Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 795/2019 de 20 de julio del 2023

PRIMERO.- Se dirige este recurso contencioso administrativo contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC, en lo sucesivo), de 11 de junio de 2019, R.G 2233/2016, por medio de la cual se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución del TEAR de Cataluña de fecha 9.9.2015, que desestima a su vez, acumuladamente las reclamaciones económico administrativas con números de referencia 08/6279/12 y 08/14351/12, interpuestas frente a sendos acuerdos de la Delegación Especial de Cataluña de liquidación por Impuesto de Sociedades , ejercicios 2005 y 2008, de fecha 12.4.2012, derivados del acta de disconformidad nº A0272038365 y A0272039302.

La pretensión actora se sustenta, en esencia, en la existencia de prescripción del derecho de la Agencia Tributaria a liquidar, así como se opone a la regularización por los motivos de fondo empleados, alegando la existencia de gastos deducibles, discrepa en relación con el valor de adquisición de diversas fincas, sobre la imputación temporal del importe recibido como opción de compra, e integración en la base imponible del importe de venta de fábrica.

SEGUNDO.- El escrito de allanamiento de la Abogacía del Estado reconoce que ha prescrito el derecho de la Agencia Tributaria a liquidar la deuda tributaria, por considerar que ha transcurrido el plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras, conforme a lo dispuesto en el Art. 150 de la LGT, al considerar que el acta de Inspección no interrumpe las actuaciones inspectoras, no equivaliendo a una reanudación formal, conforme a la Jurisprudencia del Tribunal Supremo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, en lo que ahora importa, el demandado podrá allanarse, y producido el allanamiento el Tribunal dictará sentencia de conformidad con la pretensión del demandante, salvo si ello supusiere infracción manifiesta del ordenamiento jurídico.

Toda vez que el Abogado del Estado se ha allanado a la pretensión actora, siendo ésta la solución procedente y conforme a derecho, procede estimar la pretensión de la parte actora, anular la resolución administrativa recurrida, que no se ajustó al ordenamiento jurídico, apreciando la prescripción invocada por la actora.

TERCERO.- No procede hacer expresa imposición de costas, de acuerdo con el artículo 395.1º LEC.

En atención a cuanto se ha expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que nos confiere la Constitución Española,