Sentencia Contencioso-Administrativo 132/2024 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 188/2022 de 07 de marzo del 2024

Primero.- Es objeto del presente recurso la pretensión de que se declare la disconformidad a Derecho y anule el acuerdo de la Comisión de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid adoptado en sesión celebrada el 27 de enero de 2022 por el que se deniega la calificación urbanística solicitada por Materiales y Hormigones, S.L. para explotación minera, Sección C) "Los Olivares" en diversas parcelas de los polígonos 24, 25 y 27 del municipio de Carabaña, en los parajes denominados "Los Olivares" y "La Loma".

El análisis de las cuestiones suscitadas en la presente litis aconseja comenzar por destacar, ante todo, que debiendo utilizarse el suelo en la forma y con las limitaciones establecidas en la legislación de ordenación territorial y urbanística, de conformidad con la clasificación urbanística de los predios, formando parte del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo, entre otros, además del deber de destinarlo al uso previsto por la ordenación urbanística, el de solicitar y obtener en la forma dispuesta en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, las autorizaciones administrativas preceptivas para cualquier acto de transformación o uso del suelo, natural o construido, tal como establecen los artículos 9 y 12, apartados a) e i) del referido Cuerpo legal, tratándose de suelo clasificado como No Urbanizable (en concreto y conforme a la única clase de suelo distinta del urbano o urbanizable que contempla el artículo 13 de nuestra Ley territorial, Suelo no urbanizable de protección), están autorizados, en exclusiva:

a) La realización de los actos precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga a la que estén efectivamente destinados, conforme a su naturaleza y mediante el empleo de medios técnicos e instalaciones, compatibles con la preservación de los valores que motivan su inclusión en esta clasificación de suelo.

b) La realización de obras, edificaciones y construcciones y el desarrollo de usos y actividades que se legitimen expresamente en los términos dispuestos por esta Ley mediante calificación urbanística (artículos 28 y 29).

Como hemos tenido ocasión de poner de manifiesto en Sentencias de 8 de febrero de 2017 (rec. 660/2014) y de 23 de octubre de 2020 (rec. 1055/2018), con cita de diversos precedentes, este Tribunal " ha entendido que existe cierto margen de discrecionalidad en la concesión de las calificaciones urbanísticas, dado que es una facultad extraordinaria respecto de las que conforman el derecho de propiedad del dueño de una finca que se encuentre en suelo no urbanizable que habilita para la implantación de un uso que no es el ordinario. Es evidente que la actuación de la administración pública puede ser sometida a enjuiciamiento ante esta Jurisdicción a fin de evaluar la corrección, razonabilidad y proporcionalidad de su actuación dado que la propia Ley establece unos parámetros para la concesión de dicha calificación, aún cuando dichos parámetros no conviertan la actuación de la Comunidad Autónoma de Madrid en absolutamente reglada si se establecen determinados criterios que se han de establecer para conceder o denegar la calificación urbanística. Debe además indicarse que la Ley parte de la base de la excepcionalidad de la concesión de las calificaciones urbanísticas, que no suponen al contrario de las licencias urbanísticas la declaración de un derecho preexistente sino que constituyen un elemento constitutivo del derecho. Por tanto es posible el análisis de los motivos por los que se deniega la calificación urbanística, siempre desde la perspectiva anteriormente indicada".

Segundo.- Respecto a la falta de motivación de la resolución administrativa que denuncia la parte actora cabe comenzar constatando cómo existe una obligación legal de motivar las resoluciones administrativas, pues el artículo 35.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas incluye, con carácter general, entre los requisitos de los actos administrativos el de motivación, con " sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho", tratándose de actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos y de los resolutorios de recursos administrativos (en el mismo sentido artículo 88.3 del referido Cuerpo legal y artículos 54.1 y 89.3 de la anterior Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

En principio y como destaca la STC 72/1986, de 2 de junio " es necesario decir que no es doctrina de este Tribunal imputar en todo caso indefensión a los actos administrativos no sancionadores por causa de inmotivación de los mismos, dada su naturaleza y la exigencia de operatividad y eficacia propios de aquéllos, hasta el punto de predicarse de los mismos una presunción de legitimidad. Lo que sí se ha exigido, y así la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 26/1981, de 17 de julio , es que la Administración en los supuestos de actos o disposiciones limitativos de derechos fundamentales reconocidos en la C.E. debe justificarlos suficientemente y "explicarse con el fin de que los destinatarios conozcan las razones por las cuales se sacrificó y los intereses a los que se sacrificó" el derecho cuestionado".

