Sentencia Contencioso-Administrativo 312/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 1748/2022 de 03 de julio del 2026

PRIMERO.-Identificada ya la resolución administrativa impugnada, la controvierte la mercantil actora, sobre la base de un doble reproche de índole formal y material, al entender que nos hallamos ante un expediente que debiera haberse declarado caducado, por merecer calificarse "de espuria e injustificada" la suspensión del mismo con motivo de la solicitud de informe a la Jefatura Territorial del Servicio de Energía y Minas de Ourense al que haremos referencia, y por haberse inferido la responsabilidad subsidiaria apreciada en la resolución sobre la base de haber resultado la actora, concesionaria sobrevenida de una demasía, obviando que nunca ha realizado absolutamente ninguna actuación minera ni en dicha zona ni en sus inmediaciones, resultando, conforme a pericial que acompaña que "los hechos denunciados vienen derivados de los trabajos desarrollados en el pasado en esta explotación y no tienen nada que ver con los trabajos que autorizados en desarrollo en la concesión "CALZADA" nº 4288, que se desarrollan mediante minería subterránea y a más de 500 metros en su punto más cercano de dicha zona".

La administración estatal demandada, se remite a lo que queda expuesto en la resolución administrativa impugnada la cual no asume como desvirtuada por mor de lo razonado en la demanda.

La mercantil codemandada, CANTERAS VILLAMARTÍN S.L, sostiene que "La zona donde se produce el desprendimiento y donde se encuentra la balsa de agua se corresponde desde el año 2018 con la DEMASIA de la concesión de explotación denominada Calzada, número 4288, en el término municipal de Villamartín de Valdeorras (Ourense) titularidad de la mercantil "PIZARRAS GALLEGAS, S.L." y que "El titular de la explotación minera tiene la responsabilidad en la reparación de los daños. Remitiéndonos a lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 22 / 1973, de 21 de julio, de Minas. Motivo por el que debe desestimarse el recurso interpuesto de adverso".

SEGUNDO.-En orden al debate articulado entre las partes, es conveniente indicar que la Sala no confiere razón a la demandante a la hora de considerar que el expediente sancionador iniciado por tercera vez en fecha 30/5/2021 - caducados los dos precedentemente incoados al haber transcurrido más de un año desde el inicio de sus respectivas tramitaciones-, merezca verse incurso asimismo en causa de caducidad, una vez el informe al que alude la actora, en tanto cursado a la Jefatura Territorial del Servicio de Energía y Minas de Ourense en fecha 9/8/2021, comportó la consiguiente suspensión del plazo de caducidad por tres meses - tras ser recibido con posterioridad al 9/11/2021, de modo tal que notificada a la actora la resolución impugnada en fecha 9/8/2022, todavía no había transcurrido el plazo de anual de caducidad, a cumplirse en fecha 30/8/2022. Los argumentos de la actora no resultan de acogida, pues obvian que el informe de referencia, cursado al efecto de certificar "qué derecho minero, concesión de explotación o demasía está en la actualidad vigente en la zona donde se produjo el desprendimiento y se ubica la balsa referida en el expediente de referencia, así como quién resulta su titular actual" no puede tildarse como una diligencia necesariamente inocua en un caso como el que nos atañe, máxime en cuanto, resulta menester enfatizarlo, no actuó la administración instructora motu proprioen orden a la práctica de tal diligencia, cuanto maximizando el derecho de defensa de la mercantil hoy codemandada- Canteras Villamartín, S.L. (CAVIMA)- la cual en las alegaciones al correspondiente pliego de cargos solicitó el libramiento de tal oficio.

