Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 1748/2021 de 29 de enero del 2024

PRIMERO.- Sobre la Resolución recurrida.

La solicitante, nacional de El Salvador, solicita asilo con base al siguiente relato: En enero de 2017, su esposo sufrió una agresión por parte de unos pandilleros, sufriendo heridas de arma blanca en pecho y brazos sin motivo aparente. Unos meses después, el 6 de diciembre de 2017, unos individuos de la Mara 13, entraron en su casa y empuñando un arma de fuego, les amenazaron de muerte y les pidieron 1.000 dólares para garantizar su seguridad.

El 11 de diciembre de 2017 denunciaron los hechos -folio 12 del expediente-.

Saliendo del país el 22 de enero de 2018.

SEGUNDO.- Sobre el derecho de asilo, la protección subsidiaria y la autorización para residir en España por razones humanitarias.

A.- Establece el art. 2 de la Ley 12/2009, de 13 de octubre del derecho de asilo y de la protección subsidiaria que: " El derecho de asilo es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos definidos en el artículo 3 de esta Ley y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados , hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967".

Y el art. 3 de la Ley 12/2009 que: " La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9".

En nuestra opinión el hecho ocurrido en enero de 2017, parece propio del ámbito de la delincuencia común y, de ser cierto, no parece guardar conexión con el denunciado en diciembre de 2017. En cuanto al que se dice ocurrido en diciembre 2017, es también muy genérico, no se aporta prueba alguna de su existencia, más allá de una denuncia presentada también de contenido muy genérico, se limita a decir que unos individuos que se dicen pertenecen a la Mara 13 les amenazaron, pero no los describe mínimamente ni aporta dato alguno que permita su identificación.

En todo caso, la persecución no se corresponde con ninguna de las causas recogidas en la Convención sino que, lejos de ello, estamos ante un supuesto del ámbito de la delincuencia común. Procediendo la persecución de terceros sólo cabe conceder asilo cuando las autoridades no puedan o no quieran conceder protección. Y es lo cierto que de la información disponible no se infiere que las autoridades del país permanezcan inactivas frente a las maras.

Así, hemos dicho en la SAN /2ª) de 20 de febrero de 2013 (Rec. 1880/2020 ), " unos particulares o una banda delincuencial, no es un agente de persecución válido; se trataría de delincuencia común y el Estado salvadoreño no permanece inactivo. Las resoluciones recurridas ponen de manifiesto las actuaciones llevadas a cabo por el Estado contra la violencia, sobre todo de las Maras, para contener la violencia que ejercen. Y de hecho, para luchar contra estas bandas delincuenciales, se puso en marcha hace años en El Salvador el Plan de Control Territorial para conocer las estructuras y nombres de los pandilleros y en marzo de 2022 fue instaurado un régimen de excepción, cuyas prórrogas alcanzan al día de hoy, con despliegue de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil para luchar contra las Maras, en el que se han producido detenciones masivas de mareros o pandilleros (casi 60.000) y se ha reducido significativamente la violencia; bien es verdad que el estado decretado, según algunas organizaciones (Human Right Watch y Amnistía Internacional) ha desembocado también en violaciones de derecho humanos, sobre lo que han manifestado preocupación", preocupación se refiere a la situación de los detenidos miembros de maras o pandillas, no a supuestos como el del recurrente.

B.- Dispone el art. 4 de la Ley 12/2009 que: " El derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de esta Ley , y que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país de que se trate, siempre que no concurra alguno de los supuestos mencionados en los artículos 11 y 12 de esta Ley ".

Añadiendo el art. 10 de la citada norma que: " Constituyen los daños graves que dan lugar a la protección subsidiaria prevista en el artículo 4 de esta Ley : a) La condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material; b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante; c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno".

No existe en el país de origen una situación de violencia generalizada en los términos exigidos por la STJUE de 30 de enero de 2014 (C-285712).

C.- En cuanto a la autorización pare residir en España por razones humanitarias, no se prueba acto alguno del que pueda inferirse una especial vulnerabilidad del solicitante.

TERCERO.- Sobre las costas.

En cuanto a las costas, el art 139 LJCA, dispone que " En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho".

En el caso que nos ocupa, no apreciando dudas de hecho ni de derecho, procede imponer a las recurrentes el pago de las costas causadas en esta instancia.

Si bien la Sala considera procedente limitar la cantidad que, por todos los conceptos enumerados en el art 241.1 LEC, ha de satisfacer a la parte contraria la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima total de 1.000 euros - art 139.4 LJCA-.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación, la Sala dicta el siguiente