Sentencia Contencioso-Administrativo 403/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Octava, Rec. 1096/2022 de 25 de junio del 2026

PRIMERO:La cuestión que se plantea en el presente proceso es la relativa a determinar el ajuste legal de la resolución de 28 de julio de 2017 en cuya virtud, el Secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital dictó resolución de reintegro total respecto de la ayuda plurianual (2010-2011)), de referencia TSI-020400-2010-22, concedida para la realización del proyecto en cooperación: "Génesis X" y ello por incumplimiento de los objetivos establecidos en la resolución de concesión.

SEGUNDO:Tal y como recuerda la STS de 9 de junio de 2026 recurso de casación nº 5587/2023 FJ 5, "el artículo 37.1.c/ de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, incluye entre las causas de reintegro de la subvención la consistente en el << (...) c/ Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 30 de esta ley, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención>>. Es claro entonces que la falta de justificación del cumplimiento de las condiciones de la subvención, o la insuficiencia de tal justificación, es una de las causas que permite iniciar el procedimiento de reintegro.

El beneficiario de la subvención tiene la obligación de justificar el cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención ( artículo 30 de la Ley General de Subvenciones) ; que el órgano concedente debe comprobar la adecuada justificación de la subvención ( artículos 32.1 de la misma Ley y 84.1 de su Reglamento); y que cuando en el curso de esa tarea de comprobación el órgano actuante aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada debe ponerlo en conocimiento del beneficiario concediéndole un plazo de diez días para su corrección ( artículo 71.2 del Reglamento General de Subvenciones aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio). Y, en fin, también hemos dejado señalado que la falta de justificación del cumplimiento de las condiciones de la subvención, o la insuficiencia de tal justificación, es una de las causas que permite iniciar el procedimiento de reintegro ( artículo 37.1.c/ de la Ley General de Subvenciones) ".

En definitiva, el otorgamiento de las ayudas ha de estar determinado por el cumplimiento de las condiciones exigidas por la norma correspondiente, pues de lo contrario resultaría arbitraria y atentatoria al principio de seguridad jurídica. Se aprecia, pues, un carácter condicional en la ayuda, en el sentido de que su otorgamiento se produce siempre bajo la condición resolutoria de que el beneficiario tenga un determinado comportamiento o realice una determinada actividad en los términos en que procede su concesión.

TERCERO:De acuerdo con la jurisprudencia anotada, el presente recurso debe ser desestimado habida cuenta que las recurrentes incumplieron, como ellas mismas reconocen, una de las exigencias fundamentales que justificaron el otorgamiento de la ayuda, esto es, el uso de la tecnología Wimax.

Las recurrentes tratan de justificar este incumplimiento aludiendo al carácter obsoleto de dicha tecnología que, tras un fuerte impulso inicial desde 2001, empieza a decaer a partir del año 2010 coincidiendo con la fecha en la que se concede la ayuda, siendo ya totalmente inoperante en 2016 que es cuando se realiza la comprobación por parte de la Administración. A ello unen la tardanza de la Administración en realizar su control, lo que ahondó en la constatación de la inoperancia de dicha tecnología.

Pues bien, el carácter estrictamente formal del control de las subvenciones impide tomar en consideración el primer argumento de la recurrente. En efecto, resulta totalmente irrelevante que la tecnología Wimax haya decaído en su uso y que resultase inoperante en el momento de la comprobación del cumplimiento de los objetivos de la subvención, pues lo determinante es que los objetivos se cumplan en los términos pactados y reflejados en la concesión de la ayuda.

Si la recurrente estimaba que debían modificarse las condiciones de la concesión de la ayuda justamente por la inoperancia sobrevenida de la tecnología Wimax, tenía la obligación fundamental de comunicar tal circunstancia a la Administración y solicitar una modificación de las condiciones de concesión de la ayuda, sustituyendo dicha tecnología por otra alternativa. Nada se hizo sobre este punto, por lo que el incumplimiento está acreditado.

A este respecto, es taxativo el apartado segundo letra e) de la propuesta de resolución de la concesión de la ayuda, aceptada por las recurrentes el 7 de octubre de 2010 y que pasamos a transcribir:

"Las acciones subvencionadas deberán ejecutarse en el tiempo y forma aprobados que se recojan en las resoluciones de concesión. No obstante, cuando surjan circunstancias concretas que alteren las condiciones técnicas o económicas tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, en aspectos tales como el importe de la inversión aprobada, de sus conceptos, o el cumplimiento de plazos para la realización del proyecto o acción, el beneficiario podrá solicitar la modificación de la resolución de concesión siguiendo las instrucciones publicadas en el portal de ayudas Ayudatec del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (https://sede.mityc.gob.es).

