Sentencia Contencioso-Administrativo 37/2023 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Badajoz nº 1, Rec. 21/2023 de 19 de mayo del 2023

PRIMERO: Impugna la parte actora la Resolución desestimatoria por silencio administrativo del Ayuntamiento de Badajoz respecto de la reclamación de Responsabilidad Patrimonial formulada por el recurrente con fecha de 30 de agosto de 2021.

Frente a las pretensiones que se contienen en el recurso, la Administración demandada contestó a la demanda oponiéndose a ellas, defendiendo por tanto la conformidad a derecho de la resolución recurrida.

Se basa la demanda en que "El día 3 de agosto de 2.021, sobre las 11:15 horas aproximadamente, mi representada caminaba de forma relajada sobre el paso de peatones que se encuentra en la calle República Argentina, NO 15, esquina con el Colegio de Médicos de Badajoz, cuando al introducir el pie derecho en uno de los múltiples socavones que había en dicho paso, sufrió una torcedura tobillo debido a la existencia de referida irregularidad, la cual se encontraba repintada en varias ocasiones, dificultando una visión y apercibimiento normal de la misma, con la consiguiente caída"; lesiones por las que ahora reclama.

SEGUNDO: Ante este tipo de reclamación, cabe considerar que, en efecto, el art. 106.2 de la Constitución Española establece que " los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos". Del mismo modo el art. 139.1 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece idéntico derecho, dentro del sistema de responsabilidad de todas las administraciones públicas. La responsabilidad patrimonial de la Administración, ha sido configurada en nuestro sistema legal y jurisprudencialmente, como de naturaleza objetiva, de modo que cualquier consecuencia dañosa derivada del funcionamiento de los servicios públicos, debe ser en principio indemnizada, porque como dice en múltiples resoluciones el Tribunal Supremo " de otro modo se produciría un sacrificio individual en favor de una actividad de interés público que debe ser soportada por la comunidad".

No obstante, también ha declarado de forma reiterada el Tribunal Supremo (por todas, sentencia de 5 de junio de 1.998) que no es acorde con el referido principio de responsabilidad patrimonial objetiva su generalización más allá del principio de causalidad, aun de forma mediata, indirecta o concurrente, de manera que, para que exista aquélla, es imprescindible la existencia de nexo causal entre la actuación de la Administración y el resultado lesivo o dañoso producido, y que la socialización de riesgos que justifica la responsabilidad objetiva de la Administración cuando actúa al servicio de los intereses generales no permite extender dicha responsabilidad hasta cubrir cualquier evento, lo que, en otras palabras, significa que la prestación por la Administración de un determinado servicio público y la titularidad por parte de aquélla de la infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administración Públicas convierta a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico.

Para que concurra tal responsabilidad patrimonial de la Administración, se requiere pues, que concurran los siguientes requisitos:

A) Un hecho imputable a la Administración, bastando, por tanto con acreditar que un daño antijurídico, se ha producido en el desarrollo de una actividad cuya titularidad corresponde a un ente público;

B) Un daño antijurídico producido, en cuanto detrimento patrimonial injustificado, o lo que es igual, que el que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportar. El perjuicio patrimonial ha de ser real, no basado en meras esperanzas o conjeturas, evaluable económicamente, efectivo e individualizado en relación con una persona o grupo de personas;

C) Relación de causalidad directa y eficaz, entre el hecho que se imputa a la Administración y el daño producido, así lo dice la Ley 30/92, en el art. 139, cuando señala que la lesión debe ser consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y,

D) Ausencia de fuerza mayor, como causa extraña a la organización y distinta del Caso Fortuito, supuesto este que sí impone la obligación de indemnizar. La fuerza mayor entroncaría con la idea de lo extraordinario, catastrófico o desacostumbrado, mientras que el caso fortuito haría referencia a aquellos eventos internos, intrínsecos al funcionamiento de los servicios públicos, producidos por la misma naturaleza, por la misma consistencia de sus elementos, por su mismo desgaste con causa desconocida, correspondiendo en todo caso a la Administración, tal y como reiteradamente señala el Tribunal Supremo, entre otras y por sintetizar las demás, la de 6 de Febrero de 1996, probar la concurrencia de fuerza mayor, en cuanto de esa forma puede exonerarse de su responsabilidad patrimonial.

TERCERO: Como razona el Tribunal Supremo en su sentencia de 5 de junio de 1997, para que el daño concreto producido por el funcionamiento del servicio a uno o varios particulares sea antijurídico basta con que el riesgo inherente a su utilización haya rebasado los límites impuestos por los estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social. No existirá entonces deber alguno del perjudicado de soportar el menoscabo y, consiguientemente, la obligación de resarcir el daño o perjuicio causado por la actividad administrativa será a ella imputable; siendo también el Tribunal Supremo el que ya en su sentencia de 9 de marzo de 1998 razona que, por el carácter objetivo de la responsabilidad administrativa es a la Administración a la que corresponde acreditar circunstancias tales como la fuerza mayor, dolo o negligencia de la víctima, o en general todas las que conlleven a la ruptura del nexo causal y consiguientemente a la exoneración de responsabilidad de la Administración.

