Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 1583/2021 de 07 de diciembre del 2023

PRIMERO.- Sobre la Resolución recurrida.

El solicitante es nacional de la República de Guinea Ecuatorial. Afirma que, gracias a ser miembro del Partido Democrático de Guinea (PDG), en el año 2011, comenzó a trabajar en el puerto. Como le parecía que no ganaba contactó con uno de los hijos del Presidente, pasando a trabajar en un restaurante perteneciente a la familia del Presidente.

Aunque en todo momento colaboró con e PDG, se negó cuando le pidieron de vigilase a miembros de la oposición, en concreto, al partido CI. Como se negó le expulsaron del partido y comenzaron a hacerle la "vida imposible". Así, le despidieron de su trabajo. Una casa que tenía alquilada se quemó.

El solicitante, dada su situación, fue a pedir ayuda al coordinados general del PDG, pues ante un problema así, los miembros del partido siempre se ayudan y se encontró con que le negaban todo tipo de prestación o ayuda. Que desde entonces se le cierran todas las puertas. Tuvo que pagar una cantidad notable para obtener el pasaporte y salir de su país en avión.

SEGUNDO.- Sobre el derecho de asilo, la protección subsidiaria y la autorización para residir en España por razones humanitarias.

A.- Establece el art. 2 de la Ley 12/2009, de 13 de octubre del derecho de asilo y de la protección subsidiaria que: " El derecho de asilo es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos definidos en el artículo 3 de esta Ley y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados , hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967".

Y el art. 3 de la Ley 12/2009 que: " La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9".

Sin que la Sala ignore la situación existente en Guinea Ecuatoria -sobre tal situación puede leerse, entre otros, el informe Freedom in the World 2018/Equatorial Guinea y los que se citan en la resolución recurrida- es lo cierto que el relato del recurrente resulta contradictorio, pues si como afirma el partido le persigue no tiene sentido solicitar protección a ese mismo partido. En este sentido nos parece que tiene razón la resolución recurrida cuando afirma que el recurrente no describe una situación de "persecución" en los términos exigidos por la Convención, siendo destacable que " el mismo y sin temor, se acercara a pedir ayuda al partido".

B.- Dispone el art. 4 de la Ley 12/2009 que: " El derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de esta Ley , y que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país de que se trate, siempre que no concurra alguno de los supuestos mencionados en los artículos 11 y 12 de esta Ley ".

Añadiendo el art. 10 de la citada norma que: " Constituyen los daños graves que dan lugar a la protección subsidiaria prevista en el artículo 4 de esta Ley : a) La condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material; b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante; c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno".

No existe en el país de origen una situación de violencia generalizada en los términos exigidos por la STJUE de 30 de enero de 2014 (C-285712).

C.- En cuanto a la autorización pare residir en España por razones humanitarias, no se prueba acto alguno del que pueda inferirse una especial vulnerabilidad del solicitante.

TERCERO.- Sobre las costas.

En cuanto a las costas, el art 139 LJCA, dispone que " En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho".

En el caso que nos ocupa, no apreciando dudas de hecho ni de derecho, procede imponer a las recurrentes el pago de las costas causadas en esta instancia.

Si bien la Sala considera procedente limitar la cantidad que, por todos los conceptos enumerados en el art 241.1 LEC, ha de satisfacer a la parte contraria la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima total de 1.000 euros - art 139.4 LJCA-.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación, la Sala dicta el siguiente