Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 368/2020 de 06 de octubre del 2023

PRIMERO.- Sobre la Resolución recurrida.

En la formalización de la protección internacional el solicitante, nacional de Colombia, manifiesta que en el año 1999 en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, Colombia, el solicitante en compañía por entonces de su cónyuge Apolonia crearon una empresa de fabricación de zapatos que al final terminaría por llamarse " Calzado D'Villany S.A.S. Que con el paso del tiempo las hijas del solicitante terminarían administrando la empresa.

Que la empresa se creó sin recursos económicos. Los recursos económicos no aparecían ya que de jóvenes no tenían experiencia acreditada y en su país en aquel momento las entidades financieras no apoyaban a los jóvenes emprendedores, si no que ayudaban a empresas grandes y a personas ricas que en realidad no lo necesitaban.

Relata que en el año 2006 las deudas aparecieron y por sus ganas de salir adelante se vieron en la necesidad de vender sus facturas totalmente legales a "Mesas de Trabajo" con intereses altos.

Explica que en Colombia esta figura económica es tomada por opción e ignorancia de la procedencia o dueño de dichos recursos económicos. Que exponían su calzado en todas las ferias de calzado a nivel nacional y en Expo Show en Bogotá, pagaban el stand, publicidad, abogado y demás exigencias requeridas.

Ya en el año 2013 entraron en crisis y quiebra total por la entrada del libre comercio con China y a pesar de que sus hijas tenían estudios universitarios y años de experiencia y él mismo como cabeza de familia, por ignorancia suya compraron un material en mal estado y los zapatos que fabricaron con ese material fueron devueltos por distintos almacenes de varias ciudades de Colombia, por lo que se encontró con todas las facturas de las devoluciones ya vendidas a Mesas de Trabajo.

Sigue relatando que las devoluciones de estos almacenes llegaron de forma incompleta y un problema de 400 millones de Pesos se convirtió en una deuda de 1.000 millones de Pesos o más.

Que las amenazas llegaron a su familia e hijos y a la secretaria de la empresa de nombre Caridad, así como a sus padres y hermanos.

Que mataron a un amigo por negarse a pagar intereses, que es ahí cuando tomó la decisión de sacar a su cónyuge, hijos y una nieta del país, dirigiéndose los familiares mencionados a Chile donde solicitaron asilo y él se quedó en Colombia para hacer frente a las deudas contraídas de la empresa.

Añade que del año 2015 hasta mediados del año 2017, resistió hasta donde pudo pagando solo intereses.

Que perdieron la casa, la empresa, los coches, bienes y enseres obligados por las personas a las que se les debía el dinero, perdió la honra y prestigio, al punto que terminó sin nada, perdió amigos y lejos de la sociedad, gente persiguiéndole para matarle, parados en frente de la casa de sus padres y sin poder trabajar en cualquier otro oficio porque le localizaban y amenazaban, que esta gente posee recursos suficientes para hacerlo y cuentan con el apoyo de Organismos de Seguridad corruptos como la Policía y Fiscales.

SEGUNDO.- Sobre el derecho de asilo, la protección subsidiaria y la autorización para residir en España por razones humanitarias.

A.- Establece el art. 2 de la Ley 12/2009, de 13 de octubre del derecho de asilo y de la protección subsidiaria que: " El derecho de asilo es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos definidos en el artículo 3 de esta Ley y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados , hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967".

Y el art. 3 de la Ley 12/2009 que: " La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9".

En principio cabe afirmar que el relato resulta en exceso genérico lo que hace dudar de su certeza, en efecto, el recurrente no identifica a sus perseguidores a los que califica de "gente" que le persigue para matarle y "con recursos" suficientes para hacerlo. La falta de precisión impide verificar la autenticidad del relato. Pero es que, en todo caso, no se está describiendo una persecución por alguna de las causas previstas en la Convención, sino un supuesto propio del ámbito de la delincuencia común que, además, procediendo de un agente perseguidor tercero no ha sido denunciado a las autoridades del país. Sin que de la información disponible se infiera que las autoridades colombianas permanezcan inactivas cuando se denuncian hechos como los descritos.

B.- Dispone el art. 4 de la Ley 12/2009 que: " El derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de esta Ley , y que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país de que se trate, siempre que no concurra alguno de los supuestos mencionados en los artículos 11 y 12 de esta Ley ".

Añadiendo el art. 10 de la citada norma que: " Constituyen los daños graves que dan lugar a la protección subsidiaria prevista en el artículo 4 de esta Ley : a) La condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material; b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante; c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno".

No existe en el país de origen una situación de violencia generalizada en los términos exigidos por la STJUE de 30 de enero de 2014 (C-285712).

C.- En cuanto a la autorización pare residir en España por razones humanitarias, no se prueba acto alguno del que pueda inferirse una especial vulnerabilidad del solicitante.

TERCERO.- Sobre las costas.

En cuanto a las costas, el art 139 LJCA, dispone que " En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho".

En el caso que nos ocupa, no apreciando dudas de hecho ni de derecho, procede imponer a las recurrentes el pago de las costas causadas en esta instancia.

Si bien la Sala considera procedente limitar la cantidad que, por todos los conceptos enumerados en el art 241.1 LEC, ha de satisfacer a la parte contraria la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima total de 1.000 euros - art 139.4 LJCA-.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación, la Sala dicta el siguiente