Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 1529/2021 de 24 de enero del 2024

1.- En el presente recurso se impugna la resolución del Subsecretario del Interior, por delegación del Ministro del Interior, de 15/06/2021 por la que se denegaba el Derecho de Asilo y la protección subsidiaria al recurrente. (Expediente: NUM000 NIE: NUM001).

Estamos ante un nacional colombiano (mujer, nacida el NUM002/1968), que formaliza la petición de protección internacional, estando en territorio español, el 17/09/2020.

La entrada en España se produce por vía aérea, vuelo directo desde COLOMBIA, el 24/07/2019 (pasaporte colombiano expedido el 21/11/2018).

La petición fue admitida a trámite y se instruye de conformidad con lo dispuesto en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria.

La solicitud fue notificada al ACNUR, que no emitió informe.

La CIAR, en la reunión celebrada el día 08/06/2021 contando con la asistencia de todos sus miembros y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), examinó la solicitud de Protección Internacional del ahora recurrente y acordó emitir propuesta desfavorable al reconocimiento de la condición de Refugiado y al derecho de Asilo, así como al derecho de la Protección Subsidiaria.

2.- El reconocimiento de la condición de refugiado está condicionado a la acreditación de que concurren las causas que se contienen en el artículo 1.A.2) de la Convención de Ginebra de 29 de julio de 1951, por remisión expresa del artículo 3.1 de la Ley reguladora del Derecho de Asilo 12/2009, y se concretan en la existencia de fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas en su país de origen. Acorde con tal exigencia, se resolverá favorablemente la solicitud de asilo cuando aparezcan indicios suficientes, según la naturaleza de cada caso, para deducir que el solicitante cumple con los anteriores requisitos (artículo 8 de la citada Ley). Y, en consecuencia, de ello se deriva que no procede la concesión del derecho de asilo, si no aparecen indicios suficientes sobre la existencia de fundados temores de ser perseguido, lo que acontece en el presente supuesto en el que tampoco se aprecian motivos relevantes que permitan acceder a la permanencia en España, procede desestimar el recurso.

Si bien para la concesión del derecho de asilo no se exige una prueba plena o absoluta de los hechos alegados por el peticionario en cuanto a que estos remitan a una persecución efectiva o temor fundado y racional de sufrirla por razones de raza, etnia, religión, pertenencia a un grupo social específico, u opiniones o actividades políticas, es necesario que, al menos, exista esa prueba indiciaria al caso concreto que permita superar la mera subjetividad del que se dice perseguido y cuya carga de aportación recae en el solicitante ( STS de 24 de febrero de 2010, RC 1156/2006 6 de mayo de 2014 (RC 2085/2013)).

El elemento subjetivo no es suficiente si no va acompañado de datos objetivos que puedan explicar y dar cobertura la existencia del temor a una persecución personal y actualizada, de manera que las meras declaraciones del solicitante no pueden ser consideradas como indicio suficiente de la persecución alegada, cuando carecen de todo punto de referencia o contraste. De ahí que el relato del solicitante deba gozar de un nivel de concreción que permita identificar una verdadera persecución, no siendo suficiente a tal efecto un relato vago y genérico que pudiera ser aplicable prácticamente a cualquier persona procedente del mismo país que el solicitante, o que carece de elementos de contraste y verificación que permitan apreciar su verosimilitud ( STS de 17 de mayo de 2011, RC 678/2008).

En cuanto al principio de prueba centrado en el relato del solicitante, cabe recordar que en STS, Sala 3ª, de 16 febrero 2009, se señala: << "(...) Debemos recordar también, como justificación de nuestra decisión, que, en la Sentencia de esta misma Sala y Sección del Tribunal Supremo de fecha 2 de enero de 2009 (recurso de casación 4251/2005 ), hemos declarado que la Directiva europea 83/2004, de 29 abril , sobre normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida, en su artículo 4.5 dispone que «Si las declaraciones del solicitante presentan aspectos que no están avalados por pruebas documentales o de otro tipo, tales aspectos no requerirán confirmación si se cumplen las siguientes condiciones: a) el solicitante ha realizado un auténtico esfuerzo para fundamentar su petición; b) se han presentado todos los elementos pertinentes de que dispone el solicitante y se ha dado una explicación satisfactoria en relación con la falta de otros elementos pertinentes; c) las declaraciones del solicitante se consideren coherentes y verosímiles y no contradigan la información específica de carácter general disponible que sea pertinente para su caso; d) el solicitante ha presentado con la mayor rapidez posible su solicitud de protección internacional, a menos que pueda demostrar la existencia de razones fundadas para no haberla presentado así; e) se ha comprobado la credibilidad general del solicitante»".>>