TERCERO.-Precisado lo anterior la abogacía del Estado, defiende que la resolución administrativa es conforme a derecho al imponer la responsabilidad subsidiaria de Pizarras Gallegas S.A (eximida de responsabilidad sancionatoria alguna que recae sobre la mercantil personada en calidad de codemandada) a la hora de "restituir las cosas a su primitivo estado en el plazo de 15 días, retirando el depósito de tierra y piedras realizado sobre el cauce del Regueiro de Pereanes y afectando también en la zona de servidumbre y policía de ambas márgenes del citado cauce" remitiéndose a tal efecto a lo fundamentado en la resolución administrativa impugnada, la cual en esencia, encuentra sustento en ser la mercantil actora titular desde el 4/5/2018 de la demasía de la concesión de explotación denominada "calzada núm. 4288" coincidente con la zona donde se producen los hechos denunciados y que dieron origen al expediente. Esgrime la administración demandada que tal responsabilidad surge por lo dispuesto en el art.81 de la Ley de Minas y 104.1 del reglamento general para el régimen de la minería, siendo que "lógicamente el hecho de ser la titular actual de la demasía de la concesión de explotación la habilita para llevar a cabo la restauración, en el supuesto de que Canteras Villamartín S.L (CAVIMA) no la lleve a cabo".

Pues bien dispone el art.81 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas que "Todo titular o poseedor de derechos mineros reconocidos en esta Ley será responsable de los daños y perjuicios que ocasione con sus trabajos,así como de los producidos a aprovechamientos colindantes por intrusión de labores, acumulación de agua, invasión de gases y otras causas similares y de las infracciones que cometa de las prescripciones establecidas en el momento del otorgamiento para la protección del medio ambiente que se sancionarán en la forma que señale el Reglamento, pudiendo llegarse a la caducidad por causa de infracción grave"; por su parte, el art.104.1 del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería, dispone que "El titular o explotador de derechos mineros será responsable de los daños y perjuicios que ocasione con sus trabajos,así como los producidos a aprovechamientos colindantes por intrusión de labores, acumulación de aguas, invasión de gases y otras causas similares, y de las infracciones que cometa de las prescripciones establecidas en el momento del otorgamiento para la protección del medio ambiente, que se sancionará con arreglo a lo establecido en el artículo 147 del presente Reglamento, pudiéndose llegar a la caducidad por causa de infracción grave."

La Sala, cotejando tales preceptos con el caso que nos ocupa, no estima que los mismos resulten trasladables al mismo, derivando en consecuencia la responsabilidad subsidiaria de Pizarras Gallegas S.A en orden a la retirada del depósito de tierra y piedras de referencia. Así pese a ser incontrovertido que la actora resultaba en la fecha de la denuncia de la guardería fluvial (14/6/2019) de una demasía minera otorgada conforme a la Disposición Transitoria Séptima de la Ley de Minas y disposiciones concordantes en fecha 4/5/2018, es lo cierto que los preceptos en los que se pretende derivar la responsabilidad subsidiaria a la propia del infractor en las operaciones de restauración, exigen un ligamen causal entre los "daños y perjuicios" que se aprecien y "los trabajos" que el titular o explotador de los derechos mineros realice, resultando que en el caso que nos ocupa ningún "trabajo" se ha identificado como realizado por la mercantil actora con un cabal ligamen causal al desprendimiento que nos ocupa. Por decirlo de otro modo, la mercantil actora resultó titular sobrevenida de una demasía minera, con posterioridad a la realización de los trabajos mineros que se identifican como causantes de la ocupación no autorizada y daños derivados, pero fue ajena en todo punto a ello. Nótese que la administración no controvierte siquiera que la actora no contase con la disponibilidad efectiva de los terrenos de referencia ni con un proyecto de explotación aprobado o siquiera presentado que incluyera la zona, con inclusión en los planes de labores anuales correspondientes. Por lo demás consta informado técnicamente sin contravención alguna que los hechos denunciados no tienen nada que ver con los trabajos autorizados en desarrollo de la concesión "calzada núm 4288" en tanto estos últimos se desarrollan mediante minería subterránea y a más de 500 metros en su punto más cercano a la zona en la cual por mor de lo constatado en el expediente se produjo un desprendimiento ligado a trabajos previos no realizados por la hoy actora (vid pericial acompañada a la demanda, ingeniero de minas Sr. Mateo).

CUARTO.-La estimación del recurso comporta la imposición de costas a las demandadas, ex Art.139 LJCA.

