Sentencia Contencioso-Administrativo 97/2023 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palma nº 2, Rec. 383/2022 de 08 de febrero del 2023

PRIME RO. - Objeto del litigio

El presente recurso contencioso-administrativo se interpone contra la resolución de 8 de abril de 2022, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto el 19 de julio de 2021 contra la Resolución de finalización del procedimiento sancionador de fecha 6 de julio de 2021 del Director General de Emergencias e Interior, por delegación de la Consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, por la que se impone al denunciado una sanción de 100,00 euros por incumplimiento de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.

Los hechos objeto de denuncia y sanción son los siguientes:

«en el Bar Aries (Cala Millor) "se'l veu servint darrera la barra fora mascareta i servint a les taules amb la mascareta mal co·locada, només tapant la boca amb el nas descobert».

SEGUNDO. - Pretensiones de las partes

Partiendo del relato fáctico expuesto en la demanda, y de su fundamentación jurídica, la parte recurrente suplica el dictado de sentencia declarando nula la resolución impugnada que desestima el recurso presentado por D. Carlos Antonio, haciéndole estar y pasar a la administración demandada por esa declaración, condenándole a la devolución de los 100 euros de importe de la sanción y con expresa imposición de costas a la Administración demandada.

El recurso se fundamenta en los siguientes argumentos jurídicos:

1.- Que el acta de denuncia refleja 2 supuestos muy diferentes: por un lado, no llevar mascarilla y por otro lado llevarla torcida, no quedando acreditado cuál es el hecho cometido, siendo incompatibles.

2.-Falta de prueba y aplicación del principio de presunción de inocencia.

La Administración demandada no comparte las pretensiones deducidas de adverso, y frente a las mismas, alega:

1.- Inadmisibilidad del recurso por haberse interpuesto fuera de plazo.

2.- Que los hechos constatados por los agentes de la policía local, en el ejercicio de sus funciones y cometidos, hacen prueba iuris tantum de lo presenciado y comprobado ex art. 77.5 de la Ley 39/2015.

3.- Que la prueba aportada en vía administrativa no desvirtúa en absoluto lo constatado por los agentes de la policía al no visualizarse imágenes que muestren la veracidad de las manifestaciones del actor.

TERCERO. - Antecedentes relevantes.

Se acogen, por ser acordes con el expediente administrativo, los expuestos por la parte demandada, y así:

1.-Qu e fecha de 16 de octubre de 2020, se levantó acta de denuncia por la policía local de Son Servera al comprobarse que: «en el Bar Aries (Cala Millor) el propietario del local -persona denunciada- mientras trabajaba como camarero, se detecta que sirve consumiciones detrás de la barra sin mascarilla, así como en las mesas con la mascarilla mal colocada, tapándose solo la boca».

2.-Qu e en fecha de 17 de marzo de 2021 se acordó la iniciación de un procedimiento sancionador contra el actor a fin de determinar las presuntas responsabilidades susceptibles de sanción por los hechos cometidos.

3.-Qu e, mediante escrito de 13 de abril de 2021, se presentaron alegaciones al acuerdo de inicio (Doc. 10 Exp-Adm).

4.-Qu e, en fecha de 20 de abril de 2021, la instructora del procedimiento acordó la apertura de una fase de prueba por un plazo de 30 días, consistente en la ratificación por escrito, o en su caso, modificación, ampliación o rectificación de la denuncia, así como la comunicación a la persona denunciada para aportar las pruebas que le convengan por dicho término de treinta días (Doc. 13 Exp-Adm).

5.-Qu e en fecha de 3 de mayo de 2021 la policía local de Son Servera ratificó íntegramente el acta de denuncia.

6.-Qu e en fecha de 4 de mayo de 2021 se solicitó por la persona denunciada la práctica de prueba consistente en la aportación de un vídeo realizado por la misma, así como la práctica de una prueba testifical (Doc. 18 Exp-Adm).

7.-Qu e acto seguido se dictó Resolución en la que se da respuesta a las alegaciones presentadas por el actor y en la que se propone imponer a la persona responsable una sanción de 100 euros por infracción del artículo 5.a) del Decreto Ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis originada por la Covid-19 (Doc. 23 del Exp-Adm).

8.-Qu e mediante escrito de 8 de junio de 2021 el recurrente presentó escrito de alegaciones a la propuesta de resolución en la que interesó el archivo del procedimiento esgrimiendo los motivos que ya alegó en sus alegaciones iniciales, así como la indefensión que le generó rechazarle la prueba testifical solicitada.

