Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 1633/2021 de 21 de diciembre del 2023

PRIMERO.- Sobre la Resolución recurrida.

El solicitante es nacional de Colombia. Afirma que se venía amenazada por un "grupo criminal" que operaba en el Departamento de Caldas. Dice que en 2008 conoció a su pareja había tenido problemas con la guerrilla y diferentes grupos criminales. Que vivieron en el BARRIO000 y las amenazas eran constantes para que vendieran droga y ocultasen armas. Que en 2014 se trasladaron a Bogotá donde persistieron las amenazas. En 2015 se trasladaron a Manizales volviendo a tener problemas con el mismo grupo criminal. Las amenazas eran continuas y llegaron a pegarles en su domicilio. Su pareja se vino a España y el que quedó. Él se fue a vivir con su madre, pero lo volvieron a localizar y amenazarle, por lo que decidió venir a España.

SEGUNDO.- Sobre cuestiones procesales.

A.- Se solicita la nulidad del procedimiento porque no hay informe de ACNUR y la decisión se ha tomado únicamente con base a la declaración.

Ahora bien, conforme se infiere del art. 34 de la Ley 12/2009, lo que se exige por la norma es la comunicación el ACNUR de la solicitud de asilo, trámite que se ha cumplido. No es necesario el informe, entre otras cosas, porque la representación de ACNUR es convocado a las reuniones de la Comisión. Por lo demás, no es necesario trámite de instrucción cuando se entiende que la declaración es suficiente para decidir y, en todo caso, tanto en vía administrativa como en vía jurisdiccional, si así lo estima la demandante, puede aportar y proponer las pruebas que estime oportuna, como así ha hecho.

TERCERO.- Sobre el derecho de asilo, la protección subsidiaria y la autorización para residir en España por razones humanitarias.

A.- Establece el art. 2 de la Ley 12/2009, de 13 de octubre del derecho de asilo y de la protección subsidiaria que: " El derecho de asilo es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos definidos en el artículo 3 de esta Ley y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados , hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967".

Y el art. 3 de la Ley 12/2009 que: " La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9".

La descripción realiza por el recurrente es genérica lo que le resta verosimilitud, pues hable de "guerrilla" y "criminales" sin mayor concreción, a lo que se une que no aporta prueba o indicio alguno que respalde la veracidad de lo alegado. En todo caso, del propio relato, parece inferirse que estamos ante hechos que, de ser ciertos, serían encuadrables en el ámbito de la delincuencia común, no obedeciendo a ninguna de las causas establecidas en la Convención. Por otra parte, la persecución procedería de agentes terceros y no nos consta que se denunciasen los hechos, desprendiéndose de la información disponible que las autoridades del país de origen no permanecen inactivas cuando se denuncian hechos como los descritos.

B.- Dispone el art. 4 de la Ley 12/2009 que: " El derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de esta Ley , y que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país de que se trate, siempre que no concurra alguno de los supuestos mencionados en los artículos 11 y 12 de esta Ley ".

Añadiendo el art. 10 de la citada norma que: " Constituyen los daños graves que dan lugar a la protección subsidiaria prevista en el artículo 4 de esta Ley : a) La condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material; b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante; c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno".

No existe en el país de origen una situación de violencia generalizada en los términos exigidos por la STJUE de 30 de enero de 2014 (C-285712).

C.- En cuanto a la autorización pare residir en España por razones humanitarias, no se prueba acto alguno del que pueda inferirse una especial vulnerabilidad del solicitante.

CUARTO.- Sobre las costas.

En cuanto a las costas, el art 139 LJCA, dispone que " En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho".

En el caso que nos ocupa, no apreciando dudas de hecho ni de derecho, procede imponer a las recurrentes el pago de las costas causadas en esta instancia.

Si bien la Sala considera procedente limitar la cantidad que, por todos los conceptos enumerados en el art 241.1 LEC, ha de satisfacer a la parte contraria la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima total de 1.000 euros - art 139.4 LJCA-.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación, la Sala dicta el siguiente