Por lo hasta aquí fundamentado,

PRIMERO.-Identificada ya la resolución administrativa impugnada, la controvierte la mercantil actora, sobre la base de un doble reproche de índole formal y material, al entender que nos hallamos ante un expediente que debiera haberse declarado caducado, por merecer calificarse "de espuria e injustificada" la suspensión del mismo con motivo de la solicitud de informe a la Jefatura Territorial del Servicio de Energía y Minas de Ourense al que haremos referencia, y por haberse inferido la responsabilidad subsidiaria apreciada en la resolución sobre la base de haber resultado la actora, concesionaria sobrevenida de una demasía, obviando que nunca ha realizado absolutamente ninguna actuación minera ni en dicha zona ni en sus inmediaciones, resultando, conforme a pericial que acompaña que "los hechos denunciados vienen derivados de los trabajos desarrollados en el pasado en esta explotación y no tienen nada que ver con los trabajos que autorizados en desarrollo en la concesión "CALZADA" nº 4288, que se desarrollan mediante minería subterránea y a más de 500 metros en su punto más cercano de dicha zona".

La administración estatal demandada, se remite a lo que queda expuesto en la resolución administrativa impugnada la cual no asume como desvirtuada por mor de lo razonado en la demanda.

La mercantil codemandada, CANTERAS VILLAMARTÍN S.L, sostiene que "La zona donde se produce el desprendimiento y donde se encuentra la balsa de agua se corresponde desde el año 2018 con la DEMASIA de la concesión de explotación denominada Calzada, número 4288, en el término municipal de Villamartín de Valdeorras (Ourense) titularidad de la mercantil "PIZARRAS GALLEGAS, S.L." y que "El titular de la explotación minera tiene la responsabilidad en la reparación de los daños. Remitiéndonos a lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 22 / 1973, de 21 de julio, de Minas. Motivo por el que debe desestimarse el recurso interpuesto de adverso".

SEGUNDO.-En orden al debate articulado entre las partes, es conveniente indicar que la Sala no confiere razón a la demandante a la hora de considerar que el expediente sancionador iniciado por tercera vez en fecha 30/5/2021 - caducados los dos precedentemente incoados al haber transcurrido más de un año desde el inicio de sus respectivas tramitaciones-, merezca verse incurso asimismo en causa de caducidad, una vez el informe al que alude la actora, en tanto cursado a la Jefatura Territorial del Servicio de Energía y Minas de Ourense en fecha 9/8/2021, comportó la consiguiente suspensión del plazo de caducidad por tres meses - tras ser recibido con posterioridad al 9/11/2021, de modo tal que notificada a la actora la resolución impugnada en fecha 9/8/2022, todavía no había transcurrido el plazo de anual de caducidad, a cumplirse en fecha 30/8/2022. Los argumentos de la actora no resultan de acogida, pues obvian que el informe de referencia, cursado al efecto de certificar "qué derecho minero, concesión de explotación o demasía está en la actualidad vigente en la zona donde se produjo el desprendimiento y se ubica la balsa referida en el expediente de referencia, así como quién resulta su titular actual" no puede tildarse como una diligencia necesariamente inocua en un caso como el que nos atañe, máxime en cuanto, resulta menester enfatizarlo, no actuó la administración instructora motu proprioen orden a la práctica de tal diligencia, cuanto maximizando el derecho de defensa de la mercantil hoy codemandada- Canteras Villamartín, S.L. (CAVIMA)- la cual en las alegaciones al correspondiente pliego de cargos solicitó el libramiento de tal oficio.