Cualquier cambio en el proyecto requerirá simultáneamente:

Que el cambio no afecte a los objetivos perseguidos con la ayuda, incluidos los de finalidad regional, a sus aspectos fundamentales, a la determinación del beneficiario, ni dañe derechos de tercero.

Que el cambio sea solicitado antes de que finalice el plazo de ejecución del proyecto y sea aceptado expresamente".

CUARTO:La resolución impugnada motiva adecuadamente, tanto las causas que justificaron la declaración de incumplimiento, como las razones por las que se fijaron los respectivos porcentajes y lo hace por remisión al informe de control técnico económico de 10 de febrero de 2017, la certificación final de 14 de febrero de 2017 y el informe de la Subdirección General de Fomento de la Sociedad de la Información de 18 de enero de 2019, documentos en los que se detallan dichas circunstancias, esencialmente porque se constató que las recurrentes no disponían de terminales móviles para probar la red Wimax.

Tal y como se indica en la resolución impugnada, la ponderación de cada objetivo técnico se realizó a partir de los costes imputados en la tabla de trazabilidad presentada por los beneficiarios, por considerarse la estimación más cercana al esfuerzo dedicado a la consecución de cada uno de ellos, tal como queda constancia en el documento del expediente Informe de Control Técnico-Económico y el Cuaderno de Auditoría técnica ambos de fecha 10 de febrero de 2017. Por su parte, la cuantificación del porcentaje de cumplimiento de cada uno de los objetivos se determinó atendiendo a la definición de cada uno de los objetivos técnicos y a las características especificadas en cada uno de ellos, obtenidos a partir de la Memoria Técnica Inicial.

En otro orden de cosas, los entregables del proyecto son un elemento auxiliar de comprobación que no pueden sustituir en ningún caso a la verificación material de los objetivos y fines de la ayuda concedida, ni a la constatación de la realidad material de los productos desarrollados y de su relación indubitada con los costes imputados, lo que permite al órgano encargado del seguimiento verificar la aplicación de los fondos.

En este contexto, debe decaer la queja de la recurrente respecto de la falta de motivación de la resolución impugnada.

También invoca la recurrente como prueba del cumplimiento de sus objetivos el informe positivo de la entidad privada Celtic. Debe recordar la recurrente que el artículo 32 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece que "el órgano concedente comprobará la adecuada justificación de la subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención", por lo que dicho informe, que no se refiere a la falta de comunicación a la Administración de la alteración de las condiciones de concesión de la ayuda, carece de relevancia.

En definitiva, en materia de ayudas públicas, tan importante es que se cumplan los objetivos marcados, como que ello se haga en la forma establecida en la concesión de la ayuda, extremo que la recurrente omite analizar en su demanda.

También carece de relevancia el tiempo transcurrido en realizar la comprobación, pues la actuación administrativa se realizó dentro de los plazos legalmente establecidos, pues en otro caso las recurrentes hubieran podido alegar la prescripción. En cuanto al exceso temporal en la resolución del recurso de reposición, solo cabe decir que la recurrente tenía abierta la vía del recurso jurisdiccional en los términos del artículo 46.1 de la LJCA sin necesidad de aguardar a la notificación de la resolución expresa, por lo que este retraso solo es imputable a las recurrentes. No procede por lo tanto la reclamación relativa a la condonación de los intereses reclamados.

No existe violación del principio de confianza legítima en la medida en que en ningún momento la Administración indicó a las recurrentes que quedaban eximidas de cumplir con las obligaciones impuestas respecto de la tecnología Wimax.

Finalmente, ninguna vulneración del principio de proporcionalidad puede imputarse a la resolución impugnada, pues los parámetros fijados por los artículos 37.2 y 17.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, impiden minorar la cantidad reclamada. En efecto, el artículo 37. 2 dispone que procederá su aplicación cuando "el cumplimiento por el beneficiario o, en su caso, entidad colaboradora se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos", extremos que no concurren en este caso.

QUINTO:De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA procede imponer las costas a las recurrentes, parte vencida en este proceso, con un límite máximo por todos los conceptos de 3000 euros.

