Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 1617/2021 de 07 de febrero del 2024

1.- En el presente recurso se impugna las resoluciones (3) del Subsecretario de Interior, por delegación del Ministro del Interior de 15/03/2021 por las que se denegaba el Derecho de Asilo y la protección subsidiaria a los recurrentes. Expediente: NUM000 NIE: NUM001 Expediente: NUM002 NIE: NUM003 Expediente: NUM004 NIE: NUM005).

Estamos ante un grupo familiar, madre e hijos (niña y niño, nacidos, respectivamente, el NUM006/2005 y NUM007/2012), nacionales de COLOMBIA, que formalizan la petición de protección internacional, estando en territorio español, el 15/10/2020 con base a unos mismos hechos.

El que consta como progenitor de los menores - Fermín-, solicitó protección internacional, estando en territorio español, el 15/10/2020 (entra en España el 31/01/2020, con pasaporte expedido el 15/04/2016) siendo le denegada la protección internacional en resolución de 15/03/2021 confirmada en Sentencia de esta Sala y Sección de 21/04/2023 (PO 1622/2021), que consta recurrida en casación.

La entrada en España se produce, por vía aérea, vuelo directo desde Colombia de forma escalonada:

- el 02/04/2019 la madre

- el 31/01/2020 los hijos (diez meses más tarde)

Pasaportes colombianos expedidos:

- el 22/02/2019 la madre

- el 04/10/2013 la hija

- el 12/09/2013 el hijo

Las peticiones fueron admitidas a trámite y se instruyen de conformidad con lo dispuesto en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria.

Las solicitudes fueron notificadas al ACNUR, que no emitió informe.

La CIAR, en la reunión celebrada el día 09/03/2021contando con la asistencia de todos sus miembros y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), examinó las solicitudes de Protección Internacional de los ahora recurrentes y acordó emitir propuesta desfavorable al reconocimiento de la condición de Refugiado y al derecho de Asilo, así como al derecho de la Protección Subsidiaria.

2.- El reconocimiento de la condición de refugiado está condicionado a la acreditación de que concurren las causas que se contienen en el artículo 1.A.2) de la Convención de Ginebra de 29 de julio de 1951, por remisión expresa del artículo 3.1 de la Ley reguladora del Derecho de Asilo 12/2009, y se concretan en la existencia de fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas en su país de origen. Acorde con tal exigencia, se resolverá favorablemente la solicitud de asilo cuando aparezcan indicios suficientes, según la naturaleza de cada caso, para deducir que el solicitante cumple con los anteriores requisitos (artículo 8 de la citada Ley). Y, en consecuencia, de ello se deriva que no procede la concesión del derecho de asilo, si no aparecen indicios suficientes sobre la existencia de fundados temores de ser perseguido, lo que acontece en el presente supuesto en el que tampoco se aprecian motivos relevantes que permitan acceder a la permanencia en España, procede desestimar el recurso.

Si bien para la concesión del derecho de asilo no se exige una prueba plena o absoluta de los hechos alegados por el peticionario en cuanto a que estos remitan a una persecución efectiva o temor fundado y racional de sufrirla por razones de raza, etnia, religión, pertenencia a un grupo social específico, u opiniones o actividades políticas, es necesario que, al menos, exista esa prueba indiciaria al caso concreto que permita superar la mera subjetividad del que se dice perseguido y cuya carga de aportación recae en el solicitante ( STS de 24 de febrero de 2010, RC 1156/2006 6 de mayo de 2014 (RC 2085/2013)).

El elemento subjetivo no es suficiente si no va acompañado de datos objetivos que puedan explicar y dar cobertura la existencia del temor a una persecución personal y actualizada, de manera que las meras declaraciones del solicitante no pueden ser consideradas como indicio suficiente de la persecución alegada, cuando carecen de todo punto de referencia o contraste. De ahí que el relato del solicitante deba gozar de un nivel de concreción que permita identificar una verdadera persecución, no siendo suficiente a tal efecto un relato vago y genérico que pudiera ser aplicable prácticamente a cualquier persona procedente del mismo país que el solicitante, o que carece de elementos de contraste y verificación que permitan apreciar su verosimilitud ( STS de 17 de mayo de 2011, RC 678/2008).

