Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 11/2022 de 28 de noviembre del 2023

PRIMERO.- Se interpone el presente recurso de apelación contra la Sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 2 que desestimó el recurso contencioso contra una resolución del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por la que se imponía a la ahora apelante una multa de 56.200 euros por infracción grave del artículo 116.3.f) del Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, que sanciona "Los vertidos que puedan deteriorar la calidad del agua o las condiciones de desagüe del cauce receptor, efectuados sin contar con la autorización correspondiente" así como el 317 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico; le impone, además, la obligación de indemnizar los daños causados que valora en 23.107 euros.

La sentencia apelada recoge los hechos que considera relevantes para la resolución del recurso, consistentes en la realización de vertidos de aguas residuales al río Caliente, en el término municipal de Jabugo (Huelva), lo que no es discutido por la parte que concreta su oposición en el cálculo del caudal del vertido y en la vulneración del principio de culpabilidad; pues bien, en los Fundamentos de derecho Tercero y Cuarto, respectivamente, la sentencia da respuesta a ambas alegaciones detallando, respecto de la primera, los elementos que ha tenido en cuenta para realizar esa estimación, con base en el informe denuncia y es irrelevante a estos efectos la consideración o no como prueba pericial, pues aunque formalmente sólo merezca ese carácter la practicada en sede judicial, el contenido del informe técnico cuya objetividad destaca la sentencia, no ha sido desvirtuado por prueba alguna de contrario no siendo válido a estos efectos la comparación con el contenido de otros expedientes sancionadores anteriores cuyas circunstancias no son las mismas que el objeto del recurso. Sobre la determinación del caudal del vertido la sentencia se basa en el informe, donde se explica con detalle la forma en que se ha calculado, partiendo de los resultados de las Actas de constancia y toma de muestras levantadas en las fechas que indica y el carácter continuado de los vertidos, en atención a lo dispuesto en el artículo 326 ter.1 a) del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, cálculo que el Juzgador de instancia estima correcto, sin que las alegaciones formuladas en este recurso alcancen a desvirtuar esta conclusión, máxime cuando no se basan en pruebas que demuestren la existencia de error manifiesto en la resolución, ignorado por el Juez quien explica las razones por las que considera ajustada a derecho la resolución impugnada en la instancia.

En cuanto a la ausencia de culpabilidad porque la competencia pertenece a la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Sala ha declarado en numerosas ocasiones (St de 26 de abril de 2023, R. 1675/2021, que cita otras anteriores), que "el art. 25.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, prevé que el servicio de alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales es una competencia municipal, y que también lo es la titularidad de los vertidos, sin perjuicio de los auxilios que otras Administraciones Públicas puedan prestar a la Administración Local. Dispone el citado precepto, que el municipio ejercerá en todo caso competencias propias en materia de " abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales". Y, el art. 25.2.l de la citada Ley, establece que es competencia municipal "suministro de agua... recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales".

Pues bien, en el informe del Servicio de Calidad de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de 25 de septiembre de 2020, que se recoge en la resolución sancionadora, se dice: " A este respecto y sin perjuicio del informe jurídico que se elabore sobre este punto, se informa que, según el artículo 25.2.c de la Ley 7/1985, de 2 de abril , de Bases de Régimen Local, el Servicio de Alcantarillado y tratamiento de las Aguas residuales es una competencia municipal. Por tanto, este Servicio entiende que el responsable de los vertidos y de las condiciones en que éstos se realizan es el Ayuntamiento (o Consorcio en el que estén legalmente delegadas las competencias) con independencia de las labores de auxilio técnico o económico que otras Administraciones puedan prestarle.

Igualmente, el hecho de que la Junta de Andalucía asuma las competencias de elaboración, ejecución y contratación de los proyectos de colectores e instalaciones, mediante la firma de un convenio, no exime al titular del vertido de la responsabilidad de cumplir con la normativa vigente".

