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Última revisión
27/08/2026
Sentencia Contencioso-Administrativo 338/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 10/2023 de 08 de julio del 2026
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Orden: Administrativo
Fecha: 08 de Julio de 2026
Tribunal: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera
Ponente: LUCIA ACIN AGUADO
Nº de sentencia: 338/2026
Núm. Cendoj: 28079230032026100362
Núm. Ecli: ES:AN:2026:3413
Núm. Roj: SAN 3413:2026
Encabezamiento
Modelo: N40000 SENT TEXTO LIBRE ART 206.2 3º LEC
PASEO DE LA CASTELLANA 14
SERVICIO COMUN DE TRAMITACION
Equipo/usuario: ESA
N.I.G: 28079 29 3 2021 0001341
Procedimiento: AP APELACION 0000010 / 2023
Sobre: ADMINISTRACION DEL ESTADO
De D./ña. Encarna
Representación D./Dª. JOSE MARIA RUIZ DE LA CUESTA VACAS
Contra D./Dª. MINISTERIO DE JUSTICIA ADMINISTRACION DEL ESTADO
Representación D./Dª.
Dª. ANA MARÍA SANGÜESA CABEZUDO
Dª. LUCÍA ACÍN AGUADO
Dª. MARIA JESUS VEGAS TORRES
Dª. MARIA DOLORES GALINDO GIL
En Madrid, a ocho de julio de dos mil veintiséis.
Visto por esta Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Tercera) el recurso de apelación 10/23 interpuesto por D. José María Ruiz de la Cuesta Vacas Procurador de los Tribunales, en representación de
1) Al nombramiento de los comparecientes, como abogados fiscales de carrera al servicio de la Administración de Justicia con destino en el cuerpo al que están adscritos y en el mismo Servicio u órgano judicial en que están destinados, y titulares en propiedad de las plazas que ocupan.
2) O subsidiariamente, en caso de imposibilidad de nombrarles funcionarios de carrera, se proceda por la Administración demandada, a su nombramiento como funcionarios públicos equiparables a los de carrera al servicio de la Administración de Justicia, en el cuerpo y la especialidad a la que están adscritos, bajo los principios de permanencia e inmovilidad y con la misma estabilidad en el empleo que aquellos, con todos los derechos y obligaciones inherentes, en régimen de igualdad con los funcionarios de carrera comparables, con derecho permanecer en el servicio u órgano judicial y en los puestos de trabajo a los que están actualmente destinados;
3) y en todo caso, o alternativamente, que se proceda por la Administración demandada a reconocerles el derecho a permanecer en el puesto de trabajo que actualmente desempeñan, como titulares y propietarios del mismo, aplicándoles las mismas causas, requisitos y procedimientos para el cese en dicho puesto de trabajo que la Ley establece para los homónimos funcionarios de carrera comparables, con los mismos derechos y condiciones de trabajo que estos últimos.
4) Y en todo caso, se abone la indemnización de 18000€ a cada reclamante, y/o la que legalmente proceda, como compensación al abuso sufrido en la relación temporal sucesiva mantenida con mis poderdantes, sin perjuicio de otras compensaciones que procedan abonar a mis mandantes en este momento, para reparar el daños sufrido derivado de la situación que vienen padeciendo de abuso en su contratación temporal sucesiva y de discriminación en sus condiciones de trabajo, y sin perjuicio también de los daños indemnizables que, en su caso -en el supuesto que aquí negamos, de que no proceda la transformación de su relación temporal abusiva en una relación fija-, se pongan de manifiesto, hagan efectivos y se individualicen en el momento del cese de mis representados,
Ha sido ponente del presente recurso, la Ilma. Sra. Magistrada de esta Sala y Sección Dª. Lucía Acín Aguado.
En relación a la cuestión de cuándo es abusivo mantener una relación de empleo temporal, la cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70 no proporciona ninguna definición de cuando es abusivo mantener una relación de empleo, sino que indica que su objeto es establecer un marco para evitar los abusos de la utilización de sucesivos contratos o relaciones de duración determinada pero no define cuando la utilización de sucesivas relaciones de duración determinada es abusiva sino que impone a los Estados miembros, la adopción de por lo menos una de las medidas que enumera cuando su Derecho interno no contemple medidas legales equivalentes. Las tres medidas enumeradas se refieren a adoptar medidas que específicamente establezcan a) las razones objetivas que justifiquen la renovación de tales contratos b) duración máxima total de los sucesivos contratos de trabajo o relaciones laborales de duración determinada d) el número de sus renovaciones.
Por tanto, la utilización de los contratos de trabajo de duración determinada basada en razones objetivas constituye una forma de evitar abusos. El Tribunal de Justicia ya ha afirmado que el concepto de «razones objetivas» enunciado en la cláusula 5, punto 1, letra a), del Acuerdo marco debe ser entendido en el sentido de que se refiere a las circunstancias específicas y concretas que caracterizan una determinada actividad y que, por tanto, pueden justificar en ese contexto particular la utilización sucesiva de contratos de trabajo de duración determinada. Tales circunstancias pueden tener su origen, en particular, en la especial naturaleza de las tareas para cuya realización se celebran tales contratos y en las características inherentes a las mismas o, eventualmente, en la persecución de un objetivo legítimo de política social por parte de un Estado miembro ( sentencia Kücük, EU:C:2012:39, apartado 27 y jurisprudencia citada).
El Tribunal Supremo en sentencia de 30 de marzo de 2016 (recurso 891/2014) referida a petición efectuada por fiscales sustitutos se remite a lo que se dijo en la sentencia de 19 de febrero de 2015 (recurso 394/2013) respecto a los jueces sustitutos y magistrados suplentes que descarta el uso abusivo en los sucesivos nombramientos y llamamientos de duración determinada que anualmente puedan recaer en aquéllos, incluso aunque se sucedan por espacios prolongados de tiempo ya que, obedecen en nuestro ordenamiento a concretas necesidades prefijadas en él, de sustitución o de apoyo judicial siempre temporal, no duradero ni permanente, que requieren de atención pronta por la propia naturaleza de la actividad, por lo que considera que existen razones objetivas que justifican la renovación de sus nombramientos.
Ello ha sido reiterado en sentencia de 24 de septiembre de 2025 (recurso 205/2023) en la que se hace referencia a la sentencia de 30 de junio de 2025 (recurso 334/2024) y después de señalar que el Acuerdo marco es aplicable a los abogados fiscales sustitutos y jueces sustitutos indica que el régimen jurídico que regula el estatuto jurídico de los jueces y abogados fiscales sustitutos no es contrario al Acuerdo marco. Asimismo señala esa sentencia que no existe justificación alguna para que, atendiendo a los últimos pronunciamientos del TJUE referidas a cuestiones prejudiciales suscitadas por los Tribunales italianos en relación al régimen de jueces de paz y jueces y fiscales sustitutos ( sentencia de 7 de abril de 2022 (C-236/20) y de 27 de junio de 2024 ( C-41/23) se modifique el criterio ya acuñado en nuestra jurisprudencia de que el régimen de los jueces y fiscales sustitutos en el Derecho español no es contrario al Acuerdo Marco en ella aprobado.
En este caso la recurrente ahora apelante venía desarrollando funciones de sustitución en la Fiscalía Provincial de Valencia, en periodos intermitentes y en virtud de llamamientos llevados a cabo al amparo del Real Decreto 326/2022 de 5 de abril y posteriormente el Real Decreto 634/2014 de 25 de julio, tras su nombramiento por período anual como Fiscal Sustituta, fruto de su participación en el procedimiento selectivo correspondiente al año judicial. No se constata y así lo analiza el juez de instancia que los sucesivos nombramientos y llamamientos de la recurrente no se hayan ajustado a lo establecido en los supuestos previstos en el Real Decreto 634/2014 de 25 de julio, por el que se regula el régimen de sustituciones en la carrera fiscal que establece que los miembros de la carrera fiscal se sustituirán entre sí y sólo, excepcionalmente, en los casos en que no sea posible garantizar de otro modo la adecuada prestación del servicio podrá recurrirse al nombramiento de abogados fiscales sustitutos en las siguientes situaciones: a) Plazas vacantes en tanto se provean por el correspondiente concurso de provisión de destinos. b) Ausencias reglamentarias de los titulares de su puesto de trabajo. c) Situaciones administrativas con reserva de puesto de trabajo. d) Cuando el excepcional incremento de las funciones fiscales o la especial complejidad de los asuntos encomendados u otras circunstancias determinen la necesidad de reforzar o apoyar una Fiscalía.
Por tanto, no existiendo abuso no es necesario pronunciarse sobre el resto de las pretensiones de la parte referidas a las consecuencias de ese abuso ni tampoco por tanto en relación a la sentencia de la Gran Sala del TJUE de 14 de abril de 2026, asunto C-418/24 Obadal.
En atención a lo expuesto la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha decidido:
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme y que frente a ella cabe recurso de casación que habrá de interponerse ante esta Sala, previa consignación del preceptivo depósito para recurrir, en el plazo de 30 días, contados desde el siguiente al de la notificación de aquélla, mediante escrito en el que deberá la concurrencia de los requisitos legales establecidos en el artículo 89.2 de la LJCA.
Así por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será remitido en su momento a la oficina de origen a los efectos legales, junto con el expediente administrativo, en su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Antecedentes
1) Al nombramiento de los comparecientes, como abogados fiscales de carrera al servicio de la Administración de Justicia con destino en el cuerpo al que están adscritos y en el mismo Servicio u órgano judicial en que están destinados, y titulares en propiedad de las plazas que ocupan.
2) O subsidiariamente, en caso de imposibilidad de nombrarles funcionarios de carrera, se proceda por la Administración demandada, a su nombramiento como funcionarios públicos equiparables a los de carrera al servicio de la Administración de Justicia, en el cuerpo y la especialidad a la que están adscritos, bajo los principios de permanencia e inmovilidad y con la misma estabilidad en el empleo que aquellos, con todos los derechos y obligaciones inherentes, en régimen de igualdad con los funcionarios de carrera comparables, con derecho permanecer en el servicio u órgano judicial y en los puestos de trabajo a los que están actualmente destinados;
3) y en todo caso, o alternativamente, que se proceda por la Administración demandada a reconocerles el derecho a permanecer en el puesto de trabajo que actualmente desempeñan, como titulares y propietarios del mismo, aplicándoles las mismas causas, requisitos y procedimientos para el cese en dicho puesto de trabajo que la Ley establece para los homónimos funcionarios de carrera comparables, con los mismos derechos y condiciones de trabajo que estos últimos.
4) Y en todo caso, se abone la indemnización de 18000€ a cada reclamante, y/o la que legalmente proceda, como compensación al abuso sufrido en la relación temporal sucesiva mantenida con mis poderdantes, sin perjuicio de otras compensaciones que procedan abonar a mis mandantes en este momento, para reparar el daños sufrido derivado de la situación que vienen padeciendo de abuso en su contratación temporal sucesiva y de discriminación en sus condiciones de trabajo, y sin perjuicio también de los daños indemnizables que, en su caso -en el supuesto que aquí negamos, de que no proceda la transformación de su relación temporal abusiva en una relación fija-, se pongan de manifiesto, hagan efectivos y se individualicen en el momento del cese de mis representados,
Ha sido ponente del presente recurso, la Ilma. Sra. Magistrada de esta Sala y Sección Dª. Lucía Acín Aguado.
