Sentencia Contencioso-Administrativo 79/2023 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo nº 2, Rec. 39/2019 de 02 de mayo del 2023

PRIMERO.- Es objeto de impugnación en el presente recurso:

1.- La Resolución de la Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Illescas de 16 de mayo de 2019 por la que se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los recurrentes Dª. Aurelia, Don Abilio y Doña Berta.

2.- la Resolución de la Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Illescas de 8 de abril de 2019 por la que se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los recurrentes Dª. Virtudes, D. Pedro Antonio y Dª. María Luisa.

3.- La Resolución de la Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Illescas de fecha de 13 de junio de 2019 por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la resolución dictada 5 de abril de 2019 por la que se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los recurrentes D. Antonio y Dª. Aida.

4.- La Resolución desestimatoria de la Alcaldía del Ayuntamiento de Illescas, dictada en procedimiento R/E Ayto. nº NUM001, en reclamación por responsabilidad patrimonial, de fecha 14 de junio formulada por los recurrentes D. Pablo Jesús, D. Alvaro y D. Alexis.

SEGUNDO.- En la demandas se narra que Doña Aurelia y Don Abilio son propietarios registrales de la vivienda nº NUM003 de la CALLE000 de la localidad de Illescas. Doña Aurelia titular por herencia y poseedora de la vivienda nº NUM000 de la CALLE000 de la misma localidad, junto a su marido Don Abilio quien igualmente ostenta la posesión de dicha vivienda, la cual conformaba su vivienda habitual junto con su hija Carla. Doña Berta ostenta la titularidad de la finca número NUM000 de la CALLE000 de la localidad antes citada, en el 50% de la propiedad.

Doña Virtudes es propietaria de la vivienda sita en la CALLE000, nº NUM002, NUM004 estableciéndose en ella su vivienda habitual junto con sus padres, Don Pedro Antonio y Doña María Luisa.

Por otro lado, D. Antonio y Doña Aida son dueños del inmueble sito en Illescas, en la CALLE000, número NUM005.

Por último, son copropietarios del inmueble sito en la CALLE000, NUM002 D. Pablo Jesús, D. Alvaro y D. Alexis.

Se narra en síntesis que desde el 15 de febrero del año 2017 se han venido observando en la vivienda número NUM000 de la CALLE000 de la localidad de Illescas, la aparición de pequeñas grietas en techos y paramentos verticales, durante el transcurso del citado mes fueron en aumento hasta producirse la inclinación del firme de parte del área de la planta baja. El 15 de febrero del mismo mes, el propietario de la vivienda número NUM002 de la misma calle, escuchó ruido de agua en la vivienda número NUM005 (colindante con la NUM000 y NUM002), procediéndose a cerrar la válvula de corte ubicada en la acera de la calle que daba suministro a la vivienda número NUM005, cesando en ese momento el ruido de agua que se escuchaba en el del interior de la vivienda número NUM005.

Con el transcurso de los días los daños iban en aumento, presentando igualmente daños la vivienda nº NUM002, colindante también con la vivienda número NUM005, pudiendo establecerse que se había producido una filtración masiva de agua que había provocado un lavado del terreno bajo la cimentación provocando asentamientos, desconociendo en ese momento el origen de dicha fuga masiva de agua.

La indebida apertura de una llave de agua propiedad del Ayuntamiento, de un suministro cuyo abonado se había dado de baja hacía 8 años y no debía abastecer la vivienda número NUM005 de la CALLE000, estaba proporcionando un abastecimiento a una vivienda deshabitada, en la que la suministradora concesionaria de este Ayuntamiento, desconocía el estado de sus instalaciones y la titular de dicha vivienda gozaba de la confianza de tener dicho suministro cortado. Que el suministro indebido provocó la fuga masiva de agua, provocando un importante lavado de terreno con los continuos movimientos de las cimentaciones de las viviendas implicadas hasta el momento ( NUM003, NUM000, NUM005 y NUM002), con el paulatino deterioro hasta el punto de peligrar la estabilidad de las estructuras, debiendo procederse a desalojo, terminando con la irrecuperabilidad de las viviendas.

Se insiste que por parte de AQUALIA tras la solicitud de baja en el suministro cursada por la propietaria del nº NUM005, no se instaló en la llave de paso ningún elemento técnico o mecánico que impidiera efectivamente la apertura de esa llave por persona ajena o conocida por la propiedad de la finca a la que se venía dando suministro.

En todo caso consideran que la fuga masiva e incontrolada de agua procedente de la red de abastecimiento municipal fue la causante de los daños que se reclaman, entendiendo que existe responsabilidad patrimonial de la Administración y demás demandados.

El Ayuntamiento demandado se opone al recurso alegando que los daños proceden de la red interior de la vivienda de la CALLE000 nº NUM005 es además objeto de confirmación por el Arquitecto Municipal en Informe de 20 de junio de 2018, que verificó que la red general de abastecimiento no presentaba fugas en el momento en que se produjeron las lesiones sobre las cimentaciones de las viviendas. Es decir, si no existe fuga en la red de abastecimiento, no puede existir cuestión sobre que los daños proceden del interior de la vivienda sita en el nº NUM005 de la calle en estado ruinoso, y que el Ayuntamiento de Illescas no es responsable de los daños sufridos.

Por otro lado, entiende, de manera subsidiaria que, en su caso, la responsabilidad recaería en la concesionaria del servicio.

La personada FCC AQUALIA, S.A. se opone al recurso alegando que tras la comunicación de baja del servicio por parte de la propiedad del número NUM005 se procedió a cortar la llave general situada en la acera pública, indicando que no existe normativa alguna que imponga la obligación de sustituir la llave de paso general por "otra de seguridad", destacando igualmente que las llaves de paso instaladas en las aceras públicas no deben ser manipuladas por nadie, debiendo acceder a ellas únicamente personal autorizado.

En esta línea, cabe destacar que en el informe urbanístico emitido por los Servicios Técnicos Municipales en fecha 13/09/2018, se destaca que la llave de corte general del agua existente en la acera a la altura del número NUM005, a petición de su propiedad desde el año 2009, estaba cerrada y el suministro dado de baja, indicando que no se han observado la adopción de ninguna medida extraordinaria para garantizar el corte definitivo del suministro de agua, quedando la llave en arqueta sin precinto ni cierre de seguridad en la tapa para evitar la manipulación por terceras personas ajenas al concesionario, salvo la existencia de la tapa de hierro fundido. No obstante, lo anterior, indican que la adopción de medidas de seguridad con precinto de llave o colocación de cierre de seguridad en la tapa de fundición no evita la manipulación de terceros ni garantiza que no se realice una actuación vandálica. Sumando a lo anterior, destacan, la inexistencia de normativa que regule el procedimiento para el corte de suministro, ni la disposición de un protocolo de actuación para estos supuestos, limitándose únicamente al cierre de la llave general existente en la arqueta de acometida con tapa de fundición.

Finalmente, en el informe pericial aportado por FCC AQUALIA, S.A. se indica que, si bien cuando llevó a efecto el corte de suministro de agua, extremo no cuestionado por ninguna de las partes implicadas en el presente procedimiento, es cierto que no se instaló una llave de seguridad, sino de cuadrillo, la cual es difícil de abrir con la mano y que habitualmente requiere de alguna herramienta para su apertura/cierre. Finalmente, vuelve a destacar la inexistencia de norma técnica, ordenanza municipal y requisito del Pliego de condiciones del contrato de concesión que estipule cómo se deben realizar los cortes de suministro ni qué llaves de corte se deben instalar, lo que corrobora lo expuesto por los servicios técnicos municipales en su informe de referencia.

Por otro lado, si la llave de paso fue nuevamente cerrada es consecuencia de que la misma, en algún momento posterior al cierre de llave efectuado en julio de 2009 por los operarios de FCC AQUALIA, S.A., fue manipulada, dejándola abierta, y en este sentido cabe destacar que entre finales del 2016 y principios del 2017 se estaban realizando obras de reforma en la vivienda de la CALLE000, nº NUM002, NUM003, entre las que se encontraban la ejecución de una acometida de agua independiente para dicho inmueble (conforme la licencia concedida para dicha obra en el mes de noviembre de 2016), por lo que no se puede afirmar pero tampoco descartar que de manera accidental se abriera la llave de corte de acera de la vivienda de la C/ CALLE000, nº NUM005, por las personas encargadas de ejecutar la referida obra, teniendo en cuenta la proximidad de ésta con la llave de corte de la vivienda nº NUM002. En conclusión, es evidente que la llave de paso fue manipulada, tanto para su apertura como para su cierre, bien por acto vandálico o bien de manera accidental, por personal ajeno a los operarios de FCC AQUALIA, S.A.

La entidad seguradora se opone al recurso manifestando que no se dan los presupuestos para decretar la responsabilidad patrimonial de la Administración.

TERCERO.- El artículo 106 de la Constitución dispone que los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. En idéntico sentido se pronuncia el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, precepto que en su número 2 exige que el daño alegado sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas, requiriendo el mismo artículo de la misma Ley que el particular no tenga el deber jurídico de soportar los daños. La abundante jurisprudencia existente sobre esta materia ha perfilado los requisitos exigibles para imputar responsabilidad patrimonial a la Administración que podemos sintetizar en: la efectiva realidad de un daño material, individualizado y económicamente evaluable; que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa, exclusiva e inmediata de causa a efecto, cualquiera que sea su origen y que el particular no tenga deber jurídico de soportar; que no se haya producido por fuerza mayor; y que no haya transcurrido el plazo de prescripción que fija la Ley.

Por otro lado, es reiterada la jurisprudencia que señala que incumbe al perjudicado que reclama por responsabilidad patrimonial de la Administración, acreditar la forma de producción de los daños y que éstos se ha debido al funcionamiento del servicio público, lo que se corresponde con las reglas de la carga de la prueba contenidas en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. También debemos tener en cuenta la jurisprudencia que señala que "la prestación por la Administración de un determinado servicio público y la titularidad por parte de aquella de la infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas convierta a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario, como pretende el recurrente, se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico" (TS 3º S 5-6-1998 y 13-9-2002, entre otras muchas).

CUARTO.- Pues bien, en el acto de la prueba se ha debatido intensamente sobre el corte de suministro de agua que realizó la concesionaria en 2009 mediante una llave de cuadrillo y si esa llave por ser inidónea provocó la salida de aguas que a la postre causaron los daños.

Pues bien, a la vista de la fotografía del Informe pericial confeccionado a instancias de Aqualia que obra en la página 5 de la documental acompañada a la contestación demanda, a simple vista, se puede observar que dicha llave necesita una herramienta para poder girar su mecanismo de apertura. Al respecto, tanto los Técnicos Municipales, los operarios y los Jefes de Servicios de FCC AQUALIA, como los peritos D, Sixto y D. Jose María, afirmaron y mantuvieron que el procedimiento que se realizó para cortar el suministro fue el correcto, siendo el mismo que se sigue siempre, y no existiendo normativa alguna que exija realizar otro distinto. Dicho sistema además no es específico del Ayuntamiento de Illescas sino que es el habitual de cualquier población española tal y como reconoció el perito de ABACO, D. Sixto. Por otro lado, resulta inverosímil que la perito Dª. Nuria mantuviera que la llave se podía abrir con la mano, cuando hasta el testigo D. Luis Enrique tuvo que, según sus manifestaciones, cerrar la tapa cuando ocurrieron los hechos "con una regla cuadrada".

En definitiva, no se acredita que la llave no fuera segura, que incumpliera normativa, sin que se haya traído al procedimiento que en otros municipios se obre de manera diferente. Ya que la declaración e informe de Dª. Nuria no se le puede dar una credibilidad plena dada sus manifestaciones poco creíbles mencionadas con anterioridad.

Por otro lado, el perito D. Juan Manuel en el acto de la vista solo hablaba de que se había basado en "hipótesis".

En otro orden de cosas, Por otro lado, la representación de Dª Virtudes, D. Pedro Antonio y Dª María Luisa, propietarios de la vivienda nº NUM002 - NUM004, señalan en su primera conclusión que "la declaración de D. Luis Enrique, geotécnico (coautor del Estudio Geotécnico Segeyco) viene a indicar entre otras cosas, que el lavado del terreno donde se asienta las edificaciones se produce por la entrada masiva de agua y que tiene forma de haber entrado agua a presión. Se le pregunta si es inviable que ese lavado se produzca por la rotura de un sanitario, contestando que el sanitario no tiene presión, que el agua abre un camino y a presión y el agua fecal no tiene presión y que, en cualquier caso, saldría por acumulación del sanitario (...) Afirmando posteriormente, que no pudieron entrar en la vivienda nº NUM005 por la inseguridad. Como primera cuestión al respecto, el propio técnico reconoce que no pudieron acceder a la vivienda núm. NUM005, que es donde se encontraba la fuga de agua, sin embargo, de los Informes Periciales de Dª Nuria, D. Sixto y D. Jose María, que los daños en la vivienda nº NUM005 se encontraban en la parte trasera del inmueble, no pudiéndose imputar la fuga, en primer lugar, a la red general de abastecimiento, sino a las instalaciones interiores. Como segunda cuestión, la fuga se produjo en la red de abastecimiento, no de saneamiento, incurriéndose en un error a la hora de valorar que la filtración de la vivienda se pudo producir por la instalación de saneamiento.

En resumen, solo podemos concluir como lo hace el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha que "tampoco se ha acreditado, como ya ocurriera en el reciente Dictamen 104/2019, de 13 de marzo -emitido en relación con una reclamación por los mismos hechos-, que la empresa concesionaria de la gestión del agua municipal hubiera actuado incorrectamente respecto al mantenimiento de la red general o la llave de paso que se encontraba en la vivienda, puesto que consta probado que procedió a la baja correspondiente del servicio tras la solicitud de los propietarios de la vivienda situada en el número NUM006 de la CALLE001, poniendo de manifiesto en su escrito de alegaciones de fecha 4 de julio de 2018 que "la causa de los daños reside en la "indebida apertura de una llave de agua", siendo evidente que el cierre de la llave de agua ubicado en la vía pública fue realizado correctamente por el personal de Q cuando el propietario de la vivienda nº C lo solicitó en el año 2009. [...] No existe normativa alguna que imponga la obligación de sustituir la llave de paso general por "otra de seguridad", no obstante es evidente que las llaves de paso instaladas en las aceras públicas no deben ser manipuladas por nadie, pudiendo únicamente acceder a las mismas el personal autorizado".

Lo único que se puede afirmar es el estado de abandono y falta de conservación en que se hallaba la vivienda nº NUM005 y si se achaca a la llave de cerramiento la responsabilidad de los daños que se reclaman, no podemos, sino que concluir que debió de ser manipulada por un tercero de manera intencionada.

En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo, de 15 de marzo de 2011, con cita de la de 1 de julio de 2009, declara que " no todo daño causado por la Administración ha de ser reparado, sino que tendrá la consideración de auténtica lesión resarcible, exclusivamente, aquella que reúna la calificación de antijurídica, en el sentido de que el particular no tenga el deber jurídico de soportar los daños derivados de la actuación administrativa ". Y añade que, conforme a la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 2007 , " la viabilidad de la responsabilidad patrimonial de la Administración exige la antijuridicidad del resultado o lesión siempre que exista nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido ". Finalmente, insiste en que " es doctrina jurisprudencial consolidada la que sostiene la exoneración de responsabilidad para la Administración, a pesar del carácter objetivo de la misma, cuando es la conducta del propio perjudicado o la de un tercero la única determinante del daño producido aunque hubiese sido incorrecto el funcionamiento del servicio público ( Sentencias, entre otras, de 21 de marzo , 23 de mayo , 10 de octubre y 25 de noviembre de 1995 , 25 de noviembre y 2 de diciembre de 1996 , 16 de noviembre de 1998 , 20 de febrero , 13 de marzo y 29 de marzo de 1999 ) ".

Por todo ello procede la desestimación del recurso y acumulados.

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, se imponen las costas a los recurrentes.

No obstante, este Juzgado, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado 3 de ese artículo 139 de la LJCA, fija en 1.000 euros, más IVA, la cantidad máxima a repercutir en concepto de honorarios de cada Letrado, atendiendo a tal efecto a las circunstancias y complejidad del asunto, a su actividad procesal, y a la dedicación requerida para su desempeño.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación.