Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 5/2024 de 06 de mayo del 2024

Se aceptan los hechos de la sentencia, que en lo sustancial no han sido objeto de impugnación, así como los fundamentos de derecho en aquello que no contradigan los razonamientos que a continuación pasamos a exponer.

PRIMERO.- Recurso contencioso: delimitación de su objeto.-

1.- El apelante alega en primer lugar que la resolución de fecha 19 de diciembre de 2022 que resolvió el recurso de alzada contra el que se interpuso el recurso contencioso, no se dirigía contra la carta de pago, como se indica en la sentencia, sino que dicho recurso administrativo se interpuso contra el acuerdo sancionador y las notificaciones efectuadas en el procedimiento, que se reputaban nulas por vulneración de las normas legales (artículos Ley 39/2015 de PACAP).

2.- El recurso de alzada de 30 de noviembre de 2022 consta interpuesto "contra el acuerdo de incoación del expediente sancionador de referencia" y en él se solicitaba que "previos los trámites oportunos, se dicte resolución por la que se declare la nulidad de las notificaciones practicadas y se decrete el archivo del procedimiento" (acontecimiento 14 del expediente).

3.- A su vez, el recurso contencioso administrativo se formalizó contra "La resolución del recurso de alzada de fecha 19 de diciembre de 2022, por la que se desestima el recurso contra la ejecución de la deuda del expediente sancionador incoado a mi representada (referencia 2022190250)" (acontecimiento 1). Y en la demanda se delimita la pretensión solicitando que " se dicte sentencia por la que se estime el presente recurso, se declaren nulas y sin efectos las notificaciones de los acuerdos dictados en el procedimiento sancionador de referencia y se archive y deje sin efecto el procedimiento.

Subsidiariamente, se dicte sentencia por la que se estime el presente recurso se declare que el importe de la sanción procedente es de 9.775,16 y se anule parcialmente el acuerdo de imposición de sanción ....".(acontecimiento 30).

4.- Lo que se cuestiona a través del recurso es el procedimiento sancionador y el acto que puso fin al mismo, imponiendo una sanción (Resolución de fecha 12 de julio de 2022, dictada por el Presidente del ICAC), posteriormente reflejada en la carta de pago emitida el 27 de septiembre de 2022, por importe de 60.000 euros, y notificada el 3 de noviembre de 2022. Y para ello, se denuncia que las notificaciones efectuadas en el procedimiento sancionador no son válidas, ya que no se efectuaron en la forma que dispone la LPACAP ( artículo 43.2 y 44.2 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo en relación con el artículo 42.2 de la Ley 39/2015); y además, que la sanción no se ajustó en su determinación a los parámetros legales, que imponían considerar las cifras del activo y de ventas de la última declaración tributaria que no se habían ponderado( Disposición adicional undécima del Real Decreto 2/2021, de 12 de enero y el artículo 28 de la Ley 39/2015).

La sentencia no se aparta de las peticiones realizadas por el recurrente, y refleja de forma acertada cual es el objeto del recurso, a saber, la resolución que resolvió el recurso de alzada, promovido con ocasión de la expedición de la carta de pago, mediante el que se cuestionan los actos de notificación del procedimiento sancionador y el importe de la sanción. Por consiguiente, el objeto de recurso se delimitó correctamente.

SEGUNDO.- Resolución del recurso de apelación: acto firme.

1.- Pese a las afirmaciones que realiza la demandante, la sentencia razona que el recurso pone en cuestión un acto firme contra el que no se promovió el recurso administrativo en el momento en el que hubiera sido procedente, y que por el contrario no hay reproche contra la liquidación plasmada en la carta de pago, en la que se abre el periodo voluntario de pago, con los apercibimientos legales para el caso de impago.

2.- La resolución administrativa impugnada verificó que las notificaciones se habían producido en forma, ajustándose a las previsiones legales, mediante notificación electrónica rechazada del acto de inicio del procedimiento, posterior entrega mediante comparecencia en la oficina de correos y por edictos en el BOE ( artículo 41.1 y 44 Ley 39/2015), de modo que esos actos produjeron sus efectos; tras esa primera notificación del inicio del procedimiento se notificó la resolución sancionadora mediante comunicación electrónica también rechazada, de modo que esta produjo plenos efectos ( artículo 41.5 Ley 39/2015), con la consiguiente firmeza del acto ( artículo 97 y 98 Ley 39/2015), que dio paso a su ejecución de acuerdo con las norma de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de PACAP.

Este acto firme no fue recurrido en plazo, por lo que no cabría abrir la discusión acerca del contenido del acto sancionador que quedó firme y consentido (y desde esa perspectiva el recurso era inadmisible, como mantenía la Abogacía del Estado en la instancia y reitera en la oposición a la apelación - artículo 69 c) y 25 LJCA-).

3.- Sin embargo, el núcleo del recurso contencioso se proyecta sobre el acto de notificación que se dice inválido. Ese acto de notificación constituye un acto distinto, destinado a que la sanción despliegue sus efectos, llegando hasta su destinatario para su conocimiento y eventual contradicción.

La doctrina ha puesto de relieve que " la práctica de las notificaciones tiene una notable importancia, tanto en el ámbito administrativo como en sede jurisdiccional pues acredita que el contenido del acto ha llegado a su destinatario, que ya conoce su contenido y puede, por tanto, obrar en consecuencia". "Según viene señalando el Tribunal Constitucional, los actos de notificación cumplen " una función relevante, ya que, al dar noticia de la correspondiente resolución, permiten al afectado adoptar las medidas que estime más eficaces para sus intereses, singularmente la oportuna interposición de los recursos procedentes" ( Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia 155/1989 de 5 octubre 1989, Rec. 929/1987).

No obstante, no puede perderse de vista que "todos los mecanismos y garantías con que las leyes procesales o procedimentales rodean los actos de comunicación" entre el órgano y las partes "no tienen otra finalidad o razón de ser que la de asegurar que, en la realidad, se ha producido aquella participación de conocimiento, o que, en la ficción jurídica, se ha producido en determinadas circunstancias o no se ha producido" [ Sentencia de 25 de febrero de 1998, cit., FD Primero]; hemos destacado que "el objeto de toda notificación administrativa y de las formalidades de que ha de estar revestida, para tener validez, es el de garantizar que el contenido del acto (...) llegue a conocimiento del obligado" [ Sentencia de 7 de octubre de 1996 (rec. cas. núm. 7982/1990), FD Segundo].

La consecuencia de la falta de la correcta notificación no supone la invalidez del acto administrativo que se pretendía notificar sino su ineficacia , " pues lo que adolece de invalidez es la práctica de la notificación, lo que nos llevaría a declarar la nulidad del procedimiento administrativo desde el momento inmediatamente anterior al envío y práctica de notificación", " sin embargo la declaración de nulidad comprende también la nulidad del citado acto" ( Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, Sentencia 1157/2022 de 19 septiembre de 2022, Rec. 5522/2020).

4.- Se recuerda la doctrina, porque no basta con advertir que estamos en presencia de un acto firme, cuando lo que se cuestiona es su notificación en forma, como sucede en este supuesto. En tal caso ha de verificarse que la notificación se ha producido con todas las formalidades legales, posibilitando el conocimiento por parte del interesado, y si la notificación ha producido sus efectos o no. Una vez establecida la regularidad del acto de notificación, podremos afirmar que es firme el acto sancionador notificado.

Esta perspectiva no se consideró de forma completa, porque no se examinó la totalidad del procedimiento, en la forma que hemos indicado anteriormente, con referencia al acto impugnado en el que se hace una detallada cronología de las notificaciones realizadas. Por ello, el recurso no podía desestimarse so pretexto de su firmeza, habida cuenta que se ponían en tela de juicio la práctica de las notificaciones del acto de inicio del procedimiento sancionador y de la resolución sancionadora.

5.- Hechas estas precisiones, la resolución administrativa impugnada comprobó a través del examen del procedimiento que las notificaciones fueron realizadas, en la forma que hemos referido anteriormente, existiendo constancia suficiente en el expediente (acontecimientos 3,5,6 y 8); y que esas notificaciones no adolecían de ninguna irregularidad. La Sala hace suyas las consideraciones allí reflejadas con fundamento en los artículos 42 y 44 de la Ley 15/2022 y 43.2 del RD 203/2021.

Consta que el acto se inicio del procedimiento se notificó mediante comunicación electrónica que fue rechazada; posteriormente se intentó la notificación por correo, compareciendo la entidad a la oficina de Correos donde fue notificada el 30/5/22 (también hubo una notificación vía BOE); y finalmente el acto sancionador fue notificado por vía electrónica, puesto que la entidad apelante estaba obligada a la comunicación electrónica y así fue advertida en la notificación del acto iniciador del procedimiento (indicando que todas las demás notificaciones se realizarían por vía electrónica, conforme al Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, en su artículo 43.2). La notificación fue igualmente rechazada (23/7/22).

La comunicación del acto de inicio del procedimiento fue recibida por la misma persona ( Gabino) que recibió la carta de pago, tras lo que se formuló el recurso de alzada (5/12/2022). De donde puede fácilmente entenderse que esta persona estaba facultada para recibir la comunicación en las oficinas de Correos, donde estaba obligada a acreditarse para ser notificada en nombre de la sociedad destinataria del envío ( artículo 44 Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales).

No puede desconocerse que entre las garantías del artículo 24 CE que han de observarse en el procedimiento administrativo sancionador se encuentran el derecho de defensa y el derecho a ser informado de la acusación ( Tribunal Constitucional (Segunda), S 24-03-2003, nº 54/2003, rec. 727/2000), cuyo ejercicio presupone que el implicado sea emplazado o le sea notificada debidamente la incoación del procedimiento, pues sólo así podrá disfrutar de una efectiva posibilidad de defensa frente a la infracción que se le imputa previa a la toma de decisión, con la oportunidad de aportar y proponer las pruebas que estime pertinentes y de alegar lo que a su derecho convenga. Por ello los posibles defectos en la notificación o emplazamiento administrativo revisten relevancia constitucional desde la perspectiva del artículo 24 CE. Pero para apreciar la existencia de lesión constitucional, no basta la existencia de un defecto procedimental, sino que además es necesario que éste se haya traducido en indefensión material, es decir, en un perjuicio real y efectivo, nunca potencial y abstracto, de las posibilidades de defensa en un procedimiento con las necesarias garantías ( SSTC 15/1995, de 24 de enero y 1/2000, de 17 de enero); STS 3ª-03/11/2003-4896/2000).

Esto no sucede en el caso que es objeto de examen, porque las notificaciones se desarrollaron sin irregularidades y produjeron sus efectos, de modo que el acto sancionador devino firme; y una vez realizada esta comprobación, el recurso no podría prosperar de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 25 LJCA y 69.c). Y por tanto, la liquidación de la deuda se ajustaba a derecho, como consecuencia del acto firme.

La Doctrina que cita el apelante ( Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia 147/2022 de 29 noviembre 2022, Rec. 3209/2019), no resulta de aplicación al caso, toda vez que se desenvuelve en torno a supuestos distintos, donde existían dudas acerca de la llegada de la notificación a la sociedad recurrente del acto de inclusión en el sistema de notificación electrónica y de la posterior recepción del acto de notificación de la comprobación limitada, supuesto que no es coincidente con el examinado.

El recurso apelación ha de desestimarse.

TERCERO.-Costas.-

Por consiguiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 139.2 de la LJCA las costas causadas en la segunda instancia se imponen a la parte que hubiera visto desestimadas todas sus pretensiones.