el día 03 de julio, la novia de Carlos Ramón, Enma, "muy nerviosa y alterada" manifiesta a la Patrulla que tiene miedo de que Ramón posea un arma "ya que éste no se encuentra en su sano juicio" temiendo que "pueda llegar a usarla contra ellos".

...//...

Que el día que se producen los hechos la Patrulla pudo observar cómo Carlos Ramón tenía "un fuerte golpe en un pómulo y una lesión en una oreja". El informe médico de urgencias del H.U.B.U. recoge como diagnóstico principal "Agresión física. Policontuso". De otro lado, Ramón refiere que como consecuencia del altercado con su hermano Carlos Ramón ha sufrido lesiones en un dedo por las que "va a ser operado".

El día 03 de julio Patrulla del Puesto Principal de Alfoz de Burgos procede a la retirada para su posterior depósito en la I.A.E. de Burgos de la licencia de armas "E" y de una escopeta junto con su guía de pertenencia de las cuales es titular Ramón.

Con fecha 02 de septiembre de 2021, una vez iniciado el presente expediente de revocación, se tiene conocimiento de que el encartado, Ramón, ha sido detenido por el C.N.P. como supuesto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar - Violencia de Género. De las Diligencias Policiales instruídas, núm. NUM001, se extrae que cuando la Patrulla de CNP se persona en el domicilio de la persona acertante, Margarita manifiesta ésta a los Agentes que "en el transcurso de una discusión con su pareja, Ramón, éste se ha puesto muy agresivo cogiendo un cenicero lanzándoselo por encima sin llegar a darle (...) que él la ha agarrado y tirado al suelo, (...) diciéndola textualmente, si llamas a la policía no vas a volver a ver a tus hijos". Los Agentes actuantes no observan lesiones aparentes en la víctima. Se instruyen diligencias de oficio ya que la víctima no desea presentar denuncia por estos hechos ".

SEGUNDO. - Alegaciones de la parte demandante.

Frente a dicha resolución y en apoyo de sus pretensiones, la parte actora esgrime los siguientes hechos y razonamientos:

1º). - No entiende por qué se inicia un procedimiento de estas características contra su persona basado en un vídeo en el que no existen amenazas, ni insultos ya que únicamente se puede visualizar una pequeña parte de las horas que duró el conflicto, y que la parte que presenta este video lo realiza de una manera manipulada, ya que lo graban de manera preparada, coordinada e interesada haciendo ver que su hermano no hace nada contra él, cuando ya lo había hecho antes de la grabación del citado vídeo. Que la Guardia Civil en fecha de los hechos tenía bajo vigilancia, control y "protección" a la actual pareja del actor y a este, por un procedimiento abierto que tiene su actual pareja contra su exmarido por violencia de género, no entendiendo por qué va a querer meterse don Ramón en más problemas, con lo que ya tiene que estar sufriendo en casa apoyando a su actual pareja y sufriendo la ira de sus ex familiares.

2º).- Que quien va a notificar al Cuartel de la Guardia Civil que la escopeta, presuntamente, se encuentra en el domicilio de su hermano es don Ramón, ya que se da cuenta el día 2 de julio de 2021 que su escopeta se la han sustraído de su vivienda sita en DIRECCION001, y que no se la quieren devolver. Pero que, debido a la situación creada y como han trascurrido los acontecimientos, primero lo pone en conocimiento de la Guardia Civil y luego lo denuncia, tal y como figura en el expediente administrativo. El día de los hechos, así como otros días que han solicitado la intervención de la Guardia Civil, siempre han sido don Ramón o su pareja quienes han llamado a la Guardia Civil, y también fueron ellos quienes pidieron la intervención el día 30 de junio de 2021 y 1 de Julio de 2021, en todas las ocasiones en que se les llamó, nunca su hermano ni su pareja.

3º).- Además no cuenta con antecedentes policiales o penales por violencia de género o violencia doméstica; no cuenta con antecedentes penales por delitos graves contra la propiedad, las personas o de alcoholemia; no tiene infracciones administrativas o judiciales por mal uso, tenencia y custodia de armas que por su importancia o gravedad lo aconsejen; no es reincidente de infracciones administrativas o faltas, sobre carácter violento, agresividad, conducta antisocial, falta de control y alcoholemia; no tiene infracciones graves o muy graves a la Ley sobre Conservación de Espacios Naturales y Fauna Silvestre o a la Ley de Caza, cuando se ha utilizado un arma para cometer dicha infracción; no se ha dedicado ni ha sido sancionado por Caza furtiva u otras infracciones a la normativa de caza o de armas; no se considera un individuo peligroso, ya sea para su propia persona o para terceros; no ha cometido Infracciones administrativas o penales por conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas; no es reincidente de infracciones por el mal uso de armas.