Vistoslos preceptos citados por las partes y demás de pertinente y general aplicación, venimos a pronunciar el siguiente

PRIMERO:La cuestión que se plantea en el presente proceso es la relativa a determinar el ajuste legal de la resolución de 28 de julio de 2017 en cuya virtud, el Secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital dictó resolución de reintegro total respecto de la ayuda plurianual (2010-2011)), de referencia TSI-020400-2010-22, concedida para la realización del proyecto en cooperación: "Génesis X" y ello por incumplimiento de los objetivos establecidos en la resolución de concesión.

SEGUNDO:Tal y como recuerda la STS de 9 de junio de 2026 recurso de casación nº 5587/2023 FJ 5, "el artículo 37.1.c/ de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, incluye entre las causas de reintegro de la subvención la consistente en el << (...) c/ Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 30 de esta ley, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención>>. Es claro entonces que la falta de justificación del cumplimiento de las condiciones de la subvención, o la insuficiencia de tal justificación, es una de las causas que permite iniciar el procedimiento de reintegro.

El beneficiario de la subvención tiene la obligación de justificar el cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención ( artículo 30 de la Ley General de Subvenciones) ; que el órgano concedente debe comprobar la adecuada justificación de la subvención ( artículos 32.1 de la misma Ley y 84.1 de su Reglamento); y que cuando en el curso de esa tarea de comprobación el órgano actuante aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada debe ponerlo en conocimiento del beneficiario concediéndole un plazo de diez días para su corrección ( artículo 71.2 del Reglamento General de Subvenciones aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio). Y, en fin, también hemos dejado señalado que la falta de justificación del cumplimiento de las condiciones de la subvención, o la insuficiencia de tal justificación, es una de las causas que permite iniciar el procedimiento de reintegro ( artículo 37.1.c/ de la Ley General de Subvenciones) ".

En definitiva, el otorgamiento de las ayudas ha de estar determinado por el cumplimiento de las condiciones exigidas por la norma correspondiente, pues de lo contrario resultaría arbitraria y atentatoria al principio de seguridad jurídica. Se aprecia, pues, un carácter condicional en la ayuda, en el sentido de que su otorgamiento se produce siempre bajo la condición resolutoria de que el beneficiario tenga un determinado comportamiento o realice una determinada actividad en los términos en que procede su concesión.

TERCERO:De acuerdo con la jurisprudencia anotada, el presente recurso debe ser desestimado habida cuenta que las recurrentes incumplieron, como ellas mismas reconocen, una de las exigencias fundamentales que justificaron el otorgamiento de la ayuda, esto es, el uso de la tecnología Wimax.

Las recurrentes tratan de justificar este incumplimiento aludiendo al carácter obsoleto de dicha tecnología que, tras un fuerte impulso inicial desde 2001, empieza a decaer a partir del año 2010 coincidiendo con la fecha en la que se concede la ayuda, siendo ya totalmente inoperante en 2016 que es cuando se realiza la comprobación por parte de la Administración. A ello unen la tardanza de la Administración en realizar su control, lo que ahondó en la constatación de la inoperancia de dicha tecnología.

Pues bien, el carácter estrictamente formal del control de las subvenciones impide tomar en consideración el primer argumento de la recurrente. En efecto, resulta totalmente irrelevante que la tecnología Wimax haya decaído en su uso y que resultase inoperante en el momento de la comprobación del cumplimiento de los objetivos de la subvención, pues lo determinante es que los objetivos se cumplan en los términos pactados y reflejados en la concesión de la ayuda.

Si la recurrente estimaba que debían modificarse las condiciones de la concesión de la ayuda justamente por la inoperancia sobrevenida de la tecnología Wimax, tenía la obligación fundamental de comunicar tal circunstancia a la Administración y solicitar una modificación de las condiciones de concesión de la ayuda, sustituyendo dicha tecnología por otra alternativa. Nada se hizo sobre este punto, por lo que el incumplimiento está acreditado.

A este respecto, es taxativo el apartado segundo letra e) de la propuesta de resolución de la concesión de la ayuda, aceptada por las recurrentes el 7 de octubre de 2010 y que pasamos a transcribir:

"Las acciones subvencionadas deberán ejecutarse en el tiempo y forma aprobados que se recojan en las resoluciones de concesión. No obstante, cuando surjan circunstancias concretas que alteren las condiciones técnicas o económicas tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, en aspectos tales como el importe de la inversión aprobada, de sus conceptos, o el cumplimiento de plazos para la realización del proyecto o acción, el beneficiario podrá solicitar la modificación de la resolución de concesión siguiendo las instrucciones publicadas en el portal de ayudas Ayudatec del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (https://sede.mityc.gob.es).