Estamos actuando sobre la base de un relato que no soporta los mínimos estándares en cuanto al temor de persecución reclamado en la situación actualizada del país del que se dice ser nacional.

Resumidamente, al solicitar la protección internacional, manifiesta que:

La solicitante ha vivido y trabajado con un negocio de venta de telefonía y accesorios en la ciudad de Bogotá, en un primer momento con sus hermanas y desde el año 2003 con su actual pareja Victorio.

Al estar al cargo de sus negocios ha sido víctima en multitud de ocasiones de las extorsiones económicas que en Colombia realizan los diferentes grupos delincuenciales.

Fue víctima de amenazas, y agresiones por parte de estas personas teniendo que mudarse en varias ocasiones y cerrar sus negocios.

Preguntada para que diga si es su deseo manifestar algún hecho en concreto que le haya ocurrido de manera individual manifiesta que fue víctima de las extorsiones en multitud ocasiones, pero es su deseo relatar que en el año 2003 estando embarazada llegaron a ponerle un arma en la cabeza, como no tenía dinero para entregar, se llevaban los teléfonos, algo que le dejó marcada para siempre.

En el año 2019 y ya con sus negocios cerrados fueron víctimas de otra de estas extorsiones en su domicilio, en la que les dijeron que sabían que tenían locales en propiedad y les pidieron diez millones de pesos amenazando a toda la familia de matarles si no pagaban.

La solicitante había pensado que con el cierre de sus negocios el problema se había terminado pero no era así, es por lo que por miedo a lo que les pudiera ocurrir, deciden abandonar Colombia y venir a España, ya que su pareja tenía toda su familia aquí.

Preguntada para que diga si es su deseo añadir algo más manifiesta que sí, que para ella ha sido muy duro tener que dejar en su país al resto de su familia, sus padres, sus otras hijas, pero vivía atemorizada.

Se aporta relato mecanografiado del siguiente tenor:

" RELATO: Mi negocio comercial de celulares y sus accesorios lo abrí en el año 1999 junto a mis hermanas en DIRECCION000 en centro comercial renovación local NUM003 un comercio muy nombrado en Bogotá; todo estaba bien hasta que comenzaron las extorsiones, primero con dinero y luego con los equipos celulares, ya que yo no accedía a seguir entregándoles dinero y mercancía y esto era bastante complicado por los requisitos legales que esto implicaba al obligarme hacer fraudes de titularidad de estas líneas telefónicas. Iniciaron cada mes, pero se fueron repitiendo más continuamente, las groserías y amenazas con armas de fuego se fueron incrementando hasta que ya no me fue posible seguir con mi negocio y tuve que cerrar que era mi única fuente de ingresos para sostener a mi familia que constaba de mis dos hijas mayores y mi madre, puesto que yo era madre cabeza de hogar. En este lapso nos conocimos con mi pareja actual Victorio formando mi nueva familia, al estar en embarazo era muy estresante y entregué el local en el 2003 dejando a mis hermanas sin empleo y yo me encargué de mi bebé por los meses correspondientes a la maternidad. Regresé a trabajar con mi pareja al negocio del mismo DIRECCION000 pero en otro centro comercial allí también lo extorsionaban con amenazas más fuertes al conocer que éramos pareja, hasta llegar al punto de dejar el local cerrado para venderlo, pero no fue posible por la misma situación, esto sucedió en el año 2014 y desde esa época me dediqué enteramente a ser ama de casa y cambiándonos de domicilio varias veces por ser declarados objetivos esto significaba que por negarnos a colaborar con dinero no podíamos regresar al comercio siendo víctimas de persecución e intimidación considerado como desplazamiento urbano, y en la última de las dos veces que nos ubicaron también llegaron a amenazarnos con arma de fuego y golpearon a mi esposo nos dicen que si no accedemos a lo que nos digan, las niñas van a correr riesgo nos cogieron en la casa que vivíamos a las afueras de Bogotá para que no nos encontraran obligándonos a darles un dinero para que nos dejaran tranquilos (5 Millones) le toco a mi esposo irse con ellos a un cajero a completarles eso pues habían pedido el doble, en ese momento tomamos la decisión de venirnos para España, con mucho dolor por dejar gran parte de mi familia, pero con la tranquilidad de poderles dar un futuro más estable y sobre todo seguro a nuestras hijas, también porque mi esposo tiene algunos de sus hermanos aquí y nos dan su apoyo incondicional . 8

