Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 430/2021 de 05 de diciembre del 2023

PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo se interpone por la representación de Doña Flor, en calidad de heredera universal de Don Eusebio, contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 24 de noviembre de 2020, por la que se desestiman las Reclamaciones Económico-Administrativas con números de referencia NUM000 y NUM001 acumuladas, ejercitadas contra el Acuerdo de Liquidación y el de resolución de Procedimiento sancionador, derivados del Acta de disconformidad dictado por la Dependencia Regional de Inspección de la Agencia Tributario de Illes Balears, en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2012 y por las cuantías, respectivamente, de 539.704,24 y 673.371,57 euros.

SEGUNDO.- La recurrente solicita en su demanda, principalmente, la anulación de la resolución del TEAC directamente impugnada y de los acuerdos de liquidación y sancionador de los que la misma trae causa; y singularmente, " que de acuerdo con los artículos 189 y 190 LGT , anule el Acuerdo sancionador de la Dependencia Regional de Inspección de Baleares con números de referencia 78268760 y cuantía de 673.371,57 euros, por haber fallecido el supuesto sujeto infractor antes de que dicho acuerdo devenga firme".

Se plantean en la demanda, dicho muy sintéticamente, las siguientes cuestiones:

1ª) Respecto a que la residencia fiscal del Sr. Eusebio, conforme al artículo 9 de la LIRPF se acepta que el mismo cumplió los requisitos para ser considerado residente a efectos fiscales en España durante el año 2012.

2ª) Una vez resuelto a favor de España el tema de la doble residencia fiscal del Sr. Eusebio en el año 2012, se circunscribe el objeto de la controversia a determinar si es conforme a Derecho liquidar una ganancia patrimonial no justificada conforme al artículo 39.2 LIRPF, por no haber presentado el obligado tributario su declaración de bienes y derechos situados en el extranjero (Modelo 720) incluyendo el inmueble ubicado en el extranjero adquirido en el año 2006; manteniendo la actora que se trata de un periodo impositivo prescrito toda vez que el procedimiento se había iniciado el 28 de septiembre de 2016, de modo que no cabe liquidar una ganancia patrimonial no justificada conforme al citado artículo 39.2 LIRF cuando el obligado tributario ha probado que ya era propietario del citado inmueble en un periodo impositivo prescrito, considerándose que la doctrina aplicada por el TEAC presenta, por tanto, serias debilidades e incongruencias.

Pues bien, la Abogacía del Estado, tras haber presentado inicialmente contestación a la demanda oponiéndose a las pretensiones deducidas, al final, tal y como ha quedado reflejado en los antecedentes de hecho, ha presentado escrito allanándose a las mismas, en virtud de la autorización que le fue concedida por la Abogacía General del Estado y tras constatarse que procede admitir como improcedente la cuota ingresada en la autoliquidación complementaria que pueda corresponder a los activos adquiridos en ejercicios afectados por la prescripción tributaria.

TERCERO.- El art. 75 LJCA dispone que los demandados podrán allanarse cumpliendo los requisitos exigidos en el apartado 2 del art. 74 y que, producido el allanamiento, el Juez o Tribunal, sin más trámites, dictará sentencia de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si ello supusiere infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso el órgano jurisdiccional comunicará a las partes los motivos que pudieran oponerse a la estimación de las pretensiones y las oirá por plazo común de diez días, dictando luego la sentencia que estime ajustada a Derecho.

En este caso, se cumplen los requisitos formales exigidos al Abogado del Estado para el allanamiento, puesto que ha acompañado autorización concedida por la Abogacía General del Estado para allanarse en este concreto recurso contencioso administrativo que nos ocupa, sin que se aprecie que concurra una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico.

En consecuencia, procede estimar las pretensiones de la parte demandante, anulando la resolución administrativa objeto de impugnación en este recurso, así como los acuerdos de liquidación y sancionador de los que la misma trae causa.

CUARTO. - En cuanto a las costas procesales, la decisión debe adoptarse partiendo de lo dispuesto en el artículo 139 LJCA, según la interpretación realizada por el Tribunal Supremo en sentencias del Pleno de 17 de julio de 2019 (recursos de casación 5145/2017 y 6511/2017), seguida en otras posteriores como la de 30 de noviembre de 2020 (recurso de casación 6979/2019).

Conforme a esta interpretación, rige la regla objetiva del vencimiento que deriva de lo dispuesto en ese artículo, y, por consiguiente, en estos casos resulta procedente la imposición de costas, salvo criterio subjetivo del juzgador, quien habrá de atender a las circunstancias concurrentes en cada caso y quien, igualmente podrá también acudir al apartado 4 del artículo 139 LJCA y antes en el apartado 3 en moderación del criterio objetivo.

En el caso de autos considera la Sala que existen circunstancias que determinan la no imposición de costas a la Administración demandada, dado que, como se ha visto, se ha producido el allanamiento de la Administración demandada como consecuencia tanto de la sentencia del TJUE de fecha 27 de enero de 2022 (C-788/19) como, sobre todo, de la sentencia dictada por la Sección 2ª de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2022 en recurso de casación número 1124/202.

VISTOS lo s artículos legales citados por las partes y demás de general y pertinente aplicación;