Por su parte el Tribunal Supremo, en reiterada doctrina jurisprudencial, ha puesto de manifiesto que, con carácter general, la motivación de los actos administrativos precisa de una explicación suficiente sobre las razones de la decisión adoptada, poniendo de manifiesto los motivos, concretos y precisos, aunque no exhaustivos, de la resolución administrativa, al ser el conocimiento de los mismos la premisa esencial para que el receptor del acto administrativo pueda impugnar el mismo ante los órganos jurisdiccionales, y estos, a su vez, puedan cumplir la función que constitucionalmente tienen encomendada de control de la actividad administrativa y del sometimiento de ésta a los fines que la justifican, ex artículo 106.1 de la Constitución [ SSTS 5 abril 2017 (casación 1717/2015), 18 junio 2018 (casación 1161/2016) y 31 enero 2019 (casación 1306/2016), entre otras muchas].

El cumplimiento de esta elemental exigencia de la motivación de los actos, con sucinta referencia a los hechos y fundamentos en que se basa, previsto en el artículo 35.1 de la Ley 39/2015 se salvaguarda atribuyendo, en caso de incumplimiento, la severa consecuencia de la anulabilidad del acto administrativo inmotivado, prevista en el artículo 48.2 de la citada Ley.

Ahora bien, como puntualiza la STS 5 abril 2017 citada " esta ausencia de motivación puede ser un vicio invalidante, como hemos señalado, o bien una mera irregularidad, en el caso de que no se haya producido ese desconocimiento de los motivos y razones en que se funda la decisión administrativa. Dicho de otra forma, debe atenderse a un criterio material en orden a determinar si efectivamente se ha cumplido, o no, la finalidad que exige la motivación de los actos, es decir, si el destinatario ha llegado a conocer las razones de la decisión adoptada por la Administración, evaluando si se le ha situado, o no, en una zona de indefensión, por limitación de su derecho de defensa" lo que, proyectado al caso concreto de las resoluciones administrativas denegatorias de autorizaciones o licencias, se traduce en el conocimiento suficiente por parte del interesado de las razones por las que se rechaza su solicitud, haciéndose explícita la razón de la denegación.

En aplicación de la referida doctrina jurisprudencial estima la Sala que la motivación que contiene la resolución impugnada posibilita al interesado un perfecto conocimiento de las razones tomadas en consideración por la Administración demandada para adoptar semejante decisión, por cuanto contiene una específica mención a las circunstancias fácticas y jurídicas que justifican en el caso concreto la denegación de la calificación urbanística solicitada, sustentada en la consideración de que el uso no está permitido por el planeamiento municipal (lo que, puesto en relación con el específico análisis de los usos autorizados por las Normas Subsidiarias aplicables que se contiene en los diversos informes técnicos obrantes en el expediente, de los que recibió el oportuno traslado la interesada, cumple plenamente con la finalidad de permitir conocer al destinatario del acto los motivos de la denegación y normativa en que se sustenta la decisión aquí combatida).

Tercero.- Abordando el examen de la cuestión de fondo, se expone en la resolución administrativa impugnada y ha quedado aquí incuestionado que la finca en la que pretenden ejecutarse las actuaciones objeto del expediente está ubicada en terrenos calificados como de Suelo No Urbanizable Protegido, incluido en la subclase "De protección general por contaminabilidad de aguas subterráneas", de acuerdo con las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Carabaña aprobadas por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 22 de octubre de 1985.

