Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 1296/2020 de 24 de octubre del 2023

PRIMERO. - Es objeto del presente recurso contencioso administrativo la Resolución de fecha 14 de julio de 2020 del Tribunal Económico Administrativo Central, recaída en el Recurso 00-01023-2017, por la que se estima en parte el recurso de alzada formulado contra la Resolución del Tribunal Regional de Andalucía de 29 de septiembre de 2017 (reclamación NUM000), desestimándose la pretensión de anulación del canon de 2011 (primera anualidad).

SEGUNDO. - La parte recurrente consideró que Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 14 de julio de 2020 objeto del presente recurso contencioso y las Resoluciones de 29 de diciembre de 2014 de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (BOP de Sevilla de 21 de enero de 2015) aprobaron, entre otros, la primera anualidad de 2011 del canon de regulación correspondiente al Sistema de Regulación General de la Cuenca del Guadalquivir.

Entendió la demanda que los cánones de regulación y tarifas de utilización del agua para el año 2011 y la resoluciones impugnadas son contrarias al Ordenamiento jurídico por aprobar cánones y tarifas con eficacia retroactiva, contraviniendo los artículos 296, 300, 303, 307 y 310 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril y el art. 57 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LPAC).

Los criterios para liquidar el canon de 2011 fueron aprobados el 29 de diciembre de 2014 y publicados el 21 de enero de 2015, confiriéndole la Administración una eficacia retroactiva, proscrita por el art. 57 LPAC para los actos administrativos. Por tanto, nos encontramos ante una resolución nula.

El Abogado del Estado planteó el allanamiento parcial en relación a la pretensión de declaración de nulidad de la Resolución aprobatoria de la primera anualidad del canon de 2011 y ello por entender que el interesado no impugna en el presente proceso los concretos actos de liquidación girados a su cargo por razón de la primera y segunda anualidad de 2011 y, resulta obvio que en el suplico de la demanda el recurrente no pide la anulación de las liquidaciones.

La argumentación del allanamiento se refirió a que "Que a la vista de la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2021, que estima el recurso de casación nº 6712/2019, interpuesto contra la sentencia de esta Sala de 12 de junio de 2019, dictada en el recurso nº 50/2018 y referida a idénticos actos administrativos originarios que los aquí impugnados, considerando que el supuesto de autos no suponía una prórroga del canon y tarifa sino de aprobación retroactiva, entiende esta parte que las resoluciones aquí impugnadas quedan sin fundamento. Que, como resulta de la resolución del TEAC y del escrito de demanda, el allanamiento se ciñe a la primera anualidad de 2011 y sólo en lo que afecta a la recurrente".

TERCERO. - En el presente recurso solo fue objeto de impugnación la resolución del TEAC aprobatoria del canon de 2011 (Primera Anualidad) que se identifica al inicio de la presente sentencia.

En el recurso 1774/2020 se impugna la liquidación nº NUM001, Expediente nº NUM002, de fecha 29 de septiembre de 2015, en lo referido a la parte correspondiente a la 1ª anualidad de 2011 del canon de regulación correspondiente al Sistema de Regulación General de la Cuenca del Guadalquivir.

Por lo tanto, el allanamiento del Abogado del Estado debe considerarse total puesto que no ha sido objeto de este recurso, en ningún caso, ninguna de las liquidaciones que pueden haberse girado.

CUARTO. - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , no procede efectuar expresa imposición de costas procesales de esta instancia a ninguna de las partes y ello dado que ha sido necesario el pronunciamiento de diversas sentencias para fijar un criterio claro sobre las razones de la anulación de la resolución recurrida.