Sentencia Contencioso-Administrativo 102/2023 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vigo nº 2, Rec. 22/2023 de 08 de mayo del 2023

PRIMERO.- La demandada ha comenzado a tramitar el expediente nº NUM000, para dilucidar la responsabilidad que se le ha reclamado, pero no le ha dado tiempo a culminar el trámite. Concretamente, un mes antes del juicio, se hallaba en fase de audiencia, después de haber recabado el informe preceptivo a que se refiere el art. 81.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC). Tenemos un informe emitido por el departamento municipal de Vías, de 10 de febrero de 2023, con reportaje fotográfico expresivo de las circunstancias del lugar en el que se produjeron los hechos.

La demanda debe ser estimada sin demasiadas profundidades argumentales, tras la rápida comprobación de la presencia de todos los presupuestos indicados en el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Hay un daño, con traducción económica, que reputamos cabal, adecuada, es verdad que no se ha aportado factura, y no se ha acreditado ninguna circunstancia que haga a la actora acreedora del deber de soportarlo. No hay, por tanto, fuerza mayor, y hay una relación causal íntima, estrecha, clara entre el funcionamiento del servicio público y la mecánica de los hechos que origina el perjuicio. Y con eso, hay que acoger la demanda.

No hay espacio ni para las suspicacias de la demandada expuestas en su contestación, en relación a la dinámica del siniestro, que si las tapas registro no están en el lado derecho de la vía, que están todas en el centro, que resulta incompatible la ubicación de los daños con la imputación causal que se hace de los mismos. Nada de esto resulta atendible a la vista de la documental confeccionada por la propia demandada, fundamentalmente, el informe de la policía local que da cuenta de la realidad del siniestro, y se expresa en estos términos:

"....contra una tapa de alcantarilla que se había levantado supuestamente debido a la gran cantidad de lluvia que acababa de caer.

Como consecuencia de ello, resultó golpeado el lateral derecho en su parte delantera, causando daños a la defensa, puerta delantera derecha y puerta trasera de ese mismo lado.

Los agentes pudieron observar un rascazo y una abolladura en la chapa del vehículo, verificando que la tapa de registro del saneamiento se encontraba fuera de su lugar, motivado posiblemente por las fuertes lluvias."

Lugar: calle Fonte de Albite número 20, Matamá, Vigo.

Es ese art. 77.5 LPAC, al que acuden las Administraciones públicas en sus contestaciones a las demandas, a conveniencia, el que en esta ocasión convierte en estéril la defensa del Concello de Vigo; dice la norma:

"Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario."

Pues es lo que pasa aquí; tenemos un informe policial que da cumplida constancia de la realidad de los hechos en armonía con los términos en que se expresa la reclamación por lo que no hay espacio para las dudas de la defensa municipal. Sin perjuicio de que, el último informe obrante en el expediente, con sus fotos, explica porque aun cuando la arqueta en cuestión no se ubique totalmente a la derecha del vial, sino que se halla hacia su parte central, debido a la presencia de vehículos en el arcén, el vehículo de la recurrente circularía correctamente en el momento de los hechos pasando sobre, o en las inmediaciones de la tapa -registro.

SEGUNDO.- La codemandada, la entidad concesionaria responsable de la tapa registro que se encontraba desplazada de su lugar debido, que no estaba donde y como debería estar, adujo la causa exoneradora de la responsabilidad de la fuerza mayor, sobre la base y prueba de que en la tarde de esa fecha, 22 de septiembre del 2021, se habían producido lluvias extraordinarias, del orden de 46 L/M2, que es lo que produjo el rebosamiento de la alcantarilla.

Adjuntó también prueba de que el Consorcio de compensación de seguros, a propósito de hechos similares, en mismas fechas, había asumido la responsabilidad del abono de las indemnizaciones procedentes.