Es importante notar que, siendo dichas Normas Subsidiarias de fecha anterior a la entrada en vigor de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, en las mismas venía a establecerse una específica distinción entre Suelo No Urbanizable de Protección Especial y Suelo No Urbanizable de Protección General, definiendo este último el artículo 46 como el " Que en razón de su relativo valor agrícola o por la potencial explotación de sus recursos naturales o por su estado actual precise su regeneración, debe protegerse con medidas cautelares estratégicas de carácter extensivo que refuercen su función de equilibrador ecológico del territorio"

Pues bien, el artículo 29 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, bajo la rúbrica "Régimen de las actuaciones en suelo no urbanizable de protección" y en la redacción aplicable por razones temporales, venía a establecer que " 1. En el suelo no urbanizable de protección, excepcionalmente, a través del procedimiento de calificación previsto en la presente Ley, podrán autorizarse actuaciones específicas, siempre que estén previstas en la legislación sectorial y expresamente permitidas por el planeamiento regional territorial o el planeamiento urbanístico.

2. Además, en el suelo no urbanizable de protección podrán realizarse e implantarse con las características resultantes de su función propia y de su legislación específicamente reguladora, las obras e instalaciones y los usos requeridos por los equipamientos, infraestructuras y servicios públicos estatales, autonómicos o locales que precisen localizarse en terrenos con esta clasificación. El régimen de aplicación sobre estas actuaciones será el mismo que se regula en los artículos 25 y 161 de la presente Ley .

3. Previa comprobación de la calificación urbanística, los Ayuntamientos podrán autorizar en los suelos rurales dedicados al uso agrícola, ganadero, forestal o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales, por ser de interés público o social, por su contribución a la ordenación y el desarrollo rurales o porque hayan de emplazarse en el medio rural las siguientes construcciones e instalaciones con los usos y actividades correspondientes:

a) Las de carácter agrícola, forestal, cinegético o análogos, así como las infraestructuras necesarias para el desarrollo y realización de las actividades correspondientes. Los usos agrícolas, forestales, cinegéticos o análogos, que deberán ser conformes en todo caso con su legislación específica, comprenderán las actividades, construcciones o instalaciones necesarias para las explotaciones de tal carácter, incluidas las de elaboración de productos del sector primario, así como el accesorio de vivienda.

b) Las de carácter extractivo. El uso extractivo comprenderá las construcciones e instalaciones estrictamente indispensables para la investigación, obtención y primera transformación de los recursos minerales o hidrológicos. La superficie mínima de la finca soporte de la actividad será la funcionalmente indispensable.

c) Las instalaciones de dominio y uso público destinadas al ejercicio de actividades científicas, docentes y divulgativas relacionadas con los espacios naturales, incluyendo el alojamiento, si fuera preciso. En estos supuestos, la superficie mínima de la finca será la que funcionalmente sea indispensable.

d) Las actividades que favorezcan el desarrollo rural sostenible, incluyendo las de comercialización de productos agropecuarios y los servicios complementarios de dichas actividades.

e) Los establecimientos de turismo rural en edificaciones rurales tradicionales rehabilitadas al efecto, dentro de los límites superficiales y de capacidad que se determinen reglamentariamente.

f) La rehabilitación para su conservación, incluso con destino residencial y hostelero, de edificios de valor arquitectónico, aun cuando se encontraran en situación de fuera de ordenación, pudiendo excepcionalmente incluir las obras de ampliación indispensables para el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad.

4. Asimismo, los Ayuntamientos podrán autorizar instalaciones de carácter deportivo en los suelos rurales destinados a usos agrícolas".

Como vemos el precepto legal transcrito incluye diferentes apartados que obedecen o son lógica consecuencia de un distinto grado o régimen de protección del suelo no urbanizable y del hecho de que, pese a la circunstancia anteriormente aludida de venir reconocida en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid una única posible clase de suelo cuando no se trate de suelo urbano o urbanizable que es la del suelo no urbanizable de protección, dicha clasificación puede obedecer a dos supuestos de hecho netamente diferenciados, a los que se refiere el artículo 16.1 de la Ley 9/2001. En efecto, la clasificación del suelo como no urbanizable de protección puede obedecer: a la preceptividad de su inclusión en tal clase de suelo por estar sometido a algún régimen especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con el planeamiento regional territorial o la legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, de riesgos naturales acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público [apartado a) del citado artículo 16.1]; o a una decisión propia de las Administraciones Públicas competentes para la aprobación del planeamiento regional territorial y el planeamiento urbanístico, cuando aquellas consideren necesario la preservación del suelo por los valores a que se ha hecho antes referencia, por sus valores agrícolas, forestales, ganaderos o por sus riquezas naturales [apartado b)].