9.-Qu e, en fecha de 6 de julio de 2021, se dictó por el Director General de Emergencias e Interior, por delegación de la Consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Resolución de finalización del procedimiento sancionador por la que se imponía al denunciado una sanción de 100,00 euros por incumplimiento de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.

10.-Q ue, en fecha de 19 de julio de 2021, tuvo entrada recurso de reposición contra la anterior Resolución.

11.- Que, en fecha de 8 de abril de 2022, se dictó Resolución desestimatoria del recurso de reposición interpuesto por el denunciado contra la Resolución de finalización del procedimiento sancionador. Dicha resolución fue notificada en fecha de 16 de abril de 2022.

CUART O. - En cuanto a la inadmisibilidad alegada.

En aras a una adecuada sistemática, procede abordar con carácter previo la inadmisibilidad por extemporaneidad alegada por la parte codemandada, ex art. 69 e) LJCA, pues, en caso de ser acogida, no cabría el examen de las cuestiones de fondo.

Sostiene a tal punto la parte demandada, que el recurso contencioso-administrativo es extemporáneo por haberse interpuesto una vez rebasado el plazo legal de dos meses desde la notificación de la resolución recurrida, incurriendo por ello en la causa legal de inadmisión prevista en el artículo 69. e) LJCA.

En art. 46 LJCA fija en 2 meses el plazo para interponer recurso contencioso, a computar desde la notificación de la resolución a recurrir, al indicar:

«1. El plazo para interponer el recurso contencioso administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación no publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto».

El Tribunal Supremo en sentencia de 5 de julio de 2016, recurso 1004/2015, que:

«En este sentido, es constante la doctrina de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, contenida en sentencias, entre otras, de 29 de noviembre de 1981, 17 de diciembre de 1983 , 5 de julio de 1984 , 2 de diciembre de 1985 , 26 de mayo de 1986 , 21 de diciembre de 1987 , 20 de diciembre de 1988 , 30 de octubre de 1990 y de 30 de diciembre de 1991 , así como en la sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de febrero de 1989 , conforme a la que la interpretación del artículo 5.1 del Código Civil , artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , 48.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , determina que en los plazos que se cuentan por meses el cómputo de fecha a fecha que ordena el artículo 5.1 del Código Civil se inicia al día siguiente a aquel en que se efectúa la notificación y concluye el día correlativo al de la notificación; regla que no tienen más alteración que aquellos supuestos en que el último día del plazo sea inhábil. En efecto, como señala la sentencia de esta Sala de 13 de febrero de 1998, la jurisprudencia es constante, consolidada y concluyente al señalar que, en orden a la regla " de fecha a fecha ", para los plazos señalados por meses o años, el "dies ad quem", en el mes de que se trate, es el equivalente al de la notificación o publicación. En síntesis, señala la sentencia, dicho criterio, incluso antes de la vigencia de la Ley 30/92, puede ser resumido en los siguientes términos: "en los plazos señalados por meses, y aunque el cómputo de fecha a fecha se inicie al día siguiente al de la notificación o publicación, el día final de dichos plazos será siempre el correspondiente al mismo número ordinal del día de la notificación o publicación del mes o año que corresponda».

En el mismo sentido:

Sentencia de 26 de diciembre de 2011 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Supremo, ECLI:ES:TS:2011:9151, recurso 207/2008:

«En efecto, constituye consolidada línea jurisprudencial -vgr. recogida en las Sentencias de 18 de Febrero(RJ 1994, 1162)y 4 de Mayo de 1994 , 16 de Febrero de 1996( RJ 1996, 1654), 28 de Junio de 1997 , 4 de Abril de 1998(RJ 1998, 3698) y 13 de Febrero de 1999(RJ 1999, 3015), entre otras muchas-la de que, cuando se trata de un plazo de meses -como era y es el de interposición del recurso contencioso-administrativo según los arts. 58.1 anteriormente y 46.1, respectivamente, de las Leyes Jurisdiccionales aquí aplicable(RCL 1956, 1890)y vigente-, el cómputo ha de hacerse según el art. 5ºdelCódigo Civil( LEG 1889, 27 ) al que se remite el art. 185.1de la Ley Orgánica del Poder Judicial(RCL 1985, 1578 y 2635), de fecha a fecha, para lo cual, pese a que se inicia al día siguiente de la fecha de la notificación o publicación, ha de entenderse concluye el día correlativo a estas en el mes posterior que corresponda. Es decir, en el supuesto de autos, si la notificación, como se ha dicho, se produjo el día 5 de marzo de 2.004, el plazo de dos meses para presentar el recurso contencioso-administrativo había de computarse a partir del día siguiente 6 de marzo, pero concluía el 5 de mayo del mismo año. Únicamente si este último día hubiera sido inhábil -circunstancia que no concurre en el supuesto que se enjuicia-, se hubiera podido entender prorrogado el plazo al primer día hábil siguiente, en virtud de lo establecido al respecto por la precitada Ley Orgánica».