4º).- En la concesión de la licencia de armas de caza, el Reglamento de Armas ( Real Decreto 137/1993 de 29 de enero) exige que el solicitante adjunte a la solicitud una serie de documentos (art. 97.1), entre los que se encuentra el certificado de antecedentes en vigor e informe de aptitudes psicofísicas, con los cuales no ha tenido ningún problema para ser apto desde los 18 años, y tiene 45 años. Aun así, se somete a la voluntad de la Autoridad competente a pasar una revisión forense psicológica para que se valore la idoneidad o no de poseer o no el Permiso de Armas. Además, su conducta o comportamiento en cuanto a la normativa de uso de la licencia de armas ha sido adecuada a las exigencias del Orden Público y la Seguridad Ciudadana.

TERCERO. - Alegaciones de la parte demandada.

A dicho recurso y los argumentos esgrimidos por la parte actora opone los siguientes razonamientos:

1º).- Debemos comenzar indicando que en nuestro país la tenencia de armas no es un derecho; así el artículo 29.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana. A lo anterior debe añadirse lo dispuesto en el artículo 98 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas. Asimismo, debe traerse a colación el artículo 146.2 del mismo reglamento.

2º).- Estos preceptos han sido ampliamente desarrollados por la jurisprudencia, que da respuesta a todas las cuestiones planteadas por la demandante. El Tribunal Supremo en su Sentencia de 16 de noviembre de 2015 (Recurso de Casación núm. 3640/2014), se ha referido a que cabe considerar no sólo los antecedentes penales sino también los policiales. También Sentencia de 18 de diciembre de 2012 (Recurso de Casación núm. 604/2012). En particular, la sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2011 (Recurso de Casación núm. 515/2010), se ha referido al carácter restrictivo en esta materia y a la consideración de los antecedentes policiales, aun cuando haya existido sentencia absolutoria.

3º).- Esta misma Sala se ha referido incluso a los antecedentes penales cancelados en su Sentencia de 10 de febrero de 2023 (recurso nº 69/2022).

4º).-En el caso que nos ocupa no podemos sino reiterar los acertados razonamientos contenidos en la resolución que revoca la licencia de armas concedida al actor, y que por su loable motivación no podemos por menos que reproducir.

CUARTO. - Sobre la normativa y jurisprudencia aplicable.

Planteados en dichos términos el recurso, en realidad se trata en definitiva de enjuiciar si la resolución impugnada es o no ajustada a derecho cuando revoca la licencia de armas. El enjuiciamiento del presente recurso exige en primer lugar recordar la normativa aplicable, así como la jurisprudencia establecida al respecto. Dispone el art. 29.1.b) de la L. O. 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, lo siguiente:

"1. El Gobierno regulará las medidas de control necesarias sobre las materias relacionadas en el artículo anterior:

b) Estableciendo la obligatoria titularidad de licencias, permisos o autorizaciones para la adquisición, tenencia y utilización de armas de fuego, cuya expedición tendrá carácter restrictivo cuando se trate de armas de defensa personal, en relación con las cuales la concesión de las licencias, permisos o autorizaciones se limitará a supuestos de estricta necesidad. Para la concesión de licencias, permisos y autorizaciones se tendrán en cuenta la conducta y antecedentes del interesado. En todo caso, el solicitante prestará su consentimiento expreso a favor del órgano de la Administración General del Estado que tramita su solicitud para que se recaben sus antecedentes penales".

El desarrollo reglamentario de estas licencias viene recogido en el Reglamento de Armas, aprobado por R.D. 137/1993, de 29 de enero, reformado por R.D. 316/2000, de 3 de marzo. Así, con criterio general y para la obtención de la licencia de armas señala el art. 98 del citado Reglamento lo siguiente:

"1. En ningún caso podrán tener ni usar armas, ni ser titulares de las licencias o autorizaciones correspondientes, las personas cuyas condiciones psíquicas o físicas les impidan su utilización, y especialmente aquellas personas para las que la posesión y el uso de armas representen un riesgo propio o ajeno.

