Sentencia Contencioso-Administrativo 126/2023 Audiencia Nacional. Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 2, Rec. 52/2023 de 08 de septiembre del 2023

Primero . El objeto de este pleito es la reclamación actora de responsabilidad patrimonial por el accidente sucedido el día 16/04/2022, sobre las 23:50 horas, en el p.k. 237 de la carretera N-525, término municipal de Villamarín (Ourense), al colisionar el vehículo Land Rover, matrícula ....HHN, asegurado en la mercantil actora, contra una piedra procedente de talud que se encontraba en el medio de la calzada. Expediente NUM000.

Para contextualizar el objeto del pleito, ha de señalarse lo siguiente:

1. La reclamación original, por importe total de 3522,08 euros en concepto de daños, se presentó por el dueño del vehículo siniestrado y por la aseguradora del mismo.

2. El dueño reclamaba la suma de 700 euros (franquicia) y la aseguradora 2822,08 euros.

3. La Administración reconoció los hechos y su responsabilidad en los mismos en la resolución impugnada. Y resolvió estimar la reclamación de los 700 euros por franquicia a favor del titular del vehículo, pero desestimó la reclamación de la aseguradora "porque un informe pericial [...] no es suficiente para reclamar el daño, debiendo aportar la correspondiente factura abonada por la compañía aseguradora".

Segundo. En el expediente previo, la aseguradora aportó un informe pericial (elaborado por A. López Peritaciones de Seguros SL) sobre los daños totales del vehículo, por importe de 3522,08 (2910,81 +611,27 de IVA), en el que se restaba la franquicia a pagar por el propietario (700 euros), ascendiendo finalmente a un total de 2822,08 euros la suma de daños que debía afrontar la aseguradora. En la pericial se desglosan debidamente los conceptos (materiales de chapa, mano de obra de chapa, materiales pintura y total pintura y las piezas que hubieron de ser sustituidas junto con la mano de obra). Todo ello detallado, junto con un reportaje fotográfico al respecto.

Pues bien, la Administración no consideró que ese informe pericial, debidamente detallado y justificado, fuese "suficiente para reclamar el daño" exigiendo la aportación de la factura abonada por la aseguradora. La Administración olvida en su planteamiento que, conforme a lo previsto por el artículo 77.1 de la Ley 39/2015, "los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil".

El artículo 299.1 de la LEC recoge, entre los medios de prueba admisibles, el "dictamen de peritos", cuya valoración se realizará "según las reglas de la sana crítica", conforme prevé el artículo 348 de la misma LEC. En suma, la Administración no puede rechazar sin más, como inidóneo un dictamen pericial para acreditar la valoración de los daños. Es una prueba válida en derecho y, en principio, apta para determinar la cuantía de unos daños. Si tiene alguna duda al respecto (bien sobre su autenticidad o sobre su acierto), el instructor del expediente puede citar al perito en sede administrativa o pedirle aclaraciones o ratificación.

Claro que la postura más cómoda para la Administración es requerir la factura y no dudamos que, en muchos casos, la presentación de la factura obviará problemas como el aquí suscitado. Pero lo que no podemos avalar es el rechazo a limine de la pericial como medio de prueba apto para la valoración de los daños que es lo que, en este caso, ha hecho la Administración demandada. Eso supondría ignorar por completo el contenido del citado artículo 77.1 de la Ley 39/2015, antes citado.

En fin, la cuantía de los daños a que hubo de hacer frente la aseguradora se acreditó en sede administrativa por un medio de prueba apto (aunque no sea el único a tal fin) y la Administración debió indemnizar a la aseguradora actora al igual que hizo respecto de la franquicia (por el mismo accidente) correspondiente al titular del vehículo.

Tercero. En virtud de cuanto se ha expuesto, procede estimar íntegramente la demanda, con imposición de todas las costas a la Administración ( art. 139.1 de la LJCA).

En lo tocante a esta materia (costas), conviene dejar claro desde este momento, para evitar ulteriores conflictos, que no es aquí de aplicación la limitación de las costas a "una cantidad total que no exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso", establecida en los artículos 243.2 y 394.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En efecto, la ley reguladora de la jurisdicción administrativa tiene sus previsiones específicas sobre la imposición de costas (y sus límites) en el artículo 139. Allí, en el numeral 4, se faculta al juez para imponer las costas "a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima". Esta facultad, inexistente en otros órdenes jurisdiccionales, es la que permite al juez administrativo ponderar si en el caso concreto la imposición de costas lo ha de ser a la totalidad o con ciertos límites; ello sin subordinación alguna a cuál sea la cuantía del pleito. Esta tesis viene avalada por el Tribunal Supremo en diversas resoluciones. A título de ejemplo, pueden verse:

* Auto (Sala 3.ª, sección 1.ª) de 20 de noviembre de 2014, rec. 52/2012 ( ECLI:ES:TS:2014:10407A):

* Auto (Sala 3.ª, sección 1.ª) de 1 de octubre de 2020, rec. 2834/2019 ( ECLI:ES:TS:2020:8463A):

Información sobre recursos. Al tratarse aquí de un asunto de cuantía inferior a los 30 000 euros, nos encontramos con un proceso en única instancia [ cf. art. 81.1.a ), a contrario sensu de la LJCA]. Por consiguiente, la presente sentencia adquirirá firmeza automáticamente en el mismo momento de ser dictada. Ello conlleva que proceda la comunicación de la sentencia a la Administración demandada y el archivo subsiguiente del procedimiento.

En atención a lo expuesto,

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