TERCERO.-Precisado lo anterior la abogacía del Estado, defiende que la resolución administrativa es conforme a derecho al imponer la responsabilidad subsidiaria de Pizarras Gallegas S.A (eximida de responsabilidad sancionatoria alguna que recae sobre la mercantil personada en calidad de codemandada) a la hora de "restituir las cosas a su primitivo estado en el plazo de 15 días, retirando el depósito de tierra y piedras realizado sobre el cauce del Regueiro de Pereanes y afectando también en la zona de servidumbre y policía de ambas márgenes del citado cauce" remitiéndose a tal efecto a lo fundamentado en la resolución administrativa impugnada, la cual en esencia, encuentra sustento en ser la mercantil actora titular desde el 4/5/2018 de la demasía de la concesión de explotación denominada "calzada núm. 4288" coincidente con la zona donde se producen los hechos denunciados y que dieron origen al expediente. Esgrime la administración demandada que tal responsabilidad surge por lo dispuesto en el art.81 de la Ley de Minas y 104.1 del reglamento general para el régimen de la minería, siendo que "lógicamente el hecho de ser la titular actual de la demasía de la concesión de explotación la habilita para llevar a cabo la restauración, en el supuesto de que Canteras Villamartín S.L (CAVIMA) no la lleve a cabo".

Pues bien dispone el art.81 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas que "Todo titular o poseedor de derechos mineros reconocidos en esta Ley será responsable de los daños y perjuicios que ocasione con sus trabajos,así como de los producidos a aprovechamientos colindantes por intrusión de labores, acumulación de agua, invasión de gases y otras causas similares y de las infracciones que cometa de las prescripciones establecidas en el momento del otorgamiento para la protección del medio ambiente que se sancionarán en la forma que señale el Reglamento, pudiendo llegarse a la caducidad por causa de infracción grave"; por su parte, el art.104.1 del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería, dispone que "El titular o explotador de derechos mineros será responsable de los daños y perjuicios que ocasione con sus trabajos,así como los producidos a aprovechamientos colindantes por intrusión de labores, acumulación de aguas, invasión de gases y otras causas similares, y de las infracciones que cometa de las prescripciones establecidas en el momento del otorgamiento para la protección del medio ambiente, que se sancionará con arreglo a lo establecido en el artículo 147 del presente Reglamento, pudiéndose llegar a la caducidad por causa de infracción grave."

La Sala, cotejando tales preceptos con el caso que nos ocupa, no estima que los mismos resulten trasladables al mismo, derivando en consecuencia la responsabilidad subsidiaria de Pizarras Gallegas S.A en orden a la retirada del depósito de tierra y piedras de referencia. Así pese a ser incontrovertido que la actora resultaba en la fecha de la denuncia de la guardería fluvial (14/6/2019) de una demasía minera otorgada conforme a la Disposición Transitoria Séptima de la Ley de Minas y disposiciones concordantes en fecha 4/5/2018, es lo cierto que los preceptos en los que se pretende derivar la responsabilidad subsidiaria a la propia del infractor en las operaciones de restauración, exigen un ligamen causal entre los "daños y perjuicios" que se aprecien y "los trabajos" que el titular o explotador de los derechos mineros realice, resultando que en el caso que nos ocupa ningún "trabajo" se ha identificado como realizado por la mercantil actora con un cabal ligamen causal al desprendimiento que nos ocupa. Por decirlo de otro modo, la mercantil actora resultó titular sobrevenida de una demasía minera, con posterioridad a la realización de los trabajos mineros que se identifican como causantes de la ocupación no autorizada y daños derivados, pero fue ajena en todo punto a ello. Nótese que la administración no controvierte siquiera que la actora no contase con la disponibilidad efectiva de los terrenos de referencia ni con un proyecto de explotación aprobado o siquiera presentado que incluyera la zona, con inclusión en los planes de labores anuales correspondientes. Por lo demás consta informado técnicamente sin contravención alguna que los hechos denunciados no tienen nada que ver con los trabajos autorizados en desarrollo de la concesión "calzada núm 4288" en tanto estos últimos se desarrollan mediante minería subterránea y a más de 500 metros en su punto más cercano a la zona en la cual por mor de lo constatado en el expediente se produjo un desprendimiento ligado a trabajos previos no realizados por la hoy actora (vid pericial acompañada a la demanda, ingeniero de minas Sr. Mateo).

CUARTO.-La estimación del recurso comporta la imposición de costas a las demandadas, ex Art.139 LJCA.