2. Para solicitar las licencias y autorizaciones especiales de armas, además de la documentación requerida para cada supuesto en los correspondientes artículos de este Reglamento, los interesados deberán acreditar la posesión de las aptitudes psíquicas y físicas adecuadas y los conocimientos necesarios sobre conservación, mantenimiento y manejo de las armas, en la forma prevenida.

3. La acreditación de las aptitudes psíquicas y físicas necesarias para poder obtener la concesión, así como la renovación de licencias y autorizaciones especiales para la tenencia y uso de armas, deberá llevarse a cabo mediante la presentación, ante las oficinas instructoras de los procedimientos, del correspondiente informe de aptitud...".

Respecto a la documentación requerida, de modo general prevé el art. 97 del citado Reglamento lo siguiente:

"1. La solicitud de expedición de las licencias de armas habrá de presentarse en la Intervención de Armas de la Guardia Civil correspondiente al domicilio del interesado, acompañada de la siguiente documentación:

a) Certificado de antecedentes penales en vigor.

b) Fotocopia del documento nacional de identidad en vigor o, en su caso, de la tarjeta de autorización de residencia, que será cotejada con su original y devuelta al interesado.

c) Informe de las aptitudes psicofísicas.

2. Los órganos encargados de la instrucción del procedimiento realizarán una información sobre la conducta y antecedentes del interesado, cuyo resultado elevarán a la autoridad competente para resolver, juntamente con la solicitud y documentación aportada. Cuando se solicite la concesión de las licencias D para armas de la categoría 2ª.2 y de las licencias E para armas de la categoría 3ª.2, dicha información se referirá también a la dedicación real del interesado al ejercicio de la caza o de los deportes correspondientes, que podrá ser acreditada por los solicitantes mediante exhibición de las correspondientes licencias de caza y tarjetas federativas en vigor...

5. La vigencia de las autorizaciones concedidas y de los reconocimientos de coleccionistas efectuados estará condicionada al mantenimiento de los requisitos exigibles con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento para su otorgamiento, pudiendo los órganos competentes para su expedición comprobar en cualquier momento tal mantenimiento y procediendo a revocarlas en caso contrario

En la interpretación de esta normativa la Jurisprudencia del T.S. nos recuerda el marcado carácter restrictivo de la misma, y sobre todo que la potestad discrecional para el otorgamiento de autorizaciones, licencias y permisos ha de ejercerse de manera restrictiva, razonada y motivada. En estos términos se pronuncia, recordando anteriores sentencias, la STS, Sala 3ª, Sec. 3ª de 25.4.2014, dictada en el recurso de casación número 3058/2013, siendo ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, cuando al respecto señala lo siguiente:

< nuestras sentencias de 8 de abril de 2008 (RC 1564/2004 ) y de 22 de enero de 2010 (RC 7652/2005 ), con cita de sentencias anteriores, hemos destacado el carácter restrictivo que rige esta materia debido al cambio normativo operado por la promulgación del nuevo Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, en comparación con el antiguo Reglamento, aprobado por Real Decreto 2179/1981.

En la sentencia de esta Sala jurisdiccional de 8 de abril de 2008 , dijimos:

« [...] una cosa es que el procedimiento no haya cambiado y otra cosa es que haya identidad en los preceptos citados. No la hay. Porque claramente se advierte la introducción de un punto de rigor en la nueva reglamentación que no se limita a hablar de discrecionalidades, sino que se añade ... que la expedición de la licencia tendrá carácter restrictivo limitándose a supuestos de existencia de riesgo especial o de necesidad". Añadiéndose que "es claro, pues, que bajo la normativa anterior la libertad estimativa que contiene toda potestad discrecional ha sido reducida, pues el otorgamiento queda sujeto a un mandato imperativo muy preciso: la citada potestad de otorgamiento ha de ejercerse de manera restrictiva. ».