En cuanto al principio de prueba centrado en el relato del solicitante, cabe recordar que en STS, Sala 3ª, de 16 febrero 2009, se señala: << "(...) Debemos recordar también, como justificación de nuestra decisión, que, en la Sentencia de esta misma Sala y Sección del Tribunal Supremo de fecha 2 de enero de 2009 (recurso de casación 4251/2005 ), hemos declarado que la Directiva europea 83/2004, de 29 abril, sobre normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida, en su artículo 4.5 dispone que «Si las declaraciones del solicitante presentan aspectos que no están avalados por pruebas documentales o de otro tipo, tales aspectos no requerirán confirmación si se cumplen las siguientes condiciones: a) el solicitante ha realizado un auténtico esfuerzo para fundamentar su petición; b) se han presentado todos los elementos pertinentes de que dispone el solicitante y se ha dado una explicación satisfactoria en relación con la falta de otros elementos pertinentes; c) las declaraciones del solicitante se consideren coherentes y verosímiles y no contradigan la información específica de carácter general disponible que sea pertinente para su caso; d) el solicitante ha presentado con la mayor rapidez posible su solicitud de protección internacional, a menos que pueda demostrar la existencia de razones fundadas para no haberla presentado así; e) se ha comprobado la credibilidad general del solicitante»".>>

Y todo ello sobre la base de un relato que no soporta los mínimos estándares en cuanto al temor de persecución reclamado en la situación actualizada del país del que se dice ser nacional.

Resumidamente, al solicitar protección internacional, por parte de la madre se vino a esgrimir la situación generalizada de inseguridad, narrando que:

"EN SU PAÍS, TRABAJABA EN LA MINERÍA ARTESANAL JUNTO A SU MARIDO Y VIVÍA CON SUS DOS HIJOS.

QUE LA SOLICITANTE OBSERVA DIARIAMENTE COMO ASESINAN A JÓVENES EN LAS CALLES DONDE RESIDÍA, POR NO QUERER FORMAR PARTE DE LAS FILAS DE LOS GRUPOS ARMADOS Y DESDE SU CASA ESCUCHABA DISPAROS CONSTANTEMENTE.

QUE DEBIDO A LA SITUACIÓN DEL PAÍS Y LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LA SOLICITANTE Y SU MARIDO NO TENÍAN SUFICIENTES RECURSOS.

QUE LA SOLICITANTE MANIFIESTA QUE HACE DOS AÑOS, EN EL AÑO 2018, CUANDO ESTABA EN EL PARQUE JUGANDO SU HIJA, LE PREGUNTARON UN GRUPO DE JÓVENES APROXIMADAMENTE DE SU EDAD, SI VIVÍAN CON SUS PADRES Y DEMÁS DATOS PERSONALES, CON LA INTENCIÓN DE RECLUTARLA PARA LA GUERRILLA.

QUE DEBIDO A LA INSEGURIDAD Y SITUACIÓN DEL PAÍS, LA SOLICITANTE DECIDE ABANDONAR EL PAÍS DE COLOMBIA EN BUSCA DE PROTECCIÓN POR TEMOR A PERDER SU VIDA, EN BUSCA DE UN FUTURO MEJOR Y PODER MANDAR DINERO A SU FAMILIA PARA PODER REUNIR DINERO Y VIAJAR EL RESTO DE SU FAMILIA A ESPAÑA.

QUE PREGUNTADA PORQUE ELIGIÓ ESPAÑA RESPONDE, POR LA SITUACIÓN INSOPORTABLE DE TANTAS VIOLENCIA VIVIDA, POR ESTAR RESIDIENDO SU HERMANA AQUÍ, LA CUAL LE AYUDARÍA, POR SER UN PAÍS SEGURO, POR EL IDIOMA Y POR TENER MÁS OPORTUNIDADES DE FUTURO PARA ELLA Y SU FAMILIA.