Sentencia de 19 de septiembre de 2006 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, del Tribunal Supremo, recurso 5915/2004, RJ\2006\7428:

«Sin necesidad de reiterar en extenso el estudio de la doctrina jurisprudencial y las citas que se hacen en las sentencias de 25 de noviembre de 2003 (recurso de casación 5638/2000 ), 2 de diciembre de 2003 (recurso de casación 5638/2000[ RJ 2004, 67]) y 15 de junio de 2004 (recurso de casación2125/1999[ RJ 2004, 3610]) sobre el cómputo de este tipo de plazos, cuya conclusión coincide con la que acabamos de exponer, sentencias a las que nos remitimos, nos limitaremos a reseñar lo que podría ser su síntesis en estos términos: «A) Cuando se trata de plazos de meses (o años) el cómputo ha de hacerse según el artículo quinto del Código Civil( LEG 1889, 27), de fecha a fecha, para lo cual, aun cuando se inicie al día siguiente de la notificación o publicación del acto o disposición, el plazo concluye el día correlativo a tal notificación o publicación en el mes (o año) de que se trate. El sistema unificado y general de cómputos así establecido resulta el más apropiado para garantizar el principio de seguridad jurídica. B) El cómputo del día final, de fecha a fecha, cuando se trata de un plazo de meses no ha variado y sigue siendo aplicable, según constante jurisprudencia recaída en interpretación del artículo 46.1 de la vigente Ley Jurisdiccional (RCL 1998, 1741) de modo que el plazo de dos meses para recurrir ante esta jurisdicción un determinado acto administrativo si bien se inicia al día siguiente, concluye el día correlativo al de la notificación en el mes que corresponda».

Sentencia número 476/2017, de 21 de marzo, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, del Tribunal Supremo, ECLI:ES:TS:2017:1107, recurso 1553/2017:

«Esta omisión, sin embargo, no significa que para la determinación del día final o dies ad quem pueda acogerse la tesis de la actora. Por el contrario, sigue siendo aplicable la doctrina unánime de que el cómputo termina el mismo día (hábil) correspondiente del mes siguiente. En nuestro caso, notificada la resolución el 17 de enero y siendo hábil el 17 de febrero, éste era precisamente el último día del plazo. La doctrina sigue siendo aplicable, decimos, porque la regla 'de fecha a fecha' subsiste como principio general del cómputo de los plazos que se cuentan por meses, a los efectos de determinar cuál sea el último día de dichos plazos»

STSJ, Contencioso sección 9 del 28 de junio de 2021 (ROJ: STSJ M 8562/2021 - ECLI:ES: TSJM:2021:8562:

«La doctrina sentada, por ejemplo, en SSTS de 9 de mayo de 2008 y de 8 de marzo de 2006, la doctrina del Tribunal Supremo contenida en la sentencia de quince de diciembre de 2005, expone cuál es la finalidad de la reforma del artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común EDL 1992/17271, operada por la Ley 4/1999, y resume la jurisprudencia de la Sala III de nuestro Más Alto Tribunal sobre la materia, en los siguientes términos: "La reforma legislativa de 1999 tuvo el designio expreso -puesto de relieve en el curso de los debates parlamentarios que condujeron a su aprobación- de unificar, en materia de plazos, el cómputo de los administrativos a los que se refiere el artículo 48.2 de la Ley 30/1992 EDL 1992/17271 con los jurisdiccionales regulados por el artículo 46.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa EDL 1998/44323 en cuanto al día inicial o "dies a quo": en ambas normas se establece que los "meses" se cuentan o computan desde (o "a partir de") el día siguiente al de la notificación del acto o publicación de la disposición. En ambas normas se omite, paralelamente, la expresión de que el cómputo de dichos meses haya de ser realizado " de fecha a fecha". Esta omisión, sin embargo, no significa que no siga siendo aplicable la doctrina unánime de que el cómputo termina el mismo día (hábil) correspondiente del mes siguiente. La regla " de fecha a fecha" subsiste como principio general del cómputo de los plazos que se cuentan por meses, a los efectos de determinar cuál sea el último día de dichos plazos. Reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo señala que los plazos señalados por meses, como es el plazo de presentación del recurso administrativo de alzada, se computan de fecha a fecha, "iniciándose el cómputo del plazo al día siguiente de la notificación o publicación del acto, pero siendo la del vencimiento la del día correlativo mensual al de la notificación y ello en adecuada interpretación del art. 48.2 de la Ley 30/1992" ( TS 9-5-2008 y 1 de marzo de 2011). Esta doctrina sigue la establecida en sentencias anteriores (TS 2-4-2008, entre otras). También la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha pronunciado en igual sentido. En la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se explicita en el art. 30. "4 . Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes».

