Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 1693/2021 de 22 de diciembre del 2023

PRIMERO.- Sobre la Resolución recurrida.

La Sra. Luz pone de manifiesto, en primer lugar, la situación acuciante que tuvo lugar en Venezuela, debiendo acudir al mercado negro para poder sobrevivir frente a la crisis y al escaso abastecimiento racionado de alimentos.

Su pareja, el Sr. Maite, trabajaba en el Ministerio de Abastecimiento y fue cesado por su ideología contraria al Gobierno, viéndose obligado a emigrar a Perú, donde también se estableció la solicitante una vez que reunieron el dinero suficiente para el pasaje de avión a España.

La solicitante permanece en Perú dos años. La solicitante manifiesta que la inseguridad en Perú era incluso mayor que en Venezuela, mencionando un robo a mano armada del que fue víctima durante el secuestro de un autobús en el que se encontraba. Aparte de la inseguridad, alega también el difícil acceso a medicación básica en Perú.

Por otro lado, alega haber trabajado en dos puestos de trabajo en Perú. El primero, como cajera en una cadena de supermercados, donde recibía un trato xenófobo y degradante por parte de la clientela. El segundo, como telefonista. En una ocasión tuvo una discusión telefónica con una usuaria que la vejaba por el hecho de ser venezolana. La violencia de este episodio provocó que la solicitante sufriera un aborto al momento de encontrarse en el sexto mes de gestación.

Al quedar nuevamente en estado la solicitante, deciden venir ella y su pareja a España huyendo de la xenofobia.

SEGUNDO.- Sobre el derecho de asilo, la protección subsidiaria y la autorización para residir en España por razones humanitarias.

Conviene precisar que en la demanda solo se solicita la concesión del derecho de asilo o, en su defecto, la pretensión subsidiaria, no se combate, por lo tanto, la denegación del derecho a la residencia por razones humanitarias, las cual no se solicita pese haber sido expresamente denegada.

A.- Establece el art. 2 de la Ley 12/2009, de 13 de octubre del derecho de asilo y de la protección subsidiaria que: " El derecho de asilo es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos definidos en el artículo 3 de esta Ley y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados , hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967".

Y el art. 3 de la Ley 12/2009 que: " La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9".

Del relato de la recurrente no puede inferirse la existencia de una persecución individualizada de suficiente entidad por alguna de las razones establecidas en la Convención. Lejos de ello, lo que se describe es la grave situación general existente en Venezuela: falta de medicamentos, abastecimiento, etc. Lo cual puede hacer comprensible su salida del país, pero no es causa de asilo.

B.- Dispone el art. 4 de la Ley 12/2009 que: " El derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de esta Ley , y que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país de que se trate, siempre que no concurra alguno de los supuestos mencionados en los artículos 11 y 12 de esta Ley ".

Añadiendo el art. 10 de la citada norma que: " Constituyen los daños graves que dan lugar a la protección subsidiaria prevista en el artículo 4 de esta Ley : a) La condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material; b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante; c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno".

No existe en el país de origen una situación de violencia generalizada en los términos exigidos por la STJUE de 30 de enero de 2014 (C-285712).

TERCERO.- Sobre las costas.

En cuanto a las costas, el art 139 LJCA, dispone que " En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho".

En el caso que nos ocupa, no apreciando dudas de hecho ni de derecho, procede imponer a las recurrentes el pago de las costas causadas en esta instancia.

Si bien la Sala considera procedente limitar la cantidad que, por todos los conceptos enumerados en el art 241.1 LEC, ha de satisfacer a la parte contraria la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima total de 1.000 euros - art 139.4 LJCA-.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación, la Sala dicta el siguiente