Cualquier cambio en el proyecto requerirá simultáneamente:

Que el cambio no afecte a los objetivos perseguidos con la ayuda, incluidos los de finalidad regional, a sus aspectos fundamentales, a la determinación del beneficiario, ni dañe derechos de tercero.

Que el cambio sea solicitado antes de que finalice el plazo de ejecución del proyecto y sea aceptado expresamente".

CUARTO:La resolución impugnada motiva adecuadamente, tanto las causas que justificaron la declaración de incumplimiento, como las razones por las que se fijaron los respectivos porcentajes y lo hace por remisión al informe de control técnico económico de 10 de febrero de 2017, la certificación final de 14 de febrero de 2017 y el informe de la Subdirección General de Fomento de la Sociedad de la Información de 18 de enero de 2019, documentos en los que se detallan dichas circunstancias, esencialmente porque se constató que las recurrentes no disponían de terminales móviles para probar la red Wimax.

Tal y como se indica en la resolución impugnada, la ponderación de cada objetivo técnico se realizó a partir de los costes imputados en la tabla de trazabilidad presentada por los beneficiarios, por considerarse la estimación más cercana al esfuerzo dedicado a la consecución de cada uno de ellos, tal como queda constancia en el documento del expediente Informe de Control Técnico-Económico y el Cuaderno de Auditoría técnica ambos de fecha 10 de febrero de 2017. Por su parte, la cuantificación del porcentaje de cumplimiento de cada uno de los objetivos se determinó atendiendo a la definición de cada uno de los objetivos técnicos y a las características especificadas en cada uno de ellos, obtenidos a partir de la Memoria Técnica Inicial.

En otro orden de cosas, los entregables del proyecto son un elemento auxiliar de comprobación que no pueden sustituir en ningún caso a la verificación material de los objetivos y fines de la ayuda concedida, ni a la constatación de la realidad material de los productos desarrollados y de su relación indubitada con los costes imputados, lo que permite al órgano encargado del seguimiento verificar la aplicación de los fondos.

En este contexto, debe decaer la queja de la recurrente respecto de la falta de motivación de la resolución impugnada.

También invoca la recurrente como prueba del cumplimiento de sus objetivos el informe positivo de la entidad privada Celtic. Debe recordar la recurrente que el artículo 32 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece que "el órgano concedente comprobará la adecuada justificación de la subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención", por lo que dicho informe, que no se refiere a la falta de comunicación a la Administración de la alteración de las condiciones de concesión de la ayuda, carece de relevancia.

En definitiva, en materia de ayudas públicas, tan importante es que se cumplan los objetivos marcados, como que ello se haga en la forma establecida en la concesión de la ayuda, extremo que la recurrente omite analizar en su demanda.

También carece de relevancia el tiempo transcurrido en realizar la comprobación, pues la actuación administrativa se realizó dentro de los plazos legalmente establecidos, pues en otro caso las recurrentes hubieran podido alegar la prescripción. En cuanto al exceso temporal en la resolución del recurso de reposición, solo cabe decir que la recurrente tenía abierta la vía del recurso jurisdiccional en los términos del artículo 46.1 de la LJCA sin necesidad de aguardar a la notificación de la resolución expresa, por lo que este retraso solo es imputable a las recurrentes. No procede por lo tanto la reclamación relativa a la condonación de los intereses reclamados.

No existe violación del principio de confianza legítima en la medida en que en ningún momento la Administración indicó a las recurrentes que quedaban eximidas de cumplir con las obligaciones impuestas respecto de la tecnología Wimax.

Finalmente, ninguna vulneración del principio de proporcionalidad puede imputarse a la resolución impugnada, pues los parámetros fijados por los artículos 37.2 y 17.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, impiden minorar la cantidad reclamada. En efecto, el artículo 37. 2 dispone que procederá su aplicación cuando "el cumplimiento por el beneficiario o, en su caso, entidad colaboradora se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos", extremos que no concurren en este caso.

QUINTO:De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA procede imponer las costas a las recurrentes, parte vencida en este proceso, con un límite máximo por todos los conceptos de 3000 euros.