El artículo 135.5 de la LEC, establece:

«5. La presentación de escritos y documentos, cualquiera que fuera la forma, si estuviere sujeta a plazo, podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo. En las actuaciones ante los tribunales civiles, no se admitirá la presentación de escritos en el juzgado que preste el servicio de guardia",

Como indica STSJ, Contencioso sección 9 del 28 de junio de 2021 (ROJ: STSJ M 8562/2021 -ECLI:ES: TSJM:2021:8562): «dicho artículo está dirigido a escritos o documentos dentro de un procedimiento, pero no al plazo para la interposición de recursos».

No obstante, estamos ante una cuestión no pacífica, sirva de ejemplo la sentencia del TSJ de Cantabria de 28 de octubre de 2021, que indica sobre el particular:

«Establecen las sentencia del TS de 1 de febrero , y 26 de septiembre de 2005 ( recursos 6610/2001 y 220/20049, con remisión a la anterior de 2 de diciembre de 2002, (rec 101/2002) y que se reitera en el Auto de 26 de junio de 2003 (rec 220/2002), en el ámbito de un recurso de casación para la unificación de doctrina, que es posible la presentación del escrito antes de las quince horas del día siguiente al vencimiento del plazo, que fue lo ocurrido en el presente caso, en el que la parte recurrente acude a lo previsto en el artículo 135.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil .

Esta conclusión que acoge la Sala se sustenta en una interpretación integradora de la LJCA y LEC.

La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en su artículo 128.1 LJCA , incluido en el Título VI, "Disposiciones Comunes a los Títulos IV y V", en su Capítulo I, bajo la rúbrica de Plazos establece: "Los plazos son improrrogables y una vez transcurridos se tendrá por caducado el derecho y por perdido el trámite que hubiera dejado de utilizarse. No obstante, se admitirá el escrito que proceda, y producirá sus efectos legales, si se presentare dentro del día en que se notifique el auto, salvo cuando se trate de plazos para preparar o interponer recursos".

Por su parte la LEC, en relación con la presentación de escritos, a efectos del requisito de tiempo en los actos procesales, dispone que: Cuando la presentación de un escrito esté sujeta a plazo, podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo, en la Secretaría del Tribunal o, de existir, en la oficina o servicio de registro central que se haya establecido ( art. 135).

El carácter supletorio de los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil en la sustanciación del proceso contencioso-administrativo viene establecido tanto por la Disposición Final Primera de la Ley de esta Jurisdicción 29/1998 como por el artículo 4 de la Ley 1/2000 , de Enjuiciamiento Civil.

La aplicación del art. 135 deriva de una interpretación integradora, relacionada con el artículo 135.1 de esta Ley procesal común por no existir en la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa precepto alguno que establezca el cómputo de los plazos de presentación de escritos, ya que el significado del artículo 128.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa es diferente por contemplar la rehabilitación del plazo una vez declarado caducado cuando el escrito que proceda se presenta dentro del día en que se notifica el auto, entendiendo, en definitiva, que la prórroga legal del plazo hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento es una regla para el cómputo de plazos diferente a la rehabilitación de aquellos contemplada en la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa y, por consiguiente, debe aplicarse, en defecto de norma específica, lo dispuesto en el artículo 135.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Una interpretación distinta, supone una restricción para la eficacia de una tutela judicial efectiva, y podría conducir a una solución desproporcionada en razón a los fines perseguidos. No obsta a la aplicación del art. 135 LEC que el escrito de interposición sea un escrito iniciador del proceso y no sea un escrito presentado durante el curso del proceso, porque el artículo 135.1 de la L.E.C . no hace distinción alguna y se refiere en general a los casos en que la presentación de escritos "esté sujeta a plazo", cosa que indudablemente ocurre con el escrito de interposición del recurso contencioso administrativo. Criterio que ha mantenido el Tribunal Constitucional. Así, en la sentencia 64/2005 de 14 de marzo , que otorga amparo, por haberse vulnerado el art. 24.1. CE , en un caso en el que se rechazaba la aplicación supletoria del art. 135.1 LEC .

