Sentencia Contencioso-Administrativo 275/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 175/2024 de 24 de junio del 2026

PRIMERO.- Se impugna en el caso presente la Resolución expresa de 15 de junio de 2024 dictada por la Dº General de Seguridad Jurídica y Fe Pública por delegación del Ministerio de Justicia que archiva por desistimiento tácito la solicitud de nacionalidad española por residencia formulada el 27 de mayo de 2020 por Dª Juana (Expediente NUM000).

La referida resolución concluía:

"Con el fin de resolver adecuadamente la solicitud, se le requirió la aportación de determinados documentosal expediente, concediéndole para ello un plazo de tres meses y con expresa advertencia de que, de no ser atendido el requerimiento en el plazo citado, se le tendría por desistido en su petición. Habiendo transcurrido el plazo de referencia sin que se haya aportado la documentación requerida o siendo la documentación recibida insuficiente o deficiente, procede acordar el archivo del procedimiento por desistimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , el artículo 10.2 del Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre , por el que se aprueba el Reglamento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia y el artículo 7.3 de la Orden JUS/1625/2016 , de 30 de septiembre, sobre la tramitación de los procedimientos de concesión de la nacionalidad española por residencia. PASAPORTE APORTADO CADUCADO A FECHA DE SOLICITUD, CERTIFICADO DE NACIMIENTO Y PENALES DE SU PAIS DE ORIGEN ENVIA EL PDF EN BLANCO. REQUERIDO EN VARIAS OCASIONES SIN CONTESTACION, PUBLICADO EN EL BOE AL NO RESPONDER A NOTIFICACIONES ELECTRONICAS NI A NOTIFICACION POSTAL"

SEGUNDO. -Los artículos 21 y 22 del Código Civil vinculan la concesión de la nacionalidad española por residencia a dos tipos de requisitos:

-unos de carácter definido como son la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establece; y

-otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivocomo es el caso de la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española,o bien de carácter negativo como es el caso de los motivos de orden público o interés nacional que pueden justificar su denegación.

Los primeros (de carácter definido) no plantean problema para su apreciación, y en cuanto a los segundos, por su propia naturaleza de conceptos jurídicos indeterminados, precisan de la concreción adecuada a las circunstancias concurrentes en cada caso cuya valoración lleva a una única solución justa, jurisdiccionalmente controlable, que debe adoptarse por la Administración ( art. 103 de la Constitución ), sin que propicien soluciones alternativas propias de la discrecionalidad administrativa.

Así ha declarado la sentencia de 24 de abril de 1999, citando otras muchas como las de 22-6-82, 13-7-84, 9-12-86, 24-4, 18-5, 10-7 y 8-11 de 1993, 19-12-95, 2-1-96, 14-4, 12-5- y 21-12- de 1998 y 24-4-99, que en la apreciación de los conceptos jurídicos indeterminados, como orden público e interés nacional, resulta excluida la discrecionalidad de la Administración, porque la inclusión de un concepto jurídico indeterminado en la norma a aplicar no significa, sin más, que se haya otorgado capacidad a la Administración para decidir con libertad y renunciar a la solución justa del caso, sino que viene obligada a la única decisión correcta a la vista de los hechos acreditados, añadiendo que el reconocimiento de la nacionalidad española no es una potestad discrecional sino un deber cuando concurren los requisitos legalmente previstos.Por ello, la propia sentencia señala que la nacionalidad tiene la auténtica naturaleza jurídica de estado civil de la persona, por lo que su adquisición por residencia no puede confundirse con la que se lleva a cabo por carta de naturaleza, pues mientras ésta constituye un genuino derecho de gracia, en que el requisito de la solicitud tiene el significado de ocasión o motivo pero no causa jurídica de la misma, la adquisición por residencia no puede concederse o denegarse sino cuando concurran las circunstancias legalmente previstas, de manera que no se trata de una concesión "stricto sensu" sino de un reconocimiento por concurrir al efecto los requisitos exigibles.

TERCERO.Consta en el expediente administrativo remitido por la Administración demandada, que la hoy actora, de nacionalidad marroquí, aportó junto con su solicitud de nacionalidad por residencia -registro de entrada en 27 de mayo de 2020-, la siguiente documentación:

-copia parcial de pasaporte de su país válido hasta 23/02/2020.

-certificado de escolaridad en 3º de ESO.

-justificantes del pago de tasa.

Consta Requerimiento de la Jefa de Área de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil de la DGRN de 27 de mayo de 2021 que se pronuncia en los siguientes términos:

"A los efectos de poder proceder al estudio y resolución de su solicitud, en el plazo máximo de tres meses, deberá aportar los documentos que se indican, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículo 10 del Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia:

PASAPORTE COMPLETO EN VIGOR: Deben adjuntarse todas las páginas del pasaporte en un único documento.

