Sentencia Contencioso-Administrativo 14/2023 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Mérida nº 2, Rec. 97/2022 de 18 de enero del 2023

PRIMERO.- Es objeto de recurso contencioso-administrativo desestimación presunta de la reclamación patrimonial presentada por la recurrente frente al Ayuntamiento de Arroyo de San Servan, en fecha 24 de febrero de 2020.

Reclama una indemnización la recurrente, que asciende a 8628,57 euros, por los daños causados por obras realizadas a instancia de Ayuntamiento de San Servan, el 27 de febrero de 2019, cuando resultó dañada una conducción subterránea de telecomunicaciones, propiedad de la recurrente.

El Ayuntamiento se opone a lo pedido de contrario señalando que la conducción dañada y propiedad de la recurrente no estaba señalizada, que el cableado dañado no tenía licencia y que no existía señalización alguna de la existencia de cableado en la zona del siniestro; se mostró también disconforme con la cantidad pedida de contrario señalando que obraba en el expediente informe de reparación que la tasaba en algo más de mil euros; subsidiariamente solicitaba se fijara la condena en 1010 euros y que se condenara solidariamente a su aseguradora.

La Aseguradora del Ayuntamiento alegó su falta de legitimación pasiva, en tanto en cuanto la máquina con la que se produjeron los daños en el cableado de telefónica no era propiedad del Ayuntamiento y la póliza que tiene suscrita con este no cubre tal siniestro.

SEGUNDO.- De las pruebas obrantes en autos ha quedado acreditado que el día 27 de febrero de 2019, el Ayuntamiento demandado había encargado a Don Germán la ejecución de unas obras que se realizaron en la parcela número 50, del polígono catastral número 4, propiedad de la Cooperativa Ntra. Sra. De Perales (folio 30 del expediente); que dichas obras se realizaron la máquina New Holand, matrícula U....WKR, sin que el propietario de la misma tuviera relación funcionarial con el Ayuntamiento.

Que según la certificación emitida por la Secretaria del Ayuntamiento en fecha 13 de diciembre pasado, las actuaciones que había encargado el Ayuntamiento al Sr. Germán, "respondían a tareas diarias de mantenimiento propias de los servicios municipales de obras".

Que durante la ejecución de las obras, resultó dañada una conducción subterránea de telecomunicaciones, propiedad de Telefónica España, SAU, cuya reparación ascendió a la cantidad reclamada en autos.

TERCERO.- La responsabilidad de las Administraciones Públicas encuentra su apoyo normativo, no sólo en el principio genérico de la tutela efectiva en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos, contemplado en el art. 24 de nuestra Carta Magna sino también, de modo específico, en el artículo 106.2 del citado cuerpo legal.

A nivel legislativo, actualmente, la regulación sustancial se encuentra en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señalando en su artículo 32.1 que " Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley ".

En el mismo sentido y respecto de las entidades locales, el artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que " las Entidades locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa."

El instituto de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas ha sido desarrollado jurisprudencialmente en el sentido de establecer los siguientes presupuestos para que la misma sea operativa:

a) la efectiva realidad de un daño o perjuicio evaluable económicamente, individualizado con relación a una persona o un grupo de personas y antijurídico, de forma que si se da en el sujeto el deber jurídico de soportar la lesión decae la obligación de indemnizar;

b) que el daño sufrido sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, en una relación directa de causa a efecto, sin intervención extraña que pudiera influir en el nexo causal;

c) que no se haya producido por fuerza mayor.

La jurisprudencia ha exigido tradicionalmente que el nexo causal sea directo, inmediato y exclusivo ( SSTS de 20 de enero de 1984, 24 de marzo 1984, 30 de diciembre de 1985, 20 de enero de 1986, etc.), lo cual supone desestimar sistemáticamente todas las pretensiones de indemnización cuando interfiere en aquél, de alguna manera, la culpa de la víctima ( STS de 20 de junio de 1984 y 2 de abril de 1986, entre otras) o de un tercero. Sin embargo, frente a esta línea tradicional de la jurisprudencia, aparece otra, más razonable, que no exige la exclusividad del nexo causal ( SSTS de 12 de febrero de 1980, 30 de marzo 1982, 12 de mayo de 1982 y 11 de octubre de 1984, entre otras), y que, por tanto, no excluye la responsabilidad patrimonial de la Administración cuando interviene en la producción del daño, además de ella misma, la propia víctima ( SSTS de 31 de enero de 1984, 7 de julio de 1984, 11 de octubre de 1984, 18 de diciembre de 1985 y 28 de enero de 1986), o un tercero ( STS de 23 de marzo de 1979), salvo que la conducta de uno y de otro sean tan intensas que el daño no se hubiera producido sin ellas ( SSTS de 4 de julio de 1980 y 16 de mayo de 1984). Supuestos en los que procede hacer un reparto proporcional del importe de la indemnización entre los agentes que participan en la producción del daño, bien moderando ese importe ( SSTS de 31 de enero de 1984 y 11 de octubre de 1984), o acogiendo la teoría de la compensación de culpas para efectuar un reparto equitativo del montante de aquélla ( SSTS de 17 de marzo de 1982, 12 de mayo de 1982 y 7 de julio de 1984, entre otras).

Cabe señalar, por último, que, a los fines del art. 106.2CE, el Tribunal Supremo, en sentencias, entre otras, de 5 de junio de 1989 y 22 de marzo de 1995, ha homologado como servicio público toda actuación, gestión, actividad, o tareas propias de la función administrativa que se ejerce, incluso por omisión o pasividad, con resultado lesivo.

