Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 1370/2020 de 22 de julio del 2024

PRIMERO: El acto recurrido es la resolución del Ministerio del Interior de 24 de agosto de 2020 (expediente NUM001) por la que se le deniega al recurrente, nacional de Honduras la solicitud de derecho de asilo y la protección subsidiaria presentada el 18 de abril de 2019, tras su llegada a España el 15 de mayo de 2018.

En la entrevista para determinar los hechos relevantes que motivan su solicitud consta lo siguiente:

La solicitante cuando tenía 17 años, en 2015 la violaron dos personas, sin saber quienes eran, porque estaban tapados. Durante ese tiempo, estuvo viviendo con su abuela, hasta que consiguió dinero para viajar a España. Este dinero se lo dieron unos familiares que se encuentran en el extranjero, concretamente unos primos, lo cuales residen en Estados Unidos. Preguntada por que no ha solicitado este tramite en la frontera, manifiesta porque no lo sabía. Se acerco a la Cruz Roja para ver cómo podía pedir asilo político, porque ya estaba muchos meses en España y se encontraba irregular y tenía miedo de que le expulsaran. Le informaron en la cruz roja que con este procedimiento conseguiría permiso de trabajo. Preguntada si realmente el objetivo de viajar a España es para conseguir un permiso de trabajo, manifiesta que sí. Preguntada si tiene medios económicos para mantenerse en España manifiesta que no y que solicita ayuda económica como social aunque suele trabajar por horas de manera ilegal.

La resolución que deniega la protección internacional señala que los hechos que relatan no tienen cabida dentro del ámbito de protección de la Convención de Ginebra de 1951 ni de la Ley 12/2009. Así tras hacer referencia a la información consultada para el análisis y el estudio de la solicitud especialmente al Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre la situación de Honduras de 28 de enero de 2019, se hacen consideraciones sobre la situación del país de origen, admitiendo que la violencia y la delincuencia persisten en ese país. No obstante, considera que aun dando credibilidad a los hechos descritos considera que no concurren los presupuestos para conceder asilo ya que no consta una persecución por razón por motivos de protección internacional referidas a persecuciones por motivo de raza, religión, nacionalidad opiniones políticas o pertenencia a un grupo social determinado y por otra parte las autoridades del país no solo no permiten o toleran sino que combaten los fenómenos de inseguridad ciudadana. Tampoco aprecia se den fundados motivos que impliquen un riesgo real y personal para el interesado que conduzcan a la concesión de la protección subsidiaria.

La parte recurrente alega en el escrito de demanda que es claro que, en contra de lo que mantiene la resolución que ahora se recurre y de acuerdo a los criterios fijados por el ACNUR respecto a los solicitantes de protección internacional procedentes de Honduras (directrices 2019), lo alegado por la solicitante de asilo puede subsumirse claramente en dos de las causas de protección de la convención de Ginebra, en concreto, la de persecución por razones de opinión política imputada o la de persecución por razones de pertenencia a grupo social determinado, siendo el estado hondureño incapaz de proteger a la población civil de la actuación de las pandillas, en gran parte por la propia corrupción de las fuerzas de seguridad y del poder judicial en contra de lo que indica la resolución que ahora se recurre. De forma subsidiaria solicita se le conceda protección subsidiaria conforme al artículo 4 y 10 ley de asilo ya que existen motivos fundados para creer que, si regresa a Honduras, se vería en peligro ante la situación de violencia que existe en su país.

El Abogado del Estado se opone a la estimación del recurso compartiendo los argumentos de la resolución recurrida.

SEGUNDO: En el derecho español la Ley 12/2009 tiene por objeto regular la protección internacional constituida por el derecho de asilo y la protección subsidiaria (artículo 1). Esa protección internacional consiste en ambos casos en la no devolución ni expulsión de las personas a quienes se les haya reconocido y además en todo caso la autorización de residencia y trabajo permanente, el acceso a los servicios públicos de empleo, a la educación, a la asistencia sanitaria, a la vivienda, a los servicios sociales, libre circulación en las mismas condiciones que los españoles, pudiéndose establecer servicios complementarios de ayudas ( artículo 5 y 36 de la Ley 12/2009).

