Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 1427/2023 de 25 de junio del 2025

1.-En el presente recurso se impugna la resolución del Subsecretario del Interior, por delegación del Ministro del Interior, de 16/08/2023 por la que se denegaba el Derecho de Asilo y la protección subsidiaria (Expte: NUM000 NIE: NUM001).

Estamos ante un nacional colombiano (mujer, nacida el NUM002/1981 en DIRECCION000 -COLOMBIA), que formaliza la petición de protección internacional, estando en territorio español, el 24/03/2023.

La entrada en España se produce por vía aérea, vuelo directo desde Colombia, el 30/01/2022 (pasaporte colombiano expedido el 29/07/2022 una vez que se encontraba ya en España sin que se aporte el pasaporte utilizado para la entrada).

La petición fue admitida a trámite y se instruye de conformidad con lo dispuesto en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

La solicitud fue notificada al ACNUR, que no emitió informe.

La CIAR, en la reunión celebrada el día 03/08/2023 contando con la asistencia de todos sus miembros y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), examinó la solicitud de Protección Internacional del ahora recurrente y acordó emitir propuesta desfavorable al reconocimiento de la condición de Refugiado y al derecho de Asilo, así como al derecho de la Protección Subsidiaria.

2.-El reconocimiento de la condición de refugiado está condicionado a la acreditación de que concurren las causas que se contienen en el artículo 1.A.2) de la Convención de Ginebra de 29 de julio de 1951, por remisión expresa del artículo 3.1 de la Ley reguladora del Derecho de Asilo 12/2009, y se concretan en la existencia de fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas en su país de origen. Acorde con tal exigencia, se resolverá favorablemente la solicitud de asilo cuando aparezcan indicios suficientes, según la naturaleza de cada caso, para deducir que el solicitante cumple con los anteriores requisitos (artículo 8 de la citada Ley). Y, en consecuencia, de ello se deriva que no procede la concesión del derecho de asilo, si no aparecen indicios suficientes sobre la existencia de fundados temores de ser perseguido, lo que acontece en el presente supuesto en el que tampoco se aprecian motivos relevantes que permitan acceder a la permanencia en España, procede desestimar el recurso.

Si bien para la concesión del derecho de asilo no se exige una prueba plena o absoluta de los hechos alegados por el peticionario en cuanto a que estos remitan a una persecución efectiva o temor fundado y racional de sufrirla por razones de raza, etnia, religión, pertenencia a un grupo social específico, u opiniones o actividades políticas, es necesario que, al menos, exista esa prueba indiciaria al caso concreto que permita superar la mera subjetividad del que se dice perseguido y cuya carga de aportación recae en el solicitante ( STS de 24 de febrero de 2010, RC 1156/2006 6 de mayo de 2014 (RC 2085/2013)).

El elemento subjetivo no es suficiente si no va acompañado de datos objetivos que puedan explicar y dar cobertura la existencia del temor a una persecución personal y actualizada, de manera que las meras declaraciones del solicitante no pueden ser consideradas como indicio suficiente de la persecución alegada, cuando carecen de todo punto de referencia o contraste. De ahí que el relato del solicitante deba gozar de un nivel de concreción que permita identificar una verdadera persecución, no siendo suficiente a tal efecto un relato vago y genérico que pudiera ser aplicable prácticamente a cualquier persona procedente del mismo país que el solicitante, o que carece de elementos de contraste y verificación que permitan apreciar su verosimilitud ( STS de 17 de mayo de 2011, RC 678/2008).

En cuanto al principio de prueba centrado en el relato del solicitante, cabe recordar que en STS, Sala 3ª, de 16 febrero 2009, se señala: <<"(...) Debemos recordar también, como justificación de nuestra decisión, que, en la Sentencia de esta misma Sala y Sección del Tribunal Supremo de fecha 2 de enero de 2009 (recurso de casación 4251/2005 ), hemos declarado que la Directiva europea 83/2004, de 29 abril, sobre normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida, en su artículo 4.5 dispone que «Si las declaraciones del solicitante presentan aspectos que no están avalados por pruebas documentales o de otro tipo, tales aspectos no requerirán confirmación si se cumplen las siguientes condiciones: a) el solicitante ha realizado un auténtico esfuerzo para fundamentar su petición; b) se han presentado todos los elementos pertinentes de que dispone el solicitante y se ha dado una explicación satisfactoria en relación con la falta de otros elementos pertinentes; c) las declaraciones del solicitante se consideren coherentes y verosímiles y no contradigan la información específica de carácter general disponible que sea pertinente para su caso; d) el solicitante ha presentado con la mayor rapidez posible su solicitud de protección internacional, a menos que pueda demostrar la existencia de razones fundadas para no haberla presentado así; e) se ha comprobado la credibilidad general del solicitante»".>>

Estamos actuando sobre la base de un relato que no soporta los mínimos estándares en cuanto al temor de persecución reclamado en la situación actualizada del país del que se dice ser nacional.