Vistoslos preceptos citados por las partes y demás de pertinente y general aplicación, venimos a pronunciar el siguiente

PRIMERO:La cuestión que se plantea en el presente proceso es la relativa a determinar el ajuste legal de la resolución de 28 de julio de 2017 en cuya virtud, el Secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital dictó resolución de reintegro total respecto de la ayuda plurianual (2010-2011)), de referencia TSI-020400-2010-22, concedida para la realización del proyecto en cooperación: "Génesis X" y ello por incumplimiento de los objetivos establecidos en la resolución de concesión.

SEGUNDO:Tal y como recuerda la STS de 9 de junio de 2026 recurso de casación nº 5587/2023 FJ 5, "el artículo 37.1.c/ de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, incluye entre las causas de reintegro de la subvención la consistente en el << (...) c/ Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 30 de esta ley, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención>>. Es claro entonces que la falta de justificación del cumplimiento de las condiciones de la subvención, o la insuficiencia de tal justificación, es una de las causas que permite iniciar el procedimiento de reintegro.

El beneficiario de la subvención tiene la obligación de justificar el cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención ( artículo 30 de la Ley General de Subvenciones); que el órgano concedente debe comprobar la adecuada justificación de la subvención ( artículos 32.1 de la misma Ley y 84.1 de su Reglamento); y que cuando en el curso de esa tarea de comprobación el órgano actuante aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada debe ponerlo en conocimiento del beneficiario concediéndole un plazo de diez días para su corrección ( artículo 71.2 del Reglamento General de Subvenciones aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio). Y, en fin, también hemos dejado señalado que la falta de justificación del cumplimiento de las condiciones de la subvención, o la insuficiencia de tal justificación, es una de las causas que permite iniciar el procedimiento de reintegro ( artículo 37.1.c/ de la Ley General de Subvenciones) ".

En definitiva, el otorgamiento de las ayudas ha de estar determinado por el cumplimiento de las condiciones exigidas por la norma correspondiente, pues de lo contrario resultaría arbitraria y atentatoria al principio de seguridad jurídica. Se aprecia, pues, un carácter condicional en la ayuda, en el sentido de que su otorgamiento se produce siempre bajo la condición resolutoria de que el beneficiario tenga un determinado comportamiento o realice una determinada actividad en los términos en que procede su concesión.

TERCERO:De acuerdo con la jurisprudencia anotada, el presente recurso debe ser desestimado habida cuenta que las recurrentes incumplieron, como ellas mismas reconocen, una de las exigencias fundamentales que justificaron el otorgamiento de la ayuda, esto es, el uso de la tecnología Wimax.

Las recurrentes tratan de justificar este incumplimiento aludiendo al carácter obsoleto de dicha tecnología que, tras un fuerte impulso inicial desde 2001, empieza a decaer a partir del año 2010 coincidiendo con la fecha en la que se concede la ayuda, siendo ya totalmente inoperante en 2016 que es cuando se realiza la comprobación por parte de la Administración. A ello unen la tardanza de la Administración en realizar su control, lo que ahondó en la constatación de la inoperancia de dicha tecnología.

Pues bien, el carácter estrictamente formal del control de las subvenciones impide tomar en consideración el primer argumento de la recurrente. En efecto, resulta totalmente irrelevante que la tecnología Wimax haya decaído en su uso y que resultase inoperante en el momento de la comprobación del cumplimiento de los objetivos de la subvención, pues lo determinante es que los objetivos se cumplan en los términos pactados y reflejados en la concesión de la ayuda.

Si la recurrente estimaba que debían modificarse las condiciones de la concesión de la ayuda justamente por la inoperancia sobrevenida de la tecnología Wimax, tenía la obligación fundamental de comunicar tal circunstancia a la Administración y solicitar una modificación de las condiciones de concesión de la ayuda, sustituyendo dicha tecnología por otra alternativa. Nada se hizo sobre este punto, por lo que el incumplimiento está acreditado.

A este respecto, es taxativo el apartado segundo letra e) de la propuesta de resolución de la concesión de la ayuda, aceptada por las recurrentes el 7 de octubre de 2010 y que pasamos a transcribir:

"Las acciones subvencionadas deberán ejecutarse en el tiempo y forma aprobados que se recojan en las resoluciones de concesión. No obstante, cuando surjan circunstancias concretas que alteren las condiciones técnicas o económicas tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, en aspectos tales como el importe de la inversión aprobada, de sus conceptos, o el cumplimiento de plazos para la realización del proyecto o acción, el beneficiario podrá solicitar la modificación de la resolución de concesión siguiendo las instrucciones publicadas en el portal de ayudas Ayudatec del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (https://sede.mityc.gob.es).