Y en la sentencia de esta Sala jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2012 (RC 604/2012 ), recordamos que «el análisis de las concretas circunstancias existentes en cada caso es, sin duda, imprescindible al aplicar los preceptos que en desarrollo del artículo 7 de la Ley Orgánica 1/1992 han sido aprobados para reglamentar la expedición de licencias o permisos para la tenencia y uso de armas de fuego», subrayando que «el Reglamento, aprobado por el Real Decreto 137/1993, mantiene, como es bien sabido, un carácter restrictivo para la expedición de dichas autorizaciones», manteniendo con reiteración «que el hecho de que unas determinadas actuaciones policiales no hayan sido seguidas de condenas penales no obsta a la posibilidad de que los hechos objeto de los atestados policiales, aun no revistiendo caracteres delictivos, revelen una conducta incompatible con la posesión y el uso de armas», por cuanto «el artículo 98.1 del Reglamento antes referido dispone que en ningún caso podrán tener ni usar armas, ni ser titulares de las licencias o autorizaciones correspondientes, las personas cuyas condiciones psíquicas o físicas les impidan su utilización, y especialmente aquellas personas para las que la posesión y el uso de armas representen un riesgo propio o ajeno», y, subrayando, en último término, que «dichas circunstancias pueden darse tanto en quien haya sido absuelto de una causa penal como en quien ni siquiera haya tenido la cualidad de imputado, tras el envío de unas diligencias policiales al juzgado correspondiente»...

En suma, en el supuesto enjuiciado en este recurso de casación, consideramos que la Sala de instancia ha valorado adecuadamente las circunstancias concurrentes, que determina que resulte procedente la confirmación de la revocación de la licencia de armas decretada por la autoridad gubernativa, con base en la acreditación de una conducta inapropiada, contraria a las reglas de la convivencia, objeto de reproche penal por sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ciudad Rodrigo de 1 de agosto de 2012 , que le condenó como autor de una falta de desconsideración a los agentes de la autoridad del artículo 634 del Código Penal , por haber proferido insultos y amenazas consistentes en la expresión, entre otras frases, de "hijos de puta", "os voy a matar", "os voy a reventar y pasar por encima con el coche", de lo que cabe inferir un riesgo potencial para la integridad física o la seguridad de terceros que justifica la prohibición de la tenencia de armas, lo que permite rechazar la tesis argumental que postula la defensa letrada del recurrente de que no existe prueba alguna que demuestre la falta de idoneidad para mantener la licencia de armas tipo "D">>.

También la STS, Sala 3ª, Sec. 3ª de fecha 16.11.2015, dictada en el recurso de casación Núm.: 3640/2014 , siendo ponente el E xcmo. Sr. D.: Diego Córdoba Castroverde, señala lo siguiente:

"La valoración de la aptitud para el uso de las armas, tanto para su concesión como para la revocación de la licencia previamente obtenida, debe basarse en una apreciación global de todos los datos disponibles de la conducta del solicitante y referirla a cada caso concreto".

En el examen del caso concreto y de las circunstancias concurrentes en el solicitante insiste la STS, Sala 3ª, Sec. 3ª de 14.3.2012, dictada en el recurso de casación núm. 3686 /2009, siendo ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado, cuando al respecto señala lo siguiente:

"Acerca del principio restrictivo que rige la concesión de permisos o licencias para la tenencia de armas de fuego (reconocido por la Sala en Sentencias de 20 de septiembre de 2.006 -RC 1.811/2.003 -, 21 de mayo de 2.009 -RC 500/2.005 -, 27 de noviembre de 2.009 -RC 6.374/2.005 - y 20 de septiembre de 2.010 -RC 2.424/2.006 -), hemos declarado que dicho principio no excluye la valoración casuística que debe acometerse para resolver cada solicitud. La evaluación debe recaer sobre todas las circunstancias concurrentes, entre ellas la conducta del solicitante, con la finalidad de determinar el peligro, posible o real, que supondría la tenencia de armas de fuego para caza".

