Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 1716/2021 de 24 de octubre del 2023

PRIMERO. - CUESTIÓN PLANTEADA.

El solicitante, ciudadano de la República de Colombia presentó su solicitud de protección internacional en fecha 25 de febrero de 2020, con fundamento en haber sido sometido a amenazas por parte de un grupo paramilitar denominado La Empresa, cuando acudió al barrio Marroquín-1, en la ciudad de Cali para visitar a una tía suya y fue interceptado por dos individuos que le reconocieron, relacionándole por unos hechos anteriores en que murieron varios de sus familiares. Afirma haber sido sufrido dos disparos errados, que motivaron que se refugiase en un primer momento en el domicilio de un familiar para a continuación huir a Ecuador, país en el que manifiesta no haber tenido sensación de seguridad. En el expediente se incorporaron relato manuscrito del solicitante, denuncias por las amenazas sufridas, escritos de la Fiscalía, Denuncias en Ecuador, Declaración de la víctima en el Consulado Colombiano de Quito, noticia muerte de su amigo Florian, Noticia de la muerte de 7 jóvenes y resoluciones de "Todos por un nuevo país "en el que se le incluía como víctima a él y a su familia , reconociendo el hecho de desplazamiento forzado, junto con certificados de la Policía Nacional, en el que se le concede la solicitud de la medida de protección y recortes de periódico de los amigos asesinados.

SEGUNDO. - VALORACIÓN DE LA SALA.

En cuanto a la falta de motivación de la resolución recurrida, debemos señalar que si bien es cierto que la misma reproduce literalmente el contenido de otras muchas que tienen por destinatarios a ciudadanos colombianos, con toda seguridad debido a la masificación experimentada en el ámbito de la protección internacional, esto no impide conocer las razones para denegar la condición de refugiado, sin perjuicio de admitir que son susceptibles de crítica por su carácter genérico, en la medida en que no descienden en toda su extensión a la situación del recurrente, en el sentido de no contener referencias más precisas a la situación en el Valle del Cauca

Esto no significa que la Sala se vea obligada a estimar el recurso, pues lo cierto es que la resolución sí narra la situación experimentada por la sociedad colombiana a raíz del proceso de estabilización política iniciado en el año 2003 con la firma del Acuerdo de Ralito, que conduce al progresivo cese de hostilidades entre grupos armados , y como consecuencia, a la conversión de muchos de estos en simples entes armados al servicio de una lógica criminal de subsistencia, sin pretensiones de toma de poder político.

Partiendo de estos hechos, sin entrar por ahora en la veracidad de los hechos denunciados o en la verosimilitud del relato, la Sala entiende que no es posible estimar el recurso, de atenerse estrictamente a los términos en que se demanda protección internacional del Reino de España, empezando por decir que la parte recurrente no refiere ser objeto de persecución ni se atribuye la condición de perseguida, tal como exige la legislación de asilo. La condición de refugiado, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género, orientación sexual o de identidad sexual, circunstancias subjetivas ausentes en la narración formulada, con la consecuencia de que el perfil del recurrente no excede del propio de simples ciudadanos envueltos en un clima de inseguridad, que en todo caso no es negado por la Administración española.

Hacemos esta afirmación siendo conscientes de que el recurrente puso de manifiesto en el expediente su negritud y la importancia de esta circunstancia como razón de ser de los problemas de seguridad padecidos, sin embargo, la Sala carece de datos que permitan dar por sentada esta relación.

Si quien recurre no reúne los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidos como refugiados, su petición sería merecedora, como máximo, de la denominada protección subsidiaria, de acreditarse motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen se enfrentarían a un riesgo real de sufrir graves daños en integridad física.

Peticiones de esta naturaleza jurídica se basan en la posibilidad sufrir un "daño grave" en caso de regresar, al existir una situación de amenazas graves contra "la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno" - art 10.c) de la Ley 12/2009.

