Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 1738/2021 de 25 de enero del 2024

PRIMERO.- Sobre la Resolución recurrida.

Se trata de un grupo familiar, pero en realidad la solicitud se fundamenta en la situación de la persona nacional de Venezuela. Relata que en 2016 trabajaba para el Gobierno y denunció las irregularidades que veía. Que fue amenazada de muerte por sus jefes y abandonó el partido. Que una vez que lo abandonó dejó de tener acceso a los productos de primera necesidad, por lo que decidió abandonar el país. Se fue a Argentina, donde conoció a su marido -de nacionalidad argentina, se casaron en abril de 2019, teniendo un hijo -nacido en NUM000 de 2019-. Que las amenazas desde Venezuela continuaban, por lo que decidió salir del país y venir a España en noviembre de 2019.

SEGUNDO.- Sobre el derecho de asilo, la protección subsidiaria y la autorización para residir en España por razones humanitarias.

A.- Establece el art. 2 de la Ley 12/2009, de 13 de octubre del derecho de asilo y de la protección subsidiaria que: " El derecho de asilo es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos definidos en el artículo 3 de esta Ley y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados , hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967".

Y el art. 3 de la Ley 12/2009 que: " La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9".

Como se infiere del propio relato de la recurrente, de ser cierto su relato, el motivo por el que salió de su país, no fue la existencia de una persecución por parte de las autoridades de su país, sino por no tener acceso a la situación de productos de primera necesidad. No se describe una situación de persecución individualizada. Pero es que la recurrente ha vivido en Argentina varios años sin que nos conste que haya solicitado asilo en dicho país, que es un país firmante de la Convención, no explicando las razones por las que no solicitó asilo en dicho tiempo, lo que resta credibilidad a su relato. Repárese en que la solicitante contrajo matrimonio con un nacional de dicho país y ha tenido un hijo en el mismo, por lo que en principio tenía arraigo y estaba integrada en un país seguro. Ciertamente dice que salió del país por recibir unas "amenazas", pero que no acredita ni denunció.

No hay pues razones para conceder el asilo.

B.- Dispone el art. 4 de la Ley 12/2009 que: " El derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de esta Ley , y que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país de que se trate, siempre que no concurra alguno de los supuestos mencionados en los artículos 11 y 12 de esta Ley ".

Añadiendo el art. 10 de la citada norma que: " Constituyen los daños graves que dan lugar a la protección subsidiaria prevista en el artículo 4 de esta Ley : a) La condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material; b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante; c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno".

No existe en el país de origen una situación de violencia generalizada en los términos exigidos por la STJUE de 30 de enero de 2014 (C-285712), ni en Venezuela ni mucho menos en Argentina donde residió varios años.

C.- En cuanto a la autorización pare residir en España por razones humanitarias, no se prueba acto alguno del que pueda inferirse una especial vulnerabilidad del solicitante. Pues como se dice en la Resolución la solicitante lleva tres años residiendo en Argentina, sin que pruebe o acredite problema alguno, citando unas genéricas "amenazas", sin mayor especificación que no resultan verosímiles.

TERCERO.- Sobre las costas.

En cuanto a las costas, el art 139 LJCA, dispone que " En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho".

En el caso que nos ocupa, no apreciando dudas de hecho ni de derecho, procede imponer a las recurrentes el pago de las costas causadas en esta instancia.

Si bien la Sala considera procedente limitar la cantidad que, por todos los conceptos enumerados en el art 241.1 LEC, ha de satisfacer a la parte contraria la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima total de 1.000 euros - art 139.4 LJCA-.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación, la Sala dicta el siguiente