Al solicitar la protección internacional, manifiesta que:

QUE EN SU PAÍS TENIA UN NEGOCIO DE PAÑALES.

DELINCUENTES COMUNES COMENZARON A SOLICITARLE DINERO Y A EXTORSIONARLE.

QUE EN UN PRINCIPIO ACCEDIÓ A PAGAR LAS CANTIDADES QUE LE PEDÍAN, PERO POCO A POCO SE FUE DANDO CUENTA QUE LA CUOTA ERA CADA VEZ MAYOR Y NO PODÍA HACERLE FRENTE A ESTOS PAGOS.

QUE ENTONCES LA DICENTE VIVÍA CON SUS PADRES Y TEMÍA QUE ESTOS DELINCUENTES PUDIESEN LLEVAR A CABO SUS AMENAZAS.

QUE EN SU ENTORNO VARIAS PERSONAS HAN SIDO VÍCTIMAS DE ASESINATOS POR ESTAS BANDAS, TENIENDO UN HERMANO DESAPARECIDO Y VARIOS PRIMOS ASESINADOS POR ESTOS MISMOS HECHOS.

QUE NO PRESENTA DENUNCIA POR LOS HECHOS SUFRIDOS EN SU PERSONA SI BIEN PRESENTA PRUEBAS DE LOS HECHOS ACONTECIDOS EN EL SUCESO DE LA DESAPARICIÓN DE SU HERMANO."

En escrito mecanografiado bajo su firma vino a relatar:

"Mi nombre es Apolonia con cédula de identificación NUM003 de Colombia y número de pasaporte NUM004 y actualmente resido en DIRECCION001.

Solicito el amparo internacional en este momento, aunque he llegado hace un año a España, en concreto el 30 de enero del año 2022, pero por la saturación del sistema de citas me ha sido totalmente imposible conseguir la cita hasta ahora.

Como prueba de ello, les adjunto los pantallazos de las innumerables veces que lo he intentado a través de la página web de la policía.

He vivido en Colombia en una de las zonas más peligrosas del país, las zonas denominadas rojas. Es el Valle del Cauca y la ciudad donde yo vivía era DIRECCION002 Valle del Cauca. El Valle del Cauca es una de las zonas con mayor índice de asesinatos, que causa la guerrilla (o ahora los grupos paramilitares) en Colombia. Les adjunto a este relato algunos documentos que demuestran lo que digo. Según la Unidad de Investigación y Acusación JEP, "El nivel de organización suficiente de los grupos armados ilegales, sobrepasan los estándares internacionales de medición de un conflicto armado interno"

Tenía mi propio negocio en DIRECCION002 Valle del Cauca, una tienda de venta de pañales, que, como todos los comercios del pueblo, estamos sometidos a extorsión (pago de una cuota mensual) bajo amenaza de muerte, a nosotros mismos, a un familiar, o poner una granada en el local, en caso de no pagarla.

El hecho detonante, fue que en determinado momento me era imposible pagar la mordida (vacuna), ya que el negocio me iba muy mal como consecuencia de la crisis del COVID. A raíz de esta situación, empecé a recibir llamadas telefónicas de extorsión,al igual que las recibía el padre de mi hijo, y que él sigue recibiendo hasta el día de hoy por trabajar como médico en la Prisión de DIRECCION000 Valle del Cauca. Igualmente, en ese tiempo yo trabajaba como servidora pública en mi país, razón por la cual aumentaron las amenazas.

Por este me decidí a vender la tienda y salir huyendo de Colombia, al sentirme amenazada de muerte.

No intenté presentar denuncia ante las autoridades de mi país porque soy conocedora de casos en donde la inacción por parte de las diferentes autoridades ha sido la regla general.En primer lugar, uno de mis hermanos fue asesinado y otro hermano está desaparecido como también adjunto, sin saber los motivos de ambas situaciones. Igualmente, dos primos también fueron asesinados, en este caso por no pagar la extorsión.

