Sentencia Contencioso-Administrativo 233/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 2153/2020 de 09 de abril del 2026

PRIMERO.- El presente recurso contencioso-administrativo se dirige contra la resolución de 24 de septiembre de 2020 del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), que resuelve recurso de alzada contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Canarias (TEAR), sobre liquidación por Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 2010 y 2011.

La resolución del TEAC estima en parte el recurso de alzada, anula la resolución del TEAR y la liquidación recurrida, y acuerda la retroacción de las actuaciones.

SEGUNDO.- La demanda expone que el 17/04/2013 se iniciaron actuaciones inspectoras por IS, ejercicios 2010 y 2011, seguidas contra SOINCAR como sujeto pasivo y como sucesora de la sociedad PLANNING CITY SA, a la que había absorbido el 28/12/2010.

En los informes de la Inspección se consideró que SOINCAR, como sucesora de PLANNING CITY, había defraudado a la Hacienda Pública en la cuota resultante de la RIC pendiente de aplicar y que debió reintegrar en la declaración de IS, período 2010.

Los hechos en los que se basaron las reclamaciones económico-administrativas que interpuso la demandante eran los mismos que estaban sub iudice en la vía penal.

En la resolución de alzada impugnada, el TEAC declara nulas las actuaciones practicadas tras la remisión de las actuaciones al Ministerio Fiscal.

No obstante, la demanda considera que existió nulidad de pleno derecho de las liquidaciones dictadas por la Inspección, por la existencia de prejudicialidad penal. Los mismos hechos que dieron origen a la regularización se estaban examinando también por la jurisdicción penal, por lo que, una vez que el actuario tuvo conocimiento de ese hecho, no le era posible continuar con sus actuaciones, pese a lo cual continuó.

Entiende la demanda que según las normas y jurisprudencia que invoca, se dio la nulidad radical o de pleno derecho, sin posibilidad de la retroacción de actuaciones que se acordó; al haber sido vulnerados, además de los principios de buena fe y seguridad jurídica, los derechos fundamentales a la defensa y a la tutela judicial efectiva.

Por lo que solicita ...sentencia por la que tenga a bien anular la resolución impugnada, declarando que la consecuencia derivada de la nulidad de la liquidación impugnada, practicada por el IS, períodos 2010 y 2011, por la existencia de prejudicialidad penal es la nulidad de pleno derecho de dicha liquidación y, por tanto, la imposibilidad de retrotraer las actuaciones inspectoras al momento en que debieron suspenderse las mismas.

TERCERO.- La Administración demandada se ha opuesto al recurso, alegando que según la normativa aplicable -el art.150.3 LGT en su redacción anterior a Ley 34/2015- aun existiendo prejudicialidad, no era absolutamente imprescindible interrumpir el procedimiento inspector, sino que existía la potestad y obligación de continuar y liquidar provisionalmente, al estar recogida esa facultad explícitamente en los arts.103 d) y 190.3 a ) RGAT, en relación con el artículo 101.4.a LGT, relativo a ciertos casos de liquidación provisional. En segundo lugar, que no se trataría de un supuesto de nulidad de pleno derecho como pretende la recurrente. Tampoco se demuestra por la demandante que las pruebas practicadas por la Inspección están viciadas por el modo de obtenerse y han sido determinantes de la liquidación practicada.

Por lo que solicita se dicte sentencia se dicte ... sentencia en cuya virtud desestime el recurso formulado de contrario.

CUARTO.- En la resolución del recurso se tienen en cuenta los siguientes hechos que resultan de lo alegado y las resoluciones impugnadas:

La apreciación por la Inspección de la inexistencia de motivo económico válido para la aplicación del régimen FEAC en la fusión de PLANNING CITY y COSTA TAURITA 2000 -realizada por SOINCAR, que por ser dueña del 100% de ambas hizo una fusión impropia- implicó, entre otras consecuencias, que la parte de la RIC pendiente de materializar por PLANNING CITY, que se había integrado como ajuste positivo en la base imponible de SOINCAR en el ejercicio 2010, se tuviera por inexistente. La Inspección consideró que la cuota dejada de ingresar por SOINCAR por el incumplimiento del requisito de materialización fue una actuación dolosa y constitutiva de delito ( art.305 CP), por lo que remitió el expediente al Ministerio Fiscal en 2014.

El resto de las consecuencias de la inaplicación del régimen FEAC a la fusión continuaron siendo objeto de inspección y se regularizaron en la liquidación de los ejercicios 2010 y 2011 que se impugna.

