Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 1047/2021 de 11 de octubre del 2023

1.- En el presente recurso se impugna la resolución del Subsecretario de Interior, por delegación del Ministro del Interior, de 21/09/2020 por la que se acuerda denegar la solicitud de protección internacional. (Expediente: NUM000 NIE: NUM001)

Estamos ante un nacional de la República de Bangladesh y nacido el NUM002/1985, que formaliza la petición de protección internacional, estando en territorio español, el 11/04/2019.

Según su relato, entra de forma ilegal en España - patera - el 07/07/2018 (había sido reseñado policialmente el 08/03/2018 por lo que ha de concluirse que está en España con anterioridad a la fecha que mantiene en su relato).

La petición fue admitida a trámite y se instruye de conformidad con lo dispuesto en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria.

La solicitud fue notificada al ACNUR, que no emitió informe.

La CIAR, en la reunión celebrada el día 04/09/2020 contando con la asistencia de todos sus miembros y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), examinó la solicitud de Protección Internacional del ahora recurrente y acordó emitir propuesta desfavorable al reconocimiento de la condición de Refugiado y al derecho de Asilo, así como al derecho de la Protección Subsidiaria.

2.- El reconocimiento de la condición de refugiado está condicionado a la acreditación de que concurren las causas que se contienen en el artículo 1.A.2) de la Convención de Ginebra de 29 de julio de 1951, por remisión expresa del artículo 3.1 de la Ley reguladora del Derecho de Asilo 12/2009, y se concretan en la existencia de fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas en su país de origen. Acorde con tal exigencia, se resolverá favorablemente la solicitud de asilo cuando aparezcan indicios suficientes, según la naturaleza de cada caso, para deducir que el solicitante cumple con los anteriores requisitos (artículo 8 de la citada Ley).

Si bien para la concesión del derecho de asilo no se exige una prueba plena o absoluta de los hechos alegados por el peticionario en cuanto a que estos remitan a una persecución efectiva o temor fundado y racional de sufrirla por razones de raza, etnia, religión, pertenencia a un grupo social específico, u opiniones o actividades políticas, es necesario que, al menos, exista esa prueba indiciaria al caso concreto que permita superar la mera subjetividad del que se dice perseguido y cuya carga de aportación recae en el solicitante ( STS de 24 de febrero de 2010, RC 1156/2006 6 de mayo de 2014 (RC 2085/2013)).

El elemento subjetivo no es suficiente si no va acompañado de datos objetivos que puedan explicar y dar cobertura la existencia del temor a una persecución personal y actualizada, de manera que las meras declaraciones del solicitante no pueden ser consideradas como indicio suficiente de la persecución alegada, cuando carecen de todo punto de referencia o contraste. De ahí que el relato del solicitante deba gozar de un nivel de concreción que permita identificar una verdadera persecución, no siendo suficiente a tal efecto un relato vago y genérico que pudiera ser aplicable prácticamente a cualquier persona procedente del mismo país que el solicitante, o que carece de elementos de contraste y verificación que permitan apreciar su verosimilitud ( STS de 17 de mayo de 2011, RC 678/2008).

En cuanto al principio de prueba centrado en el relato del solicitante, cabe recordar que en STS, Sala 3ª, de 16 febrero 2009, se señala: << "(...) Debemos recordar también, como justificación de nuestra decisión, que, en la Sentencia de esta misma Sala y Sección del Tribunal Supremo de fecha 2 de enero de 2009 (recurso de casación 4251/2005 ), hemos declarado que la Directiva europea 83/2004, de 29 abril , sobre normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida, en su artículo 4.5 dispone que «Si las declaraciones del solicitante presentan aspectos que no están avalados por pruebas documentales o de otro tipo, tales aspectos no requerirán confirmación si se cumplen las siguientes condiciones: a) el solicitante ha realizado un auténtico esfuerzo para fundamentar su petición; b) se han presentado todos los elementos pertinentes de que dispone el solicitante y se ha dado una explicación satisfactoria en relación con la falta de otros elementos pertinentes; c) las declaraciones del solicitante se consideren coherentes y verosímiles y no contradigan la información específica de carácter general disponible que sea pertinente para su caso; d) el solicitante ha presentado con la mayor rapidez posible su solicitud de protección internacional, a menos que pueda demostrar la existencia de razones fundadas para no haberla presentado así; e) se ha comprobado la credibilidad general del solicitante»".>>

Los hechos relatados al solicitar la protección internacional, resumidamente, vienen referidos a un ciudadano, sin ningún perfil político/social relevante, que alega una persecución gubernamentalmente dirigida de base política (él y su familia pertenecen al BNP, habiendo sido amenazados, agredidos y acusados falsamente de la comisión de delitos por miembros de Awami League):

" Preguntado si ha sufrido o tiene un temor fundado de sufrir en Bangladesh algún tipo de persecución motivada por su raza, prácticas religiosas, opiniones o manifestaciones políticas, por su pertenencia a un determinado grupo social, sus preferencias sexuales, o por ser víctima de violencia de género, responde que sí.

Desde el año en que comenzó a estudiar la carrera, hace unos 10 años, estaba afiliado al partido político Bangladesh Nationalist Party (BNP).

Realizaron varias manifestaciones de estudiantes y marchas con su familia en contra del actual gobierno y tuvieron diversas amenazas del actual partido de gobierno, Awami League. La policía les ha acusado de diversas denuncias falsas a él y a su familia.