Lo anterior explica y compatibiliza las previsiones contenidas en los cuatro distintos apartados del artículo 29 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, de modo que han de considerarse actuaciones autorizables, mediante el procedimiento de calificación urbanística:

a) Actuaciones específicas previstas en la legislación sectorial y expresamente permitidas por el planeamiento regional territorial o el planeamiento urbanístico, previsión que se corresponde con la preceptiva clasificación del suelo como no urbanizable de protección ex artículo 16.1.a) de la Ley 9/2001, régimen más restrictivo, en consecuencia, que el prevenido en el apartado 29.3, por cuanto nos encontramos ante suelo sujeto a lo que el primero de los preceptos legales citados califica de "especial" protección, incompatible con su transformación por la presencia de los valores y particulares circunstancias que en él se contemplan y en el que resultan también autorizables, por su indudable interés común o general, las obras e instalaciones y los usos requeridos por los equipamientos, infraestructuras y servicios públicos estatales, autonómicos o locales que precisen localizarse en terrenos con esta clasificación a que hace mención el artículo 29.2, como se desprende inequívocamente del uso en dicho apartado segundo del adverbio "además".

b) Y, las construcciones e instalaciones, con los usos y actividades correspondientes, a que se refiere el 29, en sus apartados 3 y 4, cuando se trate de suelo no urbanizable que se viene a calificar en dicho tercer apartado de "suelo rural" por tratarse del dedicado al uso agrícola, ganadero, forestal o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales, exigiéndose en este caso, además de la preceptiva calificación urbanística, la concesión de autorización municipal, lo que se corresponde con el segundo de los supuestos en los que, conforme al artículo 16.1.b), el suelo gozará de la clasificación de no urbanizable de protección pero ya no con carácter preceptivo, sino en virtud de una decisión del planificador sustentada en la presencia de los valores a que se hace mención en el artículo 16.1.a) o, precisamente, de "valores agrícolas, forestales, ganaderos o por sus riquezas naturales", por lo que se prevé un régimen de actuaciones autorizables de mayor amplitud y que comporta o puede comportar la transformación del suelo -vedada, como hemos visto, cuando se trata del suelo de especial protección que contempla el artículo 16.1.a)- mediante instalaciones, infraestructuras o establecimientos para el desarrollo de las distintas actividades admisibles, entre las que se incluye la previsión específica de un uso residencial y hotelero, además de la posible actividad extractiva.

En este caso, dada la clasificación del suelo y la distinción que efectúan las Normas Subsidiarias entre el "Suelo No Urbanizable de Protección Especial" y "Suelo No Urbanizable de Protección General" nos encontraríamos ante un supuesto de Suelo no urbanizable de protección de los que ahora contempla el artículo 16.1.b), esto es, no incluido en dicha clasificación por estar sometido a un régimen de protección especial de acuerdo con las previsiones del planeamiento regional territorial o la legislación sectorial sino por decisión del planificador sustentada en la necesidad de disponer de "protección general por contaminabilidad de aguas subterráneas", lo que descarta la subsunción del supuesto en el apartado 1 del artículo 29 de la Ley del Suelo que es el que, precisamente, venía a exigir que las actuaciones estuvieran específicamente previstas en la legislación sectorial y expresamente permitidas por el planeamiento regional territorial o el planeamiento urbanístico y remite a lo dispuesto en el artículo 29.3, en el que no se incluye el expresado condicionamiento, con independencia, claro está, de que las actuaciones a autorizar por los Ayuntamientos, previa la calificación urbanística correspondiente, no han de estar prohibidas por el planeamiento regional ni municipal aplicables, en cuanto exigencia general impuesta por el artículo 28.1.a) de la propia Ley del Suelo (que, precisamente, se ha incorporado al apartado primero del artículo 29 en la modificación operada por la Ley 11/2022, de 21 de diciembre, de modo que el condicionamiento anterior se ha transformado en el consistente en que las actuaciones estén "expresamente no prohibidas por el planeamiento regional territorial o el planeamiento urbanístico").

