Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 594/2021 de 29 de noviembre del 2023

PRIMERO.- El presente recurso contencioso-administrativo se interpuso inicialmente contra la desestimación presunta de la reclamación indemnizatoria formulada en su día por la hoy parte actora por funcionamiento de la Administración de Justicia, dictándose con posterioridad por el Ministerio de Justicia una resolución expresa de inadmisión ex artículo 88.5 de la Ley 39/2015.

La demanda termina con la súplica que es de ver en autos.

SEGUNDO.- El 18-10-2019 se presentó por el interesado la reclamación administrativa origen de la litis. En dicha reclamación se alegaba la comisión de errores judiciales que se habrían cometido por un funcionario al notificarle incorrectamente la sentencia civil de separación de su mujer de 27-1-2003 así como en la tramitación de un proceso penal en que fue imputado por maltrato psicológico, cuyos errores le habrían generado unos perjuicios, y solicitaba una indemnización de 32.700 €, considerando como responsables solidarios de dicha indemnización a la Administración General del Estado y a su ex mujer.

La Administración demandada desestimó inicialmente por silencio administrativo la precitada reclamación, y con posterioridad dictó la resolución de 11-2-2021 de inadmisión a trámite por manifiesta carencia de fundamento de la reclamación al no haberse seguido el procedimiento legalmente previsto para el supuesto de error judicial ex artículo 293.1 de la LOPJ.

La demanda rectora del proceso expone las circunstancias del caso, sigue la estela de la previa reclamación administrativa, cita la normativa y la jurisprudencia que considera de interés, y termina impetrando que se condene solidariamente a la Administración General del Estado y a su ex mujer a una indemnización por importe de 32.700 € por el concepto de error judicial.

El abogado del Estado se ha opuesto a la pretensión de la parte actora en los términos que son de ver en autos.

TERCERO.- El artículo 292 de la LOPJ dispone esto: <<1. Los daños causados en cualesquiera bienes o derechos por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán a todos los perjudicados derecho a una indemnización a cargo del Estado, salvo en los casos de fuerza mayor, con arreglo a lo dispuesto en este Título. 2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. 3. La mera revocación o anulación de las resoluciones judiciales no presupone por sí sola derecho a indemnización>>.

La sentencia del Tribunal Supremo de 21-1-1999 dijo lo siguiente (en lo que ahora interesa): <<--- cuando se trata de exigir la responsabilidad patrimonial por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, la viabilidad de la acción requiere la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista un daño efectivo, individualizado y evaluable económicamente; b) que se haya producido un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia; c) que exista la oportuna relación de causalidad entre el funcionamiento de la Administración de Justicia y el daño causado de tal manera, que éste aparezca como una consecuencia de aquél y por lo tanto resulte imputable a la Administración; y d) que la acción se ejecute dentro del plazo de un año desde que la producción del hecho determinante del daño propició la posibilidad de su ejercicio>>. Por su parte, la sentencia del mismo alto Tribunal de 6-7-1999 se expresó así (también en lo que ahora importa): <>.

En otro orden de ideas, y según conocida jurisprudencia, "el error judicial consiste en la desatención del juzgador a datos de carácter indiscutible en una resolución que rompe la armonía del orden jurídico o en la decisión que interpreta equivocadamente el orden jurídico, si se trata de una interpretación no sostenible por ningún método interpretativo aceptable en la práctica judicial", mientras que "el funcionamiento anormal abarca cualquier defecto en la actuación de los juzgados o tribunales, concebidos como complejo orgánico en el que se integran diversas personas, servicios, medios y actividades". Por otra parte, del funcionamiento anormal se extrae un supuesto específico, el del error judicial, para seguir un tratamiento jurídico separado, de tal forma que dicho error debe ir precedido de una decisión judicial que expresamente lo reconozca, ya consista en una sentencia dictada en un recurso de revisión o bien dictada por el Tribunal Supremo en los términos previstos en el apartado 1.b) del artículo 293 de la LOPJ.

CUARTO.- La demanda carece de términos hábiles para su acogimiento, de donde que dicho está que la suerte del recurso será desestimatoria.

En primer lugar, es de notar que la demanda no combate la motivación de la resolución expresa de inadmisión a trámite, por lo que carece de contenido impugnativo respecto de dicha resolución, que sustituyó al inicial silencio administrativo.

Además, la reclamación administrativa se presentó de forma extemporánea. El interesado fue condenado inicialmente por la correspondiente sentencia de 28-12-2017 del Juzgado de lo Penal nº 1 de Murcia por el delito de malos tratos psicológicos habituales, y fue finalmente absuelto por la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia (Sección nº 3) de 8-10-2018, sentencia esta última que era firme al no caber contra la misma recurso alguno. En el actual proceso se ha practicado la correspondiente prueba y ha quedado acreditado que la antedatada sentencia de la Audiencia Provincial se notificó al interesado el 10-10-2018. Pues bien, tomando esta fecha de notificación de la sentencia de la Audiencia Provincial (10-10-2018) como referencia del dies a quo del plazo de prescripción de un año ex artículo 293.2 de la LOPJ, es de concluir que al presentarse la reclamación administrativa el 18-10-2019 la acción administrativa estaba prescrita al haber transcurrido ya el plazo anual de prescripción, lo que es un motivo más para la desestimación del actual recurso.

A mayor abundamiento, y en orden a dispensar a la parte una mayor satisfacción jurisdiccional, añadiremos lo siguiente.

Las actuaciones judiciales de que se queja el demandante en los procesos de referencia incidirían en el terreno del título relativo al error judicial, que queda extramuros del actual recurso al no haberse seguido el procedimiento específico legalmente previsto al efecto ( artículo 293.1 de la LOPJ).

El demandante se queja de la forma en que se le practicó la notificación de la sentencia civil de separación de 2003 (el proceso se desarrolló en rebeldía del hoy demandante), cuya actuación sí sería susceptible de ser enjuiciada bajo el título del anormal funcionamiento de la Administración de Justicia. Sin embargo, dicha notificación se practicó correctamente en contemplación de los artículos 497.2 y 161.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, si la notificación se hubiera practicado incorrectamente la acción administrativa habría prescrito pues el recurrente alega que conoció la meritada sentencia de separación con motivo del proceso penal de 2015 (la reclamación administrativa es de 18-10-2019).

Por otra parte, se imputan unas dilaciones indebidas en el proceso penal iniciado en 2015 y que termina en 2018, pero es de ver que el demandante no ha absuelto en debida forma la carga de alegar y probar los lapsos de paralización o suspensión indebidos, de donde que dicho alegado anormal funcionamiento de la Administración de Justicia no hubiera podido prosperar.

Por último, interesa dejar constancia de lo siguiente. No es posible acumular en el presente recurso contencioso-administrativo la acción civil ex artículo 1902 del Código Civil que el demandante pretende ejercitar contra su ex mujer, que no puede ser codemandada en este proceso en contemplación del artículo 21 de la LJ, careciendo este Tribunal de jurisdicción para el enjuiciamiento de la referida acción civil.

En definitiva, el recurso debe desestimarse.

QUINTO.- Al desestimarse el recurso procede la imposición de las costas a la parte actora ( artículo 139.1 de la LJ).