En relación a la cuestión de cuándo es abusivo mantener una relación de empleo temporal, la cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70 no proporciona ninguna definición de cuando es abusivo mantener una relación de empleo, sino que indica que su objeto es establecer un marco para evitar los abusos de la utilización de sucesivos contratos o relaciones de duración determinada pero no define cuando la utilización de sucesivas relaciones de duración determinada es abusiva sino que impone a los Estados miembros, la adopción de por lo menos una de las medidas que enumera cuando su Derecho interno no contemple medidas legales equivalentes. Las tres medidas enumeradas se refieren a adoptar medidas que específicamente establezcan a) las razones objetivas que justifiquen la renovación de tales contratos b) duración máxima total de los sucesivos contratos de trabajo o relaciones laborales de duración determinada d) el número de sus renovaciones.
Por tanto, la utilización de los contratos de trabajo de duración determinada basada en razones objetivas constituye una forma de evitar abusos. El Tribunal de Justicia ya ha afirmado que el concepto de «razones objetivas» enunciado en la cláusula 5, punto 1, letra a), del Acuerdo marco debe ser entendido en el sentido de que se refiere a las circunstancias específicas y concretas que caracterizan una determinada actividad y que, por tanto, pueden justificar en ese contexto particular la utilización sucesiva de contratos de trabajo de duración determinada. Tales circunstancias pueden tener su origen, en particular, en la especial naturaleza de las tareas para cuya realización se celebran tales contratos y en las características inherentes a las mismas o, eventualmente, en la persecución de un objetivo legítimo de política social por parte de un Estado miembro ( sentencia Kücük, EU:C:2012:39, apartado 27 y jurisprudencia citada).
El Tribunal Supremo en sentencia de 30 de marzo de 2016 (recurso 891/2014) referida a petición efectuada por fiscales sustitutos se remite a lo que se dijo en la sentencia de 19 de febrero de 2015 (recurso 394/2013) respecto a los jueces sustitutos y magistrados suplentes que descarta el uso abusivo en los sucesivos nombramientos y llamamientos de duración determinada que anualmente puedan recaer en aquéllos, incluso aunque se sucedan por espacios prolongados de tiempo ya que, obedecen en nuestro ordenamiento a concretas necesidades prefijadas en él, de sustitución o de apoyo judicial siempre temporal, no duradero ni permanente, que requieren de atención pronta por la propia naturaleza de la actividad, por lo que considera que existen razones objetivas que justifican la renovación de sus nombramientos.
Ello ha sido reiterado en sentencia de 24 de septiembre de 2025 (recurso 205/2023) en la que se hace referencia a la sentencia de 30 de junio de 2025 (recurso 334/2024) y después de señalar que el Acuerdo marco es aplicable a los abogados fiscales sustitutos y jueces sustitutos indica que el régimen jurídico que regula el estatuto jurídico de los jueces y abogados fiscales sustitutos no es contrario al Acuerdo marco. Asimismo señala esa sentencia que no existe justificación alguna para que, atendiendo a los últimos pronunciamientos del TJUE referidas a cuestiones prejudiciales suscitadas por los Tribunales italianos en relación al régimen de jueces de paz y jueces y fiscales sustitutos ( sentencia de 7 de abril de 2022 (C-236/20) y de 27 de junio de 2024 ( C-41/23) se modifique el criterio ya acuñado en nuestra jurisprudencia de que el régimen de los jueces y fiscales sustitutos en el Derecho español no es contrario al Acuerdo Marco en ella aprobado.