Dicho lo anterior, con carácter general, en cuanto a los presupuestos que han de darse para que podamos hablar de responsabilidad patrimonial de la administración por anormal funcionamiento de la misma, en cuanto al a carga de la prueba, conforme al art. 217 LECv, es a la parte demandante a quien corresponde, en principio, la carga de la prueba sobre las cuestiones de hecho determinantes de la existencia, de la antijuridicidad, del alcance y de la valoración económica de la lesión, así como del sustrato fáctico de la relación de causalidad que permita la imputación de la responsabilidad a la Administración. En tanto que corresponde a la Administración titular del servicio la prueba sobre la incidencia, como causa eficiente, de la acción de terceros, salvo en el supuesto de hecho notorio; en el caso de ser controvertido, le corresponde, también, a la Administración la acreditación de las circunstancias de hecho que definan el estándar de rendimiento ofrecido por el servicio público para evitar las situaciones de riesgo de lesión patrimonial a los usuarios del servicio derivadas de la acción de terceros y para reparar los efectos dañosos, en el caso de que se actúen tales situaciones de riesgo.

CUARTO.- Habiéndose planteado por la Aseguradora del Consistorio demandado su falta de legitimación pasiva, el primer pronunciamiento necesariamente habrá de referirse a tal cuestión.

No le falta razón a la defensa de la compañía CASER al indicar que los daños se produjeron por una máquina que no era propiedad del Ayuntamiento y cuyo titular no tiene tampoco ningún tipo de relación funcionarial con la Administración demandada; ese hecho es suficiente para considerar que CASER no puede responder, para el caso de que de que se declarara la responsabilidad de Ayuntamiento, de los daños reclamados porque la producción de los mismos no estaba cubierta por la póliza del vehículo que causó los mismos.

En este caso, la falta de diligencia del Ayuntamiento al tramitar el expediente que ahora revisamos ha hecho que no haya traído a los autos a la persona que ejecutaba los trabajos a su instancia y a la aseguradora de la misma.

Procede, pues, declarar la falta de legitimación pasiva de CASER en las presentes actuaciones.

QUINTO.- Dicho lo anterior y teniendo en cuenta lo señalado en el fundamento jurídico dedicado a los hechos probados, hemos de determinar que en el caso de autos el Ayuntamiento ha sido el responsable de los daños que se reclaman por la recurrente.

Lo cierto y verdad es que esos daños se han causado; ha quedado también acreditado que los mismos se hicieron durante la ejecución de unas obras que habían sido acordadas por el Ayuntamiento, sin que hayamos llegado a saber el motivo por el cual el Ayuntamiento se dedica a hacer obras en inmuebles privados (recordemos que el Arquitecto del Ayuntamiento informó de que las obras se realizaron en una parcela propiedad de la Cooperativa Nuestra Señora de Perales) y que pese a haberse intentando por esta Juzgadora conocer qué tipo de obras se estaban realizando por el Ayuntamiento en una zona privada, acordándose la correspondiente diligencia final, por la Secretaria del Ayuntamiento se respondió en el sentido de indicar que " no es función ni competencia de esta Secretaria-Interventora disponer de la realización de obras, actuaciones en la vía pública, ni por supuesto tener conocimiento de la naturaleza ni de la titularidad del terreno donde las mismas se acometen" (la negrita y el subrayado es de la Secretaria que respondió a la diligencia final acordada por esta que suscribe), ante tal respuesta -la cual se remite, además, a la normativa que regula el régimen jurídico de los funcionarios dela Administración local, conocida perfectamente por esta que suscribe- no vendría de más recordar a la Secretaria del Ayuntamiento el principio de lealtad institucional que ha de presidir la actuación entre Administraciones Públicas y que su régimen jurídico habrá de ponerlo en relación con lo dispuesto en el art. 3.k) de la Ley 40/15, que establece, como principio de actuación de las Administraciones, el de cooperación, colaboración y cooperación entre las Administraciones Públicas.

Dicho lo anterior, como se desconoce, pese al intento de esta que suscribe, el motivo por el que el Ayuntamiento estaba realizando unas obras en una propiedad privada y ha quedado acreditado que durante esas obras se produjeron daños al cableado propiedad de la recurrente, no cabe más que declarar que concurren en el caso de autos para imputar al Ayuntamiento la responsabilidad patrimonial que se le reclama, debiendo, pues, indemnizar a la recurrente con la cantidad pedida por la misma y que asciende a 8.626,57 euros, más el interés legal devengado desde la reclamación administrativa, careciendo de virtualidad del presupuesto de algo más de mil euros al que se refiere el Ayuntamiento y que obra al folio 132 porque esa tasación se hace con los matices que en dicho folio se indican.

En cuanto a que las obras realizadas por Telefónica carecían de licencia, tal omisión en modo alguno impide declarar la responsabilidad de la Administración demandada, sin perjuicio de las consecuencias que, desde el punto de vista urbanístico, pudieran derivarse y que habrán de dilucidarse, obviamente, en un expediente ajeno al presente.

SEXTO.- Las costas seguirán la teoría del vencimiento, conforme a lo dispuesto en el art. 139 LJCA, en redacción dada por Ley 37/11, con el límite de 300 euros (IVA incluido).

Vistos los artículos anteriormente señalados y todos aquellos otros que sean de general y pertinente aplicación