Sentencia Contencioso-Administrativo 252/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 864/2024 de 29 de junio del 2026

PRIMERO. -El recurso contencioso-administrativo se interpone contra la resolución de la Directora de la AEPD, de 26 de marzo del 2024, por la que se inadmite la reclamación por no existir indicios de una infracción en el ámbito competencial de la Agencia.

SEGUNDO. -La resolución impugnada señala que "la documentación entregada a los órganos administrativos o jurisdiccionales competentes por quien tiene legitimación está legalmente amparada no solo cuando los datos personales hubieran sido solicitados directamente por dichos órganos, sino también cuando, al aportarse al procedimiento, no hubieran sido rechazados por el órgano competente, que es el que debe valorar su idoneidad...". La Fundación actuó en el ejercicio del cargo de asistente representativo de la reclamante ante la autoridad judicial, en el seno de un procedimiento para la adopción de medidas judiciales por razón de su discapacidad.

Además, considera que la AEPD no es competente para conocer de esta reclamación, en virtud del artículo 156 Estatuto Autonomía de Cataluña, que la atribuye a la Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

TERCERO. -El artículo 156 LO 6/2006, de 19 de julio, dispone lo siguiente:

"Corresponde a la Generalitat la competencia ejecutiva en materia de protección de datos de carácter personal que, respetando las garantías de los derechos fundamentales en esta materia, incluye en todo caso:

a) La inscripción y el control de los ficheros o los tratamientos de datos de carácter personal creados o gestionados por las instituciones públicas de Cataluña, la Administración de la Generalitat, las administraciones locales de Cataluña, las entidades autónomas y las demás entidades de derecho público o privado que dependen de las administraciones autonómica o locales o que prestan servicios o realizan actividades por cuenta propia a través de cualquier forma de gestión directa o indirecta, y las universidades que integran el sistema universitario catalán.

(...)

d) La constitución de una autoridad independiente, designada por el Parlamento, que vele por la garantía del derecho a la protección de datos personales en el ámbito de las competencias de la Generalitat.

Se reclama frente a un tratamiento de datos efectuado por personal del Institut Catalá de la Salut, integrado en la Generalitat de Catalunya, por lo que la AEPD no es competente para analizar este caso.

CUARTO. -Las costas se imponen a la demandante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio del derecho a la justicia gratuita que le haya sido reconocido.

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sección primera, ha dictado el siguiente

PRIMERO. -El recurso contencioso-administrativo se interpone contra la resolución de la Directora de la AEPD, de 26 de marzo del 2024, por la que se inadmite la reclamación por no existir indicios de una infracción en el ámbito competencial de la Agencia.

SEGUNDO. -La resolución impugnada señala que "la documentación entregada a los órganos administrativos o jurisdiccionales competentes por quien tiene legitimación está legalmente amparada no solo cuando los datos personales hubieran sido solicitados directamente por dichos órganos, sino también cuando, al aportarse al procedimiento, no hubieran sido rechazados por el órgano competente, que es el que debe valorar su idoneidad...". La Fundación actuó en el ejercicio del cargo de asistente representativo de la reclamante ante la autoridad judicial, en el seno de un procedimiento para la adopción de medidas judiciales por razón de su discapacidad.

Además, considera que la AEPD no es competente para conocer de esta reclamación, en virtud del artículo 156 Estatuto Autonomía de Cataluña, que la atribuye a la Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

TERCERO. -El artículo 156 LO 6/2006, de 19 de julio, dispone lo siguiente:

"Corresponde a la Generalitat la competencia ejecutiva en materia de protección de datos de carácter personal que, respetando las garantías de los derechos fundamentales en esta materia, incluye en todo caso:

a) La inscripción y el control de los ficheros o los tratamientos de datos de carácter personal creados o gestionados por las instituciones públicas de Cataluña, la Administración de la Generalitat, las administraciones locales de Cataluña, las entidades autónomas y las demás entidades de derecho público o privado que dependen de las administraciones autonómica o locales o que prestan servicios o realizan actividades por cuenta propia a través de cualquier forma de gestión directa o indirecta, y las universidades que integran el sistema universitario catalán.

(...)

d) La constitución de una autoridad independiente, designada por el Parlamento, que vele por la garantía del derecho a la protección de datos personales en el ámbito de las competencias de la Generalitat.

Se reclama frente a un tratamiento de datos efectuado por personal del Institut Catalá de la Salut, integrado en la Generalitat de Catalunya, por lo que la AEPD no es competente para analizar este caso.

CUARTO. -Las costas se imponen a la demandante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio del derecho a la justicia gratuita que le haya sido reconocido.

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sección primera, ha dictado el siguiente

PRIMERO. -El recurso contencioso-administrativo se interpone contra la resolución de la Directora de la AEPD, de 26 de marzo del 2024, por la que se inadmite la reclamación por no existir indicios de una infracción en el ámbito competencial de la Agencia.

SEGUNDO. -La resolución impugnada señala que "la documentación entregada a los órganos administrativos o jurisdiccionales competentes por quien tiene legitimación está legalmente amparada no solo cuando los datos personales hubieran sido solicitados directamente por dichos órganos, sino también cuando, al aportarse al procedimiento, no hubieran sido rechazados por el órgano competente, que es el que debe valorar su idoneidad...". La Fundación actuó en el ejercicio del cargo de asistente representativo de la reclamante ante la autoridad judicial, en el seno de un procedimiento para la adopción de medidas judiciales por razón de su discapacidad.

Además, considera que la AEPD no es competente para conocer de esta reclamación, en virtud del artículo 156 Estatuto Autonomía de Cataluña, que la atribuye a la Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

TERCERO. -El artículo 156 LO 6/2006, de 19 de julio, dispone lo siguiente:

"Corresponde a la Generalitat la competencia ejecutiva en materia de protección de datos de carácter personal que, respetando las garantías de los derechos fundamentales en esta materia, incluye en todo caso:

a) La inscripción y el control de los ficheros o los tratamientos de datos de carácter personal creados o gestionados por las instituciones públicas de Cataluña, la Administración de la Generalitat, las administraciones locales de Cataluña, las entidades autónomas y las demás entidades de derecho público o privado que dependen de las administraciones autonómica o locales o que prestan servicios o realizan actividades por cuenta propia a través de cualquier forma de gestión directa o indirecta, y las universidades que integran el sistema universitario catalán.

(...)

d) La constitución de una autoridad independiente, designada por el Parlamento, que vele por la garantía del derecho a la protección de datos personales en el ámbito de las competencias de la Generalitat.

Se reclama frente a un tratamiento de datos efectuado por personal del Institut Catalá de la Salut, integrado en la Generalitat de Catalunya, por lo que la AEPD no es competente para analizar este caso.

CUARTO. -Las costas se imponen a la demandante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio del derecho a la justicia gratuita que le haya sido reconocido.

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sección primera, ha dictado el siguiente