Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 1587/2021 de 07 de febrero del 2024

1.- En el presente recurso se impugna la resolución del Subsecretario de Interior, por delegación del Ministro del Interior, de 19/05/2021 por la que se acuerda denegar la solicitud de protección internacional (Expediente: NUM000 NIE: NUM001).

El interesado, de nacionalidad pakistaní (varón, mayor de edad, nacido en Sialkot el NUM002/1985, que dice estar casado y tener dos hijos), solicita protección internacional, estando en territorio nacional, el 18/09/2020.

La entrada en España se produce por vía y en fecha ignorada (dichos datos no resultan de los documentos aportados aunque el recurrente dice haber entrado el 24/10/2019, con salida de Pakistán el 31/08/2018 y con el siguiente tránsito durante el año y dos meses: IRÁN, TURQUÍA, GRECIA, BOSNIA, ITALIA) Obra aportado fotocopia de pasaporte pakistaní emitido 24/06/2020 con validez hasta el 26/06/2025.

La solicitud que fue admitida a trámite y se instruyó por el procedimiento ordinario, según lo establecido en el art. 24 de la Ley 12/2009.

La solicitud fue notificada al ACNUR, que no emitió informe.

La CIAR, en su reunión celebrada el día 07/05/2021, contando con la asistencia de todos sus miembros y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), examinó la solicitud de Protección Internacional del ahora recurrente y acordó emitir propuesta desfavorable al reconocimiento de la condición de Refugiado y al derecho de Asilo, así como al derecho de la Protección Subsidiaria.

2.- El reconocimiento de la condición de refugiado está condicionado a la acreditación de que concurren las causas que se contienen en el artículo 1.A.2) de la Convención de Ginebra de 29 de julio de 1951, por remisión expresa del artículo 3.1 de la Ley reguladora del Derecho de Asilo 12/2009, y se concretan en la existencia de fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas en su país de origen. Acorde con tal exigencia, se resolverá favorablemente la solicitud de asilo cuando aparezcan indicios suficientes, según la naturaleza de cada caso, para deducir que el solicitante cumple con los anteriores requisitos (artículo 8 de la citada Ley). Y, en consecuencia, de ello se deriva que no procede la concesión del derecho de asilo, si no aparecen indicios suficientes sobre la existencia de fundados temores de ser perseguido, lo que acontece en el presente supuesto en el que tampoco se aprecian motivos relevantes que permitan acceder a la permanencia en España, procede desestimar el recurso.

En el concreto de autos, el expediente administrativo se acomoda a las exigencias marcadas por la Ley 12/2009 y la LPAC 39/2015 siendo que la resolución administrativa está más que motivada, por sí y por remisión al contenido del expediente, y siendo evidente que el relato ofrecido al solicitar asilo remite hechos ajenos a la protección internacional y está falto de el mínimo sustento de credibilidad.

Si bien para la concesión del derecho de asilo no se exige una prueba plena o absoluta de los hechos alegados por el peticionario en cuanto a que estos remitan a una persecución efectiva o temor fundado y racional de sufrirla por razones de raza, etnia, religión, pertenencia a un grupo social específico, u opiniones o actividades políticas, es necesario que, al menos, exista esa prueba indiciaria al caso concreto que permita superar la mera subjetividad del que se dice perseguido y cuya carga de aportación recae en el solicitante ( STS de 24 de febrero de 2010, RC 1156/2006 6 de mayo de 2014 (RC 2085/2013)).

El elemento subjetivo no es suficiente si no va acompañado de datos objetivos que puedan explicar y dar cobertura la existencia del temor a una persecución personal y actualizada, de manera que las meras declaraciones del solicitante no pueden ser consideradas como indicio suficiente de la persecución alegada, cuando carecen de todo punto de referencia o contraste. De ahí que el relato del solicitante deba gozar de un nivel de concreción que permita identificar una verdadera persecución, no siendo suficiente a tal efecto un relato vago y genérico que pudiera ser aplicable prácticamente a cualquier persona procedente del mismo país que el solicitante, o que carece de elementos de contraste y verificación que permitan apreciar su verosimilitud ( STS de 17 de mayo de 2011, RC 678/2008).

En cuanto al principio de prueba centrado en el relato del solicitante, cabe recordar que en STS, Sala 3ª, de 16 febrero 2009, se señala: << "(...) Debemos recordar también, como justificación de nuestra decisión, que, en la Sentencia de esta misma Sala y Sección del Tribunal Supremo de fecha 2 de enero de 2009 (recurso de casación 4251/2005 ), hemos declarado que la Directiva europea 83/2004, de 29 abril, sobre normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida, en su artículo 4.5 dispone que «Si las declaraciones del solicitante presentan aspectos que no están avalados por pruebas documentales o de otro tipo, tales aspectos no requerirán confirmación si se cumplen las siguientes condiciones: a) el solicitante ha realizado un auténtico esfuerzo para fundamentar su petición; b) se han presentado todos los elementos pertinentes de que dispone el solicitante y se ha dado una explicación satisfactoria en relación con la falta de otros elementos pertinentes; c) las declaraciones del solicitante se consideren coherentes y verosímiles y no contradigan la información específica de carácter general disponible que sea pertinente para su caso; d) el solicitante ha presentado con la mayor rapidez posible su solicitud de protección internacional, a menos que pueda demostrar la existencia de razones fundadas para no haberla presentado así; e) se ha comprobado la credibilidad general del solicitante»".>>

Resumidamente, al solicitar protección internacional en España se afirma no ser objeto de persecución alguna y que el principal motivo es la búsqueda de trabajo:

"- Estoy buscando trabajo, quiero trabajar.

