Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 256/2021 de 11 de octubre del 2023

PRIMERO.- En el presente recurso se impugna por Florentino la resolución de 9 de diciembre de 2020 del Director General de Transformación Digital de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Barcelona, por la que se acuerda «DENEGAR la cancelación de la ejecutoria 1249/2018 dictada por el Juzgado de lo Penal nº 12 de Barcelona por no haber transcurrido los plazos legalmente previstos en el artículo 136.1 del Código Penal".

SEGUNDO.- Dispone el artículo 136.2.2ª del código penal que "1.- Los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener del Ministerio de Justicia, de oficio o a instancia de parte, la cancelación de sus antecedentes penales, previo informe del Juez o Tribunal sentenciador. 2.- Para el reconocimiento de este derecho serán requisitos indispensables: .... 2º) Haber transcurrido, sin delinquir de nuevo el culpable, los siguientes plazos: seis meses para las penas leves; dos años para las penas que no excedan de 12 meses y las impuestas por delitos imprudentes; tres años para las restantes penas menos graves; y cinco para las penas graves".

El procedimiento a seguir para la cancelación de antecedentes penales viene establecido por el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (BOE 33/2009, de 7 de febrero de 2009) en cuyo artículo 19 determina:

" 1.- Las inscripciones de antecedentes penales se cancelarán, de oficio o a instancia del titular de los datos o por comunicación del órgano judicial, cuando habiéndose extinguido la responsabilidad penal, hubiesen trascurrido sin delinquir de nuevo los plazos previstos y se hubiesen cumplido los restantes requisitos señalados en el artículo 136 del Código Penal ."

TERCERO.- La denegación de la cancelación de antecedentes penales impugnada en el presente recurso es ajustada a derecho porque según resulta del expediente administrativo remitido a este tribunal, el recurrente no tiene extinguida la responsabilidad penal tal y como exige el art. 136.1 del Código Penal al no haber transcurrido los plazos legalmente previstos y en consecuencia no se dan los presupuestos para el derecho de cancelación. Es una vez extinguida la responsabilidad penal por el cumplimiento de la pena cuando entra en juego el derecho a la cancelación de los antecedentes penales. El artículo 136 Código Penal establece los requisitos para el reconocimiento de este derecho partiendo del presupuesto que son condenados que hayan extinguido su responsabilidad.

No es de acoger la alegación formulada por el recurrente cuando manifiesta que " Teniendo en cuenta que se extinguió el 30 de octubre de 2020 y el mismo reclamó por vía administrativa el 12 de noviembre de 2020, no ha podido transcurrir el plazo para la cancelación ni de los delitos leves, sin embargo, no podemos utilizar la fecha de la reclamación cuando actualmente el objetivo de dicho recurso es, entre otras utilizar el criterio de la fecha actual, es decir, que en 2022 mi mandante sigue sin poder cancelar los antecedentes penales, cuando por fechas es claro que ya ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 136.1 CP " (sic).

En el folio 9 del expediente administrativo consta que la extinción de la pena correspondiente al delito que allí figura se extinguió el 29 de octubre de 2020, y dada su naturaleza, hasta el transcurso de 3 años no procedía la cancelación, es decir, hasta el 24 de octubre de 2023.

De este modo, ha de concluirse que la actuación administrativa por la que se deniega la cancelación de antecedentes penales interesada por el recurrente, se ajusta a derecho.

En consecuencia el recurso ha de ser desestimado.

De conformidad con lo previsto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, habiendo sido desestimadas todas las pretensiones de la parte recurrente y no concurriendo las circunstancias expresadas en el apartado 1 de dicho precepto, el recurrente debe ser condenado al pago de las costas causadas.