Por lo hasta aquí fundamentado,

PRIMERO.-Identificada ya la resolución administrativa impugnada, la controvierte la mercantil actora, sobre la base de un doble reproche de índole formal y material, al entender que nos hallamos ante un expediente que debiera haberse declarado caducado, por merecer calificarse "de espuria e injustificada" la suspensión del mismo con motivo de la solicitud de informe a la Jefatura Territorial del Servicio de Energía y Minas de Ourense al que haremos referencia, y por haberse inferido la responsabilidad subsidiaria apreciada en la resolución sobre la base de haber resultado la actora, concesionaria sobrevenida de una demasía, obviando que nunca ha realizado absolutamente ninguna actuación minera ni en dicha zona ni en sus inmediaciones, resultando, conforme a pericial que acompaña que "los hechos denunciados vienen derivados de los trabajos desarrollados en el pasado en esta explotación y no tienen nada que ver con los trabajos que autorizados en desarrollo en la concesión "CALZADA" nº 4288, que se desarrollan mediante minería subterránea y a más de 500 metros en su punto más cercano de dicha zona".

La administración estatal demandada, se remite a lo que queda expuesto en la resolución administrativa impugnada la cual no asume como desvirtuada por mor de lo razonado en la demanda.

La mercantil codemandada, CANTERAS VILLAMARTÍN S.L, sostiene que "La zona donde se produce el desprendimiento y donde se encuentra la balsa de agua se corresponde desde el año 2018 con la DEMASIA de la concesión de explotación denominada Calzada, número 4288, en el término municipal de Villamartín de Valdeorras (Ourense) titularidad de la mercantil "PIZARRAS GALLEGAS, S.L." y que "El titular de la explotación minera tiene la responsabilidad en la reparación de los daños. Remitiéndonos a lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 22 / 1973, de 21 de julio, de Minas. Motivo por el que debe desestimarse el recurso interpuesto de adverso".

SEGUNDO.-En orden al debate articulado entre las partes, es conveniente indicar que la Sala no confiere razón a la demandante a la hora de considerar que el expediente sancionador iniciado por tercera vez en fecha 30/5/2021 - caducados los dos precedentemente incoados al haber transcurrido más de un año desde el inicio de sus respectivas tramitaciones-, merezca verse incurso asimismo en causa de caducidad, una vez el informe al que alude la actora, en tanto cursado a la Jefatura Territorial del Servicio de Energía y Minas de Ourense en fecha 9/8/2021, comportó la consiguiente suspensión del plazo de caducidad por tres meses - tras ser recibido con posterioridad al 9/11/2021, de modo tal que notificada a la actora la resolución impugnada en fecha 9/8/2022, todavía no había transcurrido el plazo de anual de caducidad, a cumplirse en fecha 30/8/2022. Los argumentos de la actora no resultan de acogida, pues obvian que el informe de referencia, cursado al efecto de certificar "qué derecho minero, concesión de explotación o demasía está en la actualidad vigente en la zona donde se produjo el desprendimiento y se ubica la balsa referida en el expediente de referencia, así como quién resulta su titular actual" no puede tildarse como una diligencia necesariamente inocua en un caso como el que nos atañe, máxime en cuanto, resulta menester enfatizarlo, no actuó la administración instructora motu proprioen orden a la práctica de tal diligencia, cuanto maximizando el derecho de defensa de la mercantil hoy codemandada- Canteras Villamartín, S.L. (CAVIMA)- la cual en las alegaciones al correspondiente pliego de cargos solicitó el libramiento de tal oficio.

