Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 634/2019 de 08 de mayo del 2023

PRIMERO. - Se impugna en el presente recurso contencioso-administrativo la resolución del Ministro de Justicia, que desestima por silencio la solicitud de fecha 30.12.2.010 de concesión de la nacionalidad española por residencia formulada por la actora, siendo resuelta expresamente por resolución de fecha 13 de julio de 2.019, que la deniega por falta de buena conducta cívica, terminando por interesar la demanda la anulación de la resolución impugnada.

SEGUNDO. - Son hechos acreditados en autos que el actora nació en Marruecos en fecha NUM000, con domicilio en la CALLE000 nº NUM001 de Barakaldo. Tiene permiso de residencia hasta el 24.10.2023, y 4 hijos en España. En fecha 30.12.2010 formula solicitud de concesión de nacionalidad, que le fue denegada por silencio, y después por resolución de la Dirección General de Registros y Notariado, por delegación del Ministro, de fecha 13.7.2019, por no haber justificado el solicitante la buena conducta cívica, constando el informe desfavorable del CNI de fecha 17.5.2019, reiterando el d 17.12.2013, y los favorables del juez Encargado y del Ministerio Fiscal. Tiene antecedentes policiales muy antiguos y poco relevantes. Colabora con la Diócesis de Bilbao y con el Servicio Vasco de Gestión de penas. Es el representante de la comunidad islámica en Barakaldo.

TERCERO.- Tal como ha expresado esta Sala los artículos 21 y 22 del Código Civil sujetan la concesión de la nacionalidad española por residencia a dos tipos de requisitos: unos de carácter definido como son la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establece; y otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo como es el caso de la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española, o bien de carácter negativo como es el caso de los motivos de orden público o interés nacional que pueden justificar su denegación. Los primeros no plantean problema para su apreciación, y en cuanto a los segundos, por su propia naturaleza de conceptos jurídicos indeterminados, precisan de la concreción adecuada a las circunstancias concurrentes en cada caso cuya valoración lleva a una única solución justa, jurisdiccionalmente controlable, que debe adoptarse por la Administración ( art. 103 de la Constitución), sin que propicien soluciones alternativas propias de la discrecionalidad administrativa. Así ha declarado la sentencia de 24 de abril de 1999, citando otras muchas como las de 22-6-82, 13-7-84, 9-12-86, 24-4, 18-5, 10-7 y 8-11 de 1993, 19-12-95, 2-1-96, 14-4, 12-5- y 21- 12- de 1998 y 24-4-99, que en la apreciación de los conceptos jurídicos indeterminados, como orden público e interés nacional, resulta excluida la discrecionalidad de la Administración, porque la inclusión de un concepto jurídico indeterminado en la norma a aplicar no significa, sin más, que se haya otorgado capacidad a la Administración para decidir con libertad y renunciar a la solución justa del caso, sino que viene obligada a la única decisión correcta a la vista de los hechos acreditados, añadiendo que el reconocimiento de la nacionalidad española no es una potestad discrecional sino un deber cuando concurren los requisitos legalmente previstos. Por ello, la propia sentencia señala que la nacionalidad tiene la auténtica naturaleza jurídica de estado civil de la persona, por lo que su adquisición por residencia no puede confundirse con la que se lleva a cabo por carta de naturaleza, pues mientras ésta constituye un genuino derecho de gracia, en que el requisito de la solicitud tiene el significado de ocasión o motivo pero no causa jurídica de la misma, la adquisición por residencia no puede concederse o denegarse sino cuando concurran las circunstancias legalmente previstas, de manera que no se trata de una concesión "stricto sensu" sino de un reconocimiento por concurrir al efecto los requisitos exigibles.

CUARTO. - Procede valorar la objeción expuesta por la Administración demandada para denegar la concesión de la nacionalidad: la falta de justificación de la conducta cívica con arreglo al informe del CNI.

Esta Sala, siguiendo el precedente de la STS de 3.6.2016, recurso 149/2015, así como Sentencias de esta Sala de fecha 15.2.2023, recurso 24/2020, de la Sección 4ª, de 12.12.2022, recurso 448/2020 de la sección 8ª, o de 14.9.2022, recurso 2075/2019, de la Sección 3ª, ha considerado que dichos informes son suficientes, por sí solos, para denegar la solicitud de nacionalidad, por revelar una insuficiente justificación de la buena conducta cívica, pues como indica la STS de 3.6.2016, rec. 149/2015, respecto de los informes del CNI, "difícilmente puede exigirse a dichos informes datos ampliatorios o una mayor concreción que no comprometan la actuación de prevención..."

En esos términos se solicitó el informe y el recurrente ha podido conocer las razones que invoca el Ministerio de Justicia para justificar su negativa a concederle la nacionalidad española invocando razones de seguridad nacional. Y el informe remitido evidencia con palmaria claridad que la conducta del recurrente constituye un potencial riesgo para los intereses de nuestro país y, en consecuencia, presenta un evidente perfil negativo e incompatible con lo que se entiende por un buen ciudadano, desde la perspectiva de los intereses públicos y la seguridad nacional. Es cierto que el actor ha aportado documental que justificaría sus relaciones con sus conciudadanos en el País Vasco, y colaboración ciudadana, como lo reflejan los documentos mencionados en el fundamento de derecho 2º, pero tampoco puede desconocerse el informe aportado relativo a su consideración como "miembro activo de un movimiento islamista radical que promueve la superioridad de la ley islámica y la no integración de los musulmanes en la sociedad española".

QUINTO. - En el caso que ahora nos ocupa lo cierto es que la actora no ha justificado la actora la buena conducta cívica, aunque haya cumplido otros requisitos, lo cual debe ser tenido en cuenta a la fecha de la solicitud, conforme al carácter revisor de esta jurisdicción. Pero en todo caso, lo cierto es que la actora no ha acreditado, suficientemente dicha buena conducta cívica, siendo ello carga que le incumbe como hecho constitutivo de su pretensión, conforme al art.217.2 de la LEC 1/2000. Lo expuesto es independiente de apreciar las demás circunstancias de índole personal, como el hecho de que lleve muchos años residiendo en España, conozca el idioma español, o tenga trabajo, pues estas circunstancias no desvirtúan las anteriores consideraciones expuestas respecto del requisito exigido, no siendo suficientes para acreditar dicha conducta cívica en los términos exigidos por la Jurisprudencia anteriormente referida.

Por mor de cuanto antecede se impone, sin más consideraciones, la desestimación del actual recurso al carecer la demanda de términos hábiles para su acogimiento

SEXTO. - Procede condenar en costas al recurrente, las cuales se cifran en 500 euros por todos los conceptos, al haberse desestimado el presente recurso. ( artículo 139.1 de la LJ).