Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 1668/2021 de 22 de diciembre del 2023

PRIMERO.- Sobre la Resolución recurrida.

El solicitante manifiesta que en el año 2012 residía en Bogotá y que se ganaba la vida como carpintero. Que durante ese año sus hermanos Pablo y Paulino trabajaban en la fundación sin ánimo de lucro "Paz al arte" dedicada a ayudar a personas desplazadas y a trabajar con jóvenes que no querían se reclutados por la guerrilla.

El solicitante explica que el de forma habitual colaboraba como voluntario en dicha fundación los fines de semana.

Que por motivos relacionados con su trabajo sus hermanos comenzaron a recibir amenazas por parte de la guerrilla, molestos con la organización porque les impedía la captación de militantes entre los jóvenes. Explica que en un principio sus hermanos se mudaron a otro lugar de residencia para evitar problemas, pero que resultó inútil, por lo que finalmente tuvieron que huir del país.

Cuenta que cuando sus hermanos vinieron a España, él también empezó a recibir amenazas tanto por escrito como telefónicamente por parte de los mismos individuos que amenazaban a sus hermanos. Recuerda que en una ocasión vio que le estaban esperando en la esquina de su domicilio.

Que en seguida reconoció a uno de ellos como perteneciente a la guerrilla y que consiguió huir. Que acudió a la policía pero que no admitieron su denuncia alegando que no tenía pruebas ni testigos. Refiere que cuando habló con sus hermanos le aconsejaron que saliera del país en cuanto consiguiera el dinero.

SEGUNDO.- Sobre el derecho de asilo, la protección subsidiaria y la autorización para residir en España por razones humanitarias.

A.- A.- La motivación es consecuencia del derecho del recurrente a una resolución singularizada que analice de forma particular sus circunstancias y decida sobre la concesión o denegación del asilo y de la protección subsidiara. El derecho a una resolución de dicha naturaleza es una garantía que configura el estatuto jurídico del refugiado.

La Sala estima que, en el caso de autos, la Administración ha cumplido con la indicada garantía.

Como razona la STS de 31 de mayo de 2011 (Rec. 5394/2009 en relación con las solicitudes de asilo, " una jurisprudencia tan reiterada que hace ociosa la cita de resoluciones concretas ha dicho que la utilización de modelos normalizados, en que aparezcan ya incorporados determinados textos o argumentos de común aplicación, responde a una técnica de racionalización del trabajo que no puede calificarse apriorísticamente de reprobable, siempre y cuando dé respuesta a las cuestiones planteadas en el expediente, que es precisamente lo que en este caso ocurrió, pues aun siendo cierto que la resolución administrativa se sirve de algunos razonamientos redactados conforme a un formulario aplicado en otros casos, aun así, su conclusión es el fruto de un análisis y valoración específica de la situación personal del recurrente, plasmado en el informe desfavorable de la instrucción, obrante en el expediente administrativo, que sirvió de base para la denegación del asilo y a través de cuya lectura la parte recurrente ha podido tener cumplido conocimiento de las razones determinantes del rechazo de su solicitud; siendo cuestión distinta que al recurrente no le convenzan o no esté de acuerdo con ellas" . Doctrina reiterada en la STS de 30 de octubre de 2009 (Rec. 3576/2007 ).

Si ponemos esta doctrina en conexión con la descripción del contenido de la resolución es claro que se supera el test de motivación. Cumpliéndose con la garantía de derecho a un examen individualizado que posee los solicitantes de asilo y de su derecho a la defensa al conocer las causas de la denegación. La motivación también garantiza que la Administración no actúe de un modo arbitrario y en este caso, podrán compartirse o no las causas dadas por la Administración para justificar su decisión, pero no hay indicio alguno de decisión arbitraria.

B.- Establece el art. 2 de la Ley 12/2009, de 13 de octubre del derecho de asilo y de la protección subsidiaria que: " El derecho de asilo es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos definidos en el artículo 3 de esta Ley y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados , hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967".

Y el art. 3 de la Ley 12/2009 que: " La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9".

El relato del recurrente se encuentra ayuno de prueba o indicio alguno del que pueda inferirse su veracidad, resultando, además, en exceso genérico, pues habla de persecución por la "guerrilla", siendo incapaz de identificar al grupo perseguidor. Pero es que, esto es lo esencial, se refiere a hechos que, de ser ciertos, ocurrieron en el año 2012, habiendo cambiado la situación en Colombia desde dichas fechas. El recurrente trata se solventar dicho obstáculo hablando de amenazas telefónicas o afirmando haber visto a miembros de la guerrilla que muchos años después le perseguía, lo cual no resulta verosímil. Pero es más, procediendo la persecución de agentes terceros, no denunció los hechos a las autoridades de su país de origen, lo que resulta relevante, pues el asilo sólo puede concederse en estos casos cuando las autoridades del país no quieren o no pueden otorgar protección y la información disponible sobre el país de origen indica que las autoridades colombianas intentan conceder protección cuando se denuncian hechos como los descritos.

C.- Dispone el art. 4 de la Ley 12/2009 que: " El derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de esta Ley , y que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país de que se trate, siempre que no concurra alguno de los supuestos mencionados en los artículos 11 y 12 de esta Ley ".

Añadiendo el art. 10 de la citada norma que: " Constituyen los daños graves que dan lugar a la protección subsidiaria prevista en el artículo 4 de esta Ley : a) La condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material; b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante; c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno".

No existe en el país de origen una situación de violencia generalizada en los términos exigidos por la STJUE de 30 de enero de 2014 (C-285712).

D.- En cuanto a la autorización pare residir en España por razones humanitarias, no se prueba acto alguno del que pueda inferirse una especial vulnerabilidad del solicitante.

TERCERO.- Sobre las costas.

En cuanto a las costas, el art 139 LJCA, dispone que " En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho".

En el caso que nos ocupa, no apreciando dudas de hecho ni de derecho, procede imponer a las recurrentes el pago de las costas causadas en esta instancia.

Si bien la Sala considera procedente limitar la cantidad que, por todos los conceptos enumerados en el art 241.1 LEC, ha de satisfacer a la parte contraria la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima total de 1.000 euros - art 139.4 LJCA-.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación, la Sala dicta el siguiente