Procede examinar si concurren los presupuestos otorgar algunos de estos tipos de protección.

TERCERO: El derecho de asilo se concede a los que se les reconoce la condición de refugiado. La condición de refugiado se reconoce conforme al artículo 3 de la ley 12/2009 a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad o apátridas y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país. Además, se requiere que no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9.

En este caso no se constata que exista un temor fundado de persecución. Afirma que sufrió una violación en 2015 y centra el escrito de demanda en ese hecho, pero ese no es el hecho por el que ha salido del país ya que: 1) ese hecho acaecido en 2015 y está alejado del momento de salida del país que se produce 3 años después (en mayo de 2018), 2) no formula su petición de protección internacional hasta casi un año después de llegar a España y declaró que hizo su solicitud de asilo porque informaron que de ese modo conseguiría un permiso de trabajo y preguntada durante la entrevista si realmente el objetivo de viajar a España es para conseguir un permiso de trabajo, manifestó que sí.

Por tanto las referencias que se realizan en la demanda acerca de la situación de la mujer en Honduras y que se documenta de forma exhaustiva, no tienen relevancia en este caso ya que no consta que exista un temor fundado de persecución por las propias declaraciones realizadas por la solicitante de asilo en la entrevista.

CUARTO: No acreditado que concurran los requisitos necesarios para la concesión del derecho de asilo, procede examinar si concurren los presupuestos para otorgar la protección subsidiaria.

El derecho a la protección subsidiaria, se reconoce conforme al artículo 4 Ley 12/2009, a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de la Ley 12/2009: a) condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material, b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante, c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno.

Del relato de la parte recurrente no se infiere un riesgo real de sufrir alguno de esos daños graves en las circunstancias referidas, ya que, descartada, por evidente, la concurrencia de las circunstancias contempladas en las letras a) y b), las amenazas graves contra la vida o contra la integridad previstas en el apartado c) aparecen indisolublemente en el precepto citado a situaciones de violencia indiscriminada en determinadas situaciones de conflicto interno/internacional. que en este caso no se ha acreditado teniendo en cuenta la definición de conflicto armado interno realizado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencia de 30 de enero de 2014, asunto C.285/12) que considera necesario que concurran dos elementos: 1) que haya uno o más grupos armados involucrados, ya estén involucradas las tropas regulares de un Estado o no; 2) que exista un enfrentamiento entre esos grupos armados. En este sentido no puede aceptarse que exista una situación de violencia generalizada asimilable a la de conflicto armado que determine que, en caso de volver, su vida corra peligro solo por el hecho de encontrarse en Honduras.

QUINTO: Co nforme a lo razonado procede desestimar el recurso. Las costas se imponen a la parte recurrente, conforme a la norma general del vencimiento establecida en el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, al ser la sentencia desestimatoria y no existir dudas de hecho ni de derecho.

Se limitan a la cantidad de 1.500 euros por todos los conceptos de acuerdo con la facultad moderadora que prevé el artículo 139.4 LJCA.

Se precisa que ese límite máximo se refiere exclusivamente a las costas procesales propiamente dichas en los términos establecidos en el artículo 241.1 LEC al que se remite el artículo 139.7 LJCA, sin añadir el importe que corresponda a la liquidación del impuesto del valor añadido en los casos que proceda conforme a su ley reguladora, cuya concreción y procedencia de devengo, conforme al artículo 243.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en la redacción dada por la Ley 42/2015 debe realizarse en el trámite posterior de tasación de costas ( autos del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2023, 30 de mayo 2023 y 19 de julio de 2023 dictados en los recursos 6716/2021, 2527/2022, 3415/2022).

Respecto a la condena en costas al beneficiario de justicia gratuita, el artículo 36 de la Ley de asistencia jurídica gratuita, dispone que el beneficiario de justicia gratuita que fuera condenado en costas: "...quedará obligado a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción del artículo 1.967 del Código Civil".