Dentro de mi contexto social, a los 15 días de irme al marido de una íntima amiga lo asesinaron por no pagar la "vacuna". Así mismo, unos días después de este asesinato, a un amigo del padre de mi hijo, que también se dedicaba al comercio, fue asesinado por no pagar. Esto unido a que unas semanas antes de irme, a un vecino de mi local comercial, lo secuestraron por no pagar. Todos estos casos los adjuntos documentados en mi relato.

En definitiva, que viviendo en Colombia la posibilidad de mi muerte es muy real.

Por eso, vendí mi negocio, ahorré un poco de dinero y decidí venirme a España, porque tengo la intención de traerme a mi niño de 13 años, ya que no quiero que viva en una situación tan límite, con el alto riesgo de su vida y la mía."

Como se puede ver no se solicita protección internacional de forma inmediata a la llegada a España, en frontera, ni de forma inmediata a la entrada en España sino más de un año después (algo incongruente e injustificado - ni siquiera con base a la saturación del sistema de citas - si se viene a defender una huida de una situación acuciante y grave de persecución personal actualizada y la decisión ya tomada, antes de la partida, de solicitar protección internacional).

Con base al relato ofrecido, genérico e impreciso (no concreta el cómo, cuándo y dónde de los supuestos hechos amenazantes), que hace especial hincapié en la situación de inseguridad del país y en supuestos actos delincuenciales que dice le han afectado, ha de descartarse el temor de persecución reclamado amparable en la Convención de Ginebra y la Ley reguladora del Derecho de Asilo 12/2009, en el particular del recurrente, en el marco de la situación actualizada del país del que es nacional, situación ampliamente descrita en la resolución administrativa a la que nos remitimos al efecto, y que, en todo caso, remite a motivos ajenos a la protección internacional (lo alegado y probado no remite a un perfil relevante del recurrente como activista político-social que lo individualicen frente al conjunto de ciudadanos colombianos y los hechos de extorsión económica y amenaza son encuadrables en actos de delincuencia común, indiscriminados en cuanto a las personas víctimas de los mismos que no se singularizan en el recurrente por su pertenencia a un posible grupo social determinado, en todo caso, efectuados por agentes terceros, no consentidos o alentados por las autoridades de COLOMBIA). No existe una característica que individualice al recurrente frente al resto de personas susceptibles amenazadas. En este sentido tan amplio, estaría incluido cualquier individuo que contara con poder adquisitivo suficiente para efectuar el pago y cuya capacidad económica fuera identificable por sus conciudadanos. Estaríamos ante una masa de población indeterminada pero ingente cuyo elemento en común sería tan sólo disponer de recursos económicos. Sin embargo, ello no es suficiente para dotar a ese colectivo de la naturaleza de grupo social determinado al no contar con una característica innata o fundamental para su identidad o conciencia, tal y como exige el artículo 7.1.e) de la Ley 12/2009, de 30 de octubre.

Es de destacar que, no hay constancia de denuncia alguna ante las autoridades colombianas por supuestos hechos amenazantes, graves y actualizados, que remitan a los que se hacen valer para solicitar la protección internacional y que directamente conciernan al recurrente.

La supuesta persecución que se dice sufrida, viene centrada en supuestas extorsiones económicas y amenazas, efectuadas por personas no identificadas y por tanto remite a actos de delincuencia común que, en lo que concierne al ahora actor, ha de valorarse dentro del contexto actualizado de la situación de dicho país, ampliamente descrita en las resoluciones recurridas en cuanto a este tipo de delincuencia en COLOMBIA, y la decidida actuación de las autoridades colombianas en la lucha contra este tipo de actos, tipificados como delitos en la legislación colombiana, así como en la protección y asistencia a las víctimas. Si no se denuncian los hechos en origen difícilmente se puede sostener una dejación/tolerancia institucional/gubernamental en los mismos. Las autoridades colombianas no podían proteger al solicitante si eran desconocedoras de tales hechos.

Narrados así los hechos, de base, no estamos ante hechos susceptibles de ser objeto de protección internacional conforme a lo establecido en la Convención de Ginebra o en la Ley de Asilo española, siendo de reseñar que sale del país, por vía aérea, sin obstáculo alguno de las autoridades colombianas.