Cuarto.- Así las cosas, debemos estar en cuanto a la admisibilidad del uso consistente en la explotación de recursos mineros, a las previsiones contenidas en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Carabaña aprobadas por acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 1985, lo que remite, en primer término, a lo dispuesto en el artículo 14 de dichas Normas Subsidiarias, que introduce una clasificación del suelo por Usos Globales y Pormenorizados, entendiendo por Uso Global el "dominante en un área determinada" -con inclusión, entre otros y por lo que aquí interesa, del "Uso rústico"- y por Uso Pormenorizado "el uso concreto de un determinado suelo con especificación, tanto del tipo de uso, como de formas tipológicas de la edificación, carácter público o privado del uso, (independiente del tipo de dominio patrimonial), y destino específico.

Para el suelo no urbanizable se contempla un uso global o dominante de rústico y la clasificación pormenorizada o subzona, entre otras, que el artículo 15 de las Normas Subsidiarias, titulado "Calificación por usos en cada clase de suelo" denomina "Protección por contaminabilidad de aguas subterráneas", de modo que habrá que estar a las determinaciones específicas que contempla el artículo 52.2 de las Normas para cada subclase del suelo no urbanizable de protección general, cuyo apartado 2.2 especifica, en cuanto a la "Descripción del Área", que "Lo forman suelos de diversas partes del Término municipal en los que existe el peligro de contaminabilidad de sus aguas subterráneas, por lo que se tomarán medidas de protección para controlar los efectos nocivos", previéndose en el mismo artículo, como "Condiciones de uso: Todos aquellos que tengan carácter agropecuario", con inclusión de posibles edificaciones de nueva construcción (edificación aislada de tipo unifamiliar aislado, si la parcela tiene la superficie mínima exigible y con los parámetros que se indican en las Normas Subsidiarias, vinculada a usos agrarios) o rehabilitación, restauración, mejora o ampliación de las preexistentes.

Tales específicas previsiones, sin embargo, no circunscriben a los indicados los usos permitidos, pues es de tener en cuenta que dicho artículo 52 viene precedido de otra disposición (artículo 51 de las mismas Normas Subsidiarias) en la que, sin introducir supuesto alguno de exclusión o excepción por razón de la concreta subclase o del uso pormenorizado y comprendiendo en su ámbito aplicativo, en consecuencia, la subzona de "Protección por contaminabilidad de aguas subterráneas", se autorizan las construcciones previstas en el artículo 15 de la Ley sobre medidas de Disciplina Urbanística de la Comunidad de Madrid, instalaciones y construcciones destinadas a explotaciones agrícolas o pecuarias, edificaciones aisladas destinadas a residencia familiar vinculadas a la explotación, construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas, a lo que se añade la posibilidad de autorizar "edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse en el medio rural" mediante el procedimiento del artículo 43.3 de la Ley del Suelo e, incluso, industrias que, por su carácter nocivo o peligroso, deban localizarse alejadas de los núcleos urbanos.

Pero es que, además, a lo anterior se añade que, tras introducir el artículo 14 de las Normas Subsidiarias la anteriormente aludida distinción entre Usos Globales y Pormenorizados, dicho precepto viene a remitirse, en orden a identificar los "usos pormenorizados tenidos en cuenta en estas Normas Subsidiarias" a los que se expresan en el Cuadro 1, en el cual, dentro del uso global de "Uso rústico" -que, como se encarga también de puntualizar el mismo artículo 14, no excluye la aparición de otros tipos de usos, limitándose a determinar "el tipo de uso dominante"- se incluyen, como usos pormenorizados "por el destino específico principal" los que se denominan Ecológico (en el que se incluyen como subcategorías o subclases los denominados "Vertido a cursos de agua", "Contaminabilidad de aguas subterráneas" y "Ecosistemas degradados"), Productivo (de "Alta Productividad Agrícola" o el consistente en "Masas arbóreas") y Especial, ("Manantial", "Minero" y "Medicinal"), con la especifica previsión de que tales usos pormenorizados lo son "según zonas y subzonas y con posibles cruces de tipos de usos". Para las subcategorías o subclases del suelo rustico con destino específico principal Ecológico y Productivo, finalmente, se prevé, entre los que se denominan usos pormenorizados por "la tipología y normativa edificatoria", que se trata de suelo "no edificable excepto por edificaciones agrarias o usos de utilidad social declarada".