En este caso la recurrente ahora apelante venía desarrollando funciones de sustitución en la Fiscalía Provincial de Valencia, en periodos intermitentes y en virtud de llamamientos llevados a cabo al amparo del Real Decreto 326/2022 de 5 de abril y posteriormente el Real Decreto 634/2014 de 25 de julio, tras su nombramiento por período anual como Fiscal Sustituta, fruto de su participación en el procedimiento selectivo correspondiente al año judicial. No se constata y así lo analiza el juez de instancia que los sucesivos nombramientos y llamamientos de la recurrente no se hayan ajustado a lo establecido en los supuestos previstos en el Real Decreto 634/2014 de 25 de julio, por el que se regula el régimen de sustituciones en la carrera fiscal que establece que los miembros de la carrera fiscal se sustituirán entre sí y sólo, excepcionalmente, en los casos en que no sea posible garantizar de otro modo la adecuada prestación del servicio podrá recurrirse al nombramiento de abogados fiscales sustitutos en las siguientes situaciones: a) Plazas vacantes en tanto se provean por el correspondiente concurso de provisión de destinos. b) Ausencias reglamentarias de los titulares de su puesto de trabajo. c) Situaciones administrativas con reserva de puesto de trabajo. d) Cuando el excepcional incremento de las funciones fiscales o la especial complejidad de los asuntos encomendados u otras circunstancias determinen la necesidad de reforzar o apoyar una Fiscalía.
Por tanto, no existiendo abuso no es necesario pronunciarse sobre el resto de las pretensiones de la parte referidas a las consecuencias de ese abuso ni tampoco por tanto en relación a la sentencia de la Gran Sala del TJUE de 14 de abril de 2026, asunto C-418/24 Obadal.
En atención a lo expuesto la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha decidido:
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme y que frente a ella cabe recurso de casación que habrá de interponerse ante esta Sala, previa consignación del preceptivo depósito para recurrir, en el plazo de 30 días, contados desde el siguiente al de la notificación de aquélla, mediante escrito en el que deberá la concurrencia de los requisitos legales establecidos en el artículo 89.2 de la LJCA.
Así por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será remitido en su momento a la oficina de origen a los efectos legales, junto con el expediente administrativo, en su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Fundamentos
En relación a la cuestión de cuándo es abusivo mantener una relación de empleo temporal, la cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70 no proporciona ninguna definición de cuando es abusivo mantener una relación de empleo, sino que indica que su objeto es establecer un marco para evitar los abusos de la utilización de sucesivos contratos o relaciones de duración determinada pero no define cuando la utilización de sucesivas relaciones de duración determinada es abusiva sino que impone a los Estados miembros, la adopción de por lo menos una de las medidas que enumera cuando su Derecho interno no contemple medidas legales equivalentes. Las tres medidas enumeradas se refieren a adoptar medidas que específicamente establezcan a) las razones objetivas que justifiquen la renovación de tales contratos b) duración máxima total de los sucesivos contratos de trabajo o relaciones laborales de duración determinada d) el número de sus renovaciones.
Por tanto, la utilización de los contratos de trabajo de duración determinada basada en razones objetivas constituye una forma de evitar abusos. El Tribunal de Justicia ya ha afirmado que el concepto de «razones objetivas» enunciado en la cláusula 5, punto 1, letra a), del Acuerdo marco debe ser entendido en el sentido de que se refiere a las circunstancias específicas y concretas que caracterizan una determinada actividad y que, por tanto, pueden justificar en ese contexto particular la utilización sucesiva de contratos de trabajo de duración determinada. Tales circunstancias pueden tener su origen, en particular, en la especial naturaleza de las tareas para cuya realización se celebran tales contratos y en las características inherentes a las mismas o, eventualmente, en la persecución de un objetivo legítimo de política social por parte de un Estado miembro ( sentencia Kücük, EU:C:2012:39, apartado 27 y jurisprudencia citada).
El Tribunal Supremo en sentencia de 30 de marzo de 2016 (recurso 891/2014) referida a petición efectuada por fiscales sustitutos se remite a lo que se dijo en la sentencia de 19 de febrero de 2015 (recurso 394/2013) respecto a los jueces sustitutos y magistrados suplentes que descarta el uso abusivo en los sucesivos nombramientos y llamamientos de duración determinada que anualmente puedan recaer en aquéllos, incluso aunque se sucedan por espacios prolongados de tiempo ya que, obedecen en nuestro ordenamiento a concretas necesidades prefijadas en él, de sustitución o de apoyo judicial siempre temporal, no duradero ni permanente, que requieren de atención pronta por la propia naturaleza de la actividad, por lo que considera que existen razones objetivas que justifican la renovación de sus nombramientos.