El relato ofrecido al solicitar la protección internacional, de ser cierto, remite a actos de delincuencia común, supuestamente ocurridos, en fechas no concretadas, en COLOMBIA, imputables, en todo caso, a terceros agentes no estatales y que no constan denunciados en origen. Si no se denuncian los hechos en origen, difícilmente se puede sostener una dejación/tolerancia institucional/gubernamental en los mismos. Las autoridades colombianas no podían proteger a los solicitantes si eran desconocedoras de tales hechos.

Las supuestas extorsiones con el fin de colaborar con la organización criminal en sus fines ilícitos no remiten a un perfil relevante del recurrente como activista político-social y los hechos de amenaza y extorsión económica son encuadrables en actos de delincuencia común, dentro de la necesidad que tienen esos grupos delincuenciales de dotarse de medios económicos y personales en los fines que persiguen de control social y económico, actos indiscriminados en cuanto a las personas víctimas de los mismos, no consentidos o alentados por las autoridades de origen. No existe una característica que individualice a la recurrente frente al resto de personas susceptibles de ser extorsionadas. En este sentido tan amplio, estaría incluido cualquier individuo que contara con poder adquisitivo suficiente para efectuar el pago y cuya capacidad económica fuera identificable por sus conciudadanos. Estaríamos ante una masa de población indeterminada pero ingente cuyo elemento en común sería tan sólo disponer de recursos económicos. Sin embargo, ello no es suficiente para dotar a ese colectivo de la naturaleza de grupo social determinado al no contar con una característica innata o fundamental para su identidad o conciencia, tal y como exige el artículo 7.1.e) de la Ley 12/2009, de 30 de octubre.

Vemos que el recurrente sale de su país por vía aérea con su propio pasaporte sin obstáculo alguno de las autoridades colombianas y que no se aporta denuncia alguna en origen que remita a los relatados al solicitar la protección internacional. Además, no se solicita protección internacional de forma inmediata a la llegada a España, en frontera, ni acto seguido de la entrada, algo incongruente e injustificado si se viene a defender una huida de una situación acuciante y grave de persecución personal actualizada y la decisión ya tomada, antes de la partida, de solicitar protección internacional.

Este cúmulo de circunstancias resta credibilidad al relato y permite considerar que la protección internacional se está instrumentalizando para fines que no le son propios, como medio de evitar su expulsión de territorio español ante las dificultades para regularizar la situación en el marco de la normativa de extranjería, y avalan la inexistencia de un riesgo cierto en el retorno al país de origen.

Con base al relato ofrecido, relato meramente redundante en hechos de general conocimiento, situación generalizada de inseguridad, ha de descartarse el temor de persecución reclamado amparable en la Convención de Ginebra y la Ley reguladora del Derecho de Asilo 12/2009, en el particular de la recurrente, en el marco de la situación actualizada del país del que es nacional.