Este criterio se mantiene en la posterior sentencia dictada por el Tribunal Supremo de fecha Sentencia TS (Sala 3ª) de fecha 26 de diciembre de 2011, en el Recurso de Casación para unificación de doctrina nº 207/2008 , en la que, argumenta la aplicación del art. 135 LEC basandose en el "tiempo y forma de presentación de los escritos", al decir: "Cabe estimar, sin embargo, que la Sala de instancia ha incurrido en error de Derecho que ha producido indefensión efectiva a la parte al considerar que la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, era inaplicable en este supuesto por no encontrarse vigente cuando se inician los trámites del recurso contencioso-administrativo con la presentación del escrito de interposición, que se formalizó en la Secretaría de la Sala el 19 de noviembre de 2001, porque, conforme a la Disposición Final vigésima primera de la referida Ley procesal , la entrada en vigor se produjo el día 8 de enero de 2001, con anterioridad a iniciarse la tramitación del proceso.

En consecuencia, resulta aplicable en este proceso contencioso-administrativo el artículo 135.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, en relación con el régimen de presentación de escritos establece como criterio general que "cuando la presentación de un escrito esté sujeta a plazo podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al vencimiento del plazo, en la Secretaría del Tribunal o de existir, en la oficina o servicio de registro central que haya establecido", al resultar indubitado que el escrito de interposición se presenta en la Secretaría de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia el 19 de noviembre de 2001 y ser inhábil el 18 de noviembre de 2001.

La aplicación supletoria del artículo 135.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en relación con la regulación de los plazos que se establecen en el artículo 128 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa , de conformidad con la Disposición Final de esta Ley procedimental, en estos términos:

"Preciso es tener en cuenta, a los efectos de que ahora se trata, que la indicada Ley de Enjuiciamiento Civil regula separadamente el cómputo de los plazos, lo que se hace en el artículo 133 ; el carácter improrrogable de aquéllos, del que se ocupa el artículo 134, y la presentación de escritos, a efectos del requisito de tiempo de los actos procesales, lo que se lleva a cabo en el artículo 135, habiéndose expuesto en el anterior fundamento lo establecido en el apartado 1 de este último artículo. La finalidad a la que responde este apartado 1 es la de habilitar una forma de presentación de escritos de término al no ser posible hacerlo, dado lo dispuesto en el apartado 2 de dicho artículo 135, en el Juzgado que preste el servicio de guardia.

Dado el carácter supletorio de los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil en la sustanciación del proceso contencioso- administrativo ( Disposición Final Primera de la Ley de esta Jurisdicción 29/1998 y art. 4 de dicha Ley de Enjuiciamiento Civil ), lo que supone que esta Ley rige como supletoria en lo no previsto por la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, al no regularse por ésta la presentación de escritos de término cuando no es posible efectuar aquélla en la Secretaria del Juzgado o Tribunal o en la oficina de servicio de registro central que esté establecido, en virtud del expresado carácter supletorio hay que entender, como ya se ha indicado, que la referida presentación de escritos de término podrá efectuarse en la forma prevista en el artículo 135.1 al que nos venimos refiriendo.

En contra de la conclusión sentada no puede alegarse que en el artículo 128.1 de la Ley de esta Jurisdicción se establece un sistema de presentación de escritos específico del proceso contencioso-administrativo. Dicho artículo, al igual que el artículo 134 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , establece que los plazos son improrrogables, si bien, y es esta una singularidad del proceso contencioso-administrativo, existe la posibilidad, conforme al apartado 1 de dicho artículo 128, de presentar el escrito que proceda dentro del día en que se notifique la resolución en la que se tenga por perdido el trámite que hubiere dejado de utilizarse. Pero preciso es resaltar que en dicho art. 128.1 no se regula una forma de presentación de escritos de término (Juzgado de guardia, en la normativa anterior a la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil , buzón, presentación del modo establecido en el artículo 135.1 de aquélla, o cualquier otra que pudiera establecerse), sino una rehabilitación de plazos salvo en los supuestos que en el mismo artículo se establecen. Por lo tanto, para verificar si en el repetido artículo 128.1 se establece alguna singularidad en el proceso contencioso-administrativo respecto del civil, dicho artículo se debe poner en relación, como se ha indicado, con el artículo 134 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por referirse ambos a la improrrogabilidad de los plazos, pero no se puede comparar con lo dispuesto en el artículo 135.1 de dicha Ley procesal civil al regularse en éste algo distinto como es la forma de presentación de un escrito cuando dicha presentación está sujeta a plazo.