Por las amenazas en 2016 y 2017 tuvieron que abandonar su domicilio asentándose en distintos pueblos de Bangladesh y, cuando volvieron, la casa estaba destrozada. En las inmediaciones de su domicilio, 2 personas armadas pertenecientes a Awami League, sin mediar palabra, le propinaron diversos golpes por todo el cuerpo, perdiendo el conocimiento y siendo trasladado al hospital.

Después de ese sucedo, decidieron que saliera del país, puesto que temía por su vida. Su madre habló con una persona para enviarlo fuera del país, para pagar al intermediario tuvo que vender parte de sus herencias.

En Marruecos ha sobrevivido con la ayuda de la gente. Llegó a Algeciras en patera y se fugó de la policía.

Preguntado que si entró en España en 07/07/2018, por qué lo solicita en este momento y no antes, responde que porque desconocía el proceso.

Preguntado por qué decide venir a España y no a otro país, responde que porque respetan los derechos humanos.

Relata que el pasaporte se lo quedó el intermediario que le ayudó a salir del país. Adjunta 5 hojas sobre exposición de motivos.

Reside en España con unos compatriotas suyos, en alquiler.

Por internet se informó de cómo solicitar la protección internacional.

Manifiesta que no tiene nada más que añadir en esta entrevista."

Debe tenerse presente que, con base al relato ofrecido al solicitar la protección internacional, atendiendo a lo sustancial del mismo, relato marcadamente genérico, impreciso y contradictorio (véanse las fechas manejadas), no se puede establecer, mínimamente, una persecución personal, grave, actualizada, de índole política y gubernamentalmente dirigida o tolerada en el particular de los supuestos actos de hostigamientos por simpatizantes gubernamentales, ya que solicitante no describe actuaciones políticas significadas más allá una simple militancia política sin exposición pública relevante y sin responsabilidades políticas - militancia de la que no aporta prueba alguna - y de una supuesta participación en manifestaciones estudiantiles anteriores a 2016, por lo que ha de descartarse el temor de persecución reclamado en la situación actualizada del país del que es nacional el recurrente según la cual no puede afirmarse, con carácter general, que ser simpatizante o militante del partido opositor implique necesariamente ser sistematizadamente perseguido.

Además, el interesado aporta a su expediente fotocopia de la primera hoja su pasaporte, en el que aparece como fecha de expedición del mismo el 12/06/2018 con un sello de la Embajada de Bangladesh en Madrid, es decir, que fue expedido por las autoridades bangladesíes con posterioridad a los hechos relatados, lo que no se aviene a una persecución gubernamentalmente dirigida o tolerada.

Narrados así los hechos, de base, no estamos ante hechos susceptibles ser objeto de protección internacional conforme a lo establecido en la Convención de Ginebra o en la Ley de Asilo española y sin olvidar el amplio lapsus de tiempo que se asume desde su llegada a España hasta la solicitud de protección internacional.

Lo anteriormente expuesto permite descartar igualmente una protección subsidiaria ya que del relato de los solicitantes no se deduce la posibilidad de que sufran la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material, ni tampoco se identifica un riesgo de tortura o tratos humanos o degradantes en el caso de retorno a su país de origen sin que pueda afirmarse que exista una situación de conflicto armado internacional o interno en origen ( art. 4 y 10 de la Ley de 12/2009) o la permanencia por razones humanitarias ( art. 46.3 de la Ley 12/2009).

Las razones humanitarias (la concesión del estatuto de protección nacional por parte de un Estado miembro sobre una base discrecional y por compasión o por motivos humanitarios, incluido el deterioro del estado de salud, no está comprendida en el ámbito de aplicación de la protección subsidiaria, STJUE de 18 de diciembre de 2014, asunto MŽBodj C-542/13, apartado 31), según los términos establecidos en la Ley, aun cuando se interprete la expresión ampliamente, deben ser suficientemente precisa en relación con la situación personal del interesado y la situación del país de origen o procedencia - dimensión subjetiva de la vulnerabilidad -, pues no atienden a razones de humanitarismo imprecisas o genéricas y sobre la base de que la protección internacional y la permanencia temporal por razones humanitarias no se construyen sobre el derecho a estándares de vida en la comparativa del país de acogida frente a los del país de procedencia, siendo que las razones alegadas son las mismas que las hechas valer con carácter genérico para pedir la protección internacional ya sea el asilo o la protección subsidiaria, siendo que el recurrente no responde a ninguna situación personal que le haga sujeto de especial vulnerabilidad en relación a la situación actual del país de origen donde sigue permaneciendo su familia más directa y sin perjuicio de la repercusión que la situación de arraigo alcanzada en nuestro país pueda tener el marco de la legislación de extranjería (cuestión ajena a la presente litis). Este y no otro, es el concreto ámbito en el que se mueve la S. TS., de 25/03/2021, R. CASACIÓN 1602/2020, en relación al arraigo laboral como base para obtener tales autorizaciones administrativas.

En estas condiciones, resulta ajustado a Derecho que la Administración, haya denegado la solicitud de protección internacional, sin oposición alguna por parte de ACNUR.

3.- Por todo ello, procede, de conformidad con el art. 139.1 LJCA, la imposición de las costas al/ a los/las recurrente/s (de ser varios, en partes iguales), costas que la Sala, haciendo uso de las facultades establecidas en dicho precepto y atendiendo a las circunstancias del caso, establece en la cantidad máxima, por todos los conceptos, de 1.500 euros, más IVA si se devengase, a favor de la Administración demandada y sin perjuicio de supeditar este pronunciamiento sobre costas a los efectos derivados de la condición de beneficiaria/o/s de la asistencia jurídica gratuita si es que se hubiera solicitado y obtenido.