Sentencia Contencioso-Administrativo , Rec. 81/2021 de 09 de diciembre del 2025

PR IMERO.La cuestión central que se plantea en este proceso es si procede reconocer a la entidad recurrente el derecho a la devolución de las cuotas ingresadas por el tramo autonómico del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. La respuesta, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo, exige atender a un principio claro: el obligado tributario tiene derecho a recuperar los ingresos efectuados en contravención del Derecho de la Unión, salvo que se acredite que el importe del tributo fue efectivamente trasladado sobre terceros.

En efecto, el TJUE ha reiterado en diversas resoluciones -entre otras, San Giorgio(1983), Comateb(1997) y Lady & Kid(2011)- que la devolución de tributos incompatibles con el Derecho de la Unión no procede cuando se ha producido su repercusión económica sobre terceros, pues en tal caso el sujeto pasivo no soporta realmente la carga y la restitución supondría un enriquecimiento sin causa. Esta doctrina ha sido recogida y aplicada por el Tribunal Supremo en sus sentencias de septiembre de 2024 (por todas, STS 1470/2024 de 20 de septiembre, casación 1560/2021), la devolución no procede cuando se ha producido la traslación económica, ya que ello neutraliza los efectos negativos en el patrimonio del repercutido jurídico y evitar la devolución impide un enriquecimiento injusto., que precisan que la carga de la prueba sobre la existencia de dicha traslación corresponde a la Administración, pero que, una vez acreditada, la consecuencia jurídica es inequívoca: la improcedencia de la devolución.

De esta forma, cuando se demuestra que el impuesto ha sido repercutido en el precio de venta y asumido por los consumidores finales, los efectos negativos sobre el patrimonio del contribuyente quedan neutralizados. En tal supuesto, acceder a la devolución equivaldría a otorgar un beneficio económico injustificado, contrario al principio de equilibrio y a la prohibición de enriquecimiento sin causa.

En este punto resulta obligado traer a colación la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en sus sentencias a partir de la indicada de 20 de septiembre de 2024 (casación 1560/2021), rememorada en las posteriores. Ha precisado el Tribunal Supremo que el derecho del sujeto pasivo a la devolución de los ingresos efectuados en contravención del Derecho de la Unión no puede quedar condicionado a que éste acredite la inexistencia de repercusión económica del tributo, pues la carga de la prueba corresponde a la Administración. Ahora bien, también ha establecido que, como excepción, no procede reconocer la devolución cuando se haya producido la traslación directa, total o parcial, del importe del impuesto al comprador o adquirente del producto, siempre que dicha traslación quede debidamente acreditada mediante elementos objetivos y fehacientes. En consecuencia, la improcedencia de la devolución se fundamenta en que, acreditada la repercusión, los efectos negativos sobre el patrimonio del contribuyente han quedado neutralizados, y acceder a la restitución supondría un enriquecimiento injusto contrario a los principios generales del Derecho.

Sobre este planteamiento nos adentramos en el examen de la cuestión.

SE GUNDO. Sobre la prueba del desplazamiento de la carga económica del tramo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos.

Corresponde ahora a este Tribunal determinar si la entidad recurrente, PETROLIS DE BARCELONA, S.A., ostenta derecho a la devolución de las cuotas ingresadas por el tramo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos, lo que depende, en última instancia, de si la carga económica derivada del tributo fue efectivamente trasladada a los consumidores finales. La respuesta exige una valoración conjunta de los elementos obrantes en autos, tanto de la prueba practicada como de las alegaciones vertidas, con especial atención al informe pericial elaborado por la AEAT (Anexo III), emitido en cumplimiento de la providencia de 12 de septiembre de 2025. Ahora bien, resulta particularmente relevante lo manifestado por la propia entidad recurrente en el traslado conferido, pues en su escrito de 18 de septiembre de 2025 reconoció expresamente haber repercutido el impuesto especial a los clientes en las facturas de venta (acontecimiento 63), declaración que, por su carácter directo y espontáneo, adquiere singular fuerza probatoria en el enjuiciamiento de la controversia.

En efecto, la recurrente reconoció expresamente en su escrito de 18 de septiembre de 2025 que el impuesto había sido trasladado en las facturas emitidas, afirmación que constituye un reconocimiento directo de la repercusión. Posteriormente, en su escrito de alegaciones de 20 de noviembre de 2025, intentó matizar dicha posición, sosteniendo que en determinadas operaciones el gravamen habría sido soportado directamente por la sociedad sin repercusión ulterior y desplazando la carga probatoria hacia la Administración. Sin embargo, tales afirmaciones no sólo introducen una patente contradicción con lo previamente manifestado, sino que carecen de respaldo documental suficiente.

Por su parte, el informe elaborado por la AEAT, aportado por el Abogado del Estado en cumplimiento de la providencia de esta Sala, confirma de manera concluyente la existencia de una repercusión generalizada. Dicho informe acredita, a través de las autoliquidaciones presentadas en los modelos 581 y 582, la documentación contable y las memorias anuales, así como las devoluciones tramitadas en concepto de gasóleo profesional, que las cuotas ingresadas fueron efectivamente repercutidas a los adquirentes. A ello se añaden los indicios derivados de las propias solicitudes de devolución de la entidad, en las que reconoce haber repercutido el impuesto en operaciones con terceros, y la información de precios comunicada a organismos reguladores, que evidencia la traslación íntegra del tramo autonómico al precio de venta al público.

De esta forma, las manifestaciones iniciales de la recurrente y el contenido del informe de la Administración convergen en una misma conclusión: el tramo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos fue repercutido a los consumidores finales, neutralizando los efectos patrimoniales en la sociedad. La consecuencia jurídica es clara: acceder a la devolución solicitada supondría un enriquecimiento injusto contrario a los principios generales del Derecho.

TE RCERO. Pronunciamiento sobre costas procesales.

Por todo lo expuesto, procede la desestimación del recurso, sin que proceda hacer condena en costas dada la complejidad jurídica de las cuestiones debatidas.

Fallo