Tampoco puede oponerse a la conclusión que se ha sentado sobre la aplicación del repetido art. 135.1, diciendo que en el artículo 128.1 de la Ley de esta Jurisdicción se contiene un sistema de presentación de escritos, específico del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, al establecer que la presentación del escrito que proceda, una vez transcurrido el plazo en principio establecido, debe hacerse, por imperativo de dicho artículo, "dentro del día en que se notifique el auto". Este precepto establece cuándo se debe presentar el escrito de que se trate después de transcurrido el plazo originario, pero no regula la forma de presentarlo el día del vencimiento (Juzgado de guardia, sistema del art. 135.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , buzón o cualquier otro que pudiera establecerse) cuando no es posible hacer dicha presentación en la Secretaría del Juzgado o Tribunal o en la oficina de servicio de registro central que esté establecido. Tampoco se indica en el referido artículo 128 la forma de presentar un escrito de término el día del vencimiento del plazo inicialmente concedido.

Debe indicarse asimismo que si en el proceso contencioso-administrativo se presenta un escrito, tal como se sostiene en esta resolución, en la forma prevista en el art. 135.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , cuando se trate de un escrito de aquellos cuya presentación ha de hacerse "dentro del día en que se notifique el auto", la presentación en la forma expresada en el indicado artículo producirá todos los efectos legales pues, en virtud de la ficción legal presente en dicho artículo, habrá que entender que la presentación en cuestión se hizo dentro del día en que se notificó el auto.

A lo expuesto en los anteriores fundamentos debe añadirse que la aplicación al proceso contencioso-administrativo de lo dispuesto en el art. 135.1 de continua referencia no deriva de que en dicho precepto legal se contenga una prórroga del plazo inicialmente concedido, y que por ello deba aplicarse en el orden jurisdiccional contencioso- administrativo al no regularse en la Ley de esta Jurisdicción el cómputo de los plazos. Ya se indicó anteriormente que en la Ley de Enjuiciamiento Civil se regulan separadamente el cómputo de los plazos, y, por tanto, y entre otros extremos, la prórroga de los mismos (art. 133 ), y la presentación de escritos, a efectos del requisito de tiempo de los actos procesales (art. 135). Por tanto, si bien la forma de presentación prevista en el indicado artículo 135.1 supone que materialmente el escrito de que se trate se presenta el día hábil siguiente al del vencimiento del plazo, en virtud, como se ha dicho, de la ficción legal presente en dicho precepto, formalmente el escrito hay que entenderlo presentado el día del vencimiento del plazo, sin que, por ello, pueda entenderse que en el repetido art. 135.1 se regule una prórroga del plazo inicialmente concedido.

Procede, pues, considerar aplicable el art. 135.1 en cuestión en el proceso contencioso».

Así las cosas, la duda debe resolverse en favor de este último criterio, al ser el que mejor encaja con la tutela judicial efectiva y con el derecho de acceso al proceso, lo que conlleva variar el seguido hasta el momento.

En el caso que nos ocupa ha quedado acreditada la siguiente secuencia de hechos:

1.-Que el acto impugnado es de fecha 8 de abril de 2022.

2.-Que el acto impugnado fue notificado a la parte recurrente el 16 de abril de 2022 (folio 40 del expediente administrativo).

3.-Que el recurso fue presentado el 17 de junio de 2022 a las 14:01:09 horas (registro general de entrada).

Por consiguiente, si el computo de dos meses se inicia el día siguiente a la notificación, esto es, el 17 de abril de 2022, el plazo finalizaba el 16 de junio de 2022; sin embargo, al haber sido presentado el recurso dentro del día de gracia y antes de las 15: horas de éste, debe ser admitido.

QUINTO. - . Normativa aplicable y doctrina legal

Debe tenerse en cuenta que la ley 40/2015 establece una serie de principios en relación con la potestad sancionadora de la Administración. Así, el art. 27 se refiere al principio de tipicidad:

«1. Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para la Administración Local en el Título de la Ley 7/1985, de 2 de abril....».

Y por su parte, el art. 28 establece en relación con la culpabilidad:

«1. Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa....».

Es jurisprudencia consolidada, iniciada en sentencias del Tribunal Supremo de 9 de enero, 2 y 25 de marzo de 1972, que el ejercicio por las Administraciones públicas de la potestad sancionadora participa del ius puniendi o potestad represiva del Estado, lo que significa que viene informado de los principios propios del Derecho Penal, en particular los de legalidad, tipicidad, proporcionalidad, non bis in idem, interpretación restrictiva de los tipos sancionadores así como calificación jurídica de los hechos.