Frente al valeroso y bien encaminado intento defensivo de la defensa de la entidad concesionaria del servicio, hemos expuesto en anteriores ocasiones que no puede identificarse, sin más, cualquier temporal o exceso pluviométrico con la presencia de la fuerza mayor que nos ocupa, pues en ese caso, en esta Galicia en la que las condiciones meteorológicas son adversas con asiduidad, habría que apreciar la fuerza mayor continuamente, y no es así.

La fuerza mayor, como circunstancia impeditiva, extintiva o enervante de la responsabilidad que se pide, constituye un hecho que desde la perspectiva probatoria debe ser acreditado por quien pretende beneficiarse de él, la demandada, ex art. 217.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC).

No basta alegarla, aunque el recurrente reconociese que había caído gran cantidad de lluvia, porque lo que expresó el reclamante es eso, no que fuera de tal magnitud que se identifique con la fuerza mayor. Las posibilidades de prueba de la concurrencia de esa fuerza mayor son muchas y a ellas se acude con frecuencia en los litigios en los que se invoca, por ejemplo, la existencia de avisos meteorológicos procedentes de la agencia MeteoGalicia.

En anteriores pronunciamientos que analizaban esta cuestión hemos reflexionado sobre si era correcta, ajustada a Derecho la identificación entre "mal tiempo", "temporal", condiciones meteorológicas adversas, avisos dimanantes de MeteoGalicia y la fuerza mayor. Concluyendo que no es posible la llana asimilación de "mal tiempo" o "temporal" con las alertas, amarilla o naranja que emite aquel organismo, o por la Agencia española de meteorología, y la fuerza mayor. Estas alertas dimanantes de estos organismos atienden a los registros de las escalas Dougas y de Beaufort, que miden la fuerza de los vientos, y son parámetros objetivos que permiten conocer con precisión el grado o intensidad del temporal.

Evidentemente, no cualquier exceso pluviométrico determina la apreciación de la fuerza mayor, como así razonaba la STSJG Contencioso sección 1 del 07 de septiembre de 2005 ( Sentencia: 704/2005 -Recurso: 4758/2002), al invocar la jurisprudencia del TS, al respecto, Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de abril de 1988, 12 de diciembre de 1989 (RJ 1989\9392) y 10 de marzo de 1992 (RJ 1992\1823 ), que identifican la fuerza mayor, como circunstancia exonerante de la responsabilidad, con el suceso extraordinario, catastrófico o desacostumbrado, en el que destaca la excepcional gravedad o inevitabilidad de un acontecimiento normalmente insólito y, por tanto, no razonablemente previsible. Ejemplificativamente esa STSJG se refería a la existencia de recomendaciones de la DGT, para evitar desplazamientos por carretera innecesarios, informes del centro de emergencias que avisó de inundaciones, cortes de carretera y vientos superiores a 90 km/h.

En parecidos términos se expresaba la STSJG Contencioso sección 1 del 18 de mayo de 2005 ( Sentencia: 359/2005 -Recurso: 4584/2002), cuando motivaba:

"El concepto de fuerza mayor se relaciona siempre con la idea de lo extraordinario, catastrófico o desacostumbrado y se destaca en aquél la excepcional gravedad o inevitabilidad de un acontecimiento normalmente insólito y, por tanto, no razonablemente previsible.

Las sentencias del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 1988 y 3 de mayo de 1995 entre otras, señalan que los hechos o circunstancias con eficacia exonerarte que son imprevisibles o inevitables según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento en que suceden se consideran legalmente como un supuesto de fuerza mayor. La referencia al estado de la ciencia acentúa lo fortuito en la causación del daño e incluso podría justificar la exoneración de la responsabilidad administrativa.

La fuerza mayor exoneradora de responsabilidad de la Administración ha de ser acreditada por la Administración , y se caracteriza como más arriba se indicó por las notas de imprevisibilidad, inevitabilidad, y origen extraño al ámbito de actuación del agente ( SSTS 16 de febrero de 1999 , 10 de octubre de 1998 y 26 de febrero de 1998 ).