- Tengo miedo de vivir en mi pueblo porque hace frontera con la india y hay muchos conflictos. Me gusta España.

- Allí hay mucho peligro y también quiero que mi familia se venga aquí.

- Quiero permiso para trabajar, no tengo ningún lugar donde quedarme, donde vivir, no tengo ninguna casa.

Preguntado por la entrevistadora, contesta:

¿Por qué no se fue a otra ciudad o pueblo de Pakistán? Mi padre ha fallecido, soy pobre y no puedo, me haría falta una casa de alquiler y comprar cosas.

¿Y en España qué tiene? No tengo casa y hago trabajillos, cuando vivía en Chirivella tampoco tenía trabajo.

¿Por qué decidió venir a España? Mucha gente y amigos me han dicho que España es muy bueno y un buen país, por eso.

¿Qué esperaba cuando vino a España? Esperaba que me iban a ayudar y que iba a tener papeles.

¿Por qué no solicitó asilo en otros países por los que ha pasado? Como todos me dijeron que España es el mejor país, por eso no pedí asilo en otro país.

¿Qué teme que le ocurra si regresa a Pakistán? Tengo miedo de regresar a mi pueblo porque está en la frontera con la india.

¿No digo a su pueblo, digo a su país, Pakistán? No tengo dinero porque antes de venir lo he vendido todo, si voy a otra ciudad no tendré dinero.

¿Tiene dinero en España? No, pero he encontrado algunos trabajos."

No hay por tanto persecución estatal, directa ni indirecta, ni el conflicto fronterizo geográficamente localizado en Cachemira es el que viene a determinar su salida de origen (ni siquiera relata hechos concretos que le hubieran afectado y, en cualquier caso, le bastaría con desplazarse a otras zonas de Pakistán donde ha dejado a su mujer e hijos). Estaríamos ante una mera emigración económica por precariedad económica en origen. El propio recurrente deja claro en su relato que se decide a pedir protección internacional para obtener un permiso para poder trabajar en España y traerse a su familia. Además, pese a llegar a España el 24/10/2019, no solicita protección internacional hasta el 18/09/2020, once meses después, reconociendo tránsito por diversos países UE antes de llegar a España sin haber solicitado tampoco la protección internacional.

Lo anteriormente expuesto permite descartar igualmente una protección subsidiaria ya que del relato del solicitantes no se deduce la posibilidad de que sufran la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material, ni tampoco se identifican un riesgo de tortura o tratos humanos o degradantes en el caso de retorno a su país de origen sin que pueda afirmarse que exista una situación de conflicto armado internacional o interno en origen ( art. 4 y 10 de la Ley de 12/2009) o la permanencia por razones humanitarias ( art. 46.3 de la Ley 12/2009).

Las razones humanitarias, según los términos establecidos en la Ley, aun cuando se interprete la expresión ampliamente, deben ser suficientemente precisas en relación con la situación personal del interesado y la situación del país de origen o procedencia - dimensión subjetiva de la vulnerabilidad -, pues no atienden a razones de humanitarismo imprecisas o genéricas y sobre la base de que la protección internacional y la permanencia temporal por razones humanitarias no se construyen sobre el derecho a estándares de vida en la comparativa del país de acogida frente a los del país de procedencia, siendo que las razones alegadas son las mismas que las hechas valer con carácter genérico para pedir la protección internacional ya sea el asilo o la protección subsidiaria y siendo que el recurrente no responde a ninguna situación personal que le haga sujeto de especial vulnerabilidad en relación su personalizada situación y a la situación actual del país de origen (donde sigue permaneciendo su familia más directa) y sin perjuicio de las posibilidades en el marco de la legislación de extranjería (cuestión ajena a la presente litis).

En estas condiciones, resulta ajustado a Derecho que la Administración haya denegado la solicitud de protección internacional sin criterio contrario de ACNUR.

3.- Por todo ello, procede, de conformidad con el art. 139.1 LJCA, la imposición de las costas al/ a los/las recurrente/s (de ser varios, en partes iguales), costas que la Sala, haciendo uso de las facultades establecidas en dicho precepto y atendiendo a las circunstancias del caso, establece en la cantidad máxima, por todos los conceptos, de 1.500 euros, más IVA si se devengase, a favor de la Administración demandada y sin perjuicio de supeditar este pronunciamiento sobre costas a los efectos derivados de la condición de beneficiaria/o/s de la asistencia jurídica gratuita si es que se hubiera solicitado y obtenido.