Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 1867/2021 de 15 de febrero del 2023

1.- En el presente recurso inicialmente se impugna la desestimación por silencio de la DGSJFP, por delegación del Ministro de Justicia, de la solicitud de nacionalidad por residencia formulada el 10/04/2018 (R303917/2018) por Segismundo, con NIE NUM000.

En el expediente remitido el 17/08/2022 y del que se dio traslado para formular demanda (con base a un doble requerimiento de subsanación acordado el 09/04/2021 y 01/11/2021 para aportar un certificado de antecedentes penales de origen en vigor), obra una resolución expresa de fecha de 26/07/2021 por la que se acuerda el archivo por desistimiento con base a:

" Con el fin de resolver adecuadamente la solicitud, se le requirió la aportación de determinados documentos al expediente, concediéndole para ello un plazo de tres meses y con expresa advertencia que, de no ser atendido el requerimiento en el plazo citado, se le tendría por desistido en su petición.

Habiendo transcurrido el plazo de referencia sin que se haya aportado la documentación requerida, procede acordar el archivo del procedimiento por desistimiento conforme a lo previsto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 10.2 del Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre , por el que se aprueba el Reglamento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia. 8

El recurrente en la demanda viene a alegar que nunca se le notificó debidamente tal requerimiento dejándolo en total estado de indefensión pues precisó que a efectos de notificaciones se designó, específicamente, el domicilio situado en CALLE000 número NUM002, VALENCIA, sin que conste ningún intento de notificación por la oficina de correos en tal domicilio y en la solicitud de nacionalidad española por residencia no se consintió recibir notificaciones electrónicas, pues existe casilla para tal particular, dejándose en blanco, sin señalar tal opción y con base a ello solicita la concesión de la nacionalidad por residencia

El Abogado del Estado en su contestación a la demanda, haciendo abstracción de la corrección o incorrección de la resolución administrativa de archivo, viene a alegar que " no concurre al menos un requisito de carácter material para reconocer la nacionalidad española al demandante (...) es un hecho pacífico o no controvertido que el demandante sigue sin acreditar el certificado de antecedentes penales vigente de su país de origen, debidamente legalizado, lo que impide objetivamente estimar por el momento su solicitud."

2.- Es evidente que el requerimiento de subsanación en vía administrativa, por su contenido (certificado de antecedentes penales de origen en vigor), no se encontraba amparado en el art. 28.2 de la LPAC 39/2015 (el interesado, no puede ser requerido a la aportación de documentos en los que funda la solicitud, cuando éstos obran ya en poder de las Administraciones o han sido elaborados por ellas, teniendo éstas obligación de solicitarlos de la correspondiente Administración a través de interconexión telemática)

Estamos ante un procedimiento iniciado a solicitud de interesado, y en la solicitud efectuada el 11/04/2018, donde no se consiente expresamente la recepción de notificaciones electrónicas, se especifica como domicilio del interesado el sito en la CALLE001, NUM001, 46022, VALENCIA, indicándose un teléfono móvil y una dirección email de contacto. Al pie de la solicitud, de forma manuscrita y perfectamente leíble, se indica que, a efectos de notificaciones y/o subsanaciones, se designa el siguiente domicilio: CALLE000 nº NUM002, 46009, VALENCIA.

La notificación administrativa del requerimiento de subsanación fue dirigida al primero de los domicilios reseñados, constando dos intentos de notificación por correo certificado con acuse de recibo, intentos que tienen lugar los días 28/04/2021 a las 17:46 horas y 29/04/2021 a las 17:56 horas, ambos con el resultado negativo (ausente, se deja aviso en el buzón, no retirado). Con fecha 10/11/2021: 13 horas, se lleva a cabo un tercer intento de notificación en dicho domicilio por correo certificado con acuse de recibo y resultado negativo (desconocido).

Legalmente, es plenamente posible la designación de un domicilio a efectos de notificaciones que no tiene porque coincidir con el domicilio habitual del solicitante ex art. 66.1 b) de la LPAC 39/2015, que es lo que ocurrió en el caso de autos, por lo que el requerimiento cuya notificación se intenta con resultado negativo en un domicilio distinto al específicamente designado a tal efecto ha de entenderse como no efectuado y, en consecuencia, es totalmente improcedente el archivo de la solicitud con base a un supuesto desistimiento que ha de entenderse inexistente (además existían en el expediente otros datos - teléfono y dirección email - que permitían profundizar en la efectiva notificación del requerimiento de subsanación una vez que vinieron las notificaciones negativas y sin que en ningún caso se intentara llevar a cabo la notificación en el domicilio específicamente designado al efecto).

Por tanto la resolución expresa de archivo de la que ha de partirse ha de anularse sin que proceda dictar sentencia valorando el fondo del asunto en la procedencia o no de reconocer el derecho a la obtención de la nacionalidad por residencia (de ahí que el pronunciamiento haya de entenderse de estimación parcial) ya que existen trámites fundamentales que se deberían haber efectuado en vía administrativa, trámites indispensables para valorar la concurrencia de requisitos tales como la buena conducta cívica (no obran antecedentes penales de origen cuya ausencia le es imputable exclusivamente al recurrente ya que no los aportó en vía administrativa pero tampoco los ha aportado en vía judicial pese a que, de cara a formular demanda, no puede desconocer la necesidad de subsanar tal omisión de su solicitud, faltando igualmente antecedentes penales actualizados españoles e informes policiales) por lo que procede reponer el procedimiento administrativo para que continúe su tramitación en debida forma y sin perjuicio de las posibilidades recursivas frente al silencio que haya de entenderse generado tras la reposición si la Administración se demora en el expediente.

3.- De conformidad con el art. 139-1 de la LRJCA de 13 de julio de 1998, en la redacción posterior a la reforma operada por la Ley 37/2011 de 10 de octubre, en los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, sin que se aprecie mala fe o temeridad que determine imponérselas especialmente a una de ellas.