Así la S. TS de 15/02/2016, REC 2821/2015, que confirma la denegación de la solicitud de asilo de un nacional de El Salvador, determinó que:

<< " (...) aún sentado que la persecución a cargo de agentes no estatales puede alcanzar el nivel de una persecución protegible que da lugar a la protección internacional, en todo caso, como se indica en la Sentencia de 19 de diciembre de 2008 (RC 4407/2005 ) , "esta doctrina general debe ser necesariamente puesta en relación con las específicas circunstancias de cada solicitante de asilo, dado el carácter fuertemente casuístico de esta materia"; pues, ciertamente, incluso en los casos en que se advierte la existencia de actos de persecución imputables a agentes distintos de los estatales, el dato relevante para dar lugar a la concesión de la protección internacional es si puede considerarse suficientemente acreditada una situación de aquietamiento, pasividad, desidia o impotencia de las autoridades de su país a la hora de investigar los hechos y otorgarle protección.

En definitiva, cuando el solicitante invoca una persecución a cargo de bandas, grupos o estructuras no estatales, le corresponderá justificar - al nivel indiciario requerido en esta materia según constante jurisprudencia- que ha sufrido actos de persecución (en el sentido del artículo 6 de la Ley de Asilo 12/2009 ); que esos actos de persecución traen causa de, o hacen referencia a motivos de persecución protegibles ( artículos 3 y 7 de la misma Ley ), esto es, por fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual); y que las autoridades estatales no quieren o no pueden proporcionar una protección eficaz frente a tales actos."&g t;>

Lo anteriormente expuesto permite descartar igualmente una protección subsidiaria ya que del relato de la solicitante no se deduce la posibilidad de que sufran la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material, ni tampoco se identifica un riesgo de tortura o tratos humanos o degradantes en el caso de retorno a su país de origen sin que pueda afirmarse que exista una situación de conflicto armado internacional o interno en origen ( art. 4 y 10 de la Ley de 12/2009) o la permanencia por razones humanitarias ( art. 46.3 de la Ley 12/2009).

La situación de violencia que existe en algunas zonas de Colombia no se extiende a la totalidad del territorio de dicho país, ni afecta a toda la población por lo que no puede aceptarse que exista una situación de violencia generalizada asimilable a la de conflicto armado que determine que, en caso de volver, su vida corra peligro sólo por el hecho de encontrarse en Colombia.

Las razones humanitarias, según los términos establecidos en la Ley, aun cuando se interprete la expresión ampliamente, deben ser suficientemente precisas en relación con la situación personal del interesado y la situación del país de origen o procedencia - dimensión subjetiva de la vulnerabilidad -, pues no atienden a razones de humanitarismo imprecisas o genéricas y sobre la base de que la protección internacional y la permanencia temporal por razones humanitarias no se construyen sobre el derecho a estándares de vida en la comparativa del país de acogida frente a los del país de procedencia, siendo que las razones alegadas son las mismas que las hechas valer con carácter genérico para pedir la protección internacional ya sea el asilo o la protección subsidiaria y siendo que la recurrente no responde, a ninguna situación personal que le haga sujeto de especial vulnerabilidad en relación a la situación actual del país de origen (mujer, mayor de edad, en plena capacidad laboral), y sin perjuicio de las posibilidades en el marco de la legislación de extranjería con base al arraigo que puedan haber obtenido en España (cuestión ajena a la presente litis).

En estas condiciones, resulta ajustado a Derecho que la Administración, haya denegado la solicitud de protección internacional, sin oposición alguna por parte de ACNUR y siendo cuestión ajena a la presente litis el sí a la recurrente se le entregó o no la documentación acreditativa de su condición de solicitante de asilo (el folio 1 del expediente evidencia lo contrario) ya que en caso contrario la podía y debía haber reclamado ante quién corresponda.

3.- Por todo ello, procede, de conformidad con el art. 139.1 LJCA, la imposición de las costas al/ a los/las recurrente/s (de ser varios, en partes iguales), costas que la Sala, haciendo uso de las facultades establecidas en dicho precepto y atendiendo a las circunstancias del caso, establece en la cantidad máxima, por todos los conceptos, de 1.500 euros, más IVA si se devengase, a favor de la Administración demandada y sin perjuicio de supeditar este pronunciamiento sobre costas a los efectos derivados de la condición de beneficiaria/o/s de la asistencia jurídica gratuita si es que se hubiera solicitado y obtenido.