Es obligado, a la hora de interpretar el concepto de "violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno" se remite la doctrina contenida en la STJUE de 30 de enero de 2014 (C-285/12), recordando que el Alto Tribunal , al interpretar este concepto, atiende "al sentido habitual de éstos en el lenguaje corriente, teniendo también en cuenta el contexto en el que se utilizan y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forman parte ( Sentencia de 22 de diciembre de 2008, Wallentin-Hermann, C549/07, Rec. p. I-11061, apartado 17, y de 22 de noviembre de 2012, Probst, C-119/12, apartado 20)", para concluir que debe entenderse por "conflicto armado interno...una situación en la que las tropas regulares de un Estado se enfrentan a uno o varios grupos armados o en las que dos o más grupos armados se enfrentan entre sí.

Es nuestra opinión que Colombia, incursa en un proceso de paz tras la desmovilización de buena parte de la guerrilla, no es actualmente el escenario de un conflicto armado, por más que sí experimente un problema grave de seguridad, por la existencia de formas de criminalidad organizada, que se traducen en índices de delincuencia respetables ,dada la existencia de un proceso de estabilización política de la sociedad colombiana, unido a la presencia del Estado como fuente de autoridad que proporciona , o lo intenta ,seguridad policial a la ciudadana. En la resolución recurrida se expone, sin que tengamos que dudar de la certeza de los datos expuestos que " el Gobierno de Colombia ha desarrollado medidas específicas bajo el marco de las Directivas 15 y 16 del Ministerio de Defensa Nacional del año 2016. A partir de Mayo de 2016, los GAO pasan a ser combatidos por las Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) mediante la Directiva 015, impartida por el Ministerio de Defensa Nacional, dándole facultades para atacar estos grupos como si fueran insurgentes, incluyendo bombardeos a campamentos de estas organizaciones; anteriormente, el combate a estos grupos criminales era exclusivo de la Policía Nacional. Esta directiva solo aplica a los Grupos Armados Organizados (GAO), siempre y cuando la Policía o la Fiscalía colombiana así lo requieran. Así mismo, la Directiva 017 de 2017 autorizó a las Fuerzas Militares atacar a los Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR). Aunque la capacidad de las autoridades colombianas pueda estar limitada, debido a la falta de presencia en algunas zonas y puntuales casos de corrupción, han sido desarrollados sistemas de protección nacional de las potenciales víctimas para la población. Así, desde el año 2014 continúa la tendencia a la baja en el número de municipios identificados con presencia de actividades narcoparamilitares. Ello es debido, principalmente, a la implementación de la Ley de Justicia y Paz, la acción de la fuerza pública, en especial la estructura militar, para combatir a los grupos armados organizados ".

Y es criterio dominante de esta Sala que en Colombia ni la policía permanece inactiva ante este tipo de actuaciones delictivas ni padece una situación de violencia generalizad que justifique el otorgamiento de protección subsidiaria - SAN (2ª) de 23 de septiembre de 2022 (Rec- 177/2020 ) y 4 de marzo de 2022 (Rec. 1623/2020 ).

Si hoy en día Colombia dista de ser un Estado incapaz de proporcionar seguridad a sus nacionales, aunque esta función estatal se cumpla imperfectamente, la presunción de que debemos partir, no desvirtuada por la recurrente, es que cualquier amenaza contra su vida o integridad es susceptible de ser atendida y resuelta por las autoridades policiales, en contravención de lo dispuesto en el artículo 13 c) de la Ley de Asilo.

TERCERO. - COSTAS PROCESALES.

En cuanto a las costas, el art 139 LJCA, dispone que " En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho".

En el caso que nos ocupa, no apreciando dudas de hecho ni de derecho, procede imponer a las recurrentes el pago de las costas causadas en esta instancia.

Si bien la Sala considera procedente limitar la cantidad que, por todos los conceptos enumerados en el art 241.1 LEC, ha de satisfacer a la parte contraria la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima total de 1.000 euros - art 139.4 LJCA-.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación, la Sala dicta el siguiente