Cierto es que el criterio de responsabilidad objetiva se ha visto matizado en sentencias posteriores atendiendo al estándar de rendimiento que ofrece en cada momento el servicio público para evitar las situaciones de riesgo de lesión patrimonial a los usuarios del mismo derivados de la acción de terceros y para reparar los efectos dañosos en el caso de que se actúen tales situaciones de riesgo. Ahora bien, en todo caso es la Administración a la que incumbe acreditar ese estándar de rendimiento ( STS de fecha de 3 diciembre 2002: Recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 38/2002), por aplicación de los principios de la carga de la prueba contenidos en el artículo 1214 del Código Civil.

CUARTO: Entrando en el fondo del asunto, nos encontramos ante un supuesto muy específico por las diversas circunstancias que concurren en el caso y que lo hacen acreedor de una atención particularizada ajena a previsiones o criterios generales. Decimos esto porque, aun cuando este Juzgador ha intentado dejar sentados criterios en estas materias respecto de asuntos similares, intentando con ello dar cierta uniformidad a sus pronunciamientos, el criterio rector de todo tipo de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial ha de ser siempre el estudio del caso concreto evitando la aplicación autómata de criterios generales desconectados con dicho caso. De manera tal que lo que en un supuesto pudiera determinar una exclusión de la responsabilidad de la Administración por el funcionamiento del servicio público, en otro, unido a sus circunstancias, pudiera conllevar la consabida responsabilidad.

Y es esto lo que ocurre en el presente caso en el que las diversas circunstancias concurrentes determinan una solución concreta a lo planteado.

Y una vez más, no podemos ahora pretender aplicar aquí criterios generalistas traídos de otros procedimientos, puesto que el caso concreto debe ser la pauta a seguir y valorar. Y en el presente caso, el recurrente caminaba por un paso de peatones.

En este punto, y sobre la actividad probatoria de la recurrente, las fotografías obrantes al expediente administrativo, y que obran en el atestado levantado por la Policía Local, son suficientemente ilustrativas de que en el paso de peatones existe un defecto en el pavimento (descrito por el informe del Jefe del Servicio de Vías y Obras y que obra al expediente administrativo y se aporta con la demanda) con lo que evidentemente se produce una oquedad impropia de un buen estado de conservación de la calzada.

Todo ello da lugar a considerar que el estado de la vía era defectuoso, como así se deduce claramente de las fotografías presentadas, que demuestran la existencia de un defecto en la vía en un punto que está específicamente destinado al tránsito de peatones. La recurrente caminaba por una zona peatonalizada, constituida por un paso de peatones. Como en alguna ocasión hemos establecido (PA 83/2014 respecto de una caída en una calle peatonal de Badajoz, como lo es la calle Menacho) " no es lo mismo, a juicio de este Juzgador, exigir de dicha Administración velar por el estado del resto de vías públicas que respecto de lo que es la calle más transitada de Badajoz en la que es más fácil percibir cualquier anomalía, bien por denuncia de un ciudadano, bien por cuanto la propia Policía Local transita diariamente dicha calle". Y lo anterior resulta perfectamente extrapolable al caso de autos, porque es que un lugar peatonalizado requiere un perfecto estado de la vía, siendo un lugar para el tránsito despreocupado de los peatones que dota de mayor rigor a la exigencia de conservación y cuidado del Ayuntamiento.

Pese a los argumentos de la contestación a la demanda, hemos de reiterar los argumentos que ya expusimos en alguna ocasión (Procedimiento Abreviado 42/2019), en supuestos casi idénticos (caídas en pasos de peatones), que " un paso de peatones ha de ser un lugar de paso que genere la confianza debida al peatón que tan sólo, y pese a su preferencia de paso, debe verificar que no se incumple la norma de circulación por ningún vehículo en dicho punto. Pero lógicamente, el firme ha de encontrarse en buen estado". Es decir, que resulta obvio que un lugar de paso para peatones (como lo es también y por esencia, un acerado) no exime al peatón de prestar la diligencia necesaria al deambular. Pero sí exige a la Administración demandada el perfecto estado de la vía por cuanto, máxime en un paso de peatones, el caminante ha de prestar atención al tráfico rodado (como obligación prevista en la normativa de circulación y exigible al peatón), de tal suerte que la exigencia de que el peatón vaya pendiente del estado de la calzada se relaja muy mucho respecto de la que le es exigible al caminar por un acerado, por lo que surge en su consecuencia el deber de la Administración demandada de mantener el firme en perfecto estado. Pero es que, y aun prescindiendo de cualesquiera consideraciones, no resulta de recibo, en opinión de este Juzgador, el hecho de que la Administración demandada pudiera escudar su responsabilidad en defectos presentes en un paso para peatones, que suponen en todo caso, y de por sí, un riesgo para cualquier peatón, pues dicho punto ha de estar, en absoluto, libre de defectos.