CERTIFICADO DE NACIMIENTO: En vigor, original y traducción, legalizado según los Convenios Internacionales. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES DEL PAÍS DE ORIGEN: En vigor, original y traducción, legalizado según los Convenios Internacionales. Este documento podrá ser sustituido por el Certificado Consular de Conducta, conforme a los convenios vigentes, debidamente traducido y legalizado. El certificado consular de conducta sólo será admisible cuando sea expedido en base a la consulta a las autoridades competentes del país de origen. En el caso de nacionales de un estado miembro de la UE se puede sustituir por el Certificado del Registro Central de Penados español donde conste expresamente que se ha consultado los antecedentes con el país de origen. Se paraliza la tramitación del expediente a partir de la notificación de este requerimiento hasta su efectivo cumplimiento, o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido ( artículo 22.1 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). En el caso de que no se produzca la subsanación por el interesado en el plazo mencionado se le tendrá por desistido en su petición, lo que se acordará mediante la correspondiente resolución".

Consta otro requerimiento de 21 de noviembre de 2021, que se pronunciaba en similares términos:

"A los efectos de poder proceder al estudio y resolución de su solicitud, en el plazo máximo de tres meses, deberá aportar los documentos que se indican, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículo 10 del Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia:

CERTIFICADO DE NACIMIENTO: En vigor, original y traducción, legalizado según los Convenios Internacionales. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES DEL PAÍS DE ORIGEN: En vigor, original y traducción, legalizado según los Convenios Internacionales.

Este documento podrá ser sustituido por el Certificado Consular de Conducta, conforme a los convenios vigentes, debidamente traducido y legalizado. El certificado consular de conducta sólo será admisible cuando sea expedido en base a la consulta a las autoridades competentes del país de origen. En el caso de nacionales de un estado miembro de la UE se puede sustituir por el Certificado del Registro Central de Penados español donde conste expresamente que se ha consultado los antecedentes con el país de origen.

PASAPORTE COMPLETO EN VIGOR: Deben adjuntarse todas las páginas del pasaporte en un único documento. Se paraliza la tramitación del expediente a partir de la notificación de este requerimiento hasta su efectivo cumplimiento, o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido ( artículo 22.1 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). En el caso de que no se produzca la subsanación por el interesado en el plazo mencionado se le tendrá por desistido en su petición, lo que se acordará mediante la correspondiente resolución".

Constan notificaciones a la interesada a través de la carpeta ciudadana.

Con fecha 15 de junio de 2024 se acordó el archivo del expediente por desistimiento tácito.

CUARTO. -La actora solicita la nulidad de la referida resolución al objeto de que se le conceda la nacionalidad interesada.

Pues bien, esta Sala no puede acceder a tal solicitud ya que ni el expediente ni en esta vía jurisdiccional constan los datos necesarios exigibles y relativos a la residencia continuada, legal e inmediatamente anterior a la petición, grado de integración y conocimiento de la lengua y la cultura española que son precisos para reconocer tal derecho, aspectos todos ellos que no se han justificado pese a los requerimientos formulados por la Administración a la solicitante.

Cierto es que ahora adjunta a la demanda copia de un pasaporte de su nacionalidad, pero no se refiere al pasaporte aportado al expediente que estaba incompleto, sino que se trata de un pasaporte posterior a la petición de nacionalidad por residencia de manera que no sirve a acreditar la nacionalidad legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición.

No ha aportado su certificado de nacimiento.

Por otra parte, la demandante se limita a reproducir los artículos del Código Civil que regulan la adquisición de la nacionalidad por residencia, sin que se contenga especificación alguna sobre el cumplimiento de los mismos.

Así ante la falta de argumentación unida a la falta de justificación de la pretensión de plena jurisdicción, no procede acceder a la pretensión actora.

Como es doctrina del Tribunal Constitucional, no corresponde a los Tribunales y Juzgados reconstruir de oficio las demandas, supliendo las razones que las partes no hayan expuesto, por ser carga procesal de la parte "no solamente abrir la vía para que podamos pronunciarnos, sino también proporcionar la fundamentación fáctica y jurídica que razonablemente es de esperar ..."( STC 96/2015, de 25 de mayo, entra otras muchas).

QUINTO.En aplicación del art. 139.1. de la Ley de esta Jurisdicción, procede imponer las costas a la parte actora cuyas pretensiones han sido totalmente desestimadas con el límite máximo de 1.500 E.