QUE PREGUNTADA QUE SI VUELVE A SU PAÍS QUE LE OCURRIRÍA MANIFIESTA QUE LA VIDA DE ELLA Y SU FAMILIA CORRERÍA PELIGRO YA QUE AL SALIR DEL PAÍS LA GUERRILLA TOMA REPRESALIAS Y TEME QUE SUS HIJOS LES SECUESTREN PARA ELLA Y LOS PIERDA ASÍ COMO SE PUEDAN PRODUCIR AMENAZAS DE MUERTE.

No consta denuncia alguna en origen por hechos que remitan a los relatados al solicitar la protección internacional.

Los hechos así relatados, vienen referidos a unos ciudadanos de nacionalidad colombiana, sin ningún perfil político/social relevante, que vienen a afirmar una situación general de violencia e inseguridad ciudadana. Es por ello que dicho relato remite, de ser cierto, a actos de delincuencia común (ninguno que afecte directamente al grupo familiar) que, en lo que concierne a los ahora actores, ha de valorarse dentro del contexto actualizado de la situación de dicho país, ampliamente descrita en las resoluciones recurridas en cuanto a este tipo de delincuencia en COLOMBIA, por la actuación de grupos organizados, y la decidida actuación de las autoridades colombianas en la lucha contra este tipo de actos, tipificados como delitos en la legislación colombiana, así como en la protección y asistencia a las víctimas. Si no se denuncian los hechos en origen, difícilmente se puede sostener una dejación/tolerancia institucional/gubernamental en los mismos. Las autoridades colombianas no podían proteger a la solicitante si eran desconocedoras de tales hechos

Además, la entrada se produce de forma escalonada (la madre se viene 10 meses antes) y no se solicita protección internacional de forma inmediata a la entrada en España, en frontera, ni de forma inmediata a la entrada, sino meses más tarde (algo incongruente e injustificado si se viene a defender una huida de una situación acuciante y grave de persecución personal actualizada y siendo evidente el propósito asentado en origen de pedir la protección internacional) y, con base al relato ofrecido (relato genérico e injustificadamente vago e indeterminado en cuanto a las circunstancias de los hechos relatados), meramente redundante en hechos de general conocimiento, ha de descartarse el temor de persecución reclamado amparable en la Convención de Ginebra y la Ley reguladora del Derecho de Asilo 12/2009, en el particular de los recurrentes, en el marco de la situación actualizada del país del que son nacionales, situación ampliamente descrita en la resolución administrativa a la que nos remitimos al efecto, y que, en todo caso, remite a motivos ajenos a la protección internacional (ya hemos dicho que los acontecimientos vividos no remiten a un perfil relevante de los recurrentes como activista político-social y los hechos son encuadrables en actos de delincuencia común, dentro de la necesidad que tienen esos grupos armados delincuenciales de dotarse de medios económicos y personales en los fines que persiguen de control social y económico, actos indiscriminados en cuanto a las personas víctimas de los mismos, no consentidos o alentados por las autoridades de COLOMBIA).

Por otro lado los pasaportes de los niños emitidos en 2013 demuestran que han estado previamente en otros países del ámbito geográfico más próximo sin haber solicitado protección internacional pudiendo hacerlo (visitas reiteradas a DIRECCION000 años 2013, 2014, 2015, 2018, con visas para USA en 2018).

Narrados así los hechos, de base, no estamos ante hechos susceptibles de ser objeto de protección internacional conforme a lo establecido en la Convención de Ginebra o en la Ley de Asilo española, siendo de reseñar que sale del país, por vía aérea, sin obstáculo alguno de las autoridades colombianas.

Así la S. TS de 15/02/2016, REC 2821/2015, que confirma la denegación de la solicitud de asilo de un nacional de El Salvador, determinó que:

&l t;< " (...) aún sentado que la persecución a cargo de agentes no estatales puede alcanzar el nivel de una persecución protegible que da lugar a la protección internacional, en todo caso, como se indica en la Sentencia de 19 de diciembre de 2008 (RC 4407/2005 ), "esta doctrina general debe ser necesariamente puesta en relación con las específicas circunstancias de cada solicitante de asilo, dado el carácter fuertemente casuístico de esta materia"; pues, ciertamente, incluso en los casos en que se advierte la existencia de actos de persecución imputables a agentes distintos de los estatales, el dato relevante para dar lugar a la concesión de la protección internacional es si puede considerarse suficientemente acreditada una situación de aquietamiento, pasividad, desidia o impotencia de las autoridades de su país a la hora de investigar los hechos y otorgarle protección.