El TEAC consideró que, como la Inspección remitió el expediente al Ministerio Fiscal, por apreciar en las actuaciones seguidas contra SOINCAR SL como sucesora de PLANNING CITY hechos constitutivos de delito contra la Hacienda Pública, según los arts.95.3, 150.4, y 180 LGT y 34 RGRST, debió suspender el procedimiento inspector que se seguía, tanto contra SOINCAR SL como sucesora de PLANNING CITY, como directamente contra SOINCAR SL por su IS. Por lo que el TEAC declara nulas las actuaciones practicadas tras la remisión de las actuaciones al Ministerio Fiscal, retrotrayéndolas al momento en el que debieron suspenderse.

El recurso debe ser estimado. Al ser nula la liquidación practicada por el IS, períodos 2010 y 2011, por la existencia de prejudicialidad penal, no era posible una distinción de los hechos investigados en el procedimiento para retrotraer y continuar el procedimiento respecto de parte de ellos, porque se estaría dando validez al procedimiento nulo con indefensión de la demandante, excediendo, además, los límites ordinarios del contenido de las resoluciones de los tribunales económico-administrativos (239.3 LGT ...La resolución podrá ser estimatoria, desestimatoria o declarar la inadmisibilidad...);sin quedar incluido el supuesto en la excepción del tercer párrafo del art.239.3 LGT (Cuando la resolución aprecie defectos formales que hayan disminuido las posibilidades de defensa del reclamante...); ya que en este caso concurría un vicio de nulidad radical, la lesión de derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional (217.1.a LGT, en relación con los arts.47 y 48 LPA).

QUINTO.- Por la estimación del recurso, las costas se imponen a la Administración demandada ( art.139.1 LJCA).

Por todo lo expuesto

PRIMERO.- El presente recurso contencioso-administrativo se dirige contra la resolución de 24 de septiembre de 2020 del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), que resuelve recurso de alzada contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Canarias (TEAR), sobre liquidación por Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 2010 y 2011.

La resolución del TEAC estima en parte el recurso de alzada, anula la resolución del TEAR y la liquidación recurrida, y acuerda la retroacción de las actuaciones.

SEGUNDO.- La demanda expone que el 17/04/2013 se iniciaron actuaciones inspectoras por IS, ejercicios 2010 y 2011, seguidas contra SOINCAR como sujeto pasivo y como sucesora de la sociedad PLANNING CITY SA, a la que había absorbido el 28/12/2010.

En los informes de la Inspección se consideró que SOINCAR, como sucesora de PLANNING CITY, había defraudado a la Hacienda Pública en la cuota resultante de la RIC pendiente de aplicar y que debió reintegrar en la declaración de IS, período 2010.

Los hechos en los que se basaron las reclamaciones económico-administrativas que interpuso la demandante eran los mismos que estaban sub iudice en la vía penal.

En la resolución de alzada impugnada, el TEAC declara nulas las actuaciones practicadas tras la remisión de las actuaciones al Ministerio Fiscal.

No obstante, la demanda considera que existió nulidad de pleno derecho de las liquidaciones dictadas por la Inspección, por la existencia de prejudicialidad penal. Los mismos hechos que dieron origen a la regularización se estaban examinando también por la jurisdicción penal, por lo que, una vez que el actuario tuvo conocimiento de ese hecho, no le era posible continuar con sus actuaciones, pese a lo cual continuó.

Entiende la demanda que según las normas y jurisprudencia que invoca, se dio la nulidad radical o de pleno derecho, sin posibilidad de la retroacción de actuaciones que se acordó; al haber sido vulnerados, además de los principios de buena fe y seguridad jurídica, los derechos fundamentales a la defensa y a la tutela judicial efectiva.

Por lo que solicita ...sentencia por la que tenga a bien anular la resolución impugnada, declarando que la consecuencia derivada de la nulidad de la liquidación impugnada, practicada por el IS, períodos 2010 y 2011, por la existencia de prejudicialidad penal es la nulidad de pleno derecho de dicha liquidación y, por tanto, la imposibilidad de retrotraer las actuaciones inspectoras al momento en que debieron suspenderse las mismas.

TERCERO.- La Administración demandada se ha opuesto al recurso, alegando que según la normativa aplicable -el art.150.3 LGT en su redacción anterior a Ley 34/2015- aun existiendo prejudicialidad, no era absolutamente imprescindible interrumpir el procedimiento inspector, sino que existía la potestad y obligación de continuar y liquidar provisionalmente, al estar recogida esa facultad explícitamente en los arts.103 d) y 190.3 a ) RGAT, en relación con el artículo 101.4.a LGT, relativo a ciertos casos de liquidación provisional. En segundo lugar, que no se trataría de un supuesto de nulidad de pleno derecho como pretende la recurrente. Tampoco se demuestra por la demandante que las pruebas practicadas por la Inspección están viciadas por el modo de obtenerse y han sido determinantes de la liquidación practicada.