Ello ha sido reiterado en sentencia de 24 de septiembre de 2025 (recurso 205/2023) en la que se hace referencia a la sentencia de 30 de junio de 2025 (recurso 334/2024) y después de señalar que el Acuerdo marco es aplicable a los abogados fiscales sustitutos y jueces sustitutos indica que el régimen jurídico que regula el estatuto jurídico de los jueces y abogados fiscales sustitutos no es contrario al Acuerdo marco. Asimismo señala esa sentencia que no existe justificación alguna para que, atendiendo a los últimos pronunciamientos del TJUE referidas a cuestiones prejudiciales suscitadas por los Tribunales italianos en relación al régimen de jueces de paz y jueces y fiscales sustitutos ( sentencia de 7 de abril de 2022 (C-236/20) y de 27 de junio de 2024 ( C-41/23) se modifique el criterio ya acuñado en nuestra jurisprudencia de que el régimen de los jueces y fiscales sustitutos en el Derecho español no es contrario al Acuerdo Marco en ella aprobado.
En este caso la recurrente ahora apelante venía desarrollando funciones de sustitución en la Fiscalía Provincial de Valencia, en periodos intermitentes y en virtud de llamamientos llevados a cabo al amparo del Real Decreto 326/2022 de 5 de abril y posteriormente el Real Decreto 634/2014 de 25 de julio, tras su nombramiento por período anual como Fiscal Sustituta, fruto de su participación en el procedimiento selectivo correspondiente al año judicial. No se constata y así lo analiza el juez de instancia que los sucesivos nombramientos y llamamientos de la recurrente no se hayan ajustado a lo establecido en los supuestos previstos en el Real Decreto 634/2014 de 25 de julio, por el que se regula el régimen de sustituciones en la carrera fiscal que establece que los miembros de la carrera fiscal se sustituirán entre sí y sólo, excepcionalmente, en los casos en que no sea posible garantizar de otro modo la adecuada prestación del servicio podrá recurrirse al nombramiento de abogados fiscales sustitutos en las siguientes situaciones: a) Plazas vacantes en tanto se provean por el correspondiente concurso de provisión de destinos. b) Ausencias reglamentarias de los titulares de su puesto de trabajo. c) Situaciones administrativas con reserva de puesto de trabajo. d) Cuando el excepcional incremento de las funciones fiscales o la especial complejidad de los asuntos encomendados u otras circunstancias determinen la necesidad de reforzar o apoyar una Fiscalía.
Por tanto, no existiendo abuso no es necesario pronunciarse sobre el resto de las pretensiones de la parte referidas a las consecuencias de ese abuso ni tampoco por tanto en relación a la sentencia de la Gran Sala del TJUE de 14 de abril de 2026, asunto C-418/24 Obadal.
En atención a lo expuesto la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha decidido:
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme y que frente a ella cabe recurso de casación que habrá de interponerse ante esta Sala, previa consignación del preceptivo depósito para recurrir, en el plazo de 30 días, contados desde el siguiente al de la notificación de aquélla, mediante escrito en el que deberá la concurrencia de los requisitos legales establecidos en el artículo 89.2 de la LJCA.
Así por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será remitido en su momento a la oficina de origen a los efectos legales, junto con el expediente administrativo, en su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Fallo
En atención a lo expuesto la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha decidido:
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme y que frente a ella cabe recurso de casación que habrá de interponerse ante esta Sala, previa consignación del preceptivo depósito para recurrir, en el plazo de 30 días, contados desde el siguiente al de la notificación de aquélla, mediante escrito en el que deberá la concurrencia de los requisitos legales establecidos en el artículo 89.2 de la LJCA.
Así por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será remitido en su momento a la oficina de origen a los efectos legales, junto con el expediente administrativo, en su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.