Ha de destacarse a este respecto que reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional mantiene que los principios inspiradores del orden penal son de aplicación al derecho administrativo sancionador con ciertas matizaciones, ya que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado tal como refleja la propia Constitución Española en su artículo 25.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 1979 señaló que " cuando la denuncia sobre los hechos sancionados es formulada por un Agente de la Autoridad, encargada del servicio, la presunción de veracidad y legalidad que acompaña a todo obrar de los órganos administrativos, y de sus agentes, es un principio que debe acatarse y defenderse, ya que constituye esencial garantía de una acción administrativa eficaz, sin que ello quiera decir, en coordinación con el principio constitucional de presunción de inocencia, que los hechos denunciados por los Agentes se consideran intangibles, ya que la realidad de los mismos puede quedar desvirtuada mediante la adecuada prueba en contrario o aún por la ausencia de toda prueba, según la naturaleza, circunstancias y cualidad de los hechos denunciados".

En este sentido, puede citarse lo señalado por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional (Sección 1ª), en la Sentencia 426/2016, de 24 de junio de 2016, en cuyo Fundamento Jurídico quinto, con cita de doctrina al respecto, se dice lo siguiente:

«conviene recordar que, en materia sancionadora, el Tribunal Constitucional ha establecido como uno de los pilares básicos para la interpretación del derecho Administrativo Sancionador que los principios y garantías básicas presentes en el ámbito del derecho penal son aplicables, con ciertos matices, en el ejercicio de cualquier potestad sancionadora de la Administración Pública ( STC 76/1990, de 26 de abril y STS de 23 de enero de 1998 -recurso de casación 1.650/1995 -, entre otras muchas).

Es menester recordar también aquí que, en virtud del principio sobre la carga de la prueba, ha de partirse de la base de que cada parte soporta la de probar los datos que, no siendo notorios ni negativos y teniéndose por controvertidos, constituyen el supuesto de hecho de la norma cuyas consecuencias jurídicas invoca a su favor ( artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de enero y 19 de febrero de 1990, 13 de enero, 23 de mayo y 19 de septiembre de 1997 y 21 de septiembre de 1998).

Marco normativo especifico

El art. 5 a) del Decreto Ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador específico para afrontar los incumplimientos de las disposiciones para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19 tipifica como infracción leve: "El incumplimiento de la obligación de uso de mascarillas"

Por su parte, el art. 6 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, recoge el uso obligatorio de mascarilla.

SEXTO. - En cuanto a las circunstancias propias del presente caso. Resolución de la controversia

En cuanto a la alegada infracción del principio de presunción de inocencia

No fructifica. La sentencia del TSJ de Madrid, de 11 de enero de 2021, dice:

«El examen de la cuestión de fondo suscitada en la litis exige recordar que la jurisprudencia constitucional ha reiterado, desde la STC 18/1981, de 8 de junio (FJ 2), que son aplicables al ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración, con ciertos matices, tanto los principios sustantivos del artículo 25.1 CE como las garantías procedimentales del artículo 24.2 CE [por todas STC 93/2018, de 17 de septiembre (FJ 3)] y, así, de aquellas garantías procesales el Alto Tribunal ha declarado aplicables, entre otras, el derecho de defensa, sus derechos instrumentales a ser informado de la acusación y a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, así como, en lo que ahora interesa, el derecho a la presunción de inocencia, derechos fundamentales todos ellos que han sido incorporados por el legislador a la normativa reguladora del procedimiento administrativo común (Título IX de la anterior Ley 30/1992, de 26 de noviembre y Capítulo III del Título Preliminar de la actualmente en vigor Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público).

En concreto con respecto a la presunción de inocencia el Tribunal Constitucional afirma que tal derecho rige sin excepciones en el ordenamiento sancionador, debiendo ser respetada en la imposición de cualesquiera sanciones, sean penales, sean administrativas, pues el ejercicio del ius puniendi en sus diversas manifestaciones está condicionado por el artículo 24.2 de la Constitución al juego de la prueba y a un procedimiento contradictorio en el que puedan defenderse las propias posiciones. Como ha declarado con reiteración el Alto Tribunal [por todas STC 161/2016, de 3 de octubre (FJ 3) y las que en ella se citan] el derecho que estamos examinando implica que la carga de la prueba de los hechos constitutivos de infracción y de la participación del sujeto en ellos recae sobre la Administración pública actuante, sin que pueda exigírsele a aquel una probatio diabólica de los hechos negativos y no pudiendo imponerse sanción alguna que no tenga fundamento en una previa actividad probatoria lícita sobre la cual el órgano competente pueda fundamentar un juicio razonable de culpabilidad, con prohibición absoluta de utilizar pruebas obtenidas mediante vulneración de derechos fundamentales.