Haciendo aplicación de dicha normativa y referida Jurisprudencia esta Sala en sentencia nº 282/2021 de fecha 23 de diciembre de 2.021, dictada en el recurso núm. 64/2021 se pronuncia con el siguiente tenor enjuiciando ese concreto supuesto:

"Por tanto, se debe tener en cuenta que no procede mantener la titularidad de una licencia o una autorización de uso de arma a favor de aquellas personas que determinan que la posesión del arma representa un riesgo propio o ajeno. Esta es la circunstancia tenida en cuenta por la Administración y esta es la real situación que se produce en el recurrente, con independencia de que en la vía penal no se haya adoptado medida alguna respecta de la licencia de armas, lo cierto es que ello no vincula en el ámbito administrativo de la resolución administrativa impugnada, la cual objetiva las circunstancias a tener en cuenta, sin que en ningún caso se aprecie que se vulnere el principio de presunción de inocencia. Lo que realmente considera la Administración es la existencia de un riesgo en la posibilidad de utilizar el arma por parte de don Alberto, a la vista de su comportamiento en los hechos acaecidos el día 21 de noviembre de 2020 y que dieron lugar al atestado instruido por el Puesto de la Guardia Civil de Briviesca con el número NUM002, en el que se detiene como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar al ahora actor".

Y también esta Sala haciendo igualmente aplicación de esa misma normativa y jurisprudencia resuelve con diferente resultado el caso enjuiciado en la sentencia núm. 279/2021, de fecha 17 de diciembre de 2.021, dictada en el recurso núm. 40/2021, y ello por lo siguiente:

"Como se finalizaba argumentando en dicha sentencia se tenían en cuenta las circunstancias concurrentes en ese momento, sin perjuicio de lo que resultara en posteriores informes, siendo así que dichas circunstancias se han modificado a la vista de la sentencia absolutoria, por lo que, si bien es indudable que la Administración goza de discrecionalidad, esta discrecionalidad exige una adecuada motivación, pues en otro caso caeríamos en la arbitrariedad.

Y así, valorando la conducta y antecedentes del solicitante, y teniendo en cuenta y valorando los antecedentes reseñados y las conductas administrativas de las que ha sido objeto a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta la totalidad de dicho proceder, llega la Sala a la conclusión de que pese al carácter restrictivo y discrecional que rige la concesión de este tipo de licencia y/o autorizaciones, en este caso estas circunstancias no permiten afirmar que el actor no puede ser acreedor de la licencia que solicita y ello porque en su comportamiento tampoco se revela una forma de proceder impulsiva y de falta del sosiego necesario para poder ser poseedor y usuario de un arma, si es bien cierto que se han seguido unas diligencias previas 675/2018, no se puede desconocer el contenido de la sentencia absolutoria de 30 de abril de 2020 dictada por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Burgos, que obra al folio 4 del expediente administrativo y en la que se concluye valorando la declaración del testigo Don .......... que contradice la versión de los hechos dada por el denunciante, por lo que se concluye afirmando que no existe prueba de cargo con virtualidad probatoria suficiente para fundamentar una condena penal que permita acreditar que el acusado disparó de forma intencionada y directamente a los denunciantes, por lo que ante estas conclusiones de la sentencia penal absolutoria, es evidente que no se puede extraer de dichas diligencias previas una conclusión referida a que la conducta del recurrente sea reveladora de una forma de proceder impulsiva y de falta del sosiego necesario para poder ser poseedor de la licencia solicitada, por lo que se ha de concluir que procede la estimación del recurso al no estar acreditado que concurra en la conducta del recurrente un proceder antisocial y contrario al orden público, que no le hiciera merecedor de la licencia solicitada, a la vista de la naturaleza de los antecedentes reseñados en los informes obrantes en el expediente administrativo y de las consideraciones de la sentencia penal absolutoria, antes citada, junto con la valoración conjunta del resto de la prueba documental obrante en autos".

El ejemplo de estas sentencias nos pone de manifiesto que el examen debe verificarse caso por caso y atendiendo a las concretas circunstancias concurrentes en cada supuesto y sobre todo a la conducta del recurrente; pero, eso sí, partiendo de la normativa trascrita y de la Jurisprudencia reseñada, y todo ello con la finalidad de determinar el peligro, posible o real, que supondría la tenencia de armas de fuego de caza.

QUINTO.- Examen de fondo.