En definitiva, cuando el solicitante invoca una persecución a cargo de bandas, grupos o estructuras no estatales, le corresponderá justificar - al nivel indiciario requerido en esta materia según constante jurisprudencia- que ha sufrido actos de persecución (en el sentido del artículo 6 de la Ley de Asilo 12/2009 ); que esos actos de persecución traen causa de, o hacen referencia a motivos de persecución protegibles ( artículos 3 y 7 de la misma Ley ), esto es, por fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual); y que las autoridades estatales no quieren o no pueden proporcionar una protección eficaz frente a tales actos.& quot;>>

Lo anteriormente expuesto permite descartar igualmente una protección subsidiaria ya que del relato de la solicitante no se deduce la posibilidad de que sufran la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material, ni tampoco se identifica un riesgo de tortura o tratos humanos o degradantes en el caso de retorno a su país de origen sin que pueda afirmarse que exista una situación de conflicto armado internacional o interno en origen ( art. 4 y 10 de la Ley de 12/2009) o la permanencia por razones humanitarias ( art. 46.3 de la Ley 12/2009).).

La situación de violencia e inseguridad que existe en algunas zonas de Colombia no se extiende a la totalidad del territorio de dicho país, ni afecta a toda la población por lo que no puede aceptarse que exista una situación de violencia generalizada asimilable a la de conflicto armado que determine que, en caso de volver, sus vidas corran peligro sólo por el hecho de encontrarse en Colombia.

Las razones humanitarias, según los términos establecidos en la Ley, aun cuando se interprete la expresión ampliamente, deben ser suficientemente precisas en relación con la situación personal del interesado y la situación del país de origen o procedencia- dimensión subjetiva de la vulnerabilidad-, pues no atienden a razones de humanitarismo imprecisas o genéricas y sobre la base de que la protección internacional y la permanencia temporal por razones humanitarias no se construyen sobre el derecho a estándares de vida en la comparativa del país de acogida frente a los del país de procedencia, siendo que las razones alegadas son las mismas que las hechas valer con carácter genérico para pedir la protección internacional ya sea el asilo o la protección subsidiaria y sin que los recurrentes, ni en su conjunto ni individualmente considerados, por razón de lo alegado y mínimamente acreditado, respondan a ninguna situación personal que les haga sujetos de especial vulnerabilidad (mujer en plena capacidad para trabajar, no afectados por ninguna enfermedad sobrevenida o situación particularizada que no pueda ser debidamente atendida en origen y cuyo retorno pueda causar un perjuicio irreparable) en relación a la situación actual del país de origen y sin perjuicio de las posibilidades en el marco de la legislación de extranjería con base al arraigo que puedan haber obtenido en España (cuestión ajena a la presente litis). Este y no otro, es el concreto ámbito en el que se mueve la S. TS., de 25/03/2021, R. CASACION 1602/2020, en relación al arraigo laboral como base para obtener tales autorizaciones administrativas.

En estas condiciones, resulta ajustado a Derecho que la Administración, haya denegado la solicitud de protección internacional, sin oposición alguna por parte de ACNUR.

3.- Po r todo ello, procede, de conformidad con el art. 139.1 LJCA, la imposición de las costas al/ a los/las recurrente/s (de ser varios, en partes iguales), costas que la Sala, haciendo uso de las facultades establecidas en dicho precepto y atendiendo a las circunstancias del caso, establece en la cantidad máxima, por todos los conceptos, de 1.500 euros, más IVA si se devengase, a favor de la Administración demandada y sin perjuicio de supeditar este pronunciamiento sobre costas a los efectos derivados de la condición de beneficiaria/o/s de la asistencia jurídica gratuita si es que se hubiera solicitado y obtenido.