Por lo que solicita se dicte sentencia se dicte ... sentencia en cuya virtud desestime el recurso formulado de contrario.

CUARTO.- En la resolución del recurso se tienen en cuenta los siguientes hechos que resultan de lo alegado y las resoluciones impugnadas:

La apreciación por la Inspección de la inexistencia de motivo económico válido para la aplicación del régimen FEAC en la fusión de PLANNING CITY y COSTA TAURITA 2000 -realizada por SOINCAR, que por ser dueña del 100% de ambas hizo una fusión impropia- implicó, entre otras consecuencias, que la parte de la RIC pendiente de materializar por PLANNING CITY, que se había integrado como ajuste positivo en la base imponible de SOINCAR en el ejercicio 2010, se tuviera por inexistente. La Inspección consideró que la cuota dejada de ingresar por SOINCAR por el incumplimiento del requisito de materialización fue una actuación dolosa y constitutiva de delito ( art.305 CP), por lo que remitió el expediente al Ministerio Fiscal en 2014.

El resto de las consecuencias de la inaplicación del régimen FEAC a la fusión continuaron siendo objeto de inspección y se regularizaron en la liquidación de los ejercicios 2010 y 2011 que se impugna.

El TEAC consideró que, como la Inspección remitió el expediente al Ministerio Fiscal, por apreciar en las actuaciones seguidas contra SOINCAR SL como sucesora de PLANNING CITY hechos constitutivos de delito contra la Hacienda Pública, según los arts.95.3, 150.4, y 180 LGT y 34 RGRST, debió suspender el procedimiento inspector que se seguía, tanto contra SOINCAR SL como sucesora de PLANNING CITY, como directamente contra SOINCAR SL por su IS. Por lo que el TEAC declara nulas las actuaciones practicadas tras la remisión de las actuaciones al Ministerio Fiscal, retrotrayéndolas al momento en el que debieron suspenderse.

El recurso debe ser estimado. Al ser nula la liquidación practicada por el IS, períodos 2010 y 2011, por la existencia de prejudicialidad penal, no era posible una distinción de los hechos investigados en el procedimiento para retrotraer y continuar el procedimiento respecto de parte de ellos, porque se estaría dando validez al procedimiento nulo con indefensión de la demandante, excediendo, además, los límites ordinarios del contenido de las resoluciones de los tribunales económico-administrativos (239.3 LGT ...La resolución podrá ser estimatoria, desestimatoria o declarar la inadmisibilidad...);sin quedar incluido el supuesto en la excepción del tercer párrafo del art.239.3 LGT (Cuando la resolución aprecie defectos formales que hayan disminuido las posibilidades de defensa del reclamante...); ya que en este caso concurría un vicio de nulidad radical, la lesión de derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional (217.1.a LGT, en relación con los arts.47 y 48 LPA).

QUINTO.- Por la estimación del recurso, las costas se imponen a la Administración demandada ( art.139.1 LJCA).

Por todo lo expuesto

PRIMERO.- El presente recurso contencioso-administrativo se dirige contra la resolución de 24 de septiembre de 2020 del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), que resuelve recurso de alzada contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Canarias (TEAR), sobre liquidación por Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 2010 y 2011.

La resolución del TEAC estima en parte el recurso de alzada, anula la resolución del TEAR y la liquidación recurrida, y acuerda la retroacción de las actuaciones.

SEGUNDO.- La demanda expone que el 17/04/2013 se iniciaron actuaciones inspectoras por IS, ejercicios 2010 y 2011, seguidas contra SOINCAR como sujeto pasivo y como sucesora de la sociedad PLANNING CITY SA, a la que había absorbido el 28/12/2010.

En los informes de la Inspección se consideró que SOINCAR, como sucesora de PLANNING CITY, había defraudado a la Hacienda Pública en la cuota resultante de la RIC pendiente de aplicar y que debió reintegrar en la declaración de IS, período 2010.

Los hechos en los que se basaron las reclamaciones económico-administrativas que interpuso la demandante eran los mismos que estaban sub iudice en la vía penal.

En la resolución de alzada impugnada, el TEAC declara nulas las actuaciones practicadas tras la remisión de las actuaciones al Ministerio Fiscal.

No obstante, la demanda considera que existió nulidad de pleno derecho de las liquidaciones dictadas por la Inspección, por la existencia de prejudicialidad penal. Los mismos hechos que dieron origen a la regularización se estaban examinando también por la jurisdicción penal, por lo que, una vez que el actuario tuvo conocimiento de ese hecho, no le era posible continuar con sus actuaciones, pese a lo cual continuó.