A la vista de la normativa urbanística aquí aplicable entendemos que, como aduce la mercantil actora, el uso proyectado, por más que no incluido entre los específicamente previstos en las Normas Subsidiarias (que circunscriben la previsión de uso al agropecuario) tampoco está específicamente proscrito. De hecho, como se expone en el escrito de demanda y acredita la documental aportada por la recurrente con dicho escrito (documento núm. 1) -no impugnada de contrario y con los efectos probatorios, en consecuencia, que determinan los artículos 319 y 326 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (aplicable supletoriamente en este ámbito jurisdiccional específico, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Procesal Civil y en la Disposición final primera de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa)- ya fue emitido previo a la tramitación del expediente de calificación urbanística informe municipal favorable respecto a la viabilidad urbanística del proyecto en fecha 4 de marzo de 2010.

Quinto.- Así las cosas, restaría por determinar si existe en este caso o no algún riesgo de contaminabilidad de las aguas subterráneas que pudiera justificar la denegación de la calificación solicitada por Materiales y Hormigones, S.L. (aunque esta concreta cuestión se aborda "ex abundantia", habida cuenta que la denegación de la calificación lo fue, en exclusiva, desde la perspectiva de la aducida inviabilidad del proyecto desde un punto de vista estrictamente "técnico- urbanístico") y, nuevamente, entendemos que asiste razón a la mercantil actora cuando pone de manifiesto en su escrito de demanda que dicha cuestión ha sido amplia y profundamente examinada en el procedimiento de la Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto, resultando de los Informes del Subdirector General de Gestión de Residuos y Calidad Hídrica de 17 de enero de 2011 (documento núm. 3 de la demanda) y de 28 de marzo de 2017 (más documental propuesta por la actora y obrante en autos) la inexistencia de esa posible afectación bajo las prescripciones que, en los mismos, se indican y siendo, finalmente, otorgada Declaración de Impacto Ambiental por resolución de la Dirección General de Sostenibilidad y Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de 26 de diciembre de 2019 (documento núm. 8 de la demanda), en la que se incluyen las correspondientes medidas de prevención, tales como una cota máxima de profundidad de la plaza de cantera con el objeto de preservar el funcionamiento del acuífero infrayacente, la imposibilidad de continuar en los trabajos extractivos si en las labores de extracción se interceptara accidentalmente el nivel freático, dotación al vaciado minero de una cuneta perimetral que impida que la escorrentía externa penetre en el mismo, conducción de los caudales recogidos en el vaciado minero final a un punto de desagüe en la plaza de cantera, sistemas de depuración propios de las aguas sanitarias generadas previamente a su vertido (el cual deberá contar con la autorización del órgano competente) y demás incluidas en el apartado cuarto de la Declaración, que lleva por título, precisamente, "Condiciones relativas a la protección de las aguas y suelos".

Sexto.- Las consideraciones que anteceden comportan, necesariamente, la estimación del recurso contencioso administrativo, con imposición de las costas procesales a la Administración demandada, por directa aplicación del criterio del vencimiento objetivo que viene a consagrar el artículo 139.1 de la Ley jurisdiccional y al no estimar esta Sala que concurran serias dudas de hecho o de Derecho que puedan operar como supuesto de excepción, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado tercero del mismo precepto legal, señala 2.000 euros (más el correspondiente I.V.A.) como cuantía máxima, por todos los conceptos enumerados en el art. 241.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en atención a la naturaleza y complejidad del asunto, la cuantía del presente recurso y la actuación profesional desarrollada.

Por todo lo cual y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,