Por otro lado, en nuestra Sentencia de 14 de octubre de 2021 -recurso nº. 1.136/2019-, en que la parte recurrente era el Consorcio para el desarrollo de la Vega Sierra Elvia, dijimos al respecto, y que recogemos en la anteriormente citada Sentencia de 16 de marzo de 2023 -recurso nº. 602/2021-: < esta misma Sala y Sección en las SSAN de 2 de febrero de 2018 (Rec. 725/2016 ) Y de 31 de mayo de 2019 (Rec.161/2017 ), entre otras, también en supuestos similares de sanción por vertidos al dominio público hidráulico, en los que el Ayuntamiento sancionado consideraba que la responsabilidad del vertido correspondía a otra Administración.

Sentencias en las que razonábamos que: "La demora en la construcción de la nueva depuradora que, a juicio del Ayuntamiento recurrente, es responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente no puede comportar la falta de culpabilidad del Ayuntamiento, pues lo cierto es que cualquiera que sea la infraestructura de la que se disponga, las Entidades locales tienen atribuida la competencia para la recogida y tratamiento de residuos y tratamiento de aguas residuales, según dispone el artículo 25.2.c ) y 26.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril , de Bases de Régimen Local y artículo 7 del Real Decreto 484/1995, de 7 de abril .

En este sentido, los documentos acompañados (...), no sustraen del ámbito municipal las competencias que legalmente tiene atribuidas, siendo cuestión distinta las fórmulas de colaboración entre las distintas Administraciones, que lejos de alterar el diseño de competencias se cimienta sobre el mismo. En consecuencia, la falta de planificación o previsión para el tratamiento de aguas residuales, así como los acuerdos con otras Administraciones no permiten al Ayuntamiento recurrente incumplir las previsiones de la Ley de Aguas, sustrayéndose al régimen sancionador que diseña, ni configurar el supuesto de fuerza mayor que se alega en el escrito de demanda". En el mismo sentido, se pronuncia la Sentencia de esta Sección de 24 de enero de 2014 -Rec. 28/2012 - [...]»

En definitiva el artículo 31 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local para Andalucía , establece como servicio público básico y, por tanto, de prestación obligatoria en todos los municipios de la Comunidad Autónoma, todos los servicios enumerados en el artículo 92.2 d) del Estatuto de Autonomía de Andalucía, entre los que se encuentra el tratamiento de aguas residuales. Asimismo, el artículo 25.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL ) prevé que el municipio ejercerá competencias "en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas" sobre "evacuación y tratamiento de aguas residuales", por lo que también tal pretensión de la demanda ha de ser rechazada>>.

Por tanto, el hecho de que la Junta de Andalucía asuma las competencias de elaboración, ejecución y contratación de los proyectos de colectores e instalaciones de depuración, mediante la firma de un Convenio, no exime al titular del vertido de la responsabilidad de cumplir con la normativa vigente, es decir, que el grado de depuración de sus aguas residuales sea adecuado para la consecución de los valores límite de emisión del vertido".

Las Sts TS de 29 de julio de 2021 y de 26 de enero de 2022 citadas por el apelante cuya doctrina debió ser considerada por el Juez a quo, se refieren a un supuesto diferente al que es objeto del recurso, pues se trata de la determinación y repercusión de responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea, en el que se declara responsable a la Comunidad Autónoma , pero mantiene la distinción, como no podía ser de otra manera, entre la competencia sobre el saneamiento o depuración de aguas residuales y la competencia para la realización de obras hidráulicas necesarias para la prestación de ese servicio, llegando a la conclusión, en el caso concreto, que el incumplimiento de la normativa europea respondía a la falta de ejecución de las infraestructuras necesarias, por lo que considera responsable a la Administración regional andaluza y gallega, respectivamente.

No hay prueba alguna en este caso de que el vertido sea consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones por parte de la Junta de Andalucía y la entidad apelante disponía de otras alternativas para evitar la infracción de la ley de Aguas, como se dice en el tan citado informe.

SEGUNDO. - Por todas las razones anteriores procede desestimar el recurso de apelación y, en aplicación del artículo 139. 2 de la Ley de esta Jurisdicción, imponer las costas a la parte apelante.