Entiende la demanda que según las normas y jurisprudencia que invoca, se dio la nulidad radical o de pleno derecho, sin posibilidad de la retroacción de actuaciones que se acordó; al haber sido vulnerados, además de los principios de buena fe y seguridad jurídica, los derechos fundamentales a la defensa y a la tutela judicial efectiva.

Por lo que solicita ...sentencia por la que tenga a bien anular la resolución impugnada, declarando que la consecuencia derivada de la nulidad de la liquidación impugnada, practicada por el IS, períodos 2010 y 2011, por la existencia de prejudicialidad penal es la nulidad de pleno derecho de dicha liquidación y, por tanto, la imposibilidad de retrotraer las actuaciones inspectoras al momento en que debieron suspenderse las mismas.

TERCERO.- La Administración demandada se ha opuesto al recurso, alegando que según la normativa aplicable -el art.150.3 LGT en su redacción anterior a Ley 34/2015- aun existiendo prejudicialidad, no era absolutamente imprescindible interrumpir el procedimiento inspector, sino que existía la potestad y obligación de continuar y liquidar provisionalmente, al estar recogida esa facultad explícitamente en los arts.103 d) y 190.3 a ) RGAT, en relación con el artículo 101.4.a LGT, relativo a ciertos casos de liquidación provisional. En segundo lugar, que no se trataría de un supuesto de nulidad de pleno derecho como pretende la recurrente. Tampoco se demuestra por la demandante que las pruebas practicadas por la Inspección están viciadas por el modo de obtenerse y han sido determinantes de la liquidación practicada.

Por lo que solicita se dicte sentencia se dicte ... sentencia en cuya virtud desestime el recurso formulado de contrario.

CUARTO.- En la resolución del recurso se tienen en cuenta los siguientes hechos que resultan de lo alegado y las resoluciones impugnadas:

La apreciación por la Inspección de la inexistencia de motivo económico válido para la aplicación del régimen FEAC en la fusión de PLANNING CITY y COSTA TAURITA 2000 -realizada por SOINCAR, que por ser dueña del 100% de ambas hizo una fusión impropia- implicó, entre otras consecuencias, que la parte de la RIC pendiente de materializar por PLANNING CITY, que se había integrado como ajuste positivo en la base imponible de SOINCAR en el ejercicio 2010, se tuviera por inexistente. La Inspección consideró que la cuota dejada de ingresar por SOINCAR por el incumplimiento del requisito de materialización fue una actuación dolosa y constitutiva de delito ( art.305 CP), por lo que remitió el expediente al Ministerio Fiscal en 2014.

El resto de las consecuencias de la inaplicación del régimen FEAC a la fusión continuaron siendo objeto de inspección y se regularizaron en la liquidación de los ejercicios 2010 y 2011 que se impugna.

El TEAC consideró que, como la Inspección remitió el expediente al Ministerio Fiscal, por apreciar en las actuaciones seguidas contra SOINCAR SL como sucesora de PLANNING CITY hechos constitutivos de delito contra la Hacienda Pública, según los arts.95.3, 150.4, y 180 LGT y 34 RGRST, debió suspender el procedimiento inspector que se seguía, tanto contra SOINCAR SL como sucesora de PLANNING CITY, como directamente contra SOINCAR SL por su IS. Por lo que el TEAC declara nulas las actuaciones practicadas tras la remisión de las actuaciones al Ministerio Fiscal, retrotrayéndolas al momento en el que debieron suspenderse.

El recurso debe ser estimado. Al ser nula la liquidación practicada por el IS, períodos 2010 y 2011, por la existencia de prejudicialidad penal, no era posible una distinción de los hechos investigados en el procedimiento para retrotraer y continuar el procedimiento respecto de parte de ellos, porque se estaría dando validez al procedimiento nulo con indefensión de la demandante, excediendo, además, los límites ordinarios del contenido de las resoluciones de los tribunales económico-administrativos (239.3 LGT ...La resolución podrá ser estimatoria, desestimatoria o declarar la inadmisibilidad...);sin quedar incluido el supuesto en la excepción del tercer párrafo del art.239.3 LGT (Cuando la resolución aprecie defectos formales que hayan disminuido las posibilidades de defensa del reclamante...); ya que en este caso concurría un vicio de nulidad radical, la lesión de derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional (217.1.a LGT, en relación con los arts.47 y 48 LPA).

QUINTO.- Por la estimación del recurso, las costas se imponen a la Administración demandada ( art.139.1 LJCA).

Por todo lo expuesto