Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 389/2021 de 20 de diciembre del 2023

PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo se interpone por la representación de DON Calixto contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 16 de diciembre de 2020 dictada en la Reclamación económico-administrativa núm. NUM000, por la que estimándose parcialmente la misma, se anula la sanción impuesta y a la vez se desestima respecto de la liquidación practicada por el importe de 2.146.723,26 €, que por tanto se confirma, y derivadas ambas del Acta de disconformidad de la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de la AEAT de Cataluña, sede Barcelona, en relación al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2012.

SEGUNDO.- La recurrente solicita en su demanda la anulación tanto de la resolución del TEAC directamente impugnada como del acuerdo de liquidación del que la misma trae causa; esto es, " únicamente en el particular que confirma la liquidación por el concepto IRPF, ejercicio 2012, cuantía 2.146.723,26 €" -pues la resolución sancionadora había sido ya anulada-; y que, " en méritos de todo lo expuesto, la anule y deje sin efecto, declarando la improcedencia de la imputación de las ganancias patrimoniales no justificadas en el periodo impositivo 2012".

Se plantean en la demanda, dicho muy sintéticamente, las siguientes cuestiones:

1ª) Respecto a la imputación de la ganancia patrimonial no justificada que se habría puesto de manifiesto en el periodo impositivo 2012, se ha obligado a tributar al sujeto pasivo de manera arbitraria en la base liquidable general del IRPF de 2012, en aplicación del artículo 39.2 de la LIRPF, bienes poseídos y justificados en años prescritos, de manera que se " revive" la prescripción ganada bajo un argumento " nuevo" pese a que se trata de bienes poseídos desde hace décadas.

2ª) En cuanto a la imprescriptibilidad a la que se acoge el TEAC, ha de tenerse también en cuenta que la actora ha acreditado que los elementos patrimoniales se poseían con anterioridad al ejercicio 2011, debiendo aplicarse la normativa del IRPF vigente en dicho año, en el que en su caso procedería la regularización fiscal, tal y como se solicitó en su momento, rigiendo por tanto el artículo 39 conforme a la redacción entonces vigente, y sin que una vez regularizado fuese posible efectuar una nueva regularización respecto de dichos elementos en ejercicios posteriores.

3ª) En lo que hace a la renta declarada, si el contribuyente no dispusiera de prueba alguna sobre la prescripción -lo que no es el caso-, la Inspección hubo de integrarla en la base general del 2011, y por el hecho de no haberse presentado en plazo el modelo 720 no cabía la tributación como ganancia patrimonial no justificada en el año 2012 al entenderse que era renta declarada, pues un mismo hecho imponible no puede tributar dos veces por el mismo importe y concepto, siendo que la renta prescrita sería renta declarada lo que no significa que sea renta tributada, de suerte que la renta comprobada en el año 2011 por la Inspección y verificada que estaba prescrita debe considerarse como renta declarada a todos los efectos.

4ª) La interpretación del artículo 39.2 del IRPF debe realizarse de conformidad con el conjunto de la normativa tributaria y los principios constitucionales de capacidad económica y seguridad jurídica en cuanto a la prescripción.

Pues bien, la Abogacía del Estado, tras haber presentado inicialmente contestación a la demanda oponiéndose a las pretensiones deducidas, al final, como ha quedado reflejado en los antecedentes de hecho de esta sentencia, ha presentado escrito allanándose a las mismas en virtud de la autorización que le fue concedida por la Abogacía General del Estado, la cual asimismo acompaña. Y lo hace tras constatar que resulta improcedente la tributación correspondiente a los activos adquiridos en ejercicios afectados por la prescripción tributaria, en tanto resulta incompatible con el derecho de la Unión Europea que no se contemple la prescripción como un límite más al juego de la presunción de existencia de rentas ocultas, y también porque de los autos se deduce que se ha aportado prueba suficiente de que los bienes situados en el extranjero se financiaron con rentas obtenidas en ejercicios prescritos.

TERCERO.- Pues bien, el art. 75 LJCA dispone que los demandados podrán allanarse cumpliendo los requisitos exigidos en el apartado 2 del art. 74 y que, producido el allanamiento, el Juez o Tribunal, sin más trámites, dictará sentencia de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si ello supusiere infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso el órgano jurisdiccional comunicará a las partes los motivos que pudieran oponerse a la estimación de las pretensiones y las oirá por plazo común de diez días, dictando luego la sentencia que estime ajustada a Derecho.

En este caso, se cumplen los requisitos formales exigidos al Abogado del Estado para el allanamiento, puesto que ha acompañado autorización concedida por la Abogacía General del Estado para allanarse en el recurso contencioso administrativo que nos ocupa, sin que se aprecie que concurra una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico.

Procede, en consecuencia, estimar las pretensiones formuladas por la parte demandante en su escrito rector, anulando la resolución administrativa objeto de impugnación en este recurso, así como el acuerdo de liquidación del que la misma trae causa, y declararse a la vez -pues a ello también muestra su conformidad el Abogado del Estado- la improcedencia de la imputación de las ganancias patrimoniales no justificadas en el periodo impositivo 2012.

CUARTO. - En cuanto a las costas procesales, la decisión debe adoptarse partiendo de lo dispuesto en el artículo 139 LJCA, según la interpretación realizada por el Tribunal Supremo en sentencias del Pleno de 17 de julio de 2019 (recursos de casación 5145/2017 y 6511/2017), seguida en otras posteriores, como la de 30 de noviembre de 2020 (recurso de casación 6979/2019).

Conforme a esta interpretación, rige la regla objetiva del vencimiento que deriva de lo dispuesto en ese artículo, y, por consiguiente, en estos casos resulta procedente la imposición de costas, salvo criterio subjetivo del juzgador, quien habrá de atender a las circunstancias concurrentes en cada caso y quien, igualmente podrá también acudir al apartado 4 del artículo 139 LJCA y antes en el apartado 3 en moderación del criterio objetivo.

En el caso de autos considera la Sala que existen circunstancias que determinan la no imposición de costas a la Administración demandada, dado que, como hemos visto, se ha producido el allanamiento de la Administración demandada como consecuencia tanto de la sentencia del TJUE de fecha 27 de enero de 2022 (C-788/19), como, sobre todo de la sentencia dictada por la Sección 2ª de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2022 en recurso de casación número 1124/202.

VISTOS lo s artículos legales citados por las partes y demás de general y pertinente aplicación;