Y ello aun cuando se califique de meras irregularidades los defectos en dicho paso de peatones, de conformidad con el informe del Servicio de Vías y Obras que destaca que "la primera tiene unas dimensiones aproximadas de 0,22 x 0,22 m. y una profundidad de 2 cms, y la segunda tiene unas dimensiones aproximadas de 1,00 x 0,30 m. y una profundidad de 2 cm"". El hecho de estar dichas irregularidades posicionadas en el paso de peatones, y por lo anteriormente expuesto, ya conduce a la estimación del recurso sin que argumentos tales como la buena luz o visibilidad, la diferencia cromática dada por las líneas blancas del paso de peatones o la cercanía al domicilio de la recurrente, inhabiliten el argumento fundamental que antes establecíamos cual es que la zona peatonalizada ha de estar en condiciones de tránsito seguro para los peatones que, no olvidemos, no pasean por dicha zona, sino que cruzan la calzada con preferencia al tráfico rodado, por lo que la presteza en dicho tránsito ha de justificar un paso seguro.

No podemos, por ello, considerar que concurra en este caso culpa alguna de la víctima, pues si valoramos la prueba practicada en el presente procedimiento, no podemos determinar qué hacía o hacia dónde se dirigía la recurrente al momento de caer. Y el hecho de haber renunciado a vista la actora en nada empece la anterior consideración, pues no es ella quien tiene que probar que caminaba correctamente y con la atención debida, sino la Administración demandada y la interesada quienes, de conformidad con el artículo 217 Ley de Enjuiciamiento Civil, han de probar el hecho (culpa de la víctima) que alegan.

En cualquier caso, la misma circulaba por el paso de peatones que tenía un defecto evidente así como susceptible de causar la caída que ahora analizamos.

Por ello, pese a la pretendida diligencia que pudiera exigírsele a un peatón, dadas las circunstancias de la calzada en ese punto, se constata un defecto hábil para producir una caída tanto porque a buen seguro desequilibra a cualquier persona que tropezara con el mismo, haciéndola caer al suelo. Pero, sin duda, reiteramos que un defecto en la calzada que además cromáticamente está disimulado, en un paso de peatones, no puede tener justificación para la Administración demandada a los efectos de que ésta invoque culpa alguna de la víctima, y mucho menos exclusiva, por cuanto un lugar de paso tan sensible y que requiere al peatón para que su diligencia se extreme, fundamentalmente en la atención al tráfico rodado, que no sólo al pavimento, no puede excusar a la Administración demandada y ha de provocar, necesariamente, un mal funcionamiento del servicio público.

En apoyo de tales argumentaciones, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de fecha 19 de octubre de2019, que resolvía un recurso de apelación frente a una sentencia de este mismo Juzgado Contencioso Administrativo, ya disponía que " los pasos de peatones implican que la atención que deben prestar los viandantes no es precisamente al estado del suelo, sino precisamente a la presencia de vehículos".

Por lo que hemos de estimar el recurso y declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración demandada.

QUINTO: Resta determinar el importe total de los daños a indemnizar, vista la valoración ofrecida por la Administración demandada y la interesada, discrepando el perito de la actora y la técnico municipal autora de su informe pericial en dos puntos: la determinación de las secuelas y el perjuicio personal básico, solicitando subsidiariamente el Letrado del Ayuntamiento la minoración del quantum indemnizatorio al importe de 2.519,88 euros.

Parece razonable la distinción que la parte demandada hace en base al informe pericial que acompaña a su contestación. Como otras veces hemos sostenido, la perito del Ayuntamiento admite francamente el resto de consideraciones del informe aportado de contrario, particularmente respecto del alta de la recurrente, cuya constancia documental no se fija en la documentación por ella misma aportada, lo que se traduce en resaltar la objetividad e imparcialidad de los razonamientos de su informe, y al tiempo apoyan el resto de argumentos contradictorios. Así, debemos estimar sus razonamientos en torno al perjuicio personal básico, el cual niega en su existencia basándose en la falta de prescripción en relación con tal pretendida secuela, así como en la calificación de las secuelas, de las que la técnico municipal niega su existencia en base a que la lesión de la recurrente está dentro de la normalidad y simétrica con el tobillo contralateral, así como que camina sin ayuda ni dificultad, añadiendo la preexistencia de una "anomalía inherente a la anatomía de la lesionada y obviamente previa al accidente [...]", consistente en una " leve desalineación del retropié bilateral" de ambos pies, pautándosele plantillas para ambos pies.

Dichos razonamientos nos parecen, en una valoración conforme a la sana crítica, más acertados y dignos de ser recogidos en la presente Resolución, y suponen una minoración lógica de la cuantía indemnizatoria al importe solicitado por el Ayuntamiento demandado de 2.519,88 euros, en base al cálculo realizado en la contestación a la demanda, que supone reconocer 46 días de perjuicio personal moderado, a razón de 54,78 €/día.

SEXTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, no procede imponer las costas del presente procedimiento vista la estimación parcial del recurso.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general y obligada aplicación