Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 1123/2021 de 17 de octubre del 2023

PRIMERO.- Sobre la Resolución recurrida.

El solicitante, nacional de Colombia, afirma que vivía con su madre, hermana, hija y sobrinos, siendo su padre camionero. Por razones de trabajo se trasladaron a Santa Marta en 2007. En 2010, un grupo paramilitar que no identifica, les empezó a pedir dinero. Afirma que a un vecino la atacaron por no pagar, por lo que decidió marcharse a Cali. Una vez allí no describe que haya sido objeto de persecución alguna, limitándose a indica que su hija se quedó con su madre en Santa marte y el se vino a España donde tiene una hermana.

SEGUNDO.- Sobre las alegaciones en relación con el procedimiento.

A.- Sostiene el recurrente que en la entrevista no contó con asistencia jurídica y que no le fue entregado un folleto informativo. No es necesario profundizar en este argumento pues la alegación no se ajusta a lo que consta en el expediente. En efecto, el folio 4 consta diligencia de información en la que el recurrente marca la casilla que indica que no quiere asistencia de abogado y la casilla en la que indica que no quiere que se le entregue folleto informativo.

B.- Sostiene, asimismo, que los hechos se han investigado de una forma insuficiente, lo que, en su opinión supone infracción del art 9.1 del RD 203/1995, en relación con el art 4.3 de la Directiva 2004/83/CE -esta Directiva esta derogada por la Directiva 2011/95/CE-.

Es verdad que la posición de la Administración ante una posición de asilo, no puede ser neutral, sino que debe adoptar una actitud no pasiva en la comprobación de la veracidad del relato. Ahora bien, siendo cierto que al art. 4.3 de la Directiva 2004/83/CE, al igual que la Directiva 2011/95/CE, establece que elementos deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar la solicitud -relato del recurrente, situación del país de origen, etc-, no lo es menos que en este caso la valoración, basta con leer la resolución recurrida, ha sido efectuada en los términos exigidos por la Directiva, siendo cosa distinta el que no se comparta la conclusión obtenida.

TERCERO.- Sobre el derecho de asilo, la protección subsidiaria y la autorización para residir en España por razones humanitarias.

A.- Establece el art. 2 de la Ley 12/2009, de 13 de octubre del derecho de asilo y de la protección subsidiaria que: " El derecho de asilo es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos definidos en el artículo 3 de esta Ley y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados , hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967".

Y el art. 3 de la Ley 12/2009 que: " La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9".

En opinión de la Sala el relato resulta en exceso genérico, de hecho no identifica a sus perseguidores limitándose a decir que son "paramilitares". Por otra parte, del propio relato se infiere que trasladado a Cali no sufrió persecución, por lo que cabe eludir el riesgo mediante el desplazamiento interno. Por último, procediendo la persecución de un agente tercero, no consta que se denunciasen los hechos, infiriéndose de la información disponible que las autoridades del país de origen no permanecen inactivas cuando se denuncian los hechos.

B.- Dispone el art. 4 de la Ley 12/2009 que: " El derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de esta Ley , y que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país de que se trate, siempre que no concurra alguno de los supuestos mencionados en los artículos 11 y 12 de esta Ley ".

Añadiendo el art. 10 de la citada norma que: " Constituyen los daños graves que dan lugar a la protección subsidiaria prevista en el artículo 4 de esta Ley : a) La condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material; b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante; c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno".

No existe en el país de origen una situación de violencia generalizada en los términos exigidos por la STJUE de 30 de enero de 2014 (C-285712).

C.- En cuanto a la autorización pare residir en España por razones humanitarias, no se prueba acto alguno del que pueda inferirse una especial vulnerabilidad del solicitante.

CUARTO.- Sobre las costas.

En cuanto a las costas, el art 139 LJCA, dispone que " En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho".

En el caso que nos ocupa, no apreciando dudas de hecho ni de derecho, procede imponer a las recurrentes el pago de las costas causadas en esta instancia.

Si bien la Sala considera procedente limitar la cantidad que, por todos los conceptos enumerados en el art 241.1 LEC, ha de satisfacer a la parte contraria la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima total de 1.000 euros - art 139.4 LJCA-.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación, la Sala dicta el siguiente