De entre esos contenidos del derecho fundamental interesa destacar ahora la exigencia de un acervo probatorio suficiente, constituyendo, asimismo, doctrina reiterada del Tribunal Constitucional la que pone de manifiesto que las actas de inspección, boletines de denuncia, atestados, partes o informes donde los agentes de la autoridad o, en su caso, funcionarios competentes consignan los hechos que observan en el transcurso de sus indagaciones y comprobaciones constituyen medios probatorios válidos y suficientes para que la Administración sancionadora, primero y el órgano judicial, después, puedan tener por desvirtuada la presunción de inocencia del expedientado [ SSTC 170/1990, de 5 de noviembre (FJ 4); 2/2003, de 16 de febrero (FJ 10); 242/2005, de 10 de octubre (FJ 5); y demás que cita la STC 161/2016 anteriormente aludida], doctrina que se ha proyectado no sólo a las actas o diligencias de inspección stricto sensu contempladas en una normativa sectorial específica sino, en general, " a las actuaciones administrativas, formalizadas en el oportuno expediente" ( STC 212/1990, de 20 de diciembre, FJ 4), incluidas las " declaraciones suscritas por los agentes de la autoridad" ( STC 341/1993, de 18 de noviembre, FJ 11), puntualizando la reiterada STC 161/2016 que el valor probatorio que el artículo 137.3 de la entonces aplicable Ley 30/1992, de 26 de noviembre asigna a esos documentos sigue las pautas señaladas en la STC 76/1990 y que " Su valor estriba en ser una forma de iniciación del procedimiento y en aportar una prueba de cargo, que debe ser objeto de valoración junto con el resto de pruebas practicadas en el mismo plano y conforme a los mismos criterios de racionalidad, pudiendo ser prueba de cargo suficiente en vía administrativa, pero también en vía contencioso-administrativa sin necesidad de reiterarse, colocando al administrado en la tesitura de tener que abandonar su pasividad para evitar su sanción, que es lo que le permite la presunción de inocencia en tanto no exista esa prueba de cargo".

En síntesis, a la luz de esta jurisprudencia constitucional, parece incontrovertido que los partes y boletines no son meras denuncias en el ámbito administrativo y contencioso administrativo, sino medios probatorios admisibles que pueden ser suficientes, en atención a las circunstancias del caso, para enervar la presunción de inocencia, pero sin que pueda llegarse al extremo de otorgarles " una fuerza de convicción privilegiada que llegara a prevalecer, sin más, frente a lo alegado por el expedientado o frente a cualesquiera otros medios de prueba o que se impusiera -incluso al margen de toda contraria alegación o probanza- sobre la apreciación racional que acerca de los hechos y de la culpabilidad del expedientado se hubiera formado la autoridad llamada a resolver el expediente" [ STC 341/1993, de 18 de noviembre (FJ 11), citada por la posterior STC 243/2007, de 10 de diciembre (FJ 4)].

Resta por añadir que, como pone de manifiesto igualmente el Tribunal Constitucional, el valor probatorio de los documentos aludidos se circunscribe a aquellos que incorporen una verdadera actividad probatoria efectuada con inmediación y referida a hechos y datos objetivos comprobados directamente por el emisor identificado y signatario del documento, quedando fuera de su alcance las calificaciones jurídicas, los juicios de valor o las simples opiniones que los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad consignen en los mismos [ SSTC 35/2006, de 13 de febrero (FJ 5); y 70/2012, de 16 de abril (FJ 4), entre otras muchas].

El artículo 77.5, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dentro de la regulación correspondiente a los medios y período de prueba, indica que «5. Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario».

Pues bien, en el caso concreto sometido a consideración, no se ha desvirtuado por la parte recurrente, ni en vía administrativa ni en vía judicial, la denuncia cursada por los agentes de la autoridad, por lo que no hay elemento alguno para que no despliegue plenos efectos probatorios. A mayor consideración, cabe indicar que las conductas reflejadas en la denuncia no son 2 hechos incompatibles ni incongruentes, como se alega por el recurrente, sino diferentes, cayendo dentro de los supuestos susceptibles de llevar aparejada sanción.

En consecuencia, y por todo lo razonado, cumple la desestimación del recurso.

SEPTI MO. - Costas. Atendido el principio de vencimiento objetivo, procede la imposición de costas a la parte recurrente, ex artículo 139 de la LJCA, en la cuantía máxima de 90 euros.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación,