Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 220/2021 de 19 de septiembre del 2023

PRIMERO.- El recurso contencioso-administrativo se interpone contra la resolución del TEAC de 17 de noviembre del 2020, por la que se desestimó la alzada nº 00-00044-2018, presentada contra acuerdo del TEAR de Comunidad Valenciana, relativo a reclamación nº NUM000 frente a acuerdo de la Dependencia de Recaudación de la AEAT de Valencia, que declara responsable subsidiaria a la demandante de las obligaciones tributarias de INICIATIVAS Y DISEÑO, S.L.

SEGUNDO.- Los beneficios obtenidos por la enajenación el 28 de marzo del 2006 de parcelas (suelo industrial) en promoción inmobiliaria, parte de ellas adquiridas en el 2004, otras en febrero del 2006, se acogieron parcialmente a la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios, mediante la adquisición de inmuebles en Benimaclet y Valencia. Se calificaron como inmovilizado las parcelas porque se destinaron a la construcción de naves industriales para su arrendamiento.

El acuerdo de imposición de sanción, en contra de lo que se sostiene en la demanda, contiene una motivación suficiente de la culpabilidad del deudor principal en el incumplimiento de sus obligaciones tributarias. Por una parte, refiere que las parcelas adquiridas en el 2004, se contabilizaron como existencias, no realizándose amortización de su valor en la contabilidad; en fechas próximas a la venta se cambió su calificación contable. Respecto del segundo grupo de parcelas, adquirido en 2006, se contabilizaron el 30 de diciembre del 2006 como "edificación construcción incorporada al inmovilizado", pero no se cumplía respecto de ellas el requisito de permanencia de un año en esta situación. Una de las parcelas en esta situación fue readquirida en el 2007, siendo contabilizada como existencias. En ningún momento se produjo un destino efectivo a la actividad de arrendamiento.

Por tanto, es esta indeterminación en la contabilización de los bienes y su ajuste en fechas próximas a la enajenación, como actos preparatorios para la aplicación de la deducción fiscal, de lo que se deriva la consciencia del obligado tributario sobre el incumplimiento de sus obligaciones tributarias, acogiéndose a un beneficio que no le correspondía. Respecto de un grupo de parcelas queda dicho que el incumplimiento de la norma es manifiesto, porque no se había cumplido un año desde la adquisición del supuesto inmovilizado; incluso una de las parcelas que se trata de considerar tal, fue readquirida y calificada como existencia, lo que es revelador de un actuar al margen del recto cumplimiento de la normativa fiscal.

TERCERO.- Se apuntan contradicciones en cuanto a la concreción de los actos de los que la administración tributaria deriva la responsabilidad para la actora. Lo que se ha producido es un mero error en la redacción del acuerdo de incoación del procedimiento de derivación de responsabilidad, que habla del incumplimiento de la normativa del IVA, algo ajeno al presente caso. Estas irregularidades no tienen relevancia alguna ni se acredita que hayan causado indefensión.

CUARTO.- Ya refiriéndose al acuerdo de derivación de responsabilidad subsidiaria ( artículo 43.1 a) LGT) se dice que no se concreta la negligencia que le es imputada como administradora societaria, y se remarca que el Juzgado Mercantil calificó el concurso de acreedores como fortuito.

Si dicho precepto señala que serán responsables subsidiarios "los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que, habiendo éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones. Su responsabilidad también se extenderá a las sanciones" la misma circunstancia de que la demandante fuera administradora de la sociedad que cometió la infracción y no conste que realizara los actos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones y deberes fiscales, es la base necesaria para la declaración de responsabilidad.

La demandante no alega que hiciera nada para impedir la comisión de las infracciones tributarias; es más, no niega que hubiera tenido conocimiento de lo esencial de las declaraciones tributarias y se muestra conforme con la calificación como inmovilizado de las parcelas enajenadas. De esto queda evidenciado que no actuó con diligencia en el ejercicio de su cargo de administradora para que se cumpliera la normativa fiscal.

QUINTO.- Las costas se imponen a la demandante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, limitadas a 3.000 euros.

Vi stos los artículos citados y demás de general aplicación, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sección séptima, ha dictado el siguiente