Pues bien, en el concreto supuesto de autos, del conjunto de las pruebas practicadas así como del examen del expediente administrativo, ha quedado acreditado que la situación climatológica en la indicada fecha 28 de enero de 2001 debe calificarse de extraordinaria, a juzgar no solo por el tratamiento dado por la prensa, concretamente por le periódico "Faro de Vigo" que titula "el vendaval que azoto Vigo y su comarca provoco cuantiosos daños materiales "..." las fuertes rachas de viento, en algunos momentos de hasta 90 Km/h han levantado tejados, caídas de árboles y parte de una casa..., sino, mas en concreto y en relación con el caso de autos, por la certificación del Ayuntamiento acreditativa de que como consecuencia del fuerte viento, el Servicio de Bomberos de la ciudad de Vigo hubo de intervenir llevando a cabo la retirada de árboles en la calle Marques de Alcedo así como de numerosos vehículos que fueron alcanzados por los árboles o que corrían el riesgo de ser alcanzados". (la negrita, es nuestra).

En el caso enjuiciado la codemandada nos trae el dato de la AEMET, y es algo. No obstante, al respecto, dos apreciaciones que son las que lo desactivan, una, la prueba nos parece insuficiente para apreciar el carácter extraordinario, impredecible del chubasco. Entendemos que de haber sido la lluvia de carácter excepcional, tendría que haber prueba de que se hubiesen desplazado más arquetas del mismo vial (solo en las fotos que aporta el Concello de Vigo, se aprecian cuatro, en ese tramo de apenas doscientos metros, y sin embargo, el informe policial no indica nada al respecto).

Y la segunda consideración que mitiga o contrarresta la alegación de la fuerza mayor, es que entiendo que el suceso podía ser evitado si por la entidad responsable de las tapas se hubiese desplegado una mayor diligencia, ya sea mediante el aseguramiento de los registros (sabemos que no pueden anclarse de modo perpetuo, pero entre ello y que rebosen a la primera de cambio, se encuentra el acertado punto medio), ya sea realizando las labores de vigilancia, ya por la policía local, ya por personal de la propia concesionaria, que reaccionen frente a incidencias de esta índole. Es decir, que empieza a caer lluvia a raudales en uno o varios puntos localizados, pues habrá que salir a patrullar ( si no existen otros medios tecnológicos que nos lo permitan hacer distancia), a verificar el correcto estado de las tapas de la red de saneamiento/abastecimiento, de la que somos responsables, y no esperar a enterarnos por la policía local de que ha habido un siniestro como éste, para acudir a solucionarlo.

Lo que parece claro es que el ciudadano, como la recurrente, que circula adecuadamente por la vía, ni se imagina, ni por remota posibilidad (su acaecimiento es más extraordinario que el bache), que una tapa de alcantarilla que se encuentra sobre la calzada, sobre el espacio de paso, está fuera de su lugar, por lo que difícilmente le resulta exigible una conducta distinta de la observada, no se le puede pedir/reprochar, que no lo hubiese evitado.

La actora ha soportado un daño y no hay prueba de que tuviese la obligación de hacerlo, y en cambio, la hay de que la demandada, a través de la concesionaria del servicio, ha incurrido en la responsabilidad consistente en que una tapa registro situada en el espacio reservado para la circulación del coche, estuviese desplazada, sin señalización, representando un peligro manifiesto para la circulación. Se estima la demanda.

TERCERO.- En lo que a las costas del proceso se refiere, en el artículo 139.1 LJCA se establece el principio de vencimiento objetivo. No obstante el mismo precepto permite su limitación, y según criterio mantenido por los juzgados de lo contencioso-administrativo de esta ciudad y atendiendo a la naturaleza y cuantía del litigio, no apreciando circunstancias excepcionales que aconsejen fijar otro importe, se señala como límite máximo de la condena en costas, la suma de 200 euros.

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente y general aplicación,