Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 918/2023 de 05 de diciembre del 2023

PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la Orden HFP/310/2023, de 28 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2022, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios electrónicos.

SEGUNDO. - La Asociación recurrente solicita en la demanda que se declare la anulación de los artículos 9.1, 15.1 y 4 de la Orden impugnada, en cuanto eliminan la posibilidad de obtener la declaración del IRPF en papel, debiendo confeccionarse y presentarse obligatoriamente y sin excepción por medios electrónicos a través de internet, sin amparo legal alguno.

El Abogado del Estado se ha allanado a la demanda, en virtud de la autorización que le fue concedida por la Abogacía General del Estado- Director General de lo Contencioso, en atención al criterio de la Ilma. Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo fijado en la Sentencia de 11 de julio de 2023 (recurso 6391/2021).

TERCERO.- El art. 75 LJCA dispone que los demandados podrán allanarse cumpliendo los requisitos exigidos en el apartado 2 del art. 74 y que, producido el allanamiento, el Juez o Tribunal, sin más trámites, dictará sentencia de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si ello supusiere infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso el órgano jurisdiccional comunicará a las partes los motivos que pudieran oponerse a la estimación de las pretensiones y las oirá por plazo común de diez días, dictando luego la sentencia que estime ajustada a Derecho.

En este caso, se cumplen los requisitos formales exigidos al Abogado del Estado para el allanamiento, puesto que ha acompañado autorización concedida por la Abogacía General del Estado, para allanarse en este concreto recurso contencioso administrativo.

En consecuencia, procede estimar las pretensiones de la parte demandante, anulando los artículos 9.1, 15.1 y 4 de la Orden Ministerial objeto del presente recurso contencioso administrativo.

CUARTO. - En lo relativo a las costas procesales, la decisión debe adoptarse partiendo de lo dispuesto en el artículo 139 LJCA, según la interpretación realizada por el Tribunal Supremo en los casos de allanamiento antes de contestar a la demanda, en Sentencias del Pleno de 17 de julio de 2019 (recursos de casación 5145/2017 y 6511/2017), seguida en otras posteriores como la de 30 de noviembre de 2020 (recurso de casación 6979/2019).

Conforme a esta interpretación, rige la regla objetiva del vencimiento que deriva de lo dispuesto en ese artículo, y, por consiguiente, en estos casos resulta procedente la imposición de costas, salvo criterio subjetivo del juzgador, quien habrá de atender a las circunstancias concurrentes en cada caso y quien, igualmente podrá también acudir al apartado 4 del artículo 139 LJCA y antes en el apartado 3 en moderación del criterio objetivo.

Pues bien, en el caso de autos la Sala considera que existen circunstancias que determinan la no imposición de costas a la Administración, dado que, como se ha visto, se ha producido el allanamiento de la Administración demandada, antes de contestar a la demanda y como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 11 de julio de 2023 (recurso 6391/2021).

VISTOS lo s artículos legales citados por las partes y demás de general y pertinente aplicación;