Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 1210/2021 de 13 de diciembre del 2024

PRIMERO:El acto recurrido es la resolución del Ministerio del Interior de 20 de febrero de 2021 (expediente NUM001) por la que se le deniega al recurrente soltero y sin hijos nacido en 1997, nacional de Pakistán, la solicitud de derecho de asilo y la protección subsidiaria presentada el 24 de febrero de 2020 tras su llegada a España el 23 de mayo de 2019.

En la entrevista para determinar los hechos relevantes que motivan su solicitud, relató que huyó de Pakistán, por problemas relacionados con la pobreza que sufre su país y con la falta de oportunidades laborales. Que vivía en una aldea muy pobre dedicándose a la agricultura. Que desea prosperar y trabajar en España.

La resolución recurrida aprueba la propuesta la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR) y señala que los hechos que relata no tienen cabida dentro del ámbito de protección de la Convención de Ginebra de 1951 ni de la Ley 12/2009, al no estar relacionados con ninguno de los motivos que dichas normas contemplan a efectos del reconocimiento de protección internacional dado que no ha sufrido una persecución personal por motivo de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de genero u orientación sexual, motivos a que se refiere el artículo 3 de la citada Ley. Considera que tampoco concurren los presupuestos para otorgar protección subsidiaria conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 12/2009 de 30 de octubre.

La parte recurrente en el escrito de demanda alega que tal como expuso en el recurso de reposición presentado el 6 de septiembre de 2021 que no ha sido resuelto, la entrevista fue en la lengua oficial de Pakistán (el urdu) pero difícilmente pudo entenderla ya que solo la comprende el 8% de la población, además no fue asistido de abogado. Señala que el motivo por el que solicita asilo son las amenazas de muerte que recibió en su país y no la mejora de las condiciones de vida.

El Abogado del Estado se opone a la estimación del recurso compartiendo los argumentos de la resolución recurrida.

SEGUNDO:En el derecho español la Ley 12/2009 tiene por objeto regular la protección internacional constituida por el derecho de asilo y la protección subsidiaria (artículo 1). Esa protección internacional consiste en ambos casos en la no devolución ni expulsión de las personas a quienes se les haya reconocido y además en todo caso la autorización de residencia y trabajo permanente, el acceso a los servicios públicos de empleo, a la educación, a la asistencia sanitaria, a la vivienda, a los servicios sociales, libre circulación en las mismas condiciones que los españoles, pudiéndose establecer servicios complementarios de ayudas ( artículo 5 y 36 de la Ley 12/2009).

Procede examinar si concurren los presupuestos otorgar algunos de estos tipos de protección que es la solicitada en el suplico de la demanda.

TERCERO:El derecho de asilo se concede a los que se les reconoce la condición de refugiado. La condición de refugiado se reconoce conforme al artículo 3 de la ley 12/2009 a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país.

En este caso como señala la resolución recurrida, no concurren estos presupuestos ya que los hechos narrados no reflejan la presencia de una persecución o riesgo de padecerla, por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, de género, grupo social determinado ni orientación sexual, sino que se fundamenta exclusivamente en motivos económicos. El motivo de salir de su país según relato en la entrevista es buscar una vida mejor y poder ayudar así económicamente a su madre.

Afirma en el escrito de demanda que no comprendía la lengua del intérprete y en realidad el motivo por el que se fue de su país es por amenazas de muerte y desplazamiento forzado. Aun suponiendo que fueran ciertas esas amenazas, no consta que fuera por alguno de los motivos por los que se puede conceder asilo. Enmarca esas amenazas aludiendo a un texto referente a la ciudad de Karachi que localizado en internet se constata que es del año 2014 y se refiere a que la población adinerada de esta ciudad recurre a las agencias de seguridad privada para protegerse de la escalada de asesinatos y secuestros ante una policía deficiente. Como se constata no tiene nada que ver con la situación del recurrente que vivía en una aldea muy pobre y por tanto no era el destinatario de las mismas y en cualquier caso se refiere a actos de delincuencia común con una motivación económica, ajeno por tanto a los motivos por los que se puede solicitar asilo.

CUARTO:No acreditado que concurran los requisitos necesarios para la concesión del derecho de asilo, procede examinar si concurren los presupuestos para otorgar la protección subsidiaria.

El derecho a la protección subsidiaria, se reconoce conforme al artículo 4 Ley 12/2009, a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de la Ley 12/2009: a) condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material, b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante, c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno.

No consta motivos fundados para considerar que se da alguno de estos supuestos.

QUINTO:Co nforme a lo razonado procede desestimar el recurso. Las costas se imponen a la parte recurrente, conforme a la norma general del vencimiento establecida en el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, al ser la sentencia desestimatoria y no existir dudas de hecho ni de derecho.

Se limitan a la cantidad de 1.500 euros por todos los conceptos de acuerdo con la facultad moderadora que prevé el artículo 139.4 LJCA.

Se precisa que ese límite máximo se refiere exclusivamente a las costas procesales propiamente dichas en los términos establecidos en el artículo 241.1 LEC al que se remite el artículo 139.7 LJCA, sin añadir el importe que corresponda a la liquidación del impuesto del valor añadido en los casos que proceda conforme a su ley reguladora, cuya concreción y procedencia de devengo, conforme al artículo 243.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en la redacción dada por la Ley 42/2015 debe realizarse en el trámite posterior de tasación de costas ( autos del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2023, 30 de mayo 2023 y 19 de julio de 2023 dictados en los recursos 6716/2021, 2527/2022, 3415/2022).

Respecto a la condena en costas al beneficiario de justicia gratuita, el artículo 36 de la Ley de asistencia jurídica gratuita, dispone que el beneficiario de justicia gratuita que fuera condenado en costas: "...quedará obligado a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción del artículo 1.967 del Código Civil".