Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 248/2021 de 15 de febrero del 2024

PRIMERO.- Sobre la Resolución recurrida.

1.- El solicitante es nacional de Guinea Bassau y solicitó la nacionalidad por residencia el 8 de agosto de 2014.

2.- Obra audiencia reservada -documento 22 del expediente- en el que puede verse que contesta a 19 de las 20 preguntas formuladas sobre cultura y estilo de vida con la expresión "no sabe". Solo contesta una de ellas indicando que en España hubo una guerra civil en 1950.

Se realizó un dictado que puede verse en este documento.

3.- En el documento 23 del expediente obra comparecencia del promotor en la que consta que "no habla y comprende el castellano" y "no sabe leer ni escribir"

4.- En el documento 25 obra informe del Juez indicando que el solicitante no ha demostrado tener conocimiento de las costumbres españolas ni estar adaptado al modo de vida español, no habla castellano y no sabe escribir.

5.- En el documento 26 obra informe del Ministerio Fiscal en el que se indica lo mismo y, además, se pone en duda el tiempo de residencia en España.

6.- En el documento 28 obra Auto del Juez del registro Civil informando negativamente al otorgamiento de la nacionalidad.

7.- En el documento 32 obra la Resolución denegando la nacionalidad y en la que se razona:

Que el interesado no ha justificado suficiente grado de integración en la

sociedad española conforme a lo previsto en el artículo 22.4 del Código Civil al

manifestarlo expresamente así el Juez Encargado del Registro Civil. Desconoce cuestiones como escritores españoles, la Constitución o deportistas españoles, entre otras.

Como ha señalado una reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo y la

abundante doctrina de la Audiencia Nacional al analizar el requisito de la

integración, es el Encargado del Registro Civil a los efectos de la acreditación de las condiciones de integración en la sociedad española de los peticionarios de nacionalidad, en atención a la inmediación de la referida diligencia y la condición judicial de quien la practica (cfr. Sentencia del Tribunal Supremo - Sala 3ª - de 27 de junio de 2011 , y las allí citadas). Invocando de nuevo la doctrina jurisprudencial, el adecuado grado de integración en la sociedad española no se reduce a un conocimiento aceptable del idioma, sino que es preciso un conocimiento de las instituciones, costumbres y adaptación al modo y estilo de vida españoles. Es por ello relevante que el informe del Encargado no concluya de forma indubitada y expresa que considera insuficiente el grado de integración del promotor en la sociedad española a los efectos de la concesión de la nacionalidad".

SEGUNDO.- Sobre la resolución del caso enjuiciado.

La razón por la que se deniega la nacionalidad en la resolución recurrida no es la falta de un " conocimiento aceptable del idioma", sino la " falta de integración en la sociedad española", pues para acreditarla " es precio un conocimiento de las instituciones, costumbres y adaptación al modo y estilo de vida españoles". Es decir, si bien es cierto, que tanto para el Juez del Registro Civil como para el representante del Ministerio Fiscal, el recurrente no tiene un conocimiento suficiente del idioma, no es menos cierto que, como se dice en la demanda, esta conclusión es cuando menos dudosa y no se encuentra suficientemente explicada, desde el momento en que el solicitante fue capaz de realizar un dictado y responder a las preguntas que se le hicieron, por lo que no parece que pueda hablarse de un desconocimiento total del idioma, de hecho, respondió a las preguntas que se le hicieron y contestó a las mismas, según consta en el expediente.

Ahora bien, también consta en el expediente que de las 20 preguntas que se formularon sobre cultura española siempre respondió que ignoraba la respuesta salvo en una ocasión que contestó mal.

Lo anterior es relevante, pues como hemos dicho en nuestra SAN (3ª) de 21 de noviembre de 2013 , sometido el recurrente a preguntas básicas, lo que lleva a la conclusión de que no está suficientemente integrado pues desconoce ideas básicas de la cultura española.

Conviene precisar que la recurrente centra su demanda en el conocimiento del idioma, pero no rebate la verdadera causa de denegación, la cual, como se indica en la resolución, no es la falta de conocimiento del idioma sino el desconocimiento "de las instituciones, costumbres y adaptación al modo y estilo de vida españoles", sin articular ni proponer prueba alguna de la que pueda inferirse la existencia de la suficiente integración en la sociedad española.

TERCERO.- Sobre las costas.

En cuanto a las costas, el art 139 LJCA, dispone que " En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho".

En el caso que nos ocupa, no apreciando dudas de hecho ni de derecho, procede imponer a las recurrentes el pago de las costas causadas en esta instancia.

Si bien la Sala considera procedente limitar la cantidad que, por todos los conceptos enumerados en el art 241.1 LEC, ha de satisfacer a la parte contraria la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima total de 1.000 euros - art 139.4 LJCA-.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación, la Sala dicta el siguiente