Aplicando mencionada normativa y referida jurisprudencia al caso de autos, procede resolver las cuestiones planteadas:

Ya hemos indicado en el Fundamento de Derecho anterior que no es un derecho fundamental el uso y porte de armas, sino que está sujeto a una autorización administrativa que abarca cierta discrecionalidad, en el sentido de que para proceder a la concesión de la licencia de armas es necesario acreditar una actitud y una aptitud psicológica adecuada que elimine cualquier posibilidad de riesgo para el propio solicitante de la autorización, de la licencia, como para asegurar la seguridad de cualquier tercero; esto determina que ante la posibilidad de riesgo no proceda la concesión de la licencia y si una vez se obtiene esta licencia se aprecian conductas en la persona que posee la licencia que determinan una posibilidad de riesgo propio o de tercero, procede la revocación de la licencia sin que pueda nuevamente obtenerse si no se han acreditado las condiciones físico psíquicas adecuadas que elimine toda posibilidad de riesgo en esta tenencia. En esto se ha basado la resolución administrativa recurrida, que recoge unos hechos que denotan en la persona de D. Ramón que no se encuentra en condiciones anímicas y psicológicas como para estar en posesión de una licencia de armas: Se hace constar en la resolución que el día 1 de julio de 2021 tuvo lugar una fuerte discusión familiar entre Ramón y su hermano Carlos Ramón, golpeando el primero al segundo con el puño causándole lesiones. Además, consta que la discusión se inicia por problemas de vecindad que finalizan con dicha agresión y se hace constar que parece ser que no es la primera vez que se producen hechos similares. Por otra parte, el hecho de que el vídeo fuese hasta cierto punto preparado (que se ignora), lo cierto es que el vídeo, según recoge la propia resolución y según viene a reconocer el propio Ramón, muestra a Ramón en una actitud agresiva, indicándose en la resolución administrativa que muestra la actitud agresiva "con la cara desencajada y siendo sujetado por el resto de los allí presentes". También, en la propia resolución, en el último párrafo del antecedente de hecho primero se expresa que con fecha 2 de septiembre de 2021 se tiene conocimiento de que D. Ramón ha sido detenido por el C.N.P., por un supuesto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar (Violencia de Género) y se hace constar que cuando la patrulla policial se persona en el domicilio de la persona afectada, Margarita, manifiesta esta a los Agentes que "en el transcurso de una discusión con su pareja, Ramón, este se ha puesto muy agresivo cogiendo un cenicero lanzándoselo por encima sin llegar a darle (...) que él la ha agarrado y tirado al suelo (...), diciéndole textualmente que si llamas a la Policía no vas a volver a ver a tus hijos.

Todos estos hechos denotan un comportamiento que induce a que D. Ramón se encuentra en situación de alterarse por los motivos que sean, lo que ocasiona que se produzca un grave riesgo en su persona y fundamentalmente en la persona de terceros, riesgo que puede llegar a ocasionar graves daños si nos encontramos ante la posibilidad de tener a mano un arma, y es precisamente este riesgo el que se debe eliminar a toda costa, por lo que en ningún caso procede conceder licencia y, como es el caso, si contase con licencia, lo que procede es revocar la misma, como se ha hecho en el presente supuesto.

Es cierto que son hechos sobre los que no ha recaído todavía ninguna sentencia penal, pero ello no implica que no proceda adoptar medidas como la revocación de la licencia ante el fuerte riesgo que este comportamiento denota, además de constar ya con datos objetivos que suponen una fuerte tensión en la conducta de Ramón, como son los datos de las lesiones que presentan tanto Ramón como su hermano, que encajan perfectamente con la descripción de haber pegado un fuerte puñetazo, así como el reconocimiento del video.

Por todo lo dicho, no es posible estimar la demanda presentada, considerando que la resolución administrativa se ajusta plenamente a derecho; sin que tenga trascendencia para revocar la licencia de armas el que D. Ramón no cuente con antecedentes penales, ni presente infracciones administrativas o judiciales por el mal uso del arma, de su tenencia y custodia; así como tampoco el hecho de que hasta este momento no haya presentado conductas de carácter violento, agresivo o conductas antisocial o de falta de control o alcoholemia; pero que en el momento de estos hechos las actitudes psicofísicas impiden que se le autorice o se le conceda licencia de porte y tenencia de armas, sin perjuicio de que puntualmente haya podido obtener un informe de aptitudes psicofísicas favorables, pero que precisa un mayor tiempo para poder acreditar adecuadamente que ya estas conductas antisociales y de agresividad han dejado de existir y no se espera que vuelvan a aparecer.

ÚLTIMO. -Costas.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 139.1 de la LJCA, al desestimarse el recurso interpuesto, procede imponer las costas a la parte actora.

VISTOS los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, ha dictado el siguiente: