Sentencia Contencioso-Administrativo 226/2025 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid nº 7, Rec. 412/2024 de 17 de junio del 2025

PRIMERO.- El asunto que se enjuicia corresponde al orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo por aplicación del artículo 1 de la LJCA siendo competente para su conocimiento este Juzgado conforme se dispone en el artículo 8 en relación con el artículo 14 de la misma.

SEGUNDO.- Una vez más me veo obligado a comenzar los fundamentos de derecho recordando lo dispuesto en el art. 56.1 LJCA: " En los escritos de demanda y de contestación se consignarán con la debida separación los hechos, los fundamentos de Derecho y las pretensiones que se deduzcan, en justificación de las cuales podrán alegarse cuantos motivos procedan, hayan sido o no planteados ante la Administración" . En el mismo sentido se pronuncia el art. 399 LEC ("El juicio principiará por demanda, en la que, consignados de conformidad con lo que se establece en el artículo 155 los datos y circunstancias de identificación del actor y del demandado y el domicilio o residencia en que pueden ser emplazados, se expondrán numerados y separados los hechos y los fundamentos de derecho y se fijará con claridad y precisión lo que se pida") .

Con carácter general, mezclar hechos y fundamentos de derecho, cuestiones fácticas y jurídicas, remitirse en los fundamentos de derecho a los hechos de manera genérica, limitar el apartado de hechos a una negación de los expuestos de contrario con carácter genérico, suponen una deficiente técnica procesal, que no sólo infringe lo dispuesto en los citados apartados sino que dificulta la lectura y comprensión de la demanda y la contestación. Lo mismo supondría que una sentencia no respetara la diferencia entre antecedentes de hecho y fundamentos de derecho o en la que hubiera que buscar en los antecedentes de hecho el sentido estimatorio o desestimatorio de la misma ( art. 209 LEC) .

TERCERO.- Con carácter general, la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas está regulada en el capítulo IV del título preliminar de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, en concreto el art. 32 establece en sus dos primeros párrafos: " 1 . Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.

2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas"

En el ámbito local rige la Ley 7/1985, cuyo artículo 54 dispone: " Las entidades locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa".

Sobre dichos preceptos existe una Jurisprudencia muy extensa, que ha perfilado los requisitos para la procedencia de las reclamaciones patrimoniales contra la Administración. En concreto, la STSJM de 29 de julio de 2020, re. 4227/1997 expone:

TERCERO.- En cuanto a la responsabilidad de las administraciones públicas, hay que resaltar que con arreglo al artículo 139.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, actualmente artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. En todo caso, añade el apartado 2, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

El indicado precepto constituye el trasunto legislativo de la previsión contenida al respecto en el artículo 106.2 de la Constitución española y configura el sistema de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, que tiene como presupuestos o requisitos, conforme a una reiterada jurisprudencia, los siguientes: a) Que el particular sufra una lesión de sus bienes o derechos real, concreta y susceptible de evaluación económica; b) Que la lesión sea antijurídica, en el sentido de que el perjudicado no tenga obligación de soportarla; c) Que la lesión sea imputable a la Administración y consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y d) Que, por tanto, exista una relación de causa a efecto entre el funcionamiento del servicio y la lesión, y no sea ésta consecuencia de un caso de fuerza mayor (por todas, STS, Sala 3º, de 10 de octubre de 1998, 14 de abril de 1999 y 7 de febrero de 2006).

Para que sea antijurídico el daño ocasionado a uno o varios particulares por el funcionamiento del servicio basta con que el riesgo inherente a su utilización haya rebasado los límites impuestos por los estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social. En este caso no existirá deber alguno del perjudicado de soportar el menoscabo y consiguientemente, la obligación de resarcir el daño o perjuicio causado por la actividad administrativa será a ella imputable. Finalmente es requisito esencial para exigir dicha responsabilidad el que exista una relación de causa a efecto entre el funcionamiento del servicio y la lesión, y no sea, ésta, consecuencia de un caso de fuerza mayor (por todas, STS, Sala 3º, de 10 de octubre de 1998, 14 de abril de 1999 y 7 de febrero de 2006).

También resulta muy clara la STSJM de 24 de septiembre de 2021, re. 296/2020, que con cita de Jurisprudencia del TS señala que los requisitos para poder declarar la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas son: a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas. b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la calificación- de los servicios públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal. c) Ausencia de fuerza mayor. d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente causado por su propia conducta. Esta sentencia señala también que no todo daño causado por la Administración ha de ser reparado, sino que tendrá la consideración de auténtica lesión resarcible, exclusivamente, aquélla que reúna la calificación de antijurídica, en el sentido de que el particular no tenga el deber jurídico de soportar los daños derivados de la actuación administrativa.

CUARTO.- Ha de tenerse en cuenta que, con arreglo al art. 217.2 LEC, en relación con la d.a. primera de la ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, le corresponde a la actora la carga de probar la certeza de los hechos de los que pretende derivar el derecho reclamado. Si no logra acreditarlo, conforme a una reiterada doctrina, no puede pretender que los ayuntamientos y las Administraciones públicas en general se conviertan en aseguradores universales o en entidades providencialistas reparadoras de todos los daños que sufran los ciudadanos al utilizar las vías públicas (por todas, STS Sala 3ª de ocho de abril de 2003, re. 11774/98 y de 24 de junio de 2003, re. 11/2003, STSJM de 24 de septiembre de 2021, re. 296/2020). Así pues, en defecto de la acreditación de un vínculo causal eficiente entre la producción de los daños y el invocado mal estado de la vía pública, el particular deberá soportar los perjuicios que sufra, a los que no debe conferir la consideración de antijurídicos ( STSJM de 31 de mayo de 2019, re. 701/2018).

Como conclusión de esta exposición jurisprudencial, cabe acoger la STS de 21 de enero de 2021 (re. 5608/2019), citada en la STSJM de 24 de septiembre de 2021, ya citada, que afirma lo siguiente:

La institución de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas es una consecuencia obligada e imprescindible del desarrollo del Estado de Derecho que impone la sumisión de la Administración Pública al ordenamiento jurídico, como se deduce de los artículos 9.3, 103.1, 106.2 y 121 de la Constitución. Y que junto a ese fundamento constitucional, la responsabilidad patrimonial también se fundamenta en el principio de solidaridad -en tanto no sería justo que un solo sujeto lesionado tuviera que hacer frente a las consecuencias lesivas de los actos de los Poderes públicos-, encontrando también su fundamento en la confianza legítima que los citados poderes han podido crear en los ciudadanos. De este modo, si la actuación administrativa tiene por objeto beneficiar, con mayor o menor intensidad, a todos los ciudadanos, lo justo, lo razonable, es que si con ello se causa algún perjuicio, éste se distribuya también entre todos, de forma que el dato objetivo de la producción de una lesión antijurídica a los ciudadanos, continúa constituyendo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo el fundamento mismo de la responsabilidad. Por ello, la responsabilidad surge con el perjuicio que se causa, independientemente de que éste se haya debido a una actuación lícita o ilícita de los poderes públicos, y de quién haya sido concretamente su causante.

QUINTO.- En este tipo de pleitos de caídas en la calle es esencial la práctica de la prueba, pues si la legislación aplicable es clara, en materia de responsabilidad extracontractual es esencial el elemento fáctico, esto es, la acreditación de cómo sucedió un determinado hecho para analizar a continuación si concurren los presupuestos que la ley exige para poder acreditar la responsabilidad de la Administración. En este punto ha insistido mucho el TSJM en múltiples sentencias. Con carácter general, la sentencia de cinco de abril de 2018 (re. 635/2017) indica lo siguiente:

Tal como nos hemos pronunciado reiteradamente, en casos de caídas como la presente, la responsabilidad de la Administración surge cuando el obstáculo en la calle supera lo que es el normal límite de atención exigible en el deambular, si bien ha de precisarse que no es posible reclamar una total uniformidad de la vía pública ni la inexistencia absoluta de elementos que interfieran en el tránsito de los peatones. Lo exigible es que el estado de la vía sea lo suficientemente uniforme y el paso aparezca adecuadamente expedito como para resultar fácilmente superable con el nivel de atención que, socialmente, es requerible. Es precisamente cuando sea necesario un nivel de atención superior cuando surgirá, en su caso, la relación de causalidad, siempre que no se rompa dicho nexo por hecho de tercero o de la propia víctima.

En sentencia de 30 de mayo de 2017 (re. 595/2016) se indicó lo siguiente para determinar el grado de atención exigible:

Y ello por cuanto ha de destacarse que, tal como nos hemos pronunciado reiteradamente, en casos de caídas como la presente, la responsabilidad de la Administración surge cuando el obstáculo en la calle supera lo que es el normal límite de atención exigible en el deambular, si bien ha de precisarse que no es posible reclamar una total uniformidad de la vía pública ni la inexistencia absoluta de elementos que interfieran en el tránsito de los peatones. Lo exigible es que el estado de la vía sea lo suficientemente uniforme y el paso aparezca adecuadamente expedito como para resultar fácilmente superable con el nivel de atención que, socialmente, es requerible. Es precisamente cuando sea necesario un nivel de atención superior cuando surgirá, en su caso, la relación de causalidad, siempre que no se rompa dicho nexo por hecho de tercero o de la propia víctima.

Y en la sentencia de 25 de enero de 2017 (re. 276/2016) recalca lo siguiente:

Lo fundamental en estos casos, en definitiva, es demostrar la dinámica de la caída y que en ella estuvo involucrado, de un modo fundamental, un funcionamiento de los servicios públicos contrario al estándar de rendimiento exigible a los mismos.

Así, a título de ejemplo, podemos citar nuestra reciente sentencia de 9 de diciembre de 2016 (rec. 271/2016 , ponente D. ª ANA RUFZ REY, Roj STSJ M 13209/2016 , FJ 4º), en la que se razona en parecidos términos a los aquí expuestos: "Por tanto, no se aporta ningún elemento para acreditar dónde y cómo sucedieron los hechos, a lo que cabe añadir que la Policía Municipal, unidad del distrito Latina, informó el 13 de junio de 2013 que no tenía constancia de intervención alguna por parte de agentes de dicha Unidad en el lugar y día señalados por la interesada (folio 29 del expediente administrativo). En idénticos términos, en fecha 31 de octubre de 2013 la Subdirección General de Gestión Hídrica informó que no existía ningún antecedente de siniestro en la dirección y fechas próximas indicadas por la afectada (folios 33 y 34). En definitiva, valoradas dichas circunstancias, no cabe deducir la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Madrid pues no ha quedado acreditada la concurrencia de la relación de causalidad legalmente exigida a tales efectos al existir una deficiencia probatoria que afecta tanto al lugar como a la dinámica de los hechos".

No habiendo superado dicho test la presente reclamación, al no resultar desvirtuada la conclusión alcanzada en la instancia sobre la falta de acreditación suficiente del lugar exacto y de la forma concreta en que se produjo la caída, procede desestimar el recurso de apelación. Sin necesidad de abordar, por ello, las restantes cuestiones planteados en los escritos de las partes.

En la sentencia de cinco de mayo de 2016 se desestimó el recurso con base en los siguientes argumentos:

Entrando a conocer de lo alegado, y partiendo del examen de los datos obrantes, consta que el recurrente tropezó de alguna manera en la calle produciéndose las lesiones que ha acreditado. Sin embargo de ningún modo ha probado la mecánica de la caída, en lugar donde se produjo de cómo ocurrieron los hechos. Procede confirmar la sentencia instancia en cuanto que correctamente ha apreciado no sólo la falta de prueba indicada, sino que existen contradicciones: aporta fotografías del lugar donde supuestamente se produjo el hecho correspondiente al núm. 30 de la calle, cuando fue encontrado por el Samur y por la Policía Municipal se encontraba en el número 40, a 200 metros. El Samur únicamente acreditar que recogió al recurrente en ese lugar pero no la mecánica de la caída, ni por tanto la relación causal del daño con el funcionamiento de los servicios públicos.

Y en la ya citada sentencia de 30 de mayo de 2017 la Sala concluyó:

De acuerdo con las normas de la carga de la prueba le corresponde al recurrente acreditar la concurrencia de todos los elementos legalmente exigidos para apreciar la responsabilidad patrimonial demandada, por lo que es él quien ha de pechar con las consecuencias de la deficiencia o insuficiencia de los datos aportados.

En consecuencia, no pudiendo establecer el nexo causal legalmente exigible, no puede apreciarse la responsabilidad patrimonial demandada.

SEXTO.- Expuesta la normativa y Jurisprudencia aplicable, debe analizarse el contenido del EA. Consta a los folios 24 y ss informe médico, al folio 73 una foto de Google Maps de la calle Mauricio Legendre, en la que se ha marcado el lugar en que supuestamente sucedió el accidente. Al folio 74, lugar donde se supone que sucedió el hecho en el que se ve una baldosa en mal estado, al folio 75 otra foto con el desperfecto más visible. Al folio 76, informe de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal. Al folio 82, informe del SAMUR del día del accidente. Consta que tiene lugar el día 29 de mayo de 2021, a las 8.43 horas en la calle Mauricio Legendre de Madrid, sin especificar el número. Los facultativos hacen constar que había sufrido caída cuando corría.

Al folio 130 consta una propuesta de Zurich en la que sin prejuzgar responsabilidades valoraban una indemnización de 13.927,69 euros.

Al folio 152 consta informe del Departamento de Vías Públicas, en el que se indica que la competencia en la conservación del pavimento corresponde a la Dirección General de Conservación de Vías Públicas, no constando ninguna incidencia que coincida con el desperfecto que supuestamente causó la caída, el lugar es una acera y podría haber responsabilidad de la empresa Aceinsa Movilidad SA.

Al folio 156 consta informe de la Policía Municipal que indica que no se llevó a cabo ninguna intervención.

El hoy actor presentó alegaciones antes del dictado de la propuesta de resolución, folios 189 y ss EA, dictándose propuesta de resolución que obra a los folios 197 y ss que desestimaba la reclamación.

A los folios 221 y ss consta el dictamen de la comisión jurídica asesora de la CAM en el mismo sentido.

A los folios 230 y ss consta la resolución desestimatoria.

SÉPTIMO.- A la vista del contenido del EA, en lo que concierne a la mecánica de los hechos, y no habiendo más pruebas que las obrantes en el mismo, debe ser desestimada la demanda con base en los siguientes argumentos:

En primer lugar, no queda acreditada la forma en que sucedieron los hechos. Está acreditada la producción de un accidente por el informe del SAMUR y el parte de urgencias, pero no hay testigo alguno de cómo se pudo producir esa caída. Tan solo se cuenta con la declaración del demandante, que no puede ser prueba bastante para declarar la responsabilidad del ayuntamiento. El SAMUR tampoco indica el número de la calle ni da ningún dato para localizar el lugar, por lo que no queda acreditado que las fotografías acompañadas se correspondan efectivamente con el lugar de la caída.

En segundo lugar, el demandante afirma que estaba corriendo, y si bien la zona es apta para el tránsito de peatones, no está acondicionada para la práctica deportiva. Ello obliga a quien practica deporte por la misma a extremar las precauciones, pues no es lo mismo caerse andando que cuando se está corriendo, algo que este juzgador ha experimentado personalmente. Es por lo tanto necesario extremar las precauciones cuando se corre por la calle.

En tercer lugar, el obstáculo está muy pegado a la derecha de la acera, habiendo espacio más que suficiente para poder pasar y dejarlo al lado. El mismo es visible y es fácilmente evitable.

Todo ello hace que no exista relación de causalidad entre el accidente y el mal estado de la acera, a lo que debe unirse como antecedente lógico que no ha quedado acreditada la mecánica de los hechos. Debe en consecuencia desestimarse la demanda.

OCTAVO.- El art. 139 LJCA establece que " 1 En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad". Añade el párrafo cuarto que " La imposición de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima".

Señala el TS que en la jurisdicción contencioso administrativa no es de aplicación el límite del tercio del art 394.3 LEC toda vez que la Ley Jurisdiccional tiene su propia regulación específica en materia de costas procesales ( STS 16 de junio de 2022, re. 3979/2021, que cita Autos del TS que contienen la misma doctrina). La misma sentencia, mencionando precedentes, señala que "salvo circunstancias excepcionales, cuando se fija una cuantía como máxima a favor del Letrado favorecido por una condena en costas, la misma no puede ser discutida en incidente de tasación de costas, en razón de que el Tribunal ya prefijó su importe".

Este régimen de limitación de costas es aplicable tras la reforma operada en la LJCA por el RDL 6/2023 de 19 de diciembre ( ATS de nueve de julio de 2024, re. 317/2024).

En el presente caso, dada la desestimación de la demanda han de imponerse las costas a la parte actora con el límite de 1.000 euros IVA incluido por cada uno de los codemandados.

En atención a lo expuesto, vistos los artículos citados y demás de general aplicación