Sentencia Contencioso-Administrativo del Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Octava, Rec. 2169/2021 de 19 de diciembre del 2022

PRIMERO: El presente recurso se interpuso contra la desestimación presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada en nombre del recurrente, en la cantidad de 37.264,10 euros, por los lesiones y secuelas padecidas como consecuencia de la caída que sufrió el día 24 de enero de 2018, circulaba en bicicleta por la N-332, cuando a la altura del p.k. 166,150, término municipal de Calpe (Alicante), debido a la existencia en el arcén de una arqueta de telefonía mal sellada.

En el escrito de demanda la actora razona sobre la concurrencia de los requisitos para que concurra la responsabilidad patrimonial de la Administración demandada, entendiendo que el accidente y los daños corporales y materiales derivados del mismo tienen relación de causalidad con la actuación administrativa que debió asegurar el mantenimiento de las vías públicas en unas mínimas condiciones de seguridad.

El Abogado del Estado, en su escrito de contestación a la demanda, alega que en fecha 21 de septiembre de 2022 se dictó resolución que declara la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración y estima parcialmente la pretensión deducida, reconociendo a favor de D. Casiano una indemnización de 36.858,76 €. Solicita la desestimación de la demanda y la imposición de las costas al demandante. Añade que, habiéndose allanado la Administración en los términos de la citada resolución, resulta que la cantidad en litigio queda reducida a la diferencia entre la pretensión formulada inicialmente en la demanda por el recurrente, es decir 37.264,10 euros y la ya reconocida por la Administración por resolución expresa, es decir, 36.858,76 euros. Diferencia que se concreta en 405,34 €, cantidad que no se acepta como debida por no concurrir los requisitos legales aplicables.

SEGUNDO: La parte recurrente, en respuesta al trámite de alegaciones que se le confirió sobre la resolución expresa, manifestó su conformidad con el importe de 36.858,76 €, más los intereses legales. Reiterando su solicitud de condena en costas, dado que el presente procedimiento se podría haber resuelto por vía administrativa, sin necesidad de la judicial.

TERCERO: El artículo 76 LJCA dispone que: "1. Si interpuesto recurso contencioso-administrativo la Administración demandada reconociese totalmente en vía administrativa las pretensiones del demandante, cualquiera de las partes podrá ponerlo en conocimiento del Juez o Tribunal, cuando la Administración no lo hiciera.

2. El Secretario judicial mandará oír a las partes por plazo común de cinco días y, previa comprobación de lo alegado, el Juez o Tribunal dictará auto en el que declarará terminado el procedimiento y ordenará el archivo del recurso y la devolución del expediente administrativo, si el reconocimiento no infringiera manifiestamente el ordenamiento jurídico. En este último caso dictará sentencia ajustada a Derecho".

Y el artículo 22 LEC, bajo la rúbrica "Terminación del proceso por satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto ", prevé que el Tribunal puede poner fin al proceso mediante Auto "cuando, por circunstancias sobrevenidas a la demanda y a la reconvención, dejare de haber interés legítimo en obtener la tutela judicial pretendida, porque se hayan satisfecho, fuera del proceso, las pretensiones del actor y, en su caso, del demandado reconviniente o por cualquier otra causa".

En este sentido el Tribunal Supremo recuerda en su sentencia de 16 de marzo de 2015 (rec. 3516/2012), el criterio mantenido en sentencias anteriores, de fechas 29 de enero de 2013 (recurso 2789/2010), 7 de octubre de 2013 (recurso 247/2011), 28 de noviembre de 2014 (recurso 1312/2012) y las que en ellas se citan, que señalan que "el artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , aplicable con carácter supletorio al proceso contencioso administrativo según la disposición final primera de la Ley 29/1998, de 13 de julio ).".

CUARTO: En el presente caso, la resolución administrativa estima parcialmente la reclamación de responsabilidad patrimonial en una cantidad ligeramente inferior a la reclamada, con la que ha mostrado conformidad la parte recurrente, pero no se pronuncia sobre los intereses que también se reclamaban. Por tanto la satisfacción extraprocesal es parcial y no total, como prevé el citado artículo 76 LJCA.

Considera la Sala que la pretensión ejercitada, que queda concretada a los intereses legales de la cantidad indemnizatoria reconocida por la Administración y aceptada por el interesado, debe ser estimada, pues la reclamación consta registrada el 5 de agosto de 2020, el recurso contencioso administrativo contra la desestimación presunta de dicha reclamación se interpuso el 5 de noviembre de 2021 y la resolución expresa es de fecha 21 de septiembre de 2022; no constando que haya sido abonada dicha cantidad.

Los intereses de la cantidad reconocida, 36.858,76 €, se devengarán desde la fecha de presentación de la reclamación en vía administrativa hasta el efectivo pago de la referida cantidad.

Procede, en consecuencia, la estimación parcial del recurso, en los términos expuestos.

QUNTO: A tenor de lo dispuesto en el artículo 139.1 de la LJCA, no procede hacer condena en costas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,