Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 1823/2021 de 16 de noviembre del 2023

PRIMERO. - CUESTIÓN PLANTEADA.VALORACIÓN DE LA SALA.

El recurrente, nacional Guinea Bissau, formula solicitud de protección internacional en fecha 17 de julio de 2017, en el momento en que se encuentra internado por autorización judicial concedida por auto del Juzgado de Instrucción Dos de Motril de fecha 6 de junio de 2017, dado en aplicación de la legislación de extranjería, a petición de la autoridad gubernativa, por la que se había dispuesto, por acuerdo de la misma fecha , la iniciación de procedimiento preferente de expulsión por la comisión de la infracción prevista en el artículo 53.1ª) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, al encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia, constando su entrada ilegal en España en fecha 5 de junio de 2017 a bordo de una embarcación neumática .

En la entrevista documentada en el mismo expediente expuso que vino a España por la falta de horizontes laborales en su país y de medios para alimentar a sus hijos así como proporcionarles las oportunidades de ir a la escuela y que puedan subsistir, superando una vida tan carente de recursos elementales y básicos, unido, a las inseguridades que corren. Todo esto, al no poder garantizárselo, provocó en su esposa y en mi mandante un gran sufrimiento que le condujo a salir de su país para mejorar su situación económica y de ese modo, poder ayudar a sus hijos y mujer en todas estas básicas necesidades referidas.

De estos hechos extrae la Sala la consideración de que, en todo caso, el perfil del recurrente no excede del propio de un simple migrante por razones económicas, al que no cabe considerar --- y en realidad tampoco el recurrente lo hace --- ni perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género, orientación sexual o de identidad sexual ni expuesto al riego de sufrir daños personales graves de retornar a Guinea Bissau, donde reconoce no ser objeto de amenaza por parte de poderes estatales o paraestatales.

La Sala tampoco aprecia acusadas razones humanitarias, que de concurrir permitirían autorizar su permanencia en España, a tenor de los apartados 1 y 3 del artículo 46 de la Ley 12/2009.

SEGUNDO. - COSTAS PROCESALES.

En cuanto a las costas, el art 139 LJCA, dispone que " En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho".

En el caso que nos ocupa, no apreciando dudas de hecho ni de derecho, procede imponer a las recurrentes el pago de las costas causadas en esta instancia.

Si bien la Sala considera procedente limitar la cantidad que, por todos los conceptos enumerados en el art 241.1 LEC, ha de satisfacer a la parte contraria la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima total de 1.000 euros - art 139.4 LJCA-.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación, la Sala dicta el siguiente