Cualquier cambio en el proyecto requerirá simultáneamente:

Que el cambio no afecte a los objetivos perseguidos con la ayuda, incluidos los de finalidad regional, a sus aspectos fundamentales, a la determinación del beneficiario, ni dañe derechos de tercero.

Que el cambio sea solicitado antes de que finalice el plazo de ejecución del proyecto y sea aceptado expresamente".

CUARTO:La resolución impugnada motiva adecuadamente, tanto las causas que justificaron la declaración de incumplimiento, como las razones por las que se fijaron los respectivos porcentajes y lo hace por remisión al informe de control técnico económico de 10 de febrero de 2017, la certificación final de 14 de febrero de 2017 y el informe de la Subdirección General de Fomento de la Sociedad de la Información de 18 de enero de 2019, documentos en los que se detallan dichas circunstancias, esencialmente porque se constató que las recurrentes no disponían de terminales móviles para probar la red Wimax.

Tal y como se indica en la resolución impugnada, la ponderación de cada objetivo técnico se realizó a partir de los costes imputados en la tabla de trazabilidad presentada por los beneficiarios, por considerarse la estimación más cercana al esfuerzo dedicado a la consecución de cada uno de ellos, tal como queda constancia en el documento del expediente Informe de Control Técnico-Económico y el Cuaderno de Auditoría técnica ambos de fecha 10 de febrero de 2017. Por su parte, la cuantificación del porcentaje de cumplimiento de cada uno de los objetivos se determinó atendiendo a la definición de cada uno de los objetivos técnicos y a las características especificadas en cada uno de ellos, obtenidos a partir de la Memoria Técnica Inicial.

En otro orden de cosas, los entregables del proyecto son un elemento auxiliar de comprobación que no pueden sustituir en ningún caso a la verificación material de los objetivos y fines de la ayuda concedida, ni a la constatación de la realidad material de los productos desarrollados y de su relación indubitada con los costes imputados, lo que permite al órgano encargado del seguimiento verificar la aplicación de los fondos.

En este contexto, debe decaer la queja de la recurrente respecto de la falta de motivación de la resolución impugnada.

También invoca la recurrente como prueba del cumplimiento de sus objetivos el informe positivo de la entidad privada Celtic. Debe recordar la recurrente que el artículo 32 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece que "el órgano concedente comprobará la adecuada justificación de la subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención", por lo que dicho informe, que no se refiere a la falta de comunicación a la Administración de la alteración de las condiciones de concesión de la ayuda, carece de relevancia.

En definitiva, en materia de ayudas públicas, tan importante es que se cumplan los objetivos marcados, como que ello se haga en la forma establecida en la concesión de la ayuda, extremo que la recurrente omite analizar en su demanda.

También carece de relevancia el tiempo transcurrido en realizar la comprobación, pues la actuación administrativa se realizó dentro de los plazos legalmente establecidos, pues en otro caso las recurrentes hubieran podido alegar la prescripción. En cuanto al exceso temporal en la resolución del recurso de reposición, solo cabe decir que la recurrente tenía abierta la vía del recurso jurisdiccional en los términos del artículo 46.1 de la LJCA sin necesidad de aguardar a la notificación de la resolución expresa, por lo que este retraso solo es imputable a las recurrentes. No procede por lo tanto la reclamación relativa a la condonación de los intereses reclamados.

No existe violación del principio de confianza legítima en la medida en que en ningún momento la Administración indicó a las recurrentes que quedaban eximidas de cumplir con las obligaciones impuestas respecto de la tecnología Wimax.

Finalmente, ninguna vulneración del principio de proporcionalidad puede imputarse a la resolución impugnada, pues los parámetros fijados por los artículos 37.2 y 17.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, impiden minorar la cantidad reclamada. En efecto, el artículo 37. 2 dispone que procederá su aplicación cuando "el cumplimiento por el beneficiario o, en su caso, entidad colaboradora se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos", extremos que no concurren en este caso.

QUINTO:De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA procede imponer las costas a las recurrentes, parte vencida en este proceso, con un límite máximo por todos los conceptos de 3000 euros.

Vistoslos preceptos citados por las partes y demás de pertinente y general aplicación, venimos a pronunciar el siguiente