Así la S. TS de 15/02/2016, REC 2821/2015, que confirma la denegación de la solicitud de asilo de un nacional de El Salvador, determinó que:

" (...) aún sentado que la persecución a cargo de agentes no estatales puede alcanzar el nivel de una persecución protegible que da lugar a la protección internacional, en todo caso, como se indica en la Sentencia de 19 de diciembre de 2008 (RC 4407/2005 ), "esta doctrina general debe ser necesariamente puesta en relación con las específicas circunstancias de cada solicitante de asilo, dado el carácter fuertemente casuístico de esta materia"; pues, ciertamente, incluso en los casos en que se advierte la existencia de actos de persecución imputables a agentes distintos de los estatales, el dato relevante para dar lugar a la concesión de la protección internacional es si puede considerarse suficientemente acreditada una situación de aquietamiento, pasividad, desidia o impotencia de las autoridades de su país a la hora de investigar los hechos y otorgarle protección.

En definitiva, cuando el solicitante invoca una persecución a cargo de bandas, grupos o estructuras no estatales, le corresponderá justificar - al nivel indiciario requerido en esta materia según constante jurisprudencia- que ha sufrido actos de persecución (en el sentido del artículo 6 de la Ley de Asilo 12/2009 ); que esos actos de persecución traen causa de, o hacen referencia a motivos de persecución protegibles ( artículos 3 y 7 de la misma Ley ), esto es, por fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual); y que las autoridades estatales no quieren o no pueden proporcionar una protección eficaz frente a tales actos.&quot;>>

Lo anteriormente expuesto permite descartar igualmente una protección subsidiaria ya que del relato de la solicitante no se deduce la posibilidad de que sufran la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material, ni tampoco se identifica un riesgo de tortura o tratos humanos o degradantes en el caso de retorno a su país de origen sin que pueda afirmarse que exista una situación de conflicto armado internacional o interno en origen ( art. 4 y 10 de la Ley de 12/2009) o la permanencia por razones humanitarias ( art. 46.3 de la Ley 12/2009).

La situación de violencia que existe en algunas zonas de Colombia no se extiende a la totalidad del territorio de dicho país, ni afecta a toda la población por lo que no puede aceptarse que exista una situación de violencia generalizada asimilable a la de conflicto armado que determine que, en caso de volver, su vida corra peligro sólo por el hecho de encontrarse en Colombia.

Las razones humanitarias, no hechas valer al momento de solicitar, según los términos establecidos en la Ley, aun cuando se interprete la expresión ampliamente, deben ser suficientemente precisas en relación con la situación personal del interesado y la situación del país de origen o procedencia - dimensión subjetiva de la vulnerabilidad -, pues no atienden a razones de humanitarismo imprecisas o genéricas y sobre la base de que la protección internacional y la permanencia temporal por razones humanitarias no se construyen sobre el derecho a estándares de vida en la comparativa del país de acogida frente a los del país de procedencia, ni atienden a meras decisiones de índole migratorio o de preferencia de radicación en la expectativa de mayores oportunidades profesionales/laborales/económicas/sanitarias/sociales, y siendo que las razones no difieren de las hechas valer con carácter genérico para pedir la protección internacional ya sea el asilo o la protección subsidiaria sin que el recurrente, por razón de lo alegado y mínimamente acreditado, responda a ninguna situación personal y particularizada que le haga sujeto de especial vulnerabilidad en caso de retorno (mujer en plena capacidad para trabajar, no afectada por ninguna enfermedad sobrevenida o situación particularizada que no pueda ser debidamente atendida en origen y cuyo retorno pueda causar un perjuicio irreparable), habiendo dejado en origen a su familia más directa (pareja e hijo menor de edad, supuestamente también concernida por las extorsiones amenazas) y sin perjuicio de la repercusión que la situación de arraigo personal alcanzada en nuestro país pueden tener el marco de la legislación de extranjería, cuestión ajena a la presente litis.

En estas condiciones, resulta ajustado a Derecho que la Administración, haya denegado la solicitud de protección internacional, sin oposición alguna por parte de ACNUR.

3.-Por todo ello, procede, de conformidad con el art. 139.1 LJCA, la imposición de las costas al/ a los/las recurrente/s (de ser varios, en partes iguales), costas que la Sala, haciendo uso de las facultades establecidas en dicho precepto y atendiendo a las circunstancias del caso, establece en la cantidad máxima, por todos los conceptos, de 1.500 euros, más IVA si se devengase, a favor de la Administración demandada y sin perjuicio de supeditar este pronunciamiento sobre costas a los efectos derivados de la condición de beneficiaria/o/s de la asistencia jurídica gratuita si es que se hubiera solicitado y obtenido.