TERCERO.-Precisado lo anterior la abogacía del Estado, defiende que la resolución administrativa es conforme a derecho al imponer la responsabilidad subsidiaria de Pizarras Gallegas S.A (eximida de responsabilidad sancionatoria alguna que recae sobre la mercantil personada en calidad de codemandada) a la hora de "restituir las cosas a su primitivo estado en el plazo de 15 días, retirando el depósito de tierra y piedras realizado sobre el cauce del Regueiro de Pereanes y afectando también en la zona de servidumbre y policía de ambas márgenes del citado cauce" remitiéndose a tal efecto a lo fundamentado en la resolución administrativa impugnada, la cual en esencia, encuentra sustento en ser la mercantil actora titular desde el 4/5/2018 de la demasía de la concesión de explotación denominada "calzada núm. 4288" coincidente con la zona donde se producen los hechos denunciados y que dieron origen al expediente. Esgrime la administración demandada que tal responsabilidad surge por lo dispuesto en el art.81 de la Ley de Minas y 104.1 del reglamento general para el régimen de la minería, siendo que "lógicamente el hecho de ser la titular actual de la demasía de la concesión de explotación la habilita para llevar a cabo la restauración, en el supuesto de que Canteras Villamartín S.L (CAVIMA) no la lleve a cabo".

Pues bien dispone el art.81 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas que "Todo titular o poseedor de derechos mineros reconocidos en esta Ley será responsable de los daños y perjuicios que ocasione con sus trabajos,así como de los producidos a aprovechamientos colindantes por intrusión de labores, acumulación de agua, invasión de gases y otras causas similares y de las infracciones que cometa de las prescripciones establecidas en el momento del otorgamiento para la protección del medio ambiente que se sancionarán en la forma que señale el Reglamento, pudiendo llegarse a la caducidad por causa de infracción grave"; por su parte, el art.104.1 del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería, dispone que "El titular o explotador de derechos mineros será responsable de los daños y perjuicios que ocasione con sus trabajos,así como los producidos a aprovechamientos colindantes por intrusión de labores, acumulación de aguas, invasión de gases y otras causas similares, y de las infracciones que cometa de las prescripciones establecidas en el momento del otorgamiento para la protección del medio ambiente, que se sancionará con arreglo a lo establecido en el artículo 147 del presente Reglamento, pudiéndose llegar a la caducidad por causa de infracción grave."

La Sala, cotejando tales preceptos con el caso que nos ocupa, no estima que los mismos resulten trasladables al mismo, derivando en consecuencia la responsabilidad subsidiaria de Pizarras Gallegas S.A en orden a la retirada del depósito de tierra y piedras de referencia. Así pese a ser incontrovertido que la actora resultaba en la fecha de la denuncia de la guardería fluvial (14/6/2019) de una demasía minera otorgada conforme a la Disposición Transitoria Séptima de la Ley de Minas y disposiciones concordantes en fecha 4/5/2018, es lo cierto que los preceptos en los que se pretende derivar la responsabilidad subsidiaria a la propia del infractor en las operaciones de restauración, exigen un ligamen causal entre los "daños y perjuicios" que se aprecien y "los trabajos" que el titular o explotador de los derechos mineros realice, resultando que en el caso que nos ocupa ningún "trabajo" se ha identificado como realizado por la mercantil actora con un cabal ligamen causal al desprendimiento que nos ocupa. Por decirlo de otro modo, la mercantil actora resultó titular sobrevenida de una demasía minera, con posterioridad a la realización de los trabajos mineros que se identifican como causantes de la ocupación no autorizada y daños derivados, pero fue ajena en todo punto a ello. Nótese que la administración no controvierte siquiera que la actora no contase con la disponibilidad efectiva de los terrenos de referencia ni con un proyecto de explotación aprobado o siquiera presentado que incluyera la zona, con inclusión en los planes de labores anuales correspondientes. Por lo demás consta informado técnicamente sin contravención alguna que los hechos denunciados no tienen nada que ver con los trabajos autorizados en desarrollo de la concesión "calzada núm 4288" en tanto estos últimos se desarrollan mediante minería subterránea y a más de 500 metros en su punto más cercano a la zona en la cual por mor de lo constatado en el expediente se produjo un desprendimiento ligado a trabajos previos no realizados por la hoy actora (vid pericial acompañada a la demanda, ingeniero de minas Sr. Mateo).

CUARTO.-La estimación del recurso comporta la imposición de costas a las demandadas, ex Art